En un comunicado conjunto emitido el 21 de agosto, la dirigente opositora María Corina Machado, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática advirtieron que cualquier sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que valide el “fraude electoral” será “ineficaz y nula” conforme a lo establecido en la Constitución.
“La decisión del pueblo no puede ser ignorada por ninguna persona, no importa la posición de poder en la que esté, por ningún órgano del poder público y mucho menos por quienes pretenden aferrarse al poder. El CNE debe hacer valer lo que el pueblo ordenó y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, indica el comunicado, en el que se reitera que “el pueblo decidió” que el nuevo presidente constitucional es González Urrutia.
Recuerdan que el CNE incumplió con los lapsos previstos para totalizar los votos y publicas las actas de escrutinios de esos votos como lo establece el artículo 146 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
“La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, remarcan.
La oposición afirma que, por esas razones y según la Constitución, “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”.
“Los magistrados de dicha Sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos'”, advierten en el texto.
“Tenemos las pruebas que el CNE no publica”
En el documento se reitera que los venezolanos conocen lo que pasó en las urnas el 28 de julio y recalcan que a más de tres semanas de los comicios, el CNE no publicado los resultados y no ha cumplido con el desarrollo de pautas de verificación y control.
“Es inconcebible que el organismo electoral haya hecho anuncios de resultados, así como una proclamación, sin ofrecer las pruebas que nosotros sí tenemos y hemos puesto a disposición de los venezolanos y el mundo. Exigimos transparencia y cumplimiento estricto al Estado de Derecho. No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió”, insisten.
Machado, González Urrutia y los partidos integrados a la Plataforma Unitaria Democrática agradecen a los países que han pedido la realización de una auditoría internacional independiente y confiable de las actas, en la sede del CNE y con presencia de representantes de las fuerzas políticas. De igual forma, alertan a esos mismos países la pretensión de “aniquilar judicialmente la soberanía popular”.
El comunicado cierra con un mensaje de certeza: “Los venezolanos debemos tener la seguridad de que Edmundo González Urrutia será reconocido como Presidente Electo de Venezuela y el 10 de enero de 2025 asumirá como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”.
Peritaje del TSJ: elementos para desconfiar
El peritaje para validar el resultado electoral emanado por el CNE y que declaró a Nicolás Maduro como ganador de la contienda del 28 de julio genera más dudas que certezas.
El proceso ha transcurrido sin presencia de los partidos que apoyaron a la PUD, con una presidenta del TSJ exmilitante del PSUV, invitados internacionales afectos al chavismo y con un CNE que aparentemente se lavó las manos en torno a la entrega de resultados detallados.
Aunque Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), José Luis Cartaya (Mesa de la Unidad Democrática) y Simón Calzadilla (Movimiento Por Venezuela) de los partidos que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acudieron en primera instancia al TSJ ante un llamado del principal tribunal del país, ninguno de estos fue convocado para el supuesto peritaje imparcial.
La revisión del material electoral está siendo supervisada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, otrora militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), concejal y ex alcaldesa encargada del municipio Libertador de Caracas, luego de la renuncia de Erika Farías.
Además de Rodríguez y el resto de los integrantes de la Sala Electoral del TSJ, el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, invitó a miembros del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela), el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir) y un grupo de técnicos de la Universidad Simón Bolívar (USB).
De acuerdo, al director de Votocospio, Eugenio Martínez, estas organizaciones invitadas a Venezuela son conocidas como “zombies”. Según Martínez “el peritaje del TSJ no puede contar con los técnicos de confianza del CNE, eso equivale al CNE auditándose a sí mismo”.
Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.
La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.
Testigos guardando el acta de escrutinio en un librito de la Constitución o en un bolsillo del pantalón, protegida como algo sagrado.
Una de esas testigos, de un barrio de Caracas, que se encomienda a la Virgen María porque cree que necesitará compañía divina, camino a su centro electoral, donde siempre ha ganado el chavismo y ella misma votó tantas veces por ellos.
Gente de la comunidad llevándoles una empanada, un café, una vianda de arroz con pollo.
Votantes, afuera de sus centros, exigiendo que se les permita a los testigos firmar el acta, estar en el conteo y la transmisión de los datos, y que les sea entregada la copia del documento que les correspondía por derecho.
Votantes —vecinos de toda la vida— escoltando a los testigos hasta un lugar seguro para ellos y para las actas.
Las actas, pasando de mano en mano, sigilosamente, hasta que llegaran a donde tenían que llegar, algunas llevadas a toda prisa en moto con el riesgo de que volaran por los aires.
Gente cantando los resultados de su mesa,aplaudiendo, llorando de alegría porque ganó el opositor Edmundo González Urrutia, y luego inundando las redes sociales con los videos del momento grabados con luz tenue.
Gente empapelando el mural de la plaza Sadel de Las Mercedes, en Caracas, con las actas impresas en grande, encabezadas con fotografías de las víctimas de la represión, dejando escuchar el susurro de la paz activa como forma de protesta.
Y así.
Robert Putnam, un académico estadounidense, se preguntó por qué algunos gobiernos democráticos triunfan y otros fracasan. En su libro Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1994), hizo un análisis comparativo de la calidad de la democracia en distintas regiones de Italia, todas arropadas por la misma supra-institucionalidad. Y una de sus conclusiones fue que lo que define la calidad de una democracia (y la prosperidad económica) es la cultura democrática de los ciudadanos.
Esto, que puede nombrarse de muchos modos (humanismo cívico, ciudadanía virtuosa, espíritu comunitario, redes de asociación, confianza y cooperación, inteligencia colectiva), ¿acaso no fue lo que se reveló en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio en Venezuela? ¿No podría describirse así todo ese engranaje que se tejió para la defensa del voto? ¿Eso que fue organización política bajo un liderazgo que logró aglutinar miles de voluntades ciudadanas?
Son muchas las historias que muestran que esta no fue una elección más, que fue un proceso del que muchos ciudadanos se apropiaron y que habla —dice Carmen Beatriz Fernández, aguda experta en comunicación política— de una cultura cívica y un tejido social muy vigorosos.
Son muchas las historias. Aquí apenas contaremos tres
La historia de Andrés
Una semana antes de las elecciones, a Andrés lo contactó Un Nuevo Tiempo (UNT) —uno de los dos partidos opositores que pudieron poner su logo en el tarjetón electoral—, para pedirle que diseñara un programa para la totalización, proyección y análisis de los resultados en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. De 54 años, vive en Puerto Ordaz, es administrador con conocimientos en programación y, como voluntario, había hecho lo mismo en otras elecciones.
Le pidieron coordinar un equipo. Su enlace sería un profesor de matemáticas, que hoy describe como inolvidable la jornada de ese domingo, aunque comenzó meses atrás. Incluso antes de que estuvieran definidos los lineamientos del comando central de la oposición, se pusieron en la tarea de consolidar un padrón electoral con información de 98 por ciento de las 1 mil 565 mesas de votación habilitadas en el estado, cosa que lograron gracias a la unificación de distintos partidos políticos, asociaciones civiles, gremios profesionales, voluntariado y los llamados comanditos.
Ese padrón electoral sería el punto de partida para Andrés, quien el viernes 26, faltando apenas dos días, encontró el cómo: usaría un software de código abierto, que suele emplearse para contabilidad e inventario de empresas, y lo adaptaría hasta conseguir que los resultados de los centros electorales hicieran las veces de productos y con ello poder hacer cruces de variables que permitieran todo tipo de análisis.
Se sumó a un equipo conformado por un ingeniero informático, cuatro estudiantes universitarios y dos líderes comunitarios. Como la idea era poder proyectar y analizar el comportamiento electoral, hicieron una selección de los cinco centros más grandes de distintas parroquias, otros de apenas una o dos mesas y, muy importante, de centros tradicionalmente chavistas en los que nunca antes la oposición había tenido representantes. Llamarían, uno a uno, a los testigos de UNT en las 495 mesas seleccionadas, para obtener reportes de participación (en tres momentos del día) y los resultados de la votación. Primero verbalmente y luego de las propias actas impresas por las máquinas. Y todo eso lo volcarían en el programa.
Así lo hicieron, como parte de una iniciativa que Andrés llamaría “alternativa” a la armazón logística nacional.
Luego de procesadas, iban consignando las actas de escrutinio en el centro de acopio del Comando ConVzla en Puerto Ordaz. El profesor de matemáticas las buscaba y las llevaba. A las 8:00 de la noche ya tenían 40 actas en su poder y podían ver el resultado: Edmundo González estaba ganando “escapado” con 79% a favor. Sabían que podía haber un margen de error, pero también que esos números debían estar muy cerca de la realidad por la diversidad de centros que conformaban la muestra que habían seleccionado.
Y alrededor de esa misma hora, los testigos comenzaron a decirles: “No quieren dar actas”, “me sacaron del centro”, “no pude firmar el acta”. Eran testigos acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Como en todo el país, habían sido capacitados a mediados de julio en una reunión intensiva, con una prioridad clara: exigir la copia del acta de escrutinio en físico —tal y como lo establece la Ley de Procesos Electorales— y garantizar su resguardo.
Entonces, temiendo por su seguridad, el equipo decidió abandonar la oficina en la que estaba operando, y trasladarse a una casa particular. Y a las 10:00 de la noche, con los resultados que iba arrojando el programa y ante el reporte angustiado de los testigos, Andrés lo supo:
“Se van a robar las elecciones”. Fue una certeza que le recordó el sentido de propósito de aquello que estaban haciendo, y que él sintetiza en una frase que ha verbalizado muchas veces en estos años para combatir la abstención entre amigos y familiares: “Si voy por la calle y un malandro me quiere robar, el único modo de poder denunciarlo es que no me robe la cartera”. Eso eran las actas. La cartera.
Redoblaron los esfuerzos. Sin haber pegado ni un ojo a lo largo de la noche, al día siguiente la consigna fue movilizarse para buscar actas. Las traían y, otra vez lo mismo, las escaneaban y procesaban sus datos, cargados de una connotación casi espiritual. Luego las entregaban en el centro de acopio.
Al cabo de dos días, lograron reunir 300 actas. Y cuando se hizo público el portal creado por la plataforma unitaria para alojarlas, incorporaron a su inventario el resto de la información disponible del estado Bolívar. “Nos apropiamos de esos resultados”, dice hoy Andrés. Y por eso está segurísimo de que, con los datos que pudo cargar hasta este martes 6 de agosto, Nicolás Maduro ganó únicamente en 74 de las 1 mil 129 mesas de este sur de Venezuela. “Por cierto, mesas muy pequeñas que suman no más de 11 mil votos para el oficialismo, contra 8 mil para la oposición”.
La historia de Mauricio
Fue una carrera de relevos, que en atletismo supone el uso de un testigo, también llamado testimonio: una barra cilíndrica de metal o de un material similar. En este caso, el testimonio era cada acta.
Eso que hizo el equipo coordinado por Andrés en Bolívar, lo hicieron muchos otros en todos los estados del país, y llegaba a Caracas para encontrar su relevo. Mauricio, un joven de 34 años que trabaja por día en locales comerciales del centro de la ciudad, fue uno de esos venezolanos tomadores del testigo.
Los días siguientes a la elección, no se despegó de su teléfono celular.Donde sea que estuviera, si lograba una buena conexión a internet, escaneaba y procesaba actas. Lo hizo junto a otro compañero porque, además de apoyarse con los dispositivos, debían hacerlo por resguardo de su seguridad. Había visto cómo un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entró a su edificio buscando a dos jóvenes que habían estado en las protestas del lunes 29.
Desde el comando central se indicó a los partidos que convocaran a voluntarios dispuestos para el escaneo de los QR de las actas. Mauricio fue uno de los postulados. Pensó en su mamá, en la preocupación que esto le causaría, pero luego de unos segundos decidió aceptar. El martes 30 llegó a la quinta El Bejucal de Caracas, y vio a otros 50 jóvenes como él que esperaban en una sala. La inducción duró solo 10 minutos. No preguntó, pero sabía que en otras habitaciones había otros grupos.
Antes de ingresar al salón dispuesto para el equipo al que se uniría, notó un bullicio. Entraban de uno en uno distintos dirigentes de los partidos opositores y, entre ellos, alguien de estatura menor que asomaba la cabeza y sonreía discretamente. Era Edmundo González.
—¿Cómo está la cosa? —les preguntó, como si los conociera desde siempre.
Mauricio lo grabó con su teléfono: en el video se ve cuando la mayoría de los presentes hicieron un acto de postura firme para saludarlo llamándole “presidente”, llenos de optimismo.
Se fue a su casa y vio al menos unos 500 mensajes. Eran imágenes de los QR. Estaban siendo enviadas a través de un grupo de WhatsApp creado para ello. Comenzó el escaneo. Notó que apenas en 15 actas de aquel aluvión Maduro había obtenido más votos que González.
Cada comandito electoral, forma organizativa creada por la oposición para estas elecciones (más de 60 mil en todo el país), incluía unas 10 personas, entre estos el capitán o coordinador de centro, dos radares, dos coaches y dos testigos por mesa. Los radares tenían la asignación de escanear, el día de la elección, los QR de las actas físicas, directamente desde una aplicación diseñada para tal fin. Muchos no pudieron hacerlo y enviaban al comando la fotografía del código por WhatsApp. Y de ahí a los voluntarios de escaneo, día tras día.
Lo importante es que cada documento tuviera los elementos para verificar su autenticidad: el hash (código único, irrepetible, que sirve para identificar el acta en las bases de datos del CNE) y el código que aparece al final, debajo del QR, que se genera a partir de la dirección MAC de la máquina, con una clave que solo conoce el ente comicial.
No fue posible la recolección de las actas de cientos de los 15 797 centros de votación del país. Aun así, en las primeras 24 horas posteriores a la elección, la oposición contaba con 73,2% de las mismas y un resultado: 6 274 182 votos para González, y 2 759 256 para Maduro. Luego fueron más, así como más amplia la brecha entre los dos candidatos. Una brecha enorme, imposible de cambiar.
Fue como un panal de abejas que hizo posible reunir tal cantidad de testimonios. Se ha dicho que hubo casos en los que intervinieron militares del Plan República e incluso testigos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, que desafiaron “la orden emanada de arriba” de no entregar las actas o de sacar a los testigos opositores de los centros.
Y luego vino su publicación. Cada documento digitalizado tenía como destino el sitio web Resultados Presidenciales Venezuela, diseñado por los mismos creadores de la aplicación para los comanditos. Si bien el sitio se había empezado a engranar antes, no fue sino hasta el propio domingo que se sincronizó con la app. En las primeras 12 horas al aire, la web (aunque protegida con servidores en el exterior) ya había recibido 4 millones de ataques al software. También habían ingresado 3 millones de personas.
El trabajo en el grupo de WhatsApp creado para el protocolo de la web disminuyó con los días. Sobre la imagen de cada acta digitalizada quedó el emoji del dedo pulgar alzado, y Mauricio entiende que ya la segunda fase de la organización fue cumplida. Las actas ya eran de todos.
En El Mañanero del 21 de agosto de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Gobierno crea por decreto un “Consejo Nacional de Ciberseguridad” en el marco de la crisis poselectoral, Advierten que ley contra las ONG castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH, La crisis poselectoral oscurece las perspectivas de la economía y Peritaje electoral del TSJ: una serie de eventos que generan desconfianza.
“La crisis poselectoral es el peor escenario que pudo haber ocurrido, desde el punto de vista de la industria petrolera, porque impide que se puedan seguir flexibilizando las sanciones y más bien genera el riesgo de que alguna de estas sanciones se modifique para restringirlas más”, Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice.
La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de justicia internacional de última instancia regido por el Estatuto de Roma. Su carácter es permanente y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
En esta entrega nos referiremos muy puntualmente a los crímenes de lesa humanidad y el deber de esta Corte es investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos.
Historia de la CPI y crímenes de lesa humanidad
Para comprender la complejidad de los procesos propios de la justicia penal internacional es necesario retroceder a los orígenes de esta jurisdicción universal. Lo primero es reconocer que se trata de un salto evolutivo inmenso de la humanidad. Ser juzgado penalmente por órganos de justicia supranacionales supone un alcance jurídico, un nivel de comprensión de fuero, jurisdicción y competencia, extraordinario.
Siglos de reflexión, aceptación y evolución ética y filosófica se necesitaron para entender que los derechos fundamentales del hombre no los tutela únicamente una autoridad local, un Estado o una nación, sino a la humanidad toda. Valor consagrado en la Declaración Universal de los DDHH de 1947 [Asamblea General de las NNUU, París 10/12/1948].
Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente. En 1919, una vez terminada la I Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la II Guerra Mundial.
Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas –tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la S. S. o la Gestapo o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos [aplicando tipicidades penales no contempladas retroactivamente]– fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.
Posteriormente, en los albores de la ONU, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994).
En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el derecho internacional de los DD. HH. y por el derecho penal internacional, se celebró en la ciudad de Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, cuya acta final [constitutiva] fue suscrita el día 17/7/1998. Se trata así del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional.
Según el Estatuto de Roma [1998], son crímenes de lesa humanidad once tipos de conductas y situaciones, siempre que sean «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»:
Asesinato, homicidio intencional;
Exterminio: imposición de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población;
Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños;
Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional;
Encarcelamiento: privación grave de la libertad física;
Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control;
Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; viii. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto;
Desaparición forzada de personas, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo;
Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen;
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.
Situación Venezuela I
A raíz de las protestas en Venezuela [2014, 2017], la CPI recibió la remisión de seis países miembros del Estatuto de Roma, denunciando conforme al artículo 14.1.2 del Estatuto a Venezuela por Crímenes de lesa humanidad: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Esta remisión obligó a la Oficina del Fiscal abrir la fase preliminar de examen que la denominó la Situación Venezuela I.
Por la naturaleza complementaria/supletoria de la jurisdicción universal de la CPI, los procesos deben agotar fases de verificación judicial de alcance también “diplomático”’, que impiden una rápida actuación, salvo actos de guerra, genocidio o agresión, que suponen casos de urgencia reconocidos por el derecho internacional. No desmerezcamos la grave situación de criminalidad, desplazamiento y represión en Venezuela. Son precisamente estos eventos los que debe revisar la CPI y avanzar en su rápida valoración para dictar medidas de detención, alertas y/o comparecencias forzosas.
La fiscal del momento [2017] Fatuo Bensouda, dicta medida de examen preliminar el 8/2/2018. Han pasado más de seis largos años desde esa medida, después de lo cual la CPI debió agotar la fase de complementariedad o verificación de inexistencia de justicia imparcial en el país miembro; Fase de cooperación [agotada por el fiscal Karim Khan en sus visitas a Venezuela], donde el despacho fiscal se tuvo que reunir con el representante del estado Venezolano así reconocido por la ONU y la CPI, y fase de Investigación [actual], que fue objeto de disputas procesales y acciones dilatorias por parte del Estado Venezolano.
La fase de investigación faculta al fiscal a exigir medidas coercitivas o de arresto a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A pesar de que, a nuestro criterio, existen suficientes elementos probatorios para haber procedido con estas medidas, es a raíz de los eventos postelectorales del 28/7/24 donde se vienen a registrar y acumular a las existentes. Una arremetida de incidencias criminales que han sido detalladamente informadas a la CPI por grupos de interés y activistas de DD. HH.
Hemos consignado al despacho fiscal 702 incidencias en las últimas dos semanas, identificando la cadena de mando de poderes públicos, de las fuerzas del orden al servicio de esa cadena represiva, fobernadores de estados, funcionarios del poder Judicial, grupos paramilitares o colectivos. Toda una estructura que la Corte Interamericana de DDHH [CIDH] reconoce como terrorismo de Estado.
El fiscal ineludiblemente, tal como lo hizo contra Putin en Rusia, Netanyahu en Israel o representantes del grupo terrorista Hamás en Gaza, debe proceder con estas órdenes coercitivas. Omitir es favorecer la impunidad. Y de la impunidad al desbordamiento criminal hay un paso, que ya se observa en Venezuela. Podemos comprender que el agotamiento de procesos y plazos es riguroso e inevitable. La justicia penal supranacional así lo prevé, precisamente porque se trata de un órgano de fuerza judicial que va más allá del Estado agresor.
Pero estando en el momento procesal que justifica actuar con determinación y contundencia, el fiscal de la CPI no tiene otra alternativa que solicitar las medidas preventivas de seguridad a la Sala de Cuestiones previas para cumplir, además el deber de proteger que contempla el ER y la Carta de las Naciones Unidas.
Petición de un grupo de juristas
Un grupo de reconocidos juristas internacionales ha enviado una petición de urgencia criminal a la Oficina del Fiscal de la CPI en la cual describe, con hechos y detalles, las atrocidades confesas que en solo días ulteriores a las elecciones presidenciales [28/7/2024], se han cometido en Venezuela por fuerzas represivas –civiles, policiales y militares– donde se destacan crímenes de lesa humanidad.
Asesinatos, persecución, desapariciones forzosas, encarcelamiento, torturas, segregación política, violación y abusos sexuales, más otros tratos crueles, van por libre en Venezuela con absoluta y preocupante impunidad, bajo la mirada impune de los órganos de justicia, y muchas veces, bajo su aquiescencia.
LA OEA ha aprobado una resolución que condena estos hechos y llama al cese del hostigamiento, liberación de presos políticos y grave violación de DD. HH. El panel de expertos de la ONU reconoció que no hubo una elección íntegra y transparente, por lo que el derecho a protestar es legítimo, y el mismo llamado lo han hecho la Comisión de Determinación de Hechos de la ONU y el Alto Comisionado de DDHH de este mismo organismo. El propio fiscal de la CPI Karim Khan le ha notificado al régimen de Caracas que se abstenga de seguir reprimiendo, siendo que acusa recibo de numerosas incidencias criminales, a la par de monitorear los hechos en Venezuela. Venezolanos, no estamos solos.
Pero, sin duda, es hora de que el honorable fiscal de la CPI, Karim Khan, actúe conforme al ER y al derecho de las víctimas y los venezolanos a ser protegidos. Es la impostergable necesidad de que haya justicia en La Haya, siguiendo el espíritu, propósito y razón de Nuremberg y de Tokio [salvando la materialidad, territorialidad y temporalidad de los hechos], siguiendo el mandato del Estatuto de Roma, que es resguardar la población civil inocente e indefensa, como se hizo justicia a partir de los hechos de Yugoslavia o Ruanda. Es proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres, mayores y población indefensa como lo hizo con la población de Ucrania y Gaza.
La misión de la justicia penal internacional es clara y diáfana: prevenir y proteger a los pueblos del mundo de los graves crímenes contra la humanidad y castigar a sus perpetradores para conseguir lo que busca la justicia, que es la paz. Es tiempo. No más impunidad.
vierablanco@gmail.com
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El director de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Nelson Fréitez, aseguró que la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines no solo cuenta con el rechazo de la organizaciones nacionales sino también delas internacionales que defienden los derechos humanos.
Fréitez indicó que se han pronunciado contra el instrumento legal aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional chavista Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
“El oficialismo pretende hacer ver que con esta ley se impedirá que las asociaciones y organizaciones que se ocupan de velar por los Derechos Humanos puedan documentar que en Venezuela fueron violados los derechos de millones de personas que ejercieron el sufragio del 28 de julio”, sostuvo.
El sociólogo manifestó que a través de esta y la ley del fascismo que igualmente promueve Nicolás Maduro se busca ocultar que el CNE impidió la inscripción de al menos cuatro millones de venezolanos en el Registro Electoral dispersos por el mundo entero.
“O que, debido a medidas autoritarias, se impidió que hubiera observación internacional en esas elecciones, o que en Venezuela no se cumple con los requisitos esenciales para optar a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o las condiciones de independencia política que deben tener los rectos del Consejo Nacional Electoral”, añadió.
El profesor universitario señaló que por tal razón defensores de los DDHH se encuentran tras las rejas.
“Cualquier observación que hacen las organizaciones no gubernamentales son objeto de detención de algunas de las personas más significativas, como son los casos de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, o de Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, quienes son defensores de los Derechos Humanos”.
Amnistía Internacional: castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH
“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente legalizarlas de forma masiva”, afirmó.
Tras las elecciones del pasado 28 de julio Venezuela se ha sumergido en una crisis política más profunda que amenaza con golpear a una economía frágil que podría ingresar nuevamente en el túnel de la recesión o, a lo sumo, continuar con un crecimiento a ras de piso que excluye a la mayoría de la población.
Lejos de la normalización comienza a vislumbrarse un mayor aislamiento internacional y la posibilidad de un endurecimiento de las sanciones. A esto se añade que el país continuará sin acceso al crédito internacional, sin ayuda de los multilaterales y con un entorno que aleja la inversión extranjera.
En una elección cuestionada por el Panel de Expertos de la ONUy señalada como no democrática por el Centro Carter, el Consejo Nacional Electoral (CNE), declaró vencedor a Nicolás Maduro y le otorgó un nuevo mandato sin desglosar el resultado por centro de votación. La oposición afirma que las actas en su poder demuestran el triunfo de su candidato, Edmundo González.
La turbulencia política no es nueva para Nicolás Maduro. En 2018, se reeligió a través de unas elecciones cuestionadas por una larga lista de países incluyendo a Estados Unidos, que aplicó un conjunto de sanciones con las que la administración de Donald Trump intentó desplazarlo del poder.
Para salir de la letal combinación de recesión e hiperinflación que trituró la calidad de vida entre 2014-2020, Maduro permitió la circulación del dólar e hizo una eliminación de facto de los controles de cambio y precios. Al mismo tiempo, aplicó un severo ajuste.
El ajuste se fundamenta en el anclaje del tipo de cambio para calmar las expectativas y restarle velocidad al aumento de los precios, para ello el Banco Central vende divisas y el gobierno dosifica la inyección de dinero para que haya menos bolívares disponibles para comprar dólares.
El resultado es un entorno donde la cotización del dólar prácticamente no ha variado en lo que va de año, los precios aumentan a menor velocidad y el crecimiento es bajo y encapsulado en pocas áreas. Esta “normalidad” de los últimos dos años luce comprometida.
El giro en las expectativas, por la mayor conflictividad y la disminución de la posibilidad de una transición política, amenaza con aumentar la demanda de dólares, algo que impactaría la estabilidad del tipo de cambio que en lo que va de año se ha mantenido en 36 bolívares por dólar.
La oferta de divisas también se vería afectada si se endurecen las sanciones de Estados Unidos o no se otorgan nuevas licencias para que empresas extranjeras operen en el sector petrolero, que produce ocho de cada diez dólares que ingresan al país.
En noviembre de 2022 Washington otorgó una licencia a Chevron permitiéndole que opere en Venezuela y recientemente aprobó licencias similares a Repsol y Maurel & Prom. Gracias a Chevron la producción de petróleo, de acuerdo a las fuentes secundarias de la OPEP, aumentó 14% en los primeros siete meses de este año para ubicarse en 852 mil barriles diarios, una cantidad que si bien es una mejora es similar a la de 1945.
Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, explica que la crisis poselectoral “es el peor escenario que pudo haber ocurrido, desde el punto de vista de la industria petrolera, porque impide que se puedan seguir flexibilizando las sanciones y más bien genera el riesgo de que alguna de estas sanciones se modifique para restringirlas más”.
Añade que si solo se mantienen las licencias a Chevron, Repsol y Maurel & Prom “el techo para la producción es bajo porque a lo sumo estamos hablando de que podríamos esperar alrededor de cien mil barriles más de Chevron y sesenta mil de los europeos. No estaríamos viendo mucho más”.
En 1999, al llegar el chavismo al poder, Venezuela extraía diariamente 3,1 millones de barriles de petróleo. Analistas estiman que Venezuela requiere inversiones por el orden de 80 mil millones de dólares en los próximos ocho años para regresar a este nivel, algo que hoy luce remoto.
La debilidad
Luis Zambrano Sequín, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, indica que “si se produce un endurecimiento de las sanciones y al mismo tiempo aumenta la demanda de dólares por el quiebre en las expectativas difícilmente el Banco Central va a poder seguir defendiendo la estabilidad del tipo de cambio”.
Para el Banco Central ya es costoso mantener la estabilidad del dólar. La consultora Síntesis Financiera precisa que en el primer semestre de este año se vio obligado a vender 1.900 millones de dólares, un monto que superó en 29% a la oferta del mismo lapso de 2023.
La combinación de un dólar que se mantiene fijo y es visto como muy barato con la inyección de un poco más de bolívares por parte del gobierno durante la campaña electoral, impulsó la demanda de divisas.
Si el anclaje del tipo de cambio cede, la inflación, que se ha desacelerado y en los primeros siete meses del año acumula 9,7%, comenzará a ganar potencia.
Además, Luis Zambrano Sequín indica que “si se consolida el choque político vamos a tener un resultado de crecimiento más desfavorable y podría estar entre 2% y 3% en el mejor de los casos”.
A comienzos de año el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, del que forma parte Luis Zambra Sequín, previó un crecimiento de 4,5%.
A esto se añadiría que en un nuevo sexenio de Maduro a través de una elección no reconocida el país seguiría sin acceso al financiamiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Además, sería muy poco probable una reestructuración de la pesada deuda externa que la administración de Maduro no paga desde 2017 y que solo por bonos de Pdvsa y la República, suma 90 mil millones de dólares.
Sin reestructurar la deuda y sin poder acudir a los multilaterales el país no tendrá acceso al financiamiento que necesita para acabar con las deficiencias en el suministro eléctrico y mejorar la situación de servicios públicos esenciales como salud y educación.
Los BRICS
Consciente de las limitaciones Maduro señaló el pasado tres de agosto que Venezuela está en condiciones de recibir inversión en el sector petrolero por parte del grupo de países que forman parte de los BRICS.
La adición, a partir del primero de enero de 2024, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina a los cinco miembros originales del BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- creó un grupo que representa 37% de la economía global.
Si bien puede lucir impactante lo cierto es que los países petroleros son competidores de Venezuela y no tienen mayor interés en que ingrese nuevo petróleo al mercado.
Francisco Monaldi explica que en el caso de Rusia son “un mal socio porque son competidores de Venezuela y tienen necesidades muy grandes en su propio país para evitar la declinación en la producción”.
Según la Base de Datos de Financiación China-América Latina del Diálogo Interamericano entre 2007-2015 Venezuela recibió créditos por 59 mil millones de dólares. El financiamiento se dilapidó y no fue utilizado para aumentar la producción petrolera, diversificar las exportaciones o mejorar la infraestructura. Venezuela paga la deuda con envíos de petróleo y se estima que el resta por pagar unos 15 mil millones de dólares.
En septiembre de 2023, durante la visita de Maduro a China, no hubo anuncios de nuevos créditos o inversiones en petróleo y el presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie, mencionó la deuda destacando que “en los últimos años se ha reajustado el reembolso aliviando la carga de pago”.
Francisco Monaldi señala que su estimación es que si bien China va a seguir siendo un aliado geopolítico de la administración de Maduro “no va a invertir mientras no haya una flexibilización de sanciones y una normalización de las relaciones con Occidente”.
Agrega que empresas privadas de India difícilmente invertirán “sin una flexibilización de las sanciones y un nuevo panorama político para el país porque no es solo que te den una licencia es que sientas que hay estabilidad y puedes invertir a largo plazo”.
“Mientras esto no ocurra lo que va a suceder son operaciones como las que realiza Chevron que está cobrando el dinero que le debe Pdvsa y usan parte del flujo de caja que generan las operaciones, pero no están poniendo un dólar nuevo”, dice Francisco Monaldi.
Después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, también conocida en la sociedad civil como ‘Ley anti-ONG’, diversos actores se han pronunciado en contra.
“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente legalizarlas de forma masiva”, afirmó.
Piquer insistió en que la normativa es un intento de “asfixiar el espacio cívico” y representa otra forma de represión por parte de las autoridades venezolanas para acallar a las organizaciones que han denunciado violaciones de los derechos humanos en los últimos años.
“La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro”, denunció Piquer.
EEUU: la ley solo aislará más a Maduro
Sobre la ley para regular y controlar las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EEUU, Brian Nichols, destacó que solo aislará más a Nicolás Maduro de la comunidad internacional.
Nichols se pronunció el 19 de agosto por medio de X, antiguo Twitter, y aseguró que la ley es un ataque directo a la sociedad civil.
“La nueva ley de Maduro y sus representantes para controlar a las ONG venezolanas es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación, socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Esta acción solo aislará aún más a Maduro”, escribió.
¿Qué hay detrás de la “ley anti-ONG”?
En una sesión del 15 de agosto, la Asamblea Nacional, de tendencia oficialista, aprobó la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles sin fines de lucro. El objetivo principal de esta normativa es regular las actividades de dichas organizaciones.
Entre los puntos que más preocupan a las organizaciones de Venezuela está que todas las organizaciones quedan ilegalizadas y deben presentar, otra vez, todos los requisitos para operar de forma legal en el país. Desde su aprobación, de acuerdo al artículo 26, tendrán un plazo de tres meses para presentar los estatutos para su legalización.
Además, según el artículo 28, numeral 4 de la ley, se establece que la falta de pago de las multas impuestas en la ley se consideraría una causal de disolución de las organizaciones, que además ahora están obligadas a proporcionar una relación completa de las donaciones recibidas, “identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las donaciones son esporádicas o recurrentes”, precisa Defiende Venezuela.
“La ayuda humanitaria implica asistencia para la vida y salud de personas víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, si se va a agregar la necesidad de que alguien diga que los fondos son lícitos y que pueden aplicar, se imaginan las consecuencias que tendrá”, agregó Daniels.
A ocho días de cumplirse un mes de las elecciones presidenciales, los venezolanos todavía esperan respuestas claras de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue sin publicar los escrutinios detallados por estado y mesa y con una página web inoperativa por un presunto hackeo desde el exterior.
Ante el silencio del CNE y su director Elvis Amoroso, Nicolás Maduro, a quien en el ente comicial dio ganador con un casi 52%, acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso, instrumento que todavía no queda claro para que lo usó.
El abogado José Ignacio Hernández declaró a la BBC que esta es una estrategia que ha empleado el gobierno antes para “salirse con la suya” cuando los votos no le favorecen.
Hernández recordó que en 2015, cuando la oposición obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el gobierno introdujo un recurso para inhabilitar a diputados de Amazonas y así impedir el dominio del hemiciclo por parte de sus contendores: “De hecho, el TSJ nunca lo resolvió”, recordó.
El resultado de la comparecencia de Maduro al TJ es que la semana pasada los magistrados comenzaron un proceso de “peritaje” inédito en la historia democrática venezolana y según aseguran va por el 60%.
Aunque Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), José Luis Cartaya (Mesa de la Unidad Democrática) y Simón Calzadilla (Movimiento Por Venezuela) de los partidos que apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acudieron al TSJ ante un llamado del principal tribunal del país, ninguno de estos fue convocado para el supuesto peritaje imparcial.
A través de su cuenta en X, plataforma suspendida por Maduro hace más de 12 días, la PUD aclaró que no fueron invitados al proceso pese a que un reporte del canal Venezolana de Televisión (VTV) aseguró que “el procedimiento fue observado en tiempo real por los testigos de las distintas organizaciones con fines políticos que participaron en el evento electoral del pasado 28 de julio”.
📌 #AHORA Magistrados del TSJ acuden al CNE para validar las actas físicas contra las actas recibidas por los centros nacionales de totalizacion el 28J. pic.twitter.com/TpwmWPHcVt
La revisión del material electoral está siendo supervisada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, otrora militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), concejal y ex alcaldesa encargada del municipio Libertador de Caracas, luego de la renuncia de Erika Farías.
Además de Rodríguez y el resto de los integrantes de la Sala Electoral del TSJ, el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, invitó a miembros del Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela), el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir) y un grupo de técnicos de la Universidad Simón Bolívar (USB).
De acuerdo, al director de Votocospio, Eugenio Martínez, estas organizaciones invitadas a Venezuela son conocidas como “zombies”.
Según Martínez “el peritaje del TSJ no puede contar con los técnicos de confianza del CNE, eso equivale al CNE auditándose a sí mismo”.
El experto en material electoral agregó que el peritaje carece de sentido si no está previsto llevar a cabo las auditorías suspendidas desde el mismo día de las elecciones.
Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.
La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.
El pasado fin de semana se hizo viral en redes sociales el video de unos supuestos técnicos revisando una actas que, a través de las cámaras de VTV se veían en blanco. Aunado a eso hubo denuncias de la diferencia de la cinta para resguardar las cajas que salieron de las más de 30 000 mesas constituidas el 28J. Los aparentes expertos en revisión comicial portaban guantes y mascarillas.
#ENFOTOS | Así desarrolla el Tribunal Supremo de Justicia el peritaje de las actas en #Venezuela. El accionar del equipo técnico es asistido por veedores internacionales y nacionales pic.twitter.com/cNbGLkkEVq
La PUD público en sus redes sociales que el procedimiento debe incluir a veedores y observadores imparciales tal y como votaron la mayoría de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y recomendaron instituciones como la Unión Europea, el Centro Carter y el Panel de Expertos Electoral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos dos últimos protagonistas de sendos informes en donde coinciden en la falta de transparencia y garantías el pasado 28 de julio.
Voceros de la PUD como su asesor jurídico, Perkins Rocha advirtieron que una posible convalidación del supuesto triunfo de Maduro el 28J a través del TSJ traería consigo un “mayor conflicto social”.
A la par, el excandidato en la primaria opositora, Andrés Velásquez, calificó como un montaje el proceso que lleva a cabo el máximo tribunal del país.
“Si lo que hizo el CNE fue escandaloso y grotesco, lo que intenta el TSJ es peor aún, queda claro que Venezuela carece de institucionalidad. No existe un solo organismo que no esté bajo control total del PSUV y del Ejecutivo”, escribió en su cuenta de X.
TSJ se disfraza de CNE
A juicio del excandidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, el TSJ está tomando atribuciones que no le corresponden.
“El TSJ está usurpando funciones, a ellos no les atañe contar votos, esa es una competencia exclusiva del CNE. Ese proceso que está andando en la Sala Electoral debe ser anulado, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Márquez en la pasada edición de La Conversa de ARI.
Márquez fue el único candidato opositor que afirmó contar con un testigo dentro de la sala de totalización el pasado 28J, mientras que la exdiputada Delsa Solórzanodenunció que a la PUD le impidieron presencia en la mencionada sala.
“De la sala de totalización no salió el primer boletín que leyó Amoroso”, dijo Márquez en una rueda de prensa días después del evento electoral.
Márquez acudió este martes a la sede del (TSJ) para introducir una recusación contra la magistrada Rodríguez por sus evidentes vínculos con el partido de gobierno.
“Una jueza no puede impartir justicia si no es imparcial.Hemos colocado en la acción cada una de las pruebas que tenemos para demostrar efectivamente como la señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado sus vinculaciones políticas”, dijo el ex rector del CNE.
El director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander coincidió con Márquez en cuanto a la usurpación de funciones del TSJ.
“La Sala Electoral no puede usurpar funciones que no son del CNE, quien tiene que dar esa información es el ente electoral, ellos son los indicados para publicar los resultados acta por acta según lo estipulado en la ley”.
Dijo que si el CNE “se lavó las manos” en cuanto a los resultados del 28J y tiró la pelota al TSJ queda como una incógnita hacia dónde se debe dirigir alguien que quiera impugnar los resultados.
Justo este 20 de agosto, Márquez presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, alegando que sus vínculos con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afectan su imparcialidad en el caso.
“Fue hasta concejal y estuvo activando hasta hace nada, de tal forma que yo considero que hay suficientes elementos de pruebas para decir que la presidenta de la sala no puede participar en esta causa», declaró a medios de comunicación.
Recalcó que la magistrada no ha demostrado “idoneidad” para poder continuar en la causa.
🔴#AHORA | Enrique Márquez presentó una solicitud de recusación contra la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), argumentando que sus “vínculos políticos” comprometen su “imparcialidad” pic.twitter.com/suveX5ryAj
