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Informe revela que Venezuela lidera índice de tortura 

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De acuerdo a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y su indice Global, los venezolanos poseen un alto riesgo de padecer esta atrocidad.

Según el informe, patrones documentados por organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales permiten concluir que la tortura en Venezuela es una práctica sistemática, deliberada y funcional para mantener el control.

La evaluación detalló que el Estado venezolano presentó el último informe requerido por el Comité contra la Tortura (CAT) en 2014 y desde entonces ha estado en deuda.

La investigación señala que la violencia institucional se intensificó tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, cuando el régimen entonces liderado por Nicolás Maduro encarceló a más de 2000 personas, entre ellos 158 niños, niñas y adolescentes.

El informe apunta que también se reportaron al menos 25 muertes, redadas masivas, desapariciones forzadas y el empleo de instrumentos legales restrictivos como la Ley del Odio para criminalizar a la disidencia.

En 2025, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó la muerte de 181 personas bajo la custodia del Estado, entre ellos Víctor Hugo Quero Navas, cuyo fallecimiento fue ocultado por las autoridades luego de haber sido detenido arbitrariamente, pese a la insistencia de sus familiares de dar con su paradero. Su madre, quien acudió a decenas de protestas y a instituciones gubernamentales, nunca obtuvo respuesta mientras Quero Navas estuvo preso y también murió, nueve días después de enterarse que el cuerpo de su hijo fue inhumado sin su consentimiento.

En el informe se expone que el Ministerio Público no investiga las denuncias de torturas y existe impunidad al respecto, además no se publican cifras y se impone la opacidad en un país carente de instituciones independientes. 

El texto expone que la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela concluyó que existen motivos razonables para creer que la política de represión ha sido conducida desde altos niveles de gobierno. 

A juicio de los analistas, la tortura ha servido como instrumento de control estatal para reprimir a la disidencia y silenciar las voces críticas.

Miles desde 1989

El Comité de Familiares de Víctimas de los Acontecimientos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) ha documentado un total de 5327 casos de presunta tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes entre 2012 y febrero de 2026.

Cofavic informó que de esa cantidad de casos, 2588 (49%) ocurrieron entre 2024 y febrero de 2026.

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó una tendencia similar, registrando cerca de 3000 casos de tortura entre 2024 y 2025, especialmente a presos políticos detenidos en el marco de la represion poselectoral.

A juicio del informe de la OMCT, Venezuela atraviesa una crisis de derechos humanos marcada por el colapso económico, una emergencia humanitaria crítica y el constante debilitamiento del Estado de Derecho. Expone que desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Maduro y a Cilia Flores, el país atraviesa por una incertidumbre institucional de la mano de un supuesto gobierno de transición liderado por Delcy Rodríguez bajo la tutela de Estados Unidos y con un sistema represivo que no ha sido desmontado. 

¿Qué es el índice?

El Índice Global de Tortura comprende la evaluacion de este maltrato en 39 países, distribuidos en cinco regiones. 

Evalúa los sistemas jurídicos nacionales, las políticas públicas y sus efectos en la práctica frente a las normas internacionales de derechos humanos  mediante un análisis regional. 

“Su objetivo es informar a los gobiernos, las organizaciones internacionales y el público a través de una plataforma en línea interactiva y accesible”, reza el informe.

El índice no sólo cuantifica el riesgo, sino que también proporciona información proveniente de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos.

Entre los indicadores que evalúa el índice están: compromiso político contra la tortura, brutalidad policial, violencia institucional, impunidad, derechos de las víctimas y respeto al espacio cívico.

Recomendaciones del informe

-Garantizar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocupen un lugar en la transición democrática

-Liberación sin medidas restrictivas de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos

-Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 

-Establecer un mecanismo de vigilancia independiente a todos los centros de reclusión 

-Adoptar una política de datos abiertos, en consonancia con los estándares internacionales

-Emprender una reforma integral del sistema de justicia, incluyendo el poder judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo

-Derogar marcos jurídicos que criminalicen la labor de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Elitismo exagerado y realismo acartonado

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Según describe Augusto Mijares en su extensa biografía del Libertador, los colombianos históricamente han visto, despectivamente, la política venezolana como personalista y autocrática. Inversamente, los venezolanos juzgan la política colombiana como oligárquica. El historiador aragüeño rastrea este intercambio de reproches a las disputas entre, por un lado, Bolívar, y por el otro, las élites neogranadinas encabezadas en aquel entonces por Santander. De estar Mijares en lo correcto, Colombia sería la prima atípica en la familia latinoamericana, mientras que Venezuela se parecería más al resto en sus inclinaciones caudillistas. En efecto, los venezolanos no siempre, pero sí muy a menudo, concebimos la política a través de dirigentes individuales.

Así, la relación entre el dirigente y las masas con frecuencia es personal y emocional. El dirigente, más que atraerse partidarios y producir detractores en atención a sus ideas y opiniones, genera pasiones: adoración y odio. Pasa ahora con María Corina Machado. Cuesta por ello conseguir evaluaciones de su empeño que no estén moldeadas por tales emociones positivas y negativas. Y si bien es, por mucho, la dirigente política más popular entre venezolanos hoy, detractores no le faltan. Quien crea que todos ellos son simpatizantes del chavismo se equivoca. Los hay que siempre han adversado al chavismo con plena convicción. Pero eso no significa que, a la hora de emitir juicios sobre Machado, no estén menos predispuestos por sus sesgos que quienes por el contrario veneran a su “Santa María Corina del Bejucal”.

Para muestra, las reacciones a un reciente pronunciamiento de la líder opositora, en el cual advirtió que las negociaciones que se están llevando a cabo entre la élite gobernante y la Asamblea Nacional electa en 2015 (la cual a todas luces responde al Departamento de Estado norteamericano) “no deben terminar en un pacto de élites”. Ah, más vale que no. Sus críticos de inmediato la ridiculizaron por dizque no entender nada de política, puesto que las transiciones siempre son pactos entre élites. Según estos señores, toda expresión de Machado y sus seguidores (que, a propósito, constituyen una mayoría de la ciudadanía venezolana) exigiendo que se les tenga en cuenta en las negociaciones es fútil. Examinemos tal (des)consideración.

Efectivamente, las transiciones son acuerdos entre élites. Toda política pensada para el gobierno de un país lo es, como han expuesto los más agudos observadores de ese aspecto de la política: Pareto, Mosca, Michels (los italianos por alguna razón han estado a la vanguardia en estas tesis; quizá sea herencia intelectual de cierto florentino renacentista). Entonces, la pregunta importante en Venezuela hoy no es si unas élites van a pactar o no, sino qué elites pactan. Porque si se excluye a la única que cuenta con respaldo masivo, pues lo más probable es que el resultado produzca descontento masivo.

La idea no es caer en la ingenuidad de que las masas pueden y deben decidirlo todo directamente. Se trata de evitar que las élites se vuelvan un puñado de oligarcas que pisotean a las masas. Lo que la democracia moderna permite es que las masas elijan qué élites pactan. De esa manera, las élites se ven más o menos obligadas a tener en cuenta los intereses de las masas. Esto es lo importante, incluso si se parte de una visión de la política que enfatiza el papel de las élites o de los “grandes hombres”, como la de Carlyle. El “gran hombre” (o, si se quiere, la “gran mujer”) no puede ser un “héroe” al que “venerar” (términos del autor escocés) si condena a las masas a la miseria.

Pretender que la población se abstenga de tratar de influir en la res publica, porque las élites lo van a decidir todo por ellas, es una actitud particularmente perniciosa y de paso absurda viniendo de politólogos y demás profesionales de las humanidades, algunos de los cuales estuvieron en el coro de críticos de Machado mediante la invocación de un elitismo exagerado. Porque resulta que los estudios de dichos profesionales siempre buscan convencer a alguien de su acierto. Si no estuvieran dirigidos a alguien, toda esa ciencia y toda esa filosofía no tendrían sentido alguno. Nadie se dedicaría a ellas. Al final, sus cultores siempre están tratando de sugerir a la sociedad que haga algo. Así sea, paradójicamente, quedarse pasiva para legitimar un statu quo autoritario en el que las élites deciden todo, sin influencia externa. Son, pues, como esas personas que dicen que la filosofía es inútil y que todo el mundo debería abstenerse de ella, lo cual, irónicamente, es también un ejercicio filosófico, Jasper dixit.

El paroxismo de esta actitud es romantizar el orden político excluyente y ridiculizar como “ingenuos” a quienes lo cuestionan. Típica conducta del pretendido “basado” que cree que “dice las cosas como son” y que está purgado de ilusiones. En realidad, lo que hace es caer en la mala fe sartreana, al concluir “Mis aspiraciones no importan porque siempre va a haber un poder mayor que decidirá por mí”. Razonamiento pusilánime para rehuirle a su libertad inherente y no hacerse responsable de su futuro. Cosa que, además, está condenada al fracaso. Es un intento fútil de autoengaño. En el fondo saben que sí pueden hacer algo y por eso, como dije, tratan de influir en la opinión pública para decirle lo que creen correcto (así sea repito, la legitimación del statu quo).

Pienso que, verdaderos zafios aparte, los señores en cuestión entienden todo lo anterior. Pero como profesan a Machado una fuerte antipatía, se dejan llevar por sus sesgos y lo disfrazan de “realismo político”. Realismo político es entender, también, que, en tanto líder de la facción con apoyo mayoritario, Machado es considerada, al menos a los ojos de sus millones de partidarios, una figura de élite, y que, por su propia ambición de poder, va a buscar que la incluyan en la mesa de diálogo. Esa búsqueda se va a dar, aunque a los adversarios de Machado les choque. Quien no comprenda todo esto tiene de “realista político” lo que yo tengo de uzbeko. En todo caso, a Machado se le puede reprochar que se queje de las élites, aunque ella misma sea parte de una, la dirigencia opositora.

El problema de Machado no es, pues, si presiona o no para que la incluyan, sino cómo presionar. Con qué medios lo va hacer. Porque el único elemento de presión con el que cuenta es su respaldo masivo. Pero a ese respaldo le cuesta mucho manifestarse en tono de reclamo porque en Venezuela a las masas les sigue aterrorizando protestar, por el trauma de años de represión y persecución de opositores.

Si el diálogo que por los momentos la excluye produce dentro de un lapso razonable resultados que indiquen que hay una transición democrática en marcha, ella podrá darse el lujo de la pasividad y limitarse a mandar mensajes como el que desató la polémica sobre las élites. Pero si pasa el tiempo sin tales avances, Machado tendrá que decidir si se arriesga a que el resultado final sea opuesto a sus objetivos o si busca presionar de manera más contundente, pese al referido miedo de las masas. De ello pudiera depender que en Venezuela tengamos élites que se preocupen por el resto de la población o que, como ha venido ocurriendo por años, lo tengan bajo una bota.

@AAAD25

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Carta urgente a San Pedro

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Querido San Pedro:

Te escribo pues, como sabrás, a tu puesto de trabajo llegaron miles de mis compatriotas venezolanos y colombianos tras los terremotos que vivimos en junio y agosto. Imagino que tenías tiempo sin recibir tantas almas a la vez.

Debe ser duro revisar tantos antecedentes de personas que no tuvieron tiempo de enmendar algunos de sus errores, como comerse una luz roja o copiarse en un examen. Cualquier cosa, no te compliques y deja que lo haga la IA. Tú bien sabes que ahora todo está en la nube.

Aunque también te pediría que por favor te pongas en los zapatos de todas esas almas, querido San Pedro. Eran personas que no estaban ni cerca del túnel y de repente, ¡plum!… la luz al final del túnel los encandiló. Y sin velorio para despedirlos.

Por eso te quisiera pedir algo, si tú me lo permites, claro. Porque me disculpas la confianza, San Pedrito, pero es que aquí entre nos: tú tienes las llaves del cielo. Además de que todos sabemos que eres la mano derecha de Jesús. ¿No crees que por esta única vez podrías mover tus influencias allá arriba para que todas estas almas entren por palanca?

Además, mira todo el trabajo que te ahorrarías. Nada de revisar expedientes, historiales, ni de estar restando actos buenos menos actos malos para ver si un alma merece entrar al cielo.

Aunque si quieres que la cosa no sea tan caótica, podrías darles a esas almas una figura de asilo, residencia, TPS, permiso de trabajo o visa de refugiado. No sé… hasta podrías darles estatus de ángeles a algunos para que te ayuden en el puesto de control de la puerta, pero eso sí: por favor no construyas un muro ni vayas a dejar todo esto en manos de una policía migratoria celestial.

Porque tú con solo decir unas palabritas mágicas, nos darías la paz a todos. Tampoco te estoy pidiendo algo muy elaborado como “Ábrete, sésamo”. A ver… somos venezolanos y colombianos. Todo se arregla con que pongas un equipo de sonido a todo volumen con Héctor Lavoe cantando: “¡Entren, que caben cien!”.

Porque si llegas a hacernos ese milagrito, San Pedro, también aprovecha y diles a todas esas almas que acá abajo los queremos, los extrañamos y oramos por ellos todos los días para que descansen en paz. Aunque si tú les dices que llegaron al único sitio en donde no cortan la luz, el agua y no existe inflación, inseguridad, pago de arriendo, ni corrupción; ahí sí es verdad que alcanzan el descanso eterno por los siglos de los siglos, amén.

El balón está en tu cancha, San Pedro. Muchas gracias por sacar tiempo de tu día para leerme y que sea lo que tu jefe quiera. Ojalá y todos puedan entrar al cielo de la misma forma que tú: como Pedro por su casa.

@ReubenMoralesYa

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Sociedad civil celebra anuncio de reforma judicial y exige garantías de independencia

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En el marco de la mesa de diálogo, organizaciones de la sociedad civil recibieron con atención el comunicado conjunto suscrito el 12 de agosto por las delegaciones del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que se anunció el inicio de un proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la renovación de la totalidad de los magistrados.

A través de un comunicado, difundido en la página web de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), exponen que el pronunciamiento “coloca en el centro de la agenda de reinstitucionalización el papel del Poder Judicial, señalado durante años como instrumento de represión y demolición del Estado de derecho”.

Para las 19 organizaciones, que la reforma del sistema de justicia forme parte explícita de la mesa de diálogo, constituye un reconocimiento de esa realidad documentada de forma sostenida.

Sin embargo, aclaran, que “ninguna reforma institucional creíble es posible mientras el sistema de justicia siga siendo un instrumento del poder político. Se exige un acuerdo político explícito —con verificación internacional y de la sociedad civil— que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.

Señalaron que el acuerdo debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de derechos humanos.

Exigencias de la sociedad civil

  • Más allá de este acuerdo político previo, las organizaciones exigieron que el proceso de selección de magistrados cumpla, como mínimo, con las siguientes garantías técnicas:
  • Publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia LOTSJ. Sin reglas conocidas de antemano (qué peso tendrá la experiencia profesional, cómo se medirá la independencia, la trayectoria ética y el conocimiento jurídico, el respeto a los derechos humanos) es imposible verificar si las designaciones responderán al mérito o a preferencias políticas.
  • Acceso público a los expedientes de los postulados, no solo a la lista de nombres. La sociedad civil debe poder consultar y contrastar las trayectorias, posibles conflictos de interés y vínculos con órganos del Estado de cada candidato.
  • Constitución de un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento.
  • Recomposición del propio Comité de Postulaciones Judiciales conforme a la Constitución, devolviendo a la sociedad civil —y no a la Asamblea Nacional— el rol central en la preselección de candidatos que el texto constitucional le atribuye.
  • Reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, nombrado en abril pasado, en contra de lo establecido en la Constitución y la Ley del Poder Ciudadano, para la evaluación de los candidatos al cargo de Fiscal general y Defensor/a del Pueblo. Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil. Lo más irregular en la actualidad es que su presidente es el mismo del Comité de Postulaciones Judiciales.

Las organizaciones subrayaron que, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, se abre la posibilidad de que la selección de magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional. El proceso de reinstitucionalización ofrece una ventana para corregir las deficiencias que marcaron reformas anteriores y avanzar hacia instituciones democráticas sólidas.

Suscriben:

Acceso a la Justicia
Aula Abierta
Caleidoscopio Humano
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Civilis
Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Defiende Venezuela
Freedom House
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón
Lateral Lab
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Provea
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Voces de la Memoria

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian patrón de tortura y deterioro de salud de presos políticos en Venezuela

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Familiares de personas detenidas por razones políticas denunciaron la falta de atención médica oportuna y el deterioro físico y psicológico que sufren los presos políticos, especialmente en El Rodeo I, durante el webinar “Salud y vida bajo custodia”, organizado por Amnistía Internacional y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) este jueves, 20 de agosto.

Diego Casanova, integrante del Clippve, explicó que la organización consolidó en julio de 2024 una red de familiares, activistas y defensores para impulsar acciones en organismos nacionales e internacionales. Casanova afirmó que el objetivo principal de la agrupación se mantiene firme: “Nuestro norte ha sido fundamentalmente la libertad de todos los presos políticos”.

Durante la transmisión, los ponentes manifestaron la existencia de una conducta recurrente en los centros de reclusión. Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, señaló: “Hemos logrado precisar con el testimonio de las víctimas que hay un patrón y es la falta de atención médica oportuna”. Asimismo, sostuvo que en los recintos penitenciarios “el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel”.

Secuelas físicas y condiciones de incomunicación

Andreína Baduel relató las consecuencias de las torturas recibidas por su hermano y recordó el fallecimiento de su padre Raúl Isaías Baduel bajo custodia estatal. Advirtió sobre la gravedad de la situación de su familiar al manifestar que “si no recibe atención médica puede morir como murió mi padre”.

Asimismo, Baduel señaló que una junta médica diagnosticó hace cuatro años y seis meses afecciones severas en ligamentos, hernias y patologías pulmonares y testiculares, sin que hasta la fecha haya recibido tratamiento de especialistas ni las intervenciones requeridas. A su vez, indicó que en El Rodeo I permanece en una celda de dos por dos metros con una cama de cemento y letrina, e identificó la situación como “el caso ejemplarizante de aislamiento e incomunicación para tratar de silenciar nuestras denuncias”.

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, detenido desde septiembre de 2018, detalló las secuelas físicas que padece su hermano tras las agresiones sufridas durante su custodia por parte del Sebin. “Mi hermano no podía girar la cabeza y duramos varios meses hablándole bajito porque se aturdía muy rápido”, expuso Ávila. Explicó también que, tras su traslado a El Rodeo I, Rivas presentó un cuadro de diarrea continua durante un año y dos meses.

Ávila enfatizó el impacto del confinamiento en la salud mental de los prisioneros: “Las condiciones son degradantes y lo que buscan es quitarles su identidad. A medida que pasa el tiempo ellos sienten que se van perdiendo en este proceso y se van sintiendo afectados psicológicamente”.

Deterioro acumulado en la reclusión de Igbert Marín Chaparro

Ignell Marín Chaparro expuso la situación de su hermano, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien enfrentará la apertura de un nuevo juicio el próximo 7 de septiembre. Marín Chaparro calificó el estado de su familiar como un “deterioro de salud progresivo, acumulado y hasta programado”, originado durante su permanencia en los sótanos de la Dgcim y agudizado tras su traslado a El Rodeo I.

La pariente del detenido alertó que su hermano ha padecido crisis hipertensivas severas con valores de 190/120, fibrosis pulmonar derivada de tres contagios de covid-19 sin asistencia médica oportuna, hernias, tendinitis en la muñeca izquierda por el uso prolongado de esposas y secuelas orgánicas producto de dos huelgas de hambre.

En ese sentido, enfatizó la urgencia de permitir el acceso a observadores independientes para evaluar el estado físico de los detenidos. “Esto hace indispensable la verificación independiente de organismos internacionales. Cada día de retraso representa el peligro de un daño irreversible”, acotó.

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Márquez: “El mejor socio que podemos tener es Estados Unidos”

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Como quien entra al Salón Oval de la Casa Blanca, así ingresó Enrique Márquez a una de los salones del Hotel Marriott de El Rosal en Caracas, donde presentó este jueves un documento llamado Pacto por Venezuela en procura de impulsar el plan de tres pasos para la eventual recuperación del país, ideado por el gobierno de los Estados Unidos.

En un podio al frente decenas de periodistas y con un logo detrás con los colores de la bandera de Estados Unidos, Márquez, quien fue invitado por el presidente Donald Trump al Discurso del Estado de la Unión en Washington, reiteró en varias ocasiones que el apoyo de los norteamericanos en vital para recuperar la democracia en Venezuela. 

“El mejor socio que podemos tener son los Estados Unidos”, dijo quien estuvo preso un año, luego de haber intercambiado palabras con Nicolas Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, días antes de la toma de posesión en 2025 del ahora encarcelado en Nueva York.

Para Márquez “bailar pegao” con Estados Unidos garantiza el plan de tres fases para Venezuela que comprende estabilización, recuperación económica y transición. 

“Y tiene que ser en ese orden y no comenzar por lo último porque quien pase a gobernar el país se va conseguir con una ruina de 27 años. No se trata de gusto, es pragmatismo puro, Estados Unidos es nuestro acompañante-socio porque está caminando con nosotros y podemos decir que casi todo lo bueno que nos ocurra de aquí en adelante tiene que ver con esa relación”. 

¿Cuál es la propuesta?

El ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que después del 3 de enero de este año, fecha en que la fuerzas armadas estadounidenses detuvieron a Maduro y a Cilia Flores, el panorama cambió. 

“El 3E comenzó el proceso de recuperación de nuestra soberanía ¿Dónde estaríamos en este momento si no hubiese ocurrido lo de ese día? Hay quienes dicen que fue una violación a nuestra soberanía ¿Cuál soberanía? No teníamos nada de eso, vivíamos en un absoluto totalitarismo”, sentenció el candidato presidencial. 

En la propuesta que está disponible on line y también fue entregada a los presentes en físico resaltan los siguientes puntos. 

-Transición democrática y reconstrucción institucional.  

-Independencia de los poderes públicos

-Elecciones libres y poder electoral independiente

-Plena vigencia de los derechos y libertades civiles

-Retorno seguro de los venezolanos

-Lucha contra la corrupcion

-Propiedad privada y seguridad jurídica

-Levantamiento de las sanciones económicas

-Reconciliación nacional y fin de la persecución política 

-Desarme de grupos ilegales 

Aunado a toda estrategia, Márquez indicó que desde la Casa Blanca están abogando por la liberación de todos los presos políticos, que según la organización Justicia, Encuentro y Perdón supera la cifra de 400.

Ni presidente ni rector

Márquez manifestó que por ahora no tiene aspiraciones presidenciales y tampoco quiere volver a formar parte del CNE.

“No es momento de elecciones, no podemos colocar los intereses individuales por encima de los del país, cuando lleguen las elecciones cruzaremos ese puente, no está en mis aspiraciones regresar al CNE, el CNE necesita en este momento técnicos”, indicó. 

El ex candidato presidencial dijo que antes de las presidenciales, deben hacerse comicios de sindicatos y comunas. 

Márquez aseguró que reconoce el liderazgo de María Corina Machado, quien ganó la elección primaria de la oposición en 2023 y posteriormente fue inhabilitada para ejercer cargo público alguno. 

“Es innegable su liderazgo, ella tiene derecho de volver a Venezuela, pero tenemos que trabajar todos juntos, no se trata de una persona sino de salvar al país”.

El ex rector del CNE dijo que confía en el diálogo iniciado hace un par de semanas entre la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y la AN electa en 2015 comandada por Dinorah Figuera.

“Conozco personalmente a Figuera, reconozco sus valores, principios y su compromiso. Por lo tanto confío en que hará lo que tiene que hacer para que este proceso llegue a un término tal que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia con sus leyes reformadas al igual que un nuevo CNE”, dijo el ex diputado.

Paciencia activa

Un nuevo término surgió este jueves en boca de Enrique Márquez: paciencia activa.

A la paciencia que pidió Marco Rubio a los venezolanos, Márquez le sumó el adjetivo de activa.

“Nadie va a reconstruir a Venezuela por nosotros, pero los venezolanos prefieren tener a Estados Unidos como aliado que a otro, en estos siete meses hemos avanzado, esto no es algo de hoy para mañana, la democratización tomará tiempo”.

Sobre el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Márquez le agradece sus buenos oficios para lograr su liberación se limitó a decir que respeta la justicia de ese país europeo. 

“No tengo más nada que decir al respecto, es una situación difícil para él y esperemos que la justicia opere”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Dinorah Figuera detalla el giro que dará la negociación política en septiembre

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Las declaraciones ofrecidas por la presidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, en una entrevista emitida por VPI donde fijan la ruta para las siguientes fases del proceso de diálogo con representantes del gobierno interino, donde se abordarán temas esenciales a nivel institucional y democrática del país.

A partir del mes de septiembre, la mesa de negociación se centrará en las garantías políticas y civiles del país. Figuera enfatizó la relevancia de este punto dentro de las conversaciones, argumentando que se trata del ejercicio directo de los derechos de la ciudadanía y de las acciones que la dirigencia debe sostener ante la sociedad.

El debate

“Ya vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles. Es un temazo, es un temazo muy importante que tiene que ver precisamente con el ejercicio de los derechos políticos y civiles y allí, por supuesto, nosotros tenemos en este caso mucho que discutir”, afirmó la dirigente. 

La vocera explicó que el abordaje de estos derechos implica hacer un resumen general de la estructura judicial venezolana y señaló que este eje se unirá directamente con la revisión de las instancias del sistema de justicia, incluyendo de forma prioritaria la situación del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Implicar este tema de la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y vincularlo con las otras instancias de temas que vamos a trabajar, por supuesto, nos lleva a nosotros a hacer una síntesis de todo el sistema de justicia que tiene también que ver con los derechos civiles y políticos”, puntualizó. 

Inhabilitaciones y revisiones

Dentro de la agenda fijada para septiembre, la delegación planteará la suspensión de las inhabilitaciones políticas y la derogación de instrumentos legales que limitan las acciones de los partidos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos. Figuera remarcó la importancia de restituir las condiciones para la participación en los procesos electorales.

“Planteo a ustedes que sin partido no hay democracia. Entonces, nosotros estamos comprometidos a esa propuesta y sobre todo también acusar el tema de las inhabilitaciones personales de carácter político. Aquí uno de los objetivos de nosotros es que se les devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas, exiliadas y que se les ha violado ese derecho”, aseveró. 

En relación con el panorama normativo, indicó que se persigue la anulación de leyes específicas que restringen el “ejercicio democrático” en el país. “Un tema de justicia que estamos persiguiendo es derogar las leyes. Las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos, otras leyes de carácter coercitiva que nos han limitado en el ejercicio democrático”, declaró Figuera.

Figuera destacó que se iniciaron pasos formales, los cuales incluyeron la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la modificación de leyes complementarias del sistema de justicia, la renovación del Comité de Postulaciones Judiciales, la apertura de un nuevo proceso para la designación de magistrados y la creación de un consejo de revisión de credenciales de los postulados. 

Acompañamiento internacional

Con respecto al papel de la comunidad internacional en las conversaciones, Figuera valoró el rol que ha desempeñado la administración estadounidense en el proceso y aclaró el alcance de la participación en las mesas de trabajo del país.

“Sabemos que estamos bajo un acompañamiento de Estados Unidos en los procesos de diálogo, por lo cual hemos estado agradecidos y han sido muy respetuosos. Teníamos dudas porque para Estados Unidos no iban a estar dentro de las discusiones y que iban a servir en este caso más bien de acompañante donde le informábamos pero que no iban a ser interventores de un proceso dentro de lo que fue el proceso de diálogo”, explicó Figuera.

El proceso de negociación sigue manteniéndose sobre una agenda de cuatro puntos principales orientados a la reinstitucionalización del país: la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles, y la libertad de expresión. Todas estas conversaciones iniciadas en agosto de 2026 hablan del posible desarrollo del trabajo técnico y político continuo que lleven a una conclusión donde se contemple el resultado para el mes de diciembre. 

Colegio de Ingenieros recomienda no modificar estructuras sin estudios previos

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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) recomendó no modificar, reparar o reforzar —sin estudios previos— las estructuras de los edificios tras los terremotos del pasado 24 de junio.

El CIV, en la vocería del ingeniero especialista en patología y recuperación de la construcción, Alfredo Urich, advirtió que estos cambios pueden desmejorar el comportamiento de las edificaciones ante futuros sismos.

Urich dijo estar preocupado por las reparaciones o los reforzamientos en edificios de la capital venezolana tras los sismos, al indicar que algunas consisten en engrosar “el triple” una columna con corazas de acero o vigas adicionales que, aseguró, modifican la construcción.

“Las reparaciones deben restituir la condición del miembro estructural afectado, no deben modificarlo cuando son cosas puntuales y un daño de alguna manera esperado, controlado”, dijo Urich.

Inspecciones en Caracas

El ingeniero precisó que con la ayuda de especialistas voluntarios, han realizado 11.185 inspecciones en el Área Metropolitana de Caracas, de los cuales un 75 % han recibido la etiqueta verde (habitable), un 13 % etiqueta amarilla (con restricciones) y 10 % roja (peligro).

Urich indicó que la mayoría de los daños encontrados en estas evaluaciones no son estructurales, sino en las paredes, por ejemplo.

Además, sostuvo que en los edificios más modernos el daño estructural es mínimo, lo que relacionó a las normativas vigentes sobre terremotos, a diferencia de aquellas construcciones de los años 50 o 60, en las que el conocimiento sobre ingeniería sismorresistente era “muy básico”.

Piden actualizar las nomas

El pasado 10 de agosto, el CIV pidió actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país, tras el doble terremoto que dejó 6.500 fallecidos y más de 800 edificaciones afectadas.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

*Con información de EFE

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