El lema olímpico “Más rápido, más alto y más fuerte”, popularizado en 1896, ampliado en 1921 con la importante palabra “juntos”, lo superó gradualmente María Corina, Edmundo y su equipo
Cuando se establecieron los juegos olímpicos en el 776 a. C., se acordó una tregua de tres meses entre las ciudades-estado de la antigua Grecia y los jueces eran honorables ciudadanos que decidían imparcialmente. Durante la reciente Olimpíada en París, en el mundo proliferan las guerras y abundan regímenes cuyos jueces desconocen la voluntad de los pueblos. En Venezuela no tuvimos una olimpíada, sino una competencia que es vital para sus habitantes. No fue equilibrada. Fue la confrontación entre civilización y barbarie. Vencimos muchos obstáculos, pero el maratón no ha terminado, aunque se impondrá la democracia sobre el golpe de Estado electoral. El lema “Más rápido, más alto y más fuerte”, popularizado en 1896, ampliado en 1921 con la importante palabra “juntos”, lo superó gradualmente María Corina, Edmundo y su equipo, con el apoyo de dirigentes de la Plataforma Unitaria.
María Corina y su equipo fueron más rápidos que Julien Alfred, la atleta de Santa Lucía, campeona de los 100 metros, al publicar las actas con asombrosa velocidad, relegando al mentiroso Elvis Amoroso, que llegó cuando la carrera había terminado.
María Corina Machado y su equipo superaron exitosamente en sus recorridos por el país los obstáculos colocados por Padrino López y los gobernadores maduristas. No fue como una carrera con vallas, sino una mucho más larga, superando ríos, mares, montañas, alcabalas y otros obstáculos. La atleta de Bahrein, Winfred Yavi, ganadora de los 3000 metros a campo traviesa, no les habría ganado.
María Corina y su equipo lograron superar la barrera colocada por Maduro a mayor altura que los 4,90 metros con los que ganó medalla de oro la estadounidense Nina Kennedy en el salto con garrocha.
María Corina y su equipo emularon en fuerza a la colombiana María Isabel Urrutia, ganadora de oro en levantamiento de pesas, al tener la fuerza del pueblo que permitió que Edmundo ganara y sea el presidente electo de los venezolanos.
María Corina, sin duda, fue la heroína de esta contienda y merece muchas medallas de oro. Por eso mencionamos a las medallistas femeninas, pero sobre todo jugó en equipo, con el apoyo de mujeres y hombres de todos los estratos sociales. Todos juntos, tal y como señala el nuevo lema de los Juegos Olímpicos. Participaron como lo hicieron las dos mujeres y los dos hombres del equipo de los Países Bajos que ganó el oro en el relevo mixto de 400 metros.
La persistencia de María Corina es parecida a la de la española Ruth Beitía, quien en salto alto llegó de 16 en la Olimpíada del 2004, de cuarta en 2008, de tercera en 2012 y por fin de oro en el 2016.
Fue reconfortante ver por televisión a los perdedores felicitar con abrazos y sonrisas a los ganadores. En Venezuela, también es reconfortante observar que antiguos colaboradores de Hugo Chávez solicitan a Lula, Petro y a López Obrador que “intercedan para que se acate la voluntad del pueblo expresada el 28J, y que ponga fin a la represión, y criminalización de la protesta”. El manifiesto lo firman compatriotas como Héctor Navarro, Rodrigo Cabezas, Antonia Muñoz, Nicmar Evans, Oly Millán, Gustavo Márquez, Juan Barreto, Florencio Porras y Vladimir Villegas, entre otros. Ellos entienden que la izquierda democrática tiene un espacio político en Venezuela, lo cual es conveniente.
El maratón no ha terminado, tendremos que resistir más que los ganadores Sifa Hassan, la neerlandesa de origen etíope, y que el etíope Tamirat Tola, pero lo lograremos. Maduro tendrá que irse a la ducha, con pitos y abucheos por ser mal perdedor. Tiene en contra a los venezolanos y a los gobiernos del mundo democrático.
Felicitaciones a nuestros atletas que obtuvieron Diploma en París, reconocimiento a quienes se ubican entre los ocho mejores, lo cual es difícil entre tantos competidores que cuentan con mucho apoyo: el equipo masculino de espada, Raiber Rodríguez (lucha grecorromana), Rosa Rodríguez (lanzamiento de martillo), Yohandri Granado (TaeKwonDo 58 kilogramos), Anyelin Venegas (Halterofilia +59kg), Keydomar Vallenilla (Halterofilia +89Kg) y Naryury Pérez (Halterofilia +81Kg).
Según la ONG Provea, desde el 28 de julio 2024 han ocurrido 24 asesinatos por motivos políticos, perpetrados por los paramilitares de régimen, policías y guardias nacionales. Maduro reconoció que hay más de 2200 detenidos.
Continúa el régimen de terror, encarcelando a dirigentes como a María Oropeza, William Dávila, Américo De Grazia, Freddy Superlano y a cientos de ciudadanos por el solo hecho de expresar que Edmundo ganó.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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Han pasado dos semanas desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en los que el ente comicial declaró vencedor a Nicolás Maduro para un tercer período presidencial.
Con una página web fuera de servicio y una actuación llena de opacidad, el CNE ha incumplido con diversas actividades propias del cronograma electoral que ellos mismos establecieron.
Hasta ahora, las autoridades del CNE solo han hecho tres apariciones tras el 28 de julio, día en que se efectuaron las elecciones presidenciales:
Primer boletín
Entre gallos y medianoche, el ente comicial presentó el primer boletín de las presidenciales en la madrugada del 29 de julio. Según Elvis Amoroso, presidente del CNE, para ese momento, con el 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia “contundente e irreversible”, Nicolás Maduro había sido reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51,20%.
Acto de proclamación
Unas pocas horas después de emitirse el primer boletín y todavía sin tener la auditoría de telecomunicaciones fase II, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo en 2024. El evento se llevó a cabo en medio de una ola de protestas y una violenta represión en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, esta proclamación se realizó de forma apresurada, pues se hizo sin totalizar como exige el artículo 33.6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), en concordancia con el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
Al proclamar a Maduro con prisa, el CNE obvió que los sufragios restantes podían cambiar el resultado anunciado en su primer boletín, en virtud de que la diferencia entre un candidato y otro era de apenas 704.114 votos.
Segundo boletín
Después de cinco días, Elvis Amoroso apareció nuevamente en televisión para emitir un segundo boletín, pero todavía sin publicar los resultados mesa por mesa y sin presentar actas. El presidente del CNE afirmó que Maduro obtuvo 6,4 millones de votos o 51,95%, mientras el opositor Edmundo González consiguió 5,3 millones de votos (43,18%).
Todavía falta cosas por hacer
El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, había presentado un plan de 16 auditorías durante el proceso para las elecciones. Las revisiones previas a la elección, que sí se hicieron, son:
Software de las máquinas de votación (5 días a partir del 29 de abril)
Registro Electoral (6 al 8 de mayo)
Archivo de configuración de la máquina de votación (21 de junio)
Datos electorales ADES Fase I (25 al 27 de junio)
Cuadernos de votación (30 de junio al 2 de julio)
Producción de máquinas de votación (5 al 18 de julio)
Software de totalización (9 al 12 de julio)
Infraestructura tecnológica electoral (15 al 17 de julio)
Predespacho (21 de julio)
El día de la elección presidencial debía hacerse la verificación ciudadana. El artículo 437 de la Lopre establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la verificación posterior, la cual consiste «en la confrontación del contenido de los comprobantes de votación con relación a los datos reflejados en el acta de escrutinio».
Sin embargo, según Acceso a la Justicia, a quienes quisieron participar de este proceso se les impidió este derecho. Incluso, en Táchira una persona murió cuando civiles armados atacaron a un grupo de vecinos que esperaban poder participar en la auditoría posterior de las máquinas de votación.
Pero además, hay otras auditorías posteriores a la elección que, de no realizarse, hacen que se cree desconfianza en torno al procedimiento y las conclusiones que emita el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la elección presidencial.
¿Y cuáles son las auditorías y la deuda pendiente que tiene el CNE? Se explican a continuación:
Auditoría de telecomunicaciones fase II
De acuerdo con una publicación de Instagram del Consejo Nacional Electoral, en esta auditoría se compara la configuración de los sistemas de transmisión con la que fue auditada antes de la elección a fin de verificar que se haya utilizado ésta última.
El periodista Eugenio Martínez, experto en la fuente electoral y director de Votoscopio.com, señaló que la importancia de esta auditoría era todavía mayor después que el CNE denunció un intento de hackeo.
Para el comunicador, a dos semanas de las elecciones presidenciales “es casi imposible realizar de forma confiable la auditoría de telecomunicaciones”, pues debía realizarse el 29 de julio en la madrugada.
El CNE suspendió tres auditorías indispensables sobre los resultados del #28Jul Sin la realización de estas auditorías es imposible tener algun grado de confianza en las conclusiones a las que arribe el TSJ en función de los datos suministrados por el organismo comicial 👇🧵
En esta auditoría se toma una pequeña muestra y se verifican las actas, número de electores con cuadernos, firmas y huellas dactilares, se constata el número de las papeletas en las cajas con el número de votantes y se hace una verificación de la transmisión.
Otra publicación del CNE, que hacía referencia a las elecciones regionales del año 2020, explica que el objetivo de esta revisión “es que no exista variación significativa entre la intención de voto de las electoras y los electores y lo registrado en el Centro Nacional de Totalización (CNT)”.
Esta revisión, que tendría que haberse hecho el pasado 2 de agosto, también se suspendió.
Auditoría de datos electorales fase II
Esta auditoría tenía como objetivo verificar los datos de los electores con respecto a las huellas dactilares de las captahuellas.
De acuerdo con el cronograma electoral del CNE, esta revisión debía realizarse entre el 5 y el 8 de agosto, pero tampoco se hizo.
La promesa incumplida de Amoroso sobre los resultados mesa por mesa
El día en que se emitió el primer boletín, Elvis Amoroso afirmó que, en horas posteriores, se publicarían en la página web del CNE los resultados “mesa por mesa”, pero esto no ha ocurrido. El sitio web oficial del ente electoral seguía caído para el 12 de agosto de 2024.
“En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación”, señaló Amoroso.
También, el presidente del CNE aseguró que entregarían un CD con los resultados a las organizaciones con fines políticos. Esto tampoco pasó.
Paso a recordar que en la noche del 28 de julio el presidente del CNE prometió entregar en el plazo de pocas horas los resultados mesa a mesa y afirmó que cada partido dispondría de una copia en forma de CD… 15 días después no han presentado NADA.#HastaElFinalpic.twitter.com/WtQC9e15VP
Técnicos electorales consultados por TalCual aclararon que el ente comicial está obligado a publicar el contenido de las actas, pero no las actas físicas como lo hizo el PSUV en el año 2013, o la oposición liderada por María Corina Machado en una página web.
«Lo que establece la ley es que el CNE está obligado a totalizar en un lapso de 48 horas, pero la ley no dice que está obligado a publicarlo. La importancia de esto es que permite a los candidatos verificar», comentó uno de los expertos en entrevista con el citado medio, agregando que en ese proceso debe incluir los resultados mesa por mesa.
Además, agregó: «Como la ley no dice que tiene que publicar esto podría ser válido que se totalicen los resultados y se entreguen en un pendrive a los candidatos o, por el contrario, el resultado de esa fase se detalle a los testigos. Puede haber distintos métodos», expuso.
El CNE ha precisado en su cronograma el lapso para publicar los resultados mesa por mesa en la web. Sin embargo, esta ha sido la única elección donde el retraso se da bajo el argumento del supuesto intento de hackeo. No obstante el pasado 10 de agosto la jefa de la misión internacional del Centro Carter, Jennie Lincoln, declaró a la agencia de noticias internacional AFP que este organismo observador no constató evidencia de hackeo al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El técnico entrevistado por TalCual insistió en que, independientemente del argumento que presenta el CNE, el retraso es una violación al cronograma y por ende a la ley, pues lo que ya fue publicado en Gaceta Oficial no debe ser modificado.
Julio Valerio García Joaquín, de 40 años, salió de su casa la noche del 28 de julio a esperar por el conteo de votos en su centro electoral. Estaba junto a otros ciudadanos frente a la Unidad Educativa John F. Kennedy, en el sector Patiecitos, municipio Guásimos del estado Táchira, cuando personas no identificadas atacaron con armas de fuego desde dos camionetas.
El eco de los morteros y el sonido seco de los disparos se confundieron con los gritos de las personas. Cuando terminó el tiroteo, los vecinos de Patiecitos se percataron de que una bala alcanzó la mejilla de García. Lo trasladaron al Hospital Central “Dr. José María Vargas”, donde murió.
Ese no fue el único tiroteo registrado durante la jornada en la que Venezuela votó para elegir al Presidente que regirá al país a partir de 2025. En horas de la mañana, en Maturín, estado Monagas, 15 hombres abrieron fuego contra la entrada del centro electoral Simoncito Moscú. En medio del caos, una mujer resultó herida por una de las balas. Logró sobrevivir al ataque.
Los meses previos a la elección presidencial del 28 de julio estuvieron marcados por una alta tasa de ataques electorales. La propia María Corina Machado fue víctima de un atentado en el estado Lara. Denunció que durante la madrugada del 18 de julio,desconocidos vandalizaron los vehículos donde se desplazaba y cortaron las mangueras de los frenos. La represión que hoy se vive en el país comenzó mucho antes de los comicios.
En el transcurso de los meses anteriores, la estrategia oficialista mutó de inhabilitaciones políticas y capturas a sanciones fiscales por parte del Seniat para acechar a los comerciantes que ofrecieran apoyo a la PUD, hasta detenciones que no esperaban el anuncio del Ministerio Público ni seguían el debido proceso.
Las amenazas y el hostigamiento físico aumentaron entre junio y julio; cuando distintos individuos denunciaron –con material audiovisual incluido– ser acosados por fuerzas del Estado.
Desde marzo hasta la fecha de la contienda electoral, la Alianza Rebelde Investiga recopiló las denuncias de estos hechos. La suma de estos son 125 sucesos en menos de cinco meses.
Represión anunciada
El registro determinó que hubo un homicidio, una herida de bala, 39 capturas o detenciones arbitrarias, cuatro allanamientos, 11 órdenes de aprehensión, ocho sanciones fiscales, 19 amenazas, 16 inhabilitaciones, 13 deportaciones, siete desaparecidos, tres destituciones, dos procesamientos jurídicos y un secuestro.
En marzo hubo 17 incidencias, abril y mayo tuvieron 12 ataques electorales cada uno. Pero apenas comenzaba la persecución. Junio tuvo un repunte con 29 incidencias electorales y, ya en julio, se registraron por lo menos 53 ataques.
Ante estos ataques electorales, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, explicó que la violencia política incluye todos los ataques que terminan lesionando el derecho a la participación política de los ciudadanos.
«Hemos visto cómo se han trancado vías, cómo se han llenado de policías y alcabalas puentes, cómo se han evitado en algunas ocasiones que María Corina (Machado) se movilizara de un sitio a otro», detalló.
La tormenta sobre Vente Venezuela
El pasado 22 de julio, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en redes sociales que el Ministerio Público había dictado orden de aprehensión contra Anthony Vega, John Álvarez y Eleyn Echarry, por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales y agavillamiento. Ellos, todos miembros del partido político Vente Venezuela (VV), son solo tres de las decenas de militantes de esta fracción que recibieron ataques directos camino a las presidenciales.
VV –que lidera María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras a la Presidencia e inhabilitada para asumir cargos públicos– se convirtió en la tolda política más atacada entre marzo y julio de 2024. Se registraron más de 50 detenciones arbitrarias a miembros directos o simpatizantes de esta fracción desde enero hasta el día de los comicios.
Ataques electorales hasta el 27 de julio de 2024.
Entre el 17 y el 27 de julio se registraron 14 detenciones de militantes de VV. Destacan la de Milcíades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado, y las de los coordinadores de la organización en Miranda, Monagas y Táchira.
Sólo el 26 de julio, 48 horas antes de las elecciones, hubo siete detenciones arbitrarias de activistas vinculados a la campaña de Edmundo González.
Ataques electorales: violaciones a la Constitución y DDHH
Estos incidentes evidencian una serie de violaciones a los derechos humanos que no son nuevas en Venezuela, según las ONG Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y el último Informe sobre derechos humanos de la embajada de Estados Unidos.
Las detenciones arbitrarias, que suman 39 casos reportados, transgreden el artículo 43 de la Constitución, que garantiza la libertad personal y la seguridad. La falta de debido proceso, y la ausencia de órdenes reflejan, son indicios de esta vulneración de los derechos fundamentales.
HRW recordó que la Oficina del ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria informaron de los desafíos constantes al ejercicio de los derechos de libertad y juicio justo en Venezuela, como las demoras de órdenes judiciales de liberación. «Formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno», señaló la ONG a finales de 2023.
La deportación de periodistas y la amenaza a veedores internacionales infringe el artículo 60 de la Constitución sobre la libertad de expresión. La violación de este derecho esencial atenta contra la integridad personal y socava la libertad de información y el derecho a participar en la vida política, garantizados tanto por la Constitución venezolana como por la Convención Americana sobre DDHH, de acuerdo con lo reseñado por Amnistía Internacional.
Esta última ONG citó el reporte de Espacio Público que registró 349 ataques a la libertad de expresión entre enero y noviembre de 2023. En este contexto, Human Rights Watch apuntó a la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia, conocida como la Ley contra el Odio, como un arma de censura del oficialismo.
«Las autoridades invocan la Ley contra el Odio, una norma imprecisa adoptada en 2017, conforme a la cual se prevén penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”, con el propósito de restringir las expresiones contra el gobierno», explica la ONG.
La desaparición forzada de dirigentes opositores y la violencia contra sus simpatizantes vulnera el derecho a la integridad personal y la protección judicial. La Constitución venezolana y tratados internacionales prohíben la desaparición forzada, principios que han sido sistemáticamente ignorados en el contexto electoral antes, durante y luego de los comicios del 28 de julio.
De acuerdo con el informe de la embajada de Estados Unidos, el 9 de mayo de 2024: «Aunque la Constitución y la ley prohibían tales prácticas, había informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaban y maltrataban regularmente a los detenidos».
Sebin y PNB al acecho
El principal ejecutor de estas acciones fueron las fuerzas del Estado, con el 45%. El Sebin (15) y la Policía Nacional Bolivariana (17) encabezaron este conteo.También se registraron ataques por parte de la Furia Bolivariana (2) quedesignó Nicolás Maduro por allá en enero.
Hubo diversas amenazas y ataques electorales por parte de grupos no identificados. El 27 de junio, tres dirigentes de la oposición democrática en la población de Rubio, estado Táchira, fueron amenazados de muerte con pinturas en sus casas que simulaban una diana de tiro al blanco
«Cuando hay persecución política, cuando hay detenciones arbitrarias (…) termina afectando la posibilidad de que la ciudadanía en general discuta sobre los planes políticos», aseveró el coordinador de Provea.
En casi todos los estados del país hubo ataques: se documentaron en 21 de 23 entidades. En Distrito Capital (25), La Guaira (12), Táchira (12) y Miranda (10) se concentraron la mayoría de los incidentes de los últimos cinco meses.
Distribución de ataques electorales hasta el 27 de julio de 2024.
Organismos como el Seniat o la policía aeroportuaria también tuvieron incidencia, en especial en los últimos 3 meses. Sobre las reprimendas del Seniat, que cobró impuestos a negocios o los clausuró por estar vinculados a campañas electorales de la oposición, Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), afirmó que «es una cosa absolutamente irregular que por supuesto no debería ocurrir».
Bajo este contexto, Lander comentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «ha dejado que las cosas ocurran sin intervenir demasiado en ellas».
«La legislación electoral venezolana no plantea mecanismos claros de sanción que pueda aplicar el CNE a aquellos que incurran en irregularidades electorales», precisó.
Militantes de partidos políticos bajo persecución
La militancia política en Venezuela registró por lo menos 32 casos de ataques en los últimos meses. El segundo grupo más afectado fueron los miembros del comando de campaña (13).
El 13 de julio fue detenido César Tapia, dirigente del Comando con Venezuela en la población de Anaco, Anzoátegui. Sólo 24 horas después allanaron la vivienda de la directora de campaña de Edmundo González en Guanare, Portuguesa.
En cuanto a los periodistas, se confirmaron 9 casos de ataques por razones políticas. Además, el 26 y 27 de julio hubo una serie de deportaciones contra los veedores internacionales invitados por la Plataforma Unitaria: 13 deportaciones entre senadores, ex presidentes, periodistas, entre otros.
Grupos atacados desde marzo hasta el 28 de julio, 2024.
Los hombres fueron, en su mayoría, las principales víctimas de la persecución política hasta el 28 de julio: al menos 89 hombres se vieron afectados. Se registraron 25 mujeres.
1% de irregularidades en las mesas, pero con 4 millones sin votar
En contraste, el día de las elecciones se registró apenas 1% de irregularidades en las más de 30.000 mesas distribuidas por el país, aseguró Lander. «Hubo en algunos pocos centros donde, antes de las 8:00 am, personas asumieron condiciones de miembros y testigos sin tener las acreditaciones correspondientes», detalló.
El director del OEV vio con buenos ojos que, durante los comicios electorales, los testigos estuvieron “razonablemente activos” para garantizar la protección del voto.
Por su parte, Murillo, coordinador de Provea, recordó que la misión electoral de la Unión Europea, en 2022, dejó un informe donde se detallaban cuáles eran las fallas estructurales que afectaban al derecho al fraude en Venezuela.
«Esas fallas no fueron corregidas para el proceso electoral», afirmó.
Murillo señaló al CNE como el responsable de que 4 millones de venezolanos, repartidos por el mundo, no pudieran votar en estos comicios. «No hay una intención de garantizar y de ampliar la participación, sino lo que vemos son estrategias para reducir la participación», dijo.
Finalmente, el también profesor universitario lamentó que «hay una desprotección importante del ciudadano porque quien debiera activarse para protegerlo, se activa es para condenarlo».
Estados Unidos negó este lunes haber ofrecido una amnistía al gobernante Nicolás Maduro para que deje el poder, tal y como lo había informado una publicación el fin de semana pasado del diario The Wall Street Journal.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, desmintió en rueda de prensa este 12 de agosto esa publicación: “Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones”, afirmó Patel al ser preguntado por el asunto.
El portavoz dijo, no obstante, que Estados Unidos “está considerando un amplio abanico de opciones para presionar a Maduro para que regrese a Venezuela en el sendero de la democracia” y reivindicó que es hora de que el chavismo y la oposición “ inicien conversaciones para una transición pacífica”.
ÚLTIMA HORA | EEUU desmiente publicación de The Wall Street Journal sobre la crisis en Venezuela: “No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Nicolás Maduro” https://t.co/yP6u0fUMLqpic.twitter.com/D4vibzcECr
Otra vocera que se refirió al tema fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien en otra conferencia de prensa desmintió que Washington haya lanzado una oferta de amnistía. En la misma declaración insistió en que Maduro debe reconocer los resultados.
“Han pasado dos semanas desde las elecciones. Está muy claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países que Edmundo obtuvo la mayor cantidad de votos (…) y Maduro debe reconocerlo”, dijo.
Jean-Pierre recalcó que más del 80% de las actas que publicó la oposición “son corroboradas por observadores independientes”.
¿Qué dijo The Wall Street Journal?
El rotativo citó tres fuentes anónimas quienes aseguraron que el gobierno de Biden había puesto sobre la mesa la oferta de indultos a Maduro y otros altos cargos del chavismo que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia para persuadirlos a dejar el poder.
El mismo Maduro dijo el viernes pasado que Estados Unidos está dispuesto a darle “lo que sea” para que deje el poder, pero exigió a Washington que deje “tranquila” a Venezuela.
La victoria de Maduro en los comicios del 28 de julio fue proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin publicar las actas de votación, y la Administración de Joe Biden considera que el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia, según las actas obtenidas por el bloque opositor mayoritario.
A su vez, Washington respalda los esfuerzos de mediación impulsados por Brasil, Colombia y México, que mantienen relaciones con Maduro, para tratar de verificar los resultados de las elecciones.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ofreció a ejercer una mediación en Venezuela. “Siempre y cuando el pueblo lo autorice”, dijo el presidente de la organización, Dennis Francis.
Francis asomo que los resultados aún desconocidos de los comicios en Venezuela representan un callejón sin salida para las partes.
“La ONU, estoy seguro, estaría dispuesta, como siempre lo estamos, si se nos invita a ayudar y apoyar a las autoridades y al pueblo venezolano para mediar entre los actores”, declaró Francis a la agencia de noticias Bloomberg.
Desde Guyana, donde se encuentra haciendo una oficial, Francis indicó que son los venezolanos quienes deben decidir si desean que la ONU intervenga..
“Tendrían que decidir primero si quieren que la ONU actúe para mediar y aliviar la tensión entre los actores del Estado latinoamericano”, reza un comunicado.
ONU llama al diálogo
El representante de la ONU hizo un llamado a los venezolanos para que usen el diálogo para resolver sus problemas pacíficamente.
Francis instó al cese de la violencia en las calles
De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, le dio la victoria de los comicios a Nicolás Maduro con casi el 52% de los votos hasta el pasado 10 de agosto, se han producido más de 1.300 detenciones.
El CNE, controlado por el oficialismo, dio la victoria a Madurocon el 51,95% de los votos frente al 43,18% del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
La oposición liderada por María Corina Machado negó la victoria de Maduro y asegura tener la mayoría de las actas que confirman el triunfo de González Urrutia con más del 70% de los votos.
Las fuerzas opositoras exigen que el CNE publique los resultados detallados de la elección, mesa por mesa y además sean auditados por una comisión nacional e internacional.
Después de 15 días de efectuadas las elecciones presidenciales y sin pruebas contundentes de que Nicolás Maduro haya ganado en buena lid, el presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, solicitó este lunes a la Unión Europea y al gobierno de España reconocer como ganador del los pasados comicios del 28 de julio al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.
Feijóo insistió durante una entrevista concedida a la radio española Cope que Maduro perdió las elecciones presidenciales.
“Ganó la aposición y por tanto el señor Maduro ha perdido, por lo que debe iniciarse una transición”.
El líder de la oposición española indicó que Maduro hizo fraude en el pasado proceso electoral. “La represión ha desencadenado demasiadas víctimas inocentes”.
Feijóo consideró “triste” que el gobierno de España liderado por Pedro Sánchez siga las instrucciones del expresidente socialista español, Jose Luis Rodríguez Zapatero. “Es amigo e intermediario del régimen de Maduro”.
Criticó que el gobierno de España se encuentre “mudo” y no tenga un plan para resolver la crisis, que afecta no solo a los millones que viven en Venezuela, sino a los miles que habitan en el continente europeo producto de la crisis humanitaria compleja.
No solo España
Además de España, varias naciones, entre ellas Chile, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá, entre otras, han solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que muestre las actas donde aparece como ganador Maduro.
Sin embargo, el gobierno madurista no ha enseñado acta alguna y tampoco permitido hacer una auditoria verificable e imparcial con actores nacionales e internacionales.
Antes de cumplirse una semana de las elecciones, representantes del Centro Carter expusieron en un informe que el proceso en Venezuela no había cumplido con los estándares internacionales y que no había prueba de un hackeo al sistema como afirmo el presidente del CNE, Elvis Amoroso, la noche del domingo 28J.
«Nos toman fotos sospechosamente en la calle», «hay detenidos que no han hecho nada y ni se sabe dónde están», «nos persiguen por lo que ocurrió con las elecciones, por el tema político», «sacan a la gente de sus casas sin órdenes y los golpean», «los sapos del barrio nos denuncian por reclamar algo legal», «una vecina que es del consejo comunal le dijo a toda la gente chavista que yo era opositor», «tengo el sueño invertido», «estamos escondidos». Estas expresiones reflejan la angustia ciudadana que se ha vuelto común las dos últimas semanas tras la realización de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato.
Tras el anuncio que declaró a Maduro como vencedor, y mientras la oposición sostiene que posee las actas que le dan la victoria a Edmundo González Urrutia, los venezolanos salieron a las calles a reclamar al ente comicial la publicación de los resultados de manera detallada.
Pero estas manifestaciones, como describe el medio aliado TalCual, han sido fuertemente reprimidas y los ciudadanos son amedrentados, perseguidos, hostigados, desaparecidos, encarcelados y acosados hasta el punto de evitar usar sus teléfonos celulares en la calle o salir a la puerta de sus casas.
Trabajadores de Sidor dijeron a TalCual que están siendo perseguidos por haber votado por Edmundo González en las elecciones presidenciales. Varios de ellos están escondidos por temor a ser encarcelados, han sacado a sus familiares de sus casas, no salen después de las 6:00 pm y no llevan a la calle sus teléfonos para que las autoridades no los revisen.
«Salimos de día y sin teléfono porque hay persecución fuerte por parte de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Nacional), Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», dijo un empleado de la siderúrgica que lleva días escondido luego de que las autoridades fuesen a la empresa donde labora para indagar sobre su dirección actual.
Ola represiva comparable con la de Pinochet
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, detalló que el amedrentamiento y persecución contra activistas y dirigentes de los partidos de oposición “es la continuidad de una política de persecución sistemática contra la disidencia», hechos que ya han sido identificados tanto por la Corte Penal Internacional en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela como por la Misión de la ONU.
Pero destacó que la de 2024 tiene tres elementos distintivos: la masividad de las detenciones, la aplicación indiscriminada de la Ley contra el Terrorismo y que las víctimas provienen, en su mayoría, de zonas populares.
Alvarado destacó que desde el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile (1973) «en América Latina no se había vivido una ola represiva por motivos políticos como la que se ha vivido en los últimos días en Venezuela».
Este lunes 12 de agosto se difundieron pronunciamientos tanto de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela como de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en donde muestran su preocupación por la violencia ocurrida en las últimas dos semanas en Venezuela después de la celebración de las elecciones presidenciales, cuyo polémico resultado generó protestas en todo el país que fueron fuertemente reprimidas.
En lo que respecta a la Misión de la ONU, es la tercera vez en lo que va de conflicto que se refieren al tema venezolano. En esta ocasión, exigieron el cese de la represión “que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial” y llamaron a “investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.
La Misión, conformada por expertos independientes, denunció que el Estado venezolano “ha creado un clima de temor generalizado que ha dado lugar a23 muertes documentadas entre el 28 de julio y el 8 de agosto, la mayoría de ellas por disparos de armas de fuego. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años”.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, exhortó a que las denuncias se investiguen y que si se comprueba un abuso de la fuerza por los cuerpos de seguridad o de civiles armados progubernamentales, “debe haber rendición de cuentas”.
Al grupo de juristas que conforman la misión les preocupa la detención de más de 100 niños, niñas y adolescentes y su imputación como adultos, así como que cuenten con la presencia de sus padres o tutores durante las actuaciones judiciales.
“La misión reclama con firmeza que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló el jurista Francisco Cox, experto de la misión de la ONU, citado en el comunicado hecho público.
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Los especialistas sostuvieron que las características de las detenciones indican que se trata de detenciones arbitrarias y que violan el debido proceso, lo que deja a los afectados desprotegidos ante el sistema de justicia.
Se refirieron a que los detenidos en las protestas o en el marco de ellas son presentados en audiencias telemáticas sumarias, “llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas”.
CPI dice que monitorea “de forma activa”
Después de varios emplazamientos públicos a fijar posición sobre la situación en Venezuela, entre ellos uno que hizo Amnistía Internacional el pasado viernes, fue este 12 de agosto de 2024 cuando la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional emitió un comunicado para notificar que están “monitoreando de forma activa”los acontecimientos en Venezuela.
En el texto, aseguraron que han recibido “múltiples reportes de casos de violencia” y otras acusaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
“De acuerdo con nuestro trabajo en todas las situaciones, la oficina evalúa de forma independiente todos estos informes y otras informaciones disponibles en el marco de nuestro mandato y jurisdicción”, resaltaron.
En el texto añadieron que la fiscalía está “en contacto con el gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el estado de Derecho en este momento y hace hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes según el Estatuto de Roma”.
