En El Mañanero del 28 de junio de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: el periodismo sobrevive a pesar del entorno hostil, el sueños de la familia homoparental no se puede cumplir en Venezuela y Cotejo.info y OVFN: Venezuela no fue el país que mejor atendió pandemia de COVID-19 son las noticias más relevantes hasta el momento.
Seguimos teniendo un gobierno rentista, pero sin renta. Los subsidios como instrumento de redistribución tienen por objeto mejorar el ingreso de las familias, son un instrumento de la política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad. Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad.
El ejemplo más patético es el susidio a los combustibles, que favorece más a los sectores de mayores ingresos que no necesitan que se les subsidie nada y, por lo tanto, convalidan una redistribución regresiva del ingreso. En lugar de mantener un escandaloso subsidio a la gasolina, se debería sincerar el precio del combustible y destinar el monto adicional que se recaude a subsidiar la modernización y ampliación del transporte público. Para evitar que la medida sea utilizada como pretexto para subir las tarifas de transporte público o fletes de carga, se mantendría subsidiado el diésel para ese tipo de transporte.
En Venezuela, los subsidios son la reminiscencia de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son resultado del esfuerzo productivo. Lo que en esencia es una política populista, suele ser presentada como una defensa de las conquistas populares. En condiciones de una creciente renta petrolera, estos subsidios poco significaban en el presupuesto nacional, pero en las nuevas condiciones de escasez cuestan mucho, se pagan con inflación e incrementan la inequidad.
Los antipopulares subsidios inflacionarios
Muchos de los actuales subsidios se pagan con inflación y resultan antipopulares. Corregir los efectos no deseados de la política de subsidios exige evaluar permanentemente dónde se están invirtiendo los recursos y qué resultados están arrojando. Sin embargo, a pesar de que ya no se cuenta con la abundante renta petrolera que en el pasado permitió financiarlos, muchos subsidios se mantienen y cubren con emisiones de dinero inflacionario.
Los subsidios empobrecedores deben eliminarse o reorientarse. Para que sean eficientes y efectivos en la lucha contra la pobreza, los subsidios deben aplicarse a la luz de unos principios rectores básicos:
Aunque siempre será más difícil eliminar un subsidio que crearlo, este debe ser transitorio y otorgarse solo mientras dure la condición que le dio origen;
Para no desviar recursos escasos en favor de sectores pudientes, el subsidio debe estar focalizado y canalizado directamente a las personas que realmente los necesitan;
Ante la caída de la renta petrolera y las crecientes restricciones presupuestarias, los subsidios tienen que ser económicamente viables y no deben ejercer presiones deficitarias sobre la gestión fiscal.
Reforma fiscal: de la cultura rentista a la tributaria
Los impuestos, tasas y contribuciones tienen su razón de ser en la necesidad de dotar al Estado de recursos financieros para ofrecer bienes y servicios esenciales a la sociedad que no suele ofrecer el sector privado. Sin embargo, una presión tributaria desmesurada puede afectar el ritmo de la actividad económica, el empleo y la distribución del ingreso.
Un buen sistema tributario no es exitoso cuando la recaudación aumenta sino cuando esos impuestos financian una inversión pública que crea un ambiente favorable al desarrollo económico y social, pero esto no siempre es así. Cuando los gobiernos no tienen fondos suficientes para financiar su gasto tienden a imponer nuevos impuestos e incrementar la recaudación por encima del crecimiento real de la actividad económica, y esto se revierte contra la generación de riqueza y la distribución progresiva del ingreso.
Para corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento como emisiones de dinero inflacionario, Venezuela tiene que evolucionar de la cultura rentista en la que todo lo pagaba el petróleo, hacia una nueva cultura tributaria que exprese la corresponsabilidad empresarial y ciudadana en el financiamiento del gasto público. Pero antes de la reforma tributaria, el gobierno de turno está emplazado a racionalizar sus gastos, focalizar los subsidios en la población más vulnerable, perfeccionar los mecanismos de recaudación, y transformar los impuestos indirectos y regresivos en impuestos directos y progresivos para así impulsar un desarrollo económico y social sostenido que permitan superar el desempleo, la pobreza y la exclusión social.
Pero también los subsidios pueden distorsionar el comportamiento de la economía. El debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales de los exagerados subsidios al precio de la divisa, los combustibles, los servicios públicos de agua, electricidad gas y peajes sigue siendo un tema pendiente en Venezuela, cuya exigua renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ya no cuenta con la abundante renta petrolera del pasado, sigue subsidiando estos rubros con emisiones de dinero inflacionario.
Tal es la mentalidad rentista que basta cualquier discreto intento para sincerar el precio del dólar o de los combustibles para que se desate todo tipo de críticas y resistencias ante esas necesarias medidas de ajuste. Encarar con honestidad esta discusión demostrará el grado de madurez de la sociedad y de responsabilidad de los candidatos a la presidencia que no pueden seguir evadiendo las decisiones que hay que tomar con el argumento del costo político-electoral que las mismas pueden generar.
En la campaña electoral los candidatos están llamados a debatir la conveniencia y viabilidad de reorientar o eliminar los subsidios que no están beneficiando a los grupos más empobrecidos de la sociedad, comenzando por el subsidio al dólar y a la gasolina, así como a la electricidad, agua y gas en sectores residenciales de alto nivel de ingreso y consumo. El exorbitante monto de recursos que absorben estos subsidios puede ser reorientado a atender las urgentes necesidades de educación, salud, vivienda y seguridad. Se trata de llegar a un acuerdo nacional para corregir estas distorsiones sin que el costo del ajuste lo tengan que pagar los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese es el reto.
La libertad no es un regalo que se nos otorga de forma gratuita. El deseo de libertad impulsa una lucha incansable contra las fuerzas que buscan reprimirla y controlarla
Desde los albores de la humanidad, la búsqueda de la libertad ha sido un anhelo constante, irrefrenable, una llama que arde con la intensidad de mil soles. Desde el alba, este impulso ha guiado nuestros pasos, impulsándonos a desafiar las cadenas de la opresión y a esculpir nuestro propio destino. Fuerza motriz que ha impulsado el desarrollo de las sociedades y la evolución del pensamiento.
Filósofos, sociólogos y políticos han dedicado siglos a desentrañar los misterios de este deseo, a analizar sus implicaciones y a defender su existencia como un derecho inalienable del ser humano.
Desde la perspectiva filosófica, es un concepto complejo, multifacético, objeto de debate durante milenios. Algunos la definen como la ausencia de coerción, la capacidad de actuar sin restricciones externas. Otros la conciben como la autonomía, la facultad de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones propias. Sin embargo, todas las corrientes filosóficas coinciden en que la libertad es un elemento esencial de la condición humana, aquello que nos permite ser únicos y responsables de nuestro destino.
En el contexto sociológico, no es un concepto abstracto, sino una realidad moldeada por las estructuras sociales, normas culturales y relaciones de poder. La libertad individual se ve limitada por desigualdades económicas, discriminaciones sociales y restricciones políticas. Sin embargo, la sociedad también es un espacio donde se lucha por la conquista y ampliación de las libertades.
Los movimientos sociales, las protestas ciudadanas y reivindicaciones de los grupos marginados son ejemplos de la constante lucha por una sociedad más libre.
Y, en el ámbito político, se traduce en derechos y garantías que protegen a los individuos del poder del Estado. Las constituciones, leyes e instituciones democráticas son herramientas que buscan asegurar la libertad de expresión, de asociación, de culto y otras libertades fundamentales. Sin embargo, la libertad política no es un don otorgado por el Estado, sino el resultado de la lucha constante de los ciudadanos por sus derechos y la construcción de una sociedad democrática.
La libertad no es una dádiva
La libertad no es un privilegio, sino un derecho inalienable que reside en la esencia misma de nuestra humanidad. Es la capacidad de pensar, sentir, elegir nuestro propio camino sin ataduras ni restricciones. Es la voz interior que nos incita a romper las barreras de la ignorancia y a perseguir nuestros sueños con audacia y determinación.
A lo largo de la historia, el deseo de libertad ha sido el motor del progreso humano. Ha inspirado revoluciones, derrocado tiranías y dado lugar a avances sin precedentes en la ciencia, la cultura y las artes. Es la fuerza que impulsa la búsqueda de la justicia, igualdad y construcción de sociedades equitativas.
Sin embargo, la libertad no es un regalo que se nos otorga de forma gratuita. Es un desafío constante, una lucha incansable contra las fuerzas que buscan reprimirla y controlarla. A lo largo de los siglos, hemos enfrentado la opresión de gobiernos despóticos, dictatoriales y abusivos, la discriminación e intolerancia, y las limitaciones impuestas por las normas sociales y culturales.
Con la libertad viene una gran responsabilidad. No se trata solo de la ausencia de restricciones, sino también de la capacidad de usarla de manera responsable y ética. Debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y utilizar nuestra libertad para construir un mundo mejor para nosotros mismos y para las generaciones venideras.
A pesar de los desafíos, el futuro de la libertad se presenta brillante. La globalización, la democratización y el acceso a la información han empoderado a las personas como nunca antes. Somos cada vez más conscientes de nuestros derechos y estamos dispuestos a luchar por ellos.
Sin embargo, no es una dádiva, sino una conquista que requiere de la lucha constante de individuos y sociedades. Solo a través de la educación, participación ciudadana y defensa de los valores democráticos podremos construir un mundo donde la libertad sea una realidad para todos.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El cuerpo sin vida de Daniel Colmenares Rodríguez, de 29 años de edad, fue encontrado la tarde del sábado 15 de junio de 2024, por transeúntes a orillas de la carretera, en el sector Caño Lindo, vía Los Monos, cerca de San Joaquín de Navay, municipio Libertador, estado Táchira.
Familiares de la víctima afirmaron que el día antes, Colmenares había salido de su residencia a trabajar. Él administraba una quesera en una población cercana, en la que fue encontrado muerto.
Sus parientes fueron informados de que al comerciante le habrían propinado varios impactos de bala en la cabeza.
Hasta el momento, se desconoce la causa por la cual fue asesinado. Su esposa afirmó que Colmenares había salido a pie de su casa y no supo más de él. Organismos de Seguridad investigan el hecho.
Este fue el primer homicidio registrado durante los primeros 15 días de junio, en la entidad tachirense. Monitor de Víctima Táchira lleva registrados cinco homicidios en el año 2024, todos estos ejecutados en la vía pública y cada uno en cinco municipios diferentes.
Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+ y en Venezuela, las leyes no protegen a las personas de la comunidad, sino que más bien sigue perpetuada la discriminación y el retraso de sus derechos.
Ese entorno de violencia y discriminación se mantiene ante la falta de una legislación adecuada y la ausencia de políticas públicas que sean inclusivas para esta comunidad.
En ese sentido, el abogado Alfredo Félix, coordinador de Mentorías de la ONG Defiende Venezuela, compartió los 10 motivos por los cuales se evidencia el retraso de Venezuela en materia de derechos LGBTQIA+.
Falta de documentación de crímenes de odio
Venezuela no realiza investigaciones formales ni presenta información pública con enfoque de género y diversidad que documenten crímenes de odio contra personas LGBTQIA+.
Ausencia de políticas inclusivas
No existen políticas ni leyes efectivas en áreas de seguridad ciudadana, educación, empleo ni salud para evitar la discriminación contra personas LGBTQIA+.
Apoyo a las terapias de conversión
No solo no existen prohibiciones a las mal llamadas terapias de conversión, sino que el Estado le da un amplio apoyo presupuestario a iglesias que las realizan.
Ausencia de legislación sobre el matrimonio igualitario
Existe una ausencia de legislación con relación al matrimonio igualitario y la unión estable de hecho que tiene más de 10 años, lo que impide la estabilidad financiera, derechos sucesorales, adopción conjunta, trámites bancarios, migratorios y de urgencias médicas de parejas del mismo género.
Negación del cambio de nombre
El Estado se ha negado a permitir el cambio de nombre para personas trans, intersex y no binarias, establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil, y no tiene en su legislación ninguna manera de cambiar el marcador de género.
Mutilación genital de infancias intersex
Se tolera la mutilación genital de infancias intersex debido a la falta de regulación en materia de salud en cuanto a la formación de sus profesionales en la atención a este grupo en situación de vulnerabilidad.
Discursos de odio impunes
Agentes de todos los niveles del Estado promueven discursos de odio contra las personas LGBTQIA+ en medios públicos y redes sociales impunemente debido a la falta de regulación.
Falta de protección para personas privadas de libertad
No existe protección para las personas LGBTQIA+ privadas de libertad que asegure su seguridad personal, reconocimiento de su identidad de género, acceso a la salud y a las visitas íntimas sin discriminación.
Prohibición de donación de sangre
Se mantiene una estigmatizante prohibición de donación de sangre contra personas homosexuales en los centros de salud.
Discriminación estructural y migración forzada
Se sostiene una política de discriminación estructural que ha obligado a miles de personas LGBTQIA+ a migrar de Venezuela para poder tener una vida digna en la que se les reconozca como seres humanos y se respeten sus derechos.
En Venezuela las leyes no protegen a la familia homoparental. No está aprobado el matrimonio igualitario y mucho menos la adopción entre parejas LGBTIQ+. Además de eso, otros derechos como las políticas habitacionales, el derecho a la propiedad privada en común y pensiones compartidas son totalmente inalcanzables para estas familias.
En el año 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró con lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana Migdely Miranda Rondón. Esta decisión establecía que los hijos que nazcan entre parejas del mismo sexo por reproducción asistida gozaban de los derechos constitucionales que protegen a la familia.
También, en esa sentencia se interpreta el artículo 75 de la Constitución, en el que se establece que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende, el Estado debe brindar protección sin distinción.
Sin embargo, el camino de la familia homoparental por poder otorgar ambos apellidos a sus hijos o que estos sean reconocidos legalmente como hijos de ambos padres o madres no ha sido el esperado a lo largo de los años. Algunos han optado por hacerlo fuera de Venezuela ante la imposibilidad de lograrlo en su tierra natal.
Cumplir el sueño de formar una familia fuera de Venezuela
Angelo Vivas y Kevin Fernández son pareja desde el año 2012. Se conocieron en una academia de baile en Caracas y ambos comenzaron a trabajar con diversos artistas nacionales. Más tarde, en 2016, Angelo comenzó a estudiar para ser estilista y juntos montaron su primer salón de belleza en Caracas, donde lograron atender a varias celebridades.
Ya en 2018, ambos decidieron emigrar para buscar mejor calidad de vida. Se fueron a Argentina, país que según Angelo, les abrió las puertas “como una casa”. Llegaron allá en noviembre de ese año. Llegaron hasta esa nación suramericana porque habían escuchado que es un país donde las leyes para las personas LGBTIQ+ estaban mucho más avanzadas que en Venezuela.
Se radicaron en Buenos Aires, donde poco a poco fueron legalizando su estatus siendo migrantes y, con mucho esfuerzo, lograron posicionar su propio negocio en el barrio Palermo Hollywood, uno de los más costosos de la ciudad. Trabajaron incansablemente, tanto así que en 2019 fueron parte del staff del Miss Argentina 2019, donde trabajaron con Osmel Sousa.
En 2021, después de investigar y asesorarse, contraen matrimonio civil en Argentina, algo que en Venezuela no hubiera sido posible. Querían celebrar su unión en París, Francia, pero para aquel momento no se pudo. Ya en 2022, con la idea de ser padres, estando casados legalmente y con un negocio a toda marcha, comenzaron a informarse sobre la adopción, ya que querían formar una familia.
Angelo Vivas y Kevin Fernández el día de su boda civil en Argentina
“En Argentina, aunque los derechos están aprobados, el tema adopción puede tardar hasta siete años. En febrero de 2022 tuvimos una propuesta que al principio no le prestamos atención porque no pensamos se pudiera llevar a cabo. Una chica que ya conocíamos se ofreció a donarnos óvulos para poder hacer embriones”, contó Angelo Vivas en entrevista con Runrun.es.
Ese año pudieron tener los óvulos. Al principio, preguntaron a tres personas si podían gestar a su bebé, pero manifestaron no ser capaces. Ellos lo entendieron. Pero luego le preguntaron a Genisis Jaimes, tía de Angelo, si podía llevar los óvulos de otra persona y su respuesta fue: “Yo los amo mucho y quiero que vivan la experiencia de ser padres, se lo merecen”.
Así pues, emprendieron el camino para poder tener a su hijo. La encargada de la parte de fertilización fue la doctora Belén García en el Instituto de Ginecología y Fertilidad (IFER) en Buenos Aires. También tuvieron asesoría legal a cargo de la doctora Florencia Daud y psicológica por parte de Lorena Lasserre.
La donante de óvulos tuvo su tratamiento a la perfección para septiembre de 2022 y, cinco días después de tener los embriones, se realizó el procedimiento de fecundación in vitro con Genisis Jaimes. Desde noviembre de ese año comenzó a crecer el bebé en el vientre de Genisis, cuatro meses después supieron que sería un varón, lo que siempre soñaron Angelo y Kevin.
El bebé nació el 23 de mayo de 2023, en el Sanatorio de los Arcos en Buenos Aires, y lo llamaron Stefano Gabriel. Angelo Vivas y Kevin Fernández se convirtieron en los primeros migrantes venezolanos en tener un bebé mediante la gestación subrogada en Argentina.
Angelo Vivas y Kevin Fernández el día del nacimiento de su hijo Stefano Gabriel
Ambos cumplieron un sueño. Recibieron la partida de nacimiento de Stefano Gabriel a los tres meses de su llegada al mundo y el DNI al mes. Tramitaron el pasaporte del bebé y estuvo listo en solo 15 días.
A los cinco meses de su nacimiento, Stefano Gabriel fue seleccionado como la imagen oficial de una cadena de ropa importante en Argentina y actualmente está en todo el país como modelo. En febrero del 2024, salió la campaña y ahora está como imagen oficial.
“Nuestras vidas cambiaron totalmente, pues vinimos a un país buscando calidad de vida y en realidad conseguimos algo más grande: con mucho sacrificio y trabajo pudimos formar una familia sólida”, cuenta Angelo.
El 29 de abril de 2024, Angelo, de 27 años; y Kevin, de 30; salieron de Argentina para radicarse en Barcelona, España. Lograron también cumplir su sueño de viajar a París junto a su bebé para celebrar su primer año.
Angelo Vivas y Kevin Fernández celebrando el primer cumpleaños de su hijo Stefano Gabriel en París
“Aunque nos encantaría la idea de, en algún momento, volver a nuestro país, siempre lo descartamos por el hecho de que las leyes están muy atrás. Y siento que no hay visibilidad para una pareja como nosotros. El día que el país acepte y en la comunidad existan los derechos de formar una familia, ese día seguramente volveríamos. No sé si a vivir. Pero desde que salimos ya van seis años que no vamos”, reflexionó Angelo Vivas al contar su experiencia.
Una lucha que no se detiene
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ advierte que el Estado venezolano “incumple con los tratados y recomendaciones internacionales de derechos humanos al no atender las exigencias” de esta población.
Asimismo, la organización alerta que la discriminación, el estigma y la violencia limitan a las personas LGBTIQ+ de vivir una vida plena, “traduciéndose en un menor nivel educativo, menor atención a la salud, la vivienda y el trabajo”.
Pese a ese panorama de discriminación y violencia, las personas LGBTIQ+ “continúan alzando su voz contra la violencia y el prejuicio, sin perder la esperanza que en algún momento sus exigencias históricas sean escuchadas” y que, al igual que en otros países de la región, finalmente sea real el matrimonio igualitario, la adopción en la familia homoparental y transfilial, una ley de identidad de género, así como otras políticas públicas e iniciativas sociales y legislativas orientadas a mejorar sus vidas.
Poco avance de la región para la familia homoparental
La adopción en una familia homoparental está permitida en Costa Rica, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. En el caso de México, aunque la suprema corte decretó que las parejas de homosexuales tienen derecho a la vida familiar, 10 estados aún no reconocen el matrimonio igualitario y por tanto les es casi imposible adoptar como pareja.
De acuerdo con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la legalidad “no implica que no exista discriminación en el proceso, lo cual complica todavía más el procedimiento”. Añade la organización que a menudo esto se ve empeorado por el hecho de que el proceso está pensado para parejas heterosexuales; pues en México, por ejemplo, los formatos de adopción han pedido a parejas el nombre de “padre” y “madre”.
Una de las alternativas que han surgido para las parejas homosexuales en países como Chile, México y Guyana es la adopción como “soltero” por parte de uno de los miembros de la pareja; sin embargo, “esto no brinda todos los derechos que a las familias heteroparentales”.
El equipo de Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News fijaron su lupa periodística sobre la afirmación de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (electa en 2020), quien se refirió en unas declaraciones públicas a gestión de la pandemia de COVID-19 en el país.
El 30 de mayo de este año, durante una concentración en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que “Venezuela fue el país del continente que mejor atendió la pandemia causada por la COVID-19”. Sin embargo, recordaron ambas organizaciones verificadoras de noticias, la afirmación del político no concuerda con las investigaciones de organismos internacionales y estudios independientes que confirman que Venezuela tuvo un desempeño deficiente en la gestión de la pandemia.
En agosto de 2020, el personal de salud venezolano fue identificado como el grupo sanitario más expuesto a la COVID-19 en toda la región. Según los datos, el 83 % de los hospitales presentaba problemas con el servicio de agua.
La Federación Médica Venezolana contabilizó, en diciembre de 2021, la muerte de 850 trabajadores sanitarios en una data extraoficial, debido a que la cifra, no fue reconocida por el gobierno venezolano.
Discrepancia en las cifras
En este mismo año, el gobierno de Nicolás Maduro decía que durante el mes de abril habían muerto 534 personas, mientras la OMS documentaba 2.357 muertes, 4,4 veces más que lo anunciado por las autoridades oficiales.
Otros datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud contradicen la afirmación de Rodríguez. Según la OPS, “Venezuela fue uno de los países con menor cobertura de vacunación en el continente”ya finales de 2023, sólo el 49,8 % de la población había completado el esquema primario de vacunación, con una deserción inmunológica del 35,5 %.
En mayo de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro reportó oficialmente 5.856 decesos, sin embargo, el portal ABC aseguró que en Venezuela se registraron 160.000 muertes por la pandemia. Según la investigación, “Nicaragua, Venezuela y El Salvador fueron las naciones del continente que ocultaron una mayor cantidad de muertes entre los años 2020 y 2021”.
Concluyeron Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News que esta discrepancia “apunta a una posible manipulación de las cifras oficiales y una subestimación significativa del impacto real de la pandemia en el país”.
“Los datos dejan a Venezuela como uno de los países con más muertes asociadas a la COVID-19, superada por Estados Unidos, Brasil, México y Nicaragua”, señalaron.
Otro día del periodismo en Venezuela, el número 25 en la penumbra del chavismo, bajo la sombra de la censura y el monopolio de los medios de comunicación públicos por parte del gobierno.
Para la mayoría no hay nada que celebrar, en un país donde la profesión ha sido llevada hasta la mínima expresión y donde hacer una crítica se considera una traición a la patria.
Sin embargo, algunos medios han logrado subsistir surfeando la ola de la censura y la autocensura, como por ejemplo la Alianza Rebelde Investiga conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
Iniciativas como el Bus TV llevan información a quienes usan transporte colectivo y el camión de la ARI conduce las noticias a sectores populares.
Armandoinfo y Prodavinci han desnudado la corrupción en el gobierno chavista y en iniciativas como La Conversa de ARI se desnuda el acontecer nacional.
Pero, a pesar de todos los esfuerzos, al igual que otras profesiones, la del periodista se ha deprimido por la falta de medios donde ejercer, los sueldos pocos competitivos y la diáspora. Aquí enumeramos varios desafíos que debe encarar el periodista que ejerce la labor en Venezuela.
Persecución al periodismo
El periodista Carlos Julio Rojas fue detenido el pasado 15 de abril cerca de su residencia en el sector de La Candelaria de Caracas. Al activista y defensor de los derechos humanos lo acusaron de pertenecer a un complot para derrocar al gobierno de Maduro. Ramón Centeno fue aprehendido el pasado 22 de enero de 2022, luego de realizar una entrevista en la sede de la Comisión Nacional Antidrogas, familiares de Centeno han denunciado que este padece problemas de salud que no han sido atendidos.
Los periodistas Luis López e Ismael Gabriel González, de Vente Venezuela, fueron detenidos entre el 14 y el 17 de junio en el estado Vargas. López fue presentando ante un tribunal con competencia en terrorismo, mientras de que González se desconoce el paradero. Según la cuenta de X del Sindicato Nacional de la Prensa, González y Cisneros fueron interceptados por un vehículo, presuntamente del Sebin, cuando salían de la sede del partido Vente Venezuela en Altamira.
Escasos sitios para trabajar
De acuerdo a la ONG Espacio Público, más de 400 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en los últimos 20 años. Según su informe correspondiente a 2023, el cierre de medios se da en “un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de una emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva”.
De acuerdo a la ONG, en las últimas dos décadas casi 300 emisoras de radio han dejado de operar a nivel nacional.Del informe se desprende que al menos 13 estados del país no tienen medios de comunicación independientes.
Sueldos poco competitivos
La crisis económica que atraviesa todo el país ha hecho que inversionistas y empresarios no posean los medios para honrar salarios dignos a la mayoría de los periodistas. Por esa razón, algunos periodistas han optado por abandonar la profesión y dedicarse a otras labores más lucrativas. Los medios pequeños se ven en la imposibilidad de retener al personal y aquellos que tienen un mayor músculo financiero se convierten en los hogares de los periodistas que todavía trabajan en Venezuela.
Más de un trabajo
Esa misma precariedad en los sueldos de la mayoría de las empresas de comunicación, aunado al alto costo de la vida en Venezuela, ha obligado a los profesionales a tener varios empleos a la vez, muchas veces fuera de Venezuela, con salarios pocos competitivos.
Periodistas vs influencers
La aparición en las redes sociales de los denominados influencers ha representado un reto para la prensa veraz en vista de la cantidad de fake news que se consiguen a diario. Algunos influencers arrastran más público que algunos periodistas que luchan a diario por ofrecer una información balanceada y verificada y han relegado a los comunicadores sociales profesionales de espacios como la cobertura de eventos y espectáculos, por ejemplo, ya que su labor es más promocional que informativa.
Otras experiencias en Latinoamérica
No solo en Venezuela la prensa es perseguida y censurada, también en Nicaragua y Cuba los periodistas corren riesgos. De acuerdo al canal alemán DW, al menos 253 periodistas nicaragüenses han salido de su país desde abril de 2018 por razones de seguridad, algunos han sufrido hasta el destierro. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) indicó que al menos 56 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados por el Gobierno sandinista. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la violencia del Gobierno de Ortega contra periodistas nicaragüenses se recrudeció y que la misma incluye el robo de sus viviendas, el cierre de sus cuentas bancarias y agresiones a sus familiares.
¿Qué pasará con el periodismo si gana Maduro?
Una eventual victoria del chavismo en las elecciones del 28J podría significar mayor censura y persecución a los medios de comunicación. Desde que empezó a gobernar en 2013, Maduro se ha caracterizado por su intolerancia con la prensa crítica y muestra de ello es la autocensura que se maneja en los medios radioeléctricos y el bloqueo a sitios web. Según los últimos datos del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipysve), al menos 46 medios digitales de comunicación en Venezuela permanecen bloqueados por parte de proveedores de internet públicos y privados. Por su parte, un resultado diferente podría significar el retorno de medios emblemáticos cuyas señales fueron confiscadas como RCTV.
