Espacio Público registró 40 violaciones al derecho a expresarse libremente en mayo
La ONG venezolana documentó desde violencia física en manifestaciones hasta censuras y vulneraciones a víctimas indirectas de violaciones a los DDHH
Este 5 de junio, la ONG Espacio Público afirmó que hubo al menos 10 casos y 40 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante el mes de mayo de 2024. Se documentaron 11 actos de intimidación, 10 de hostigamiento judicial, ocho de hostigamiento verbal y al menos dos actos de violencia física, dos actos de censura, un bloqueo a una página web y el cierre de una emisora radial por parte del Estado.
«Las principales víctimas fueron particulares (11), junto con 10 periodistas o reporteros, tres medios de comunicación y un trabajador público», detalló Espacio Público en su informe.
#1Mayo Trabajadores concentrados en Plaza Venezuela fueron agredidos por grupos de motorizados pro-oficialistas. Los agentes de seguridad que impiden el paso de la marcha autónoma hacia el centro de Caracas, no actuó para impedir la agresión contra los manifestantes pacíficos pic.twitter.com/LKwSWOCaOO
— PROVEA (@_Provea) May 1, 2024
Desde el primero de mayo se empezaron a ver las vulneraciones al derecho a expresarse libremente. En Caracas, durante una congregación de trabajadores públicos, pensionados y jubilados en Plaza Venezuela para exigir mejoras en las prestaciones sociales, un grupo de motorizados identificados como simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro agredió físicamente a los ciudadanos mayores de 50 años y a la fotoperiodista Gaby Oráa. También robaron las cámaras de los periodistas que cubrían el evento.
Motorizados robaron equipos de periodistas en la marcha de este 1 de Mayo en Caracas. Los colegas cubrían la concentración convocada por la oposición cuando un grupo de motorizados llegó, los agredió y robó las cámaras. pic.twitter.com/TMYrOsAhhs
— Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) May 1, 2024
Detenciones preelectorales arbitrarias
El pasado 2 de mayo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a seis personas en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, que participaron en montar el equipo de sonido del mitin político de María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana, sin órdenes de captura por parte de alguna fiscalía.
«Antes del mitin político de Machado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) incautaron uno de los camiones que se usarían como tarimas en la concentración. Al mismo tiempo, personal del SENIAT (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) cerró por 30 días el Hotel El Paseo, en Maracaibo, después de que diera hospedaje al equipo de Machado y otros dirigentes durante su visita a la capital zuliana», narró el informe de la ONG.
«Las retaliaciones en contra de personas y negocios por vincularse con los mítines políticos de María Corina Machado fueron la norma a lo largo de mayo, a pocos meses de la elección presidencial», agregó Espacio Público.
¡Maracaibo está listo para escuchar a @MariaCorinaYA!
Así está la avenida Bella Vista de la capital del #Zulia.
¡Vamos juntos hasta el final! pic.twitter.com/xGe10dXA6Z
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) May 2, 2024
El 22 de mayo, en una visita de Machado al estado Apure, el gobierno no permitió que la líder opositora llegara al estado y ella tuvo que irse en canoa para llegar a su destino.
Poco después, «la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) decomisó las embarcaciones y detuvieron a Antoni Josué Delgado, uno de los canoeros. El medio Todos Ahora reportó que Delgado tuvo que huir a Colombia ante las amenazas de la GNB y de agentes del SEBIN», reportó Espacio Público.
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Este 5 de junio, la ONG Espacio Público afirmó que hubo al menos 10 casos…
Censura Estatal a víctimas indirectas de DDHH
Mientras tanto, en Caracas, los familiares de los presos políticos denunciaban ante la sede del Ministerio Público que en la cárcel El Rodeo I, ubicada a 51,3 kilómetros de distancia de la institución pública, practican constantemente la tortura y no permiten las visitas de los familiares.
Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e hija del político Raúl Baduel —otro preso político que murió bajo custodia del Estado—, fue amenazada por funcionarios de la cárcel Rodeo I para no informar la situación de los presos políticos recién trasladados al recinto penitenciario.
«Pregunté por cuánto tiempo es la restricción y nadie supo nada más allá de decirme que son órdenes y que tengo que esperar. Las amenazas ocurrieron desde el día uno: daban una charla a los familiares de que si decíamos algo sobre las condiciones de allí íbamos a tener prohibición de visita. Y hoy ya es un hecho», denunció Andreína a Espacio Público el pasado 22 de mayo.
El mismo 19 de mayo, pero en la ciudad de La Victoria, estado Aragua, despidieron arbitrariamente al periodista Ronald Padrón de su cargo en la Alcaldía del municipio José Félix Ribas después de publicar en su cuenta de Instagram personal «El informador de Ribas» (que no está disponible para el momento de esta publicación) una crónica sobre el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.
También hubo otros acto de censura en Aragua: el 17 de mayo la emisora Éxitos 93.1 FM de Maracay tuvo que eliminar la salida al aire de la entrevista de González Urrutia con el periodista Antonio Di Giampaolo.
Suspendido programa #EnelAire Motivado a "presiones indebidas" hoy se impidiò la salida del programa #EnelAire en Éxitos. Hago votos por que vengan tiempos mejores para el ejercicio del periodismo y el país en su conjunto. Hasta una próxima oportunidad! pic.twitter.com/0WC386aQWt
— Antonio Di Giampaolo Bottini (@adigiampaolo) May 18, 2024
Según las declaraciones del periodista a la ONG, fue por «presiones» de la concesión de la emisora a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), institución estatal señalada por la ONU de censurar masivamente emisoras de radio, tal como sucedió con Radio Minuto 103.9 FM de Acarigua, estado Portuguesa y otras 13 emisoras en lo que va de 2024.
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Persecución digital
El Estado madurista también censuró a medios y periodistas en el entorno digital: el portal La Gran Aldea fue bloqueado de los servidores de internet venezolanos —como otros 10 medios nacionales e internacionales— y el fiscal general impuesto por la asamblea oficialista, Tarek William Saab, acusó de “palangristas” y de participar en supuestas campañas de extorsión a los periodistas de Armando.Info, Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg, y a los comunicadores Daniel Lara Farías, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barráez y Maibort Petit.
A todos los involucró con la trama «Pdvsa-Cripto», un caso de corrpución del Estado y sus funcionarios maduristas con un desfalco que se estima ser mayor a 16 mil millones de dólares, según la ONG Transparencia Venezuela.
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