Ni baño de sangre, ni guerra civil. Algunas cosas sí han cambiado en Venezuela. Una de ellas es que el Estado venezolano ha ido perdiendo el monopolio de la violencia.

En los últimos años, la migración masiva de casi 8 millones de personas no solo ha dejado a los padres y madres sin hijos, también ha cambiado la configuración de la violencia y la criminalidad en el país, y ha arrastrado a centenares de funcionarios de los cuerpos de seguridad a huir en busca de un mejor futuro.

Aunque no hay explicaciones científicas o académicas, ni políticas gubernamentales que justifiquen lo sucedido, no hay duda de que el país hoy es más seguro y menos violento que hace 10 años, e incluso que hace 20 años. Con menos armas en las calles o en manos de civiles; con menos delitos comunes; con menos colectivos y bandas; sin polarización política y con una tendencia a la reducción de la letalidad policial.

En este contexto, la amenaza o pronóstico de un posible baño de sangre o el estallido de un eventual conflicto armado no parece tener asidero.

Una sociedad menos violenta

El 2023 fue el año menos violento de los últimos 25 años en Venezuela. Cerró con una tasa de 26,8 muertes violentas (intervención policial, muertes en averiguación y homicidios) por cada 100 mil habitantes, con 6.973 casos según Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Esa es la cifra más baja de homicidios en el país desde 1999, cuando se registraron 5 868 casos, con una tasa de 24,28 homicidios por 100 mil habitantes, según datos extraoficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

La reducción de la tasa de homicidios y de los delitos en general – aunque no hay cifras oficiales– es evidente en la vida cotidiana. Hay una disminución en los robos y las denuncias de secuestros casi han desaparecido. Especialmente, en comparación con años en que se registraban más de 500 secuestros, como 2012, cuando los homicidios tuvieron un primer pico histórico con 19.126 casos reportados.

Este momento también es muy distinto a 2016, que ha sido el año más violento en la historia reciente de Venezuela con 23.449 homicidios, según un informe elaborado por Aministía Internacional y Reacin, en 2018; y 28.479 muertes violentas, con una tasa de 91,8 por 100 mil habitantes, según datos del OVV.

Venezuela es hoy una sociedad menos violenta, lo que muestra un escenario muy diferente a 2014, 2017 o 2019. Por esa razón este es uno de los factores que limita la posibilidad de que se dé un “baño de sangre” durante o después del proceso electoral.

Menos policías y militares

Sentado en un vuelo de Copa con destino a Caracas destaca un hombre moreno, fornido, alto y de unos 35 años. Se llama Francisco y dice que fue funcionario del Sebin. “Estoy viviendo en Chile, ya me salieron mis papeles allá”, comentó. Regresaba a Venezuela después de seis años, pero no para quedarse. “Vine a ver a mi familia y a arreglar el pasaporte para irme a España”, completó.

Como él también dejaron sus instituciones Leo, un funcionario de la PNB que se fue a Estados Unidos en 2019; Juan Carlos, comisario del CICPC, que pidió asilo en el mismo país en 2020; Pedro, exagente de la FAES, que llegó a Panamá en 2018 y decenas de militares venezolanos que se encuentran regados por el mundo.

Aunque no hay números, ni datos oficiales, el pie de fuerza de los cuerpos policiales se ha reducido significativamente. Los policías y los militares también forman parte de la diáspora venezolana. En 2019, un grupo de expertos que realizaba un diagnóstico sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país identificó que había un déficit de 50% en el número de policías que se necesitaban para garantizar la seguridad ciudadana en el país.

Además, las denuncias de los propios funcionarios alertaban, en los años críticos de la violencia, sobre una merma en el poder de fuego y el limitado acceso a las municiones que tenían en sus cuerpos de seguridad. Incluso hacían referencia a que los grupos criminales estaban mejor armados que ellos.

Si bien es cierto que, especialmente desde 2014, los venezolanos han sido víctimas de graves episodios de represión, violaciones de derechos humanos y un despliegue impresionantes de equipos usados para el control del orden público por parte de la fuerzas de seguridad, este contexto hoy también ha cambiado.

Los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH, que confirman las violaciones de derechos humanos y desnudan los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, han tenido un impacto en policías y militares.

Por ejemplo, los casos de letalidad policial que suman más de 20 000 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2019, aunque siguen ocurriendo, se han reducido progresivamente. Mientras que muchos funcionarios en este momento tienen claro que la responsabilidad ante estos delitos es individual y no prescribe, por lo que no están dispuestos a sacrificar su libertad involucrándose en hechos de represión que impliquen la comisión de este tipo de delitos.

Otro dato llamativo es que las unidades antimotín, las bombas lacrimógenas y los perdigones, así como funcionarios vestidos al estilo de Robocop y con grandes escudos, no se han visto en las calles impidiendo masivamente los actos de la oposición durante los meses que precedieron a los comicios del 28 de julio, como solía ocurrir en 2014, 2017 y 2019.

La situación en las FANB no es diferente. Pero quizás la guinda sea la declaración del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López del pasado 23 de julio. “A los politiqueros del teclado, a los ‘encuestócratas’ y demás intrigantes que se preguntan: ¿Qué va a hacer la FANB el 28 de julio? A ellos les respondemos que haremos lo que siempre hemos hecho: defender la Constitución y la soberanía popular. No se equivoquen”, indicó.

Además agregó: “El que ganó a montarse encima de su proyecto de Gobierno y el que perdió que se vaya, a descansar. Eso es todo”.

En 2015, cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias, una serie de versiones extraoficiales publicadas por medios internacionales atribuyen al Padrino López la decisión de haber hecho respetar el resultado que era adverso al partido del presidente Nicolás Madudo. Desde entonces, Padrino parece tener claro las consecuencias que acarrean las violaciones de derechos humanos.

Colectivos desmovilizados y en otros asuntos

2024 parecía ser un año favorable para el resurgimiento de los colectivos, como se le conoce a los grupos de civiles armados que han defendido la revolución Bolivariana en Venezuela. Se combinaron dos variables que podían impulsar a estos grupos, que nunca han dejado de existir, pero que habían comenzado a debilitarse. Por una parte el desmantelamiento de varias megabandas, que dejaba un espacio abierto a otros grupos armados, y por el otro era año electoral.

En el pasado era común que los colectivos aparecieran para atacar a los opositores en actos políticos y eventos electorales, e incluso, según denuncias de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, llegaron a participar en la represión de protestas contra el Gobierno.

Sin embargo, actualmente estos grupos están bastante disminuidos, en comparación con años como 2017, cuando tuvieron un rol protagónico en la represión de manifestaciones, al punto de que se se les señala de ser responsables de la muerte de al menos 28 manifestantes.

En el proceso previo a los comicios del 28J de 2024, y durante la campaña electoral, no tuvieron mayor presencia, ni protagonismo.

En un monitoreo realizado con periodistas del interior del país se pudo confirmar que hay colectivos en más de 15 estados del país. Algunos de ellos continúan ejerciendo control social y gobernanzas en los territorios que ocupan. Siguen teniendo capacidad de generar violencia y se mantienen firmes en la defensa de la revolución.

Pero la mayoría se ha dedicado a actividades comerciales y empresariales que les generan rentas. Se ocupan de la comercialización de alimentos en algunos sectores y de distintos negocios. Otros integrantes de estas organizaciones también se vieron afectados por la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, muchos emigraron o abandonaron el proyecto bolivariano.

Ni megabandas, ni pranes

Los grupos armados no estatales, como las megabandas y los pranes, forman parte de la lista de grupos generadores de violencia en Venezuela. Pero muchos han sido desmantelados y otros están debilitados.

Hay denuncias de que, en algunos casos, las megabandas pudieron haber sido usadas para el control social de los ciudadanos en los sectores populares, como ocurría con la banda del Koki, que ejerció una gobernanza criminal en la Cota 905 entre 2013 y 2021. O como sucedió con el Tren de Aragua, en la localidad de San Vicente.

Sin embargo, hoy muchas de estas estructuras criminales han sido desmanteladas por el Gobierno, algunas se han fragmentado y otras han migrado hacia zonas rurales y fronterizas, como el Arco Minero del Orinoco, donde se dedican al crimen organizado.

Entre 2021 y 2022, los líderes del Tren del Llano y la banda del Koki, dos de las más poderosas organizaciones criminales del país, murieron a manos de los cuerpos de seguridad. Lo que significó un duro golpe para estas organizaciones.

Posteriormente, entre septiembre y octubre de 2023, seis prisiones que estaban bajo el control de los pranes –líderes criminales de las cárceles– fueron desalojadas, y aunque se desconoce el paradero de los jefes de las organizaciones criminales que operaban desde estos recintos, sus actividades delictivas se vieron afectadas.

La fuerza y los intereses de las megabandas que aún quedan en el país no son las mismas que tuvieron en sus años de mayor auge, entre 2013 y 2023. Cuesta pensar que descuidaran sus negocios criminales para involucrarse en asuntos políticos, que en el pasado no han sido de su interés.

Esto no significa que se deba obviar el auge y el poder del crimen organizado, además de la importante presencia del ELN en algunos estados fronterizos.

Ya no se puede hablar de polarización

La polarización política que dividió a los venezolanos en dos grandes grupos opuestos y enfrentados durante los últimos 25 años tampoco existe hoy. Ya no hay dos grandes mitades con interés y posiciones diferentes.

Trabajos periodísticos realizados en las comunidades por medios de comunicación muestran que “en el país se viene dando una reconstrucción del tejido social, a partir de la reconciliación de personas y grupos que en el pasado tenía diferencias por motivos políticos, que los llevaron incluso a dejar de comunicarse”, explicó Jonathan Gutierrez, co-director de Historias que Latén.

Esto viene ocurriendo desde hace aproximadamente dos años en zonas populares y rurales. “En un momento en el que muchos países de América Latina y Estados Unidos están marcados por las polarización, vemos como en Venezuela se está dando un proceso de despolarización”, apuntó Gutiérrez.

Hoy en Venezuela hay una amplia mayoría que apuesta por la paz, la reconciliación y la democracia; por lo que la posibilidad de que ocurra un baño de sangre o se generé una guerra civil en el país es poco probable.