Seis meses han pasado desde que la activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida por cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro en el aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija, Miranda.
Además de Miranda también fueron aprehendidos sus hermano Miguel y Aberto San Miguel, Víctor Díaz (padre de Miranda) y su exesposo Alejandro González, quien sigue preso. Cuatro de ellos fueron liberados, tienen régimen de presentación con prohibición de salida del país y no pueden dar declaraciones sobre el caso.
Así lo recordó la también ONG Provea, que informó que la abogada continúa recluida en el El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sin derecho a nombrar una defensa privada.
San Miguel fue víctima de desaparición forzada por más de tres días desde el pasado 9 de febrero. Posteriormente fue presentada en el Tribunal 2do contra Terrorismo en Caracas sin presencia de sus asesores legales. A la activista y defensora de los derechos humanos la acusan de terrorismo y traición a la patria.
Después de su aprehensión, la casa de San Miguel fue allanada. La fiscalía dijo que encontraron “mapas estratégicos” y que con ellos supuestamente estaba planeando un complot contra la administración madurista.
El abogado Joel García denunció que, al momento de ser presentada en tribunales, a San Miguel se le negó el derecho a la legítima defensa y le fueron asignados abogados públicos.
La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el caso de San Miguel, así como el de otras mujeres consideradas presas políticas.
“Esta práctica de intimidar a familiares responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión”, expuso un comunicado.
De acuerdo con la Misión, además de San Miguel existen otras 18 mujeres detenidas bajo acusaciones de estar asociadas con supuestas conspiraciones para derrocar al gobierno actual.
No solo es Rocío
Además de la detención de San Miguel se han producido otras aprehensiones de mujeres activistas, especialmente después de las elecciones del pasado 28 de julio.
Edni López, quien realiza tareas de ayuda humanitaria en comunidades pobres y pertenece al contingente de “100 mujeres referentes”, fue detenida en Maiquetía cuando se disponía a viajar a Buenos Aires y su pasaporte fue anulado.
Ninoska Barrios, madre de la profesora de ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y abogada, exigió ante la Defensoría del Pueblo una fe de vida de su hija.
“Por favor, devuélvanme a mi hija, no es justo que una madre venezolana tenga que pasar por todo esto”, clamó.
Barrios mencionó que después de 36 horas pudo conocer el centro de reclusión de su hija. Desconoce de qué se le acusa. “Solo la pude ver de lejos”.
Recientemente, también cuerpos de seguridad detuvieron en el estado Portuguesa, a la abogada y miembro del partido Vente Venezuela, María Oropeza. La propia Oropeza transmitió en sus redes sociales el momento en el que los funcionarios ingresaron de manera violenta a su residencia y se la llevaron sin una orden de detención.
Oropeza había grabado horas antes un video donde cuestionaba los resultados del 28J y criticaba la represión posterior al anuncio de los resultados.
De acuerdo a cifras manejadas por el Foro Penal Venezolano, hasta este 9 de agosto de las 1.263 personas detenidas luego del 28J, 160 son mujeres.
