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Las dictaduras no forman ciudadanos libres

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El conflicto abierto que mantiene Miraflores en contra del gremio educativo, muestra a un régimen dictatorial que ve la crítica como señales de sublevación

@RobertoPatino

Esta semana reinició el año escolar y, por ello, todos los venezolanos tenemos que hablar con honestidad sobre la situación de la educación en Venezuela.

Según las investigaciones de la Federación Venezolana de Maestros, FVM, las competencias educativas que necesitan nuestros niños y adolescentes para avanzar en el sistema escolar han disminuido significativamente. Se ha reportado una deserción del 75 % de los docentes, una expulsión de profesionales (de las aulas y del país) que se ancla en un salario que no supera los 30 dólares mensuales.

El rechazo del Estado a discutir un nuevo contrato colectivo y la supresión por decreto de primas laborales llevó a una pérdida del 172% de los beneficios asociados al salario. Imprimieron unas condiciones de precariedad en el trabajo que se manifiesta en la aplicación de los “horarios mosaicos” por muchos docentes y trabajadores que deben buscar otras formas de generar ingresos para sus familias, abandonando parcialmente su presencia en los liceos (para el 2024 hay estudiantes que reciben solo 15 horas de clases al mes, mientras que legalmente deben tener entre 30 y 35 horas de clases, según la FVM).

Las malas condiciones de los colegios, en medio de la crisis económica y de servicios que cruza a Venezuela, ha imprimido, según los especialistas, un malestar y desconfianza en torno al valor de la educación pública como agente de cambio y mejora de las condiciones de vida de las familias, profundizando la desigualdad social e incrementando la pobreza.

Este panorama, del que apenas asomamos unos pocos apuntes, nos muestra que a pesar del gran esfuerzo que hacen nuestros profesores, los padres comprometidos con el futuro de sus hijos, las organizaciones no gubernamentales, universidades y expertos, la obligación que tiene el Estado, como ente rector de la educación pública, no puede ser sustituido.

El rechazo a mejorar las condiciones salariales, el desconocimiento de décadas de logros sindicales con la imposición del llamado Instructivo ONAPRE, que homologa por el mínimo renglón los salarios de todos los trabajadores públicos suprimiendo los beneficios laborales que han adquirido con el tiempo, la ausencia de un programa constante de mantenimiento de las instituciones educativas, la incapacidad de avanzar en el salto tecnológico, la fosilización del pensum educativo y las pretensiones de ideologizar a los maestros y estudiantes son las razones por las que buena parte de nuestros liceos públicos se convirtieran en factorías donde se entregan títulos académicos que no garantizan una verdadera educación, no capacitan para dar continuidad en estudios superiores, no forman en competencias para el trabajo y no preparan a nuestros jóvenes para hacer frente a su futuro, justo en el momento en que se toman las decisiones más importantes que le afectarán el resto de su vida.

La crisis en el sistema educativo venezolano es un síntoma de un problema mayor, la de un régimen que ha tomado por asalto las instituciones del Estado para imponer sus intereses sobre toda la sociedad. El conflicto abierto que mantiene Miraflores en contra del gremio educativo, la persecución, acoso y detenciones de líderes sindicales del magisterio, su rechazo a divulgar información sistematizada y confiable sobre la situación de la educación en el país, son formas de actuar de un régimen dictatorial que ve la crítica como señales de sublevación y que ha puesto como enemigos al gremio y a todos los profesionales, activistas y voluntarios que han cuestionado el estado de la educación en Venezuela.

Es así como el futuro de nuestros hijos se ha convertido en un asunto político porque el régimen, leal a su vocación autoritaria, pretende secuestrar la academia, silenciando la crítica y reprimiendo sus luchas sindicales, hasta convertirla en un apéndice de un sistema que convierta a nuestros chamos en militantes de una comparsa revolucionaria. No hay forma en que una dictadura pueda aceptar un espacio pedagógico de calidad que eduquen a futuros ciudadanos libres y críticos que quieran hacerse dueños de su futuro: simplemente no está en su naturaleza.

La recuperación del llamado Estado docente pasa necesariamente por la restauración de la democracia en Venezuela. Solo en un sistema democrático que dé garantías para las luchas sindicales, el debate crítico de las ideas, que pueda convocar a todos en un esfuerzo común para atender a la crisis educativa, se podrá hacer frente a esta tragedia que pone en peligro nuestro futuro. Es por eso que insistir en la lucha por avanzar en el cambio pacífico que logramos el pasado 28 de julio, es una forma de avanzar en la recuperación del futuro de nuestra educación pública. Solo en democracia se puede trabajar en la reconstrucción de una educación de calidad para hombres y mujeres conscientes y responsables con su libertad personal, su futuro y el destino de su país.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | rpatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Hallan maniatado en su vivienda cadáver de Mercedes Herrera

En la mañana de este jueves 3 de octubre de 2024, fue hallado el cadáver de Mercedes Herrera (40). La comunicadora social estaba desaparecida desde el pasado lunes 30 de septiembre de 2024, luego de informar que se dirigía al Warairarepano, antes Parque Nacional El Ávila.

Herrera había hecho contacto por última vez, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, cuando presuntamente iba a salir con destino a la ruta de Sabas Nieves, sendero al que acudía con frecuencia, según versión de allegados.

De acuerdo con reportes extraoficiales de efectivos policiales, la víctima fue localizada en el interior de su vivienda en la quinta Madrigal, situada en la décima transversal con avenida San Juan Bosco de Altamira, municipio Chacao, estado Miranda.

El cuerpo de Herrera estaba maniatado y en avanzado estado de descomposición en una de las habitaciones del inmueble. Según las pesquisas preliminares de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, no había signos de violencia en puertas y ventanas de la propiedad.

Se desconoce si el o los victimarios se llevaron objetos de valor de la vivienda. Las investigaciones están centradas en su círculo más cercano.

Este mismo jueves, residentes de la zona informaron que a través de un chat vecinal, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, también habría confirmado la muerte de Mercedes Herrera. “Ya las autoridades (están) en el lugar y las instancias correspondientes llevarán las investigaciones del caso”, expresó el alto funcionario local.

La alarma: hallaron su celular

El celular de la víctima había sido encontrado, el día de su desaparición, en una unidad de transporte público que se desplazaba por La Castellana. Desde entonces, sus allegados emprendieron una campaña a través de redes sociales para dar con su paradero y 24 horas después de no saber de ella, hicieron la denuncia formal de su desaparición. El caso estaba bajo las averiguaciones del Departamento de Víctimas Especiales de la policía científica, ubicado en la avenida Urdaneta, Caracas. 

Este jueves 3 de octubre, fue cuando acudieron a la vivienda de Herrera comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), División de Investigaciones de Delitos contra las Personas, Reconstrucción de los Hechos y de Víctimas Especiales del Cicpc. Posteriormente, se presentaron funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que trasladaron el cuerpo de la víctima a la morgue, para determinar la causa de muerte.

La comunicadora social trabajaba de forma independiente para una empresa extranjera. Familiares de Herrera están residenciados fuera de Venezuela y se espera su llegada en las próximas horas.

Violencia en Caracas

De acuerdo con los datos recopilados por el equipo del Monitor de Víctimas, entre enero y agosto 2024, 8 mujeres han sido asesinadas en el Área Metropolitana de Caracas.

El municipio Sucre encabeza la lista con 4 crímenes, seguido por Libertador con 3 víctimas y Baruta con 1.

Nuevo atropello a la prensa: Seniat ordenó cierre de Diario La Voz de Miranda por ocho meses

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Este jueves, 3 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, órgano de ejecución de la administración tributaria nacional en el país, ordenó el cierre del Diario La Voz de Miranda por ocho meses.

A través de su cuenta en X, el SNTP detalló que una comisión se presentó en los galpones donde se imprime el periódico y clausuró las instalaciones.

En otro mensaje, el sindicato señaló que en principio el cierre fue ordenado hasta el próximo 7 de octubre motivado a que “la cartelera fiscal no estaba actualizada”. Sin embargo, en una segunda visita, ordenaron el cierre hasta mayo de 2025.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa expresó que con el cierre del Diario La Voz, además de vulnerar los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, “se deja sin empleo a 50 trabajadores directos. Rechazamos la censura indirecta contra medios y periodistas”.

El SNTP sostuvo que el Diario La Voz, fundado hace 58 años, es uno “de los pocos impresos que quedan en Venezuela”, que circulaba en papel de lunes a sábado, en los 21 municipios del estado Miranda.

Reacciones del CNP y Plataforma Unitaria

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que un total de 405 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en las últimas dos décadas, como parte -sostuvo- de una “política de Estado” contra “la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria rechazó la medida y afirmó que “el régimen se empeña en cercenar el derecho a la comunicación y el derecho a mantenerse informado a cada uno de los venezolanos, en medio de una represión brutal y sin precedentes”.

“Desde la PUD manifestamos nuestra solidaridad con su director Emilio Materán y con los más de 50 trabajadores que este día se han quedado sin un empleo formal y con la incertidumbre de poder alimentar a sus familias”, expresó la PUD a través de X.

“Mamá, me pegó por la cara”: Adolescentes detenidos en Caraballeda denunciaron a gritos maltratos

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“Mamá, mamá, auxilio, me pegó por la cara”… Gritos con contenido similar se entremezclaron este 3 de octubre  desde el interior del Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas de Caraballeda, estado La Guaira, donde permanecen detenidos ocho adolescentes acusados de terrorismo y detenidos en el contexto poselectoral. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó uno de los audios que difundieron las madres de los menores que fueron a visitarlos hasta el sitio, pero se les impidió reunirse con los muchachos. “Hoy no nos permitieron las visitas y eso fue una tortura para nuestros hijos, porque lo que recibieron fue golpes. Pido que nos ayuden, esto es demasiado, les botan la comida y les pegan cuando quieren”, denunciaron las madres que hablaron bajo reserva de identidad para evitar más represalias contra los menores.

 

En otros audios que fueron difundidos a los medios de comunicación se escucha el intercambio entre las madres y  los adolescentes. La situación transcurre en medio de la angustia de las mujeres, que escuchan los gritos desesperados de auxilio de los muchachos.

 “Yo creo que les están pegando”, dice una madre. Otra escucha la voz de su hijo y le pide, entre sollozos, que trate de calmarse: “Quédate tranquilo, que tu mamá no se queda con esa, tú eres inocente como todos los que están ahí”. “Mamá, mamá, me pegó por la cara”, responde llorando desde la parte interna del retén el joven. 

Al menos 67 adolescentes siguen detenidos

El director del Foro Penal, Adolfo Romero, precisó que al menos 67 adolescentes entre 14 y 17 años siguen detenidos en Venezuela por hechos poselectorales. Al menos 86 fueron excarcelados hace un mes, sin libertad plena, porque quedaron con medidas cautelares.

“Hay también una cantidad importante de adolescentes en términos del concepto internacional de la Unicef, que tienen 18 y 19 años, que también están detenidos. La gran mayoría de las personas detenidas después del 28 de julio están entre los 14 y los 25 años”, detalló Romero. 

En el estado Carabobo, el pasado 2 de octubre, siete menores de edad entre 15 y 17 años, detenidos arbitrariamente en el marco de las protestas postelectorales fueron pasados a  juicio durante una audiencia preliminar telemática liderada por la jueza Keidimar Ramos Castillo.

Trascendió que a esos jóvenes la titular del Tribunal 2 con competencia en Terrorismo en la región carabobeña les hizo una peculiar “oferta” que consistía en que si se declaraban culpables, solo pagarían una pena entre seis y ocho meses, sin beneficios procesales. En caso contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los diez años de prisión que pidió la Fiscalía para los adolescentes. Ninguno de los adolescentes aceptó la propuesta y pasaron a juicio tras la audiencia preliminar que inició cerca de las 2 de la tarde.

Este 3 de octubre, madres y familiares de menores y jóvenes detenidos en el contexto poselectoral se presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de amparo en el que exigieron una revisión exhaustiva de los casos de los detenidos.  

En la actividad, estaban las representantes de los ocho detenidos en El Cementerio y las madres de los 49 detenidos en el Centro Penal Tocuyito, estado Carabobo, provenientes del estado La Guaira. 

La democracia: pronóstico reservado

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La presencia de Nicolás Maduro en el poder puede atender a otros llamados, que superan el balance entre los costos y los beneficios, y algunos de ellos -el fanatismo político, por ejemplo- a veces no son percibidos a simple vista por el campo democrático. La democracia

“Crear incentivos para obligar a Nicolás Maduro a negociar”. Es una de las frases que más se le escucha a María Corina Machado en sus comparecencias a la prensa. “Buscar un equilibrio en el cual los costos de permanecer en el poder sean superiores a sus beneficios”.

Es un razonamiento que parece abarcar satisfactoriamente los extremos del nudo planteado con la crisis de estado que existe en el país, aunque claro que la presencia a todo evento de Nicolás Maduro en el poder puede atender a otros llamados, que superan el balance entre los costos y los beneficios, y algunos de ellos -el fanatismo político, por ejemplo- a veces no son percibidos a simple vista por el campo democrático.

María Corina Machado no acepta la idea de que el objetivo de una genuina transición a la democracia parece por ahora estancado, o incluso pospuesto, a pesar de la marcha al exilio del candidato ganador. 

Todo lo contrario: en su tono de voz, en la expresión de su rostro y en el contenido de sus reflexiones, Machado se esmera en ofrecer la idea de que la transición política hacia la democracia es una operación que está en pleno desarrollo. El marco de gestiones parece estar funcionando fuera de la vista del público. “Esto lo vamos a lograr y Edmundo González Urrutia va a juramentarse el 10 de enero”, afirmó María Corina Machado en una rueda de prensa virtual que ofreció el 1 de octubre.

Es cierto que la fundadora de Vente Venezuela ha llegado hace rato más lejos de lo que muchos han supuesto, adelantado una brillante estrategia política que llevó la causa del cambio democrático a lugares insospechados, inconcebibles de concebir hace apenas un año.

Lo que cabría preguntarse es si no se está topando con el mismo muro infranqueable que han encontrado todos los esfuerzos anteriores para restaurar el criterio de la alternabilidad política, para convertir la circunstancia en un tema estático. Para el politólogo Jhon Magdaleno, “es un momento delicado para la oposición, el primer reto es tratar de validar el cambio, y eso va a imponer en lo sucesivo una serie de subtramas, el desafío de la oposición es mantenerse cohesionada, para cobrar se requiere unión y desde luego la dirección opositora tiene que replantear su estrategia”

Tiempos de baja exposición

La dirigente opositora parece muy consciente de que no es este, precisamente, tiempo de multitudes: si la población ya se ha manifestado el pasado 28 de julio y tantas personas han sido llevadas a la cárcel, la peligrosidad de la situación actual exige medidas especiales en contra de la sobreexposición. Motivo por el cual no parece muy probable que se convoquen nuevas manifestaciones en las calles.

Los potenciales instrumentos disuasivos que pueda tener consigo María Corina Machado para obligar a un gobierno como este a aceptar negociar los términos de su salida del poder -luego de imponerle al país, sin que nadie pueda impedirlo, la actual encrucijada que vive la sociedad venezolana- siguen formando parte de un misterio en torno a los secretos del estado nacional.

Un misterio que es similar al misterio de la muerte, y que, con alta probabilidad, consista en que, en realidad, en torno a la naturaleza de las cosas, no hay ningún misterio. Zonas insondables en el campo del análisis político.

Machado trabaja tesoneramente para sumar aliados internacionales y fundamentar una percepción consensuada en torno a la victoria de Edmundo González sobre Maduro, objetivo que viene concretando. La exposición hecha por la jefa de la misión electoral del Centro Carter en Venezuela, Jennie Lincoln ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este miércoles, 2 de octubre con las actas de votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio permite confirmar la victoria de Edmundo González el 28 de julio.

Adicionalmente, los progresivos contactos que adelanta la líder de la oposición con gobiernos de la región, actores bilaterales, foros académicos, espacios multilaterales tienen carácter político y económico. A diferencia de lo que ocurrió en los retos electorales de los tiempos de Hugo Chávez, es el relato de la oposición el que ha tomado cuerpo como verídico y ganador en los espacios subregionales, en la opinión pública internacional, en los círculos diplomáticos, en la mayoría de los gobiernos de la región, e incluso en Naciones Unidas.

Esta agenda de contactos y alineamientos en torno a un diagnóstico sobre lo que ocurre en Venezuela debería ser orientada en una dirección conforme se acerca la fecha de la toma de posesión. Los nubarrones sugieren más sanciones. Todo indica que la pugna política que se plantea de nuevo sobrepasa con facilidad la llegada de enero, y eso aumenta la posibilidad de que aumente la represión dentro del país.

Sin hambre de poder

Sin embargo -todo hay que decirlo- la marcha forzada -y silente- del candidato ganador, Edmundo González Urrutia, envía una señal que va en el sentido opuesto a cualquier idea de transición a la democracia, y ha dejado abiertas algunas diferencias de criterio y de procedimiento entre ambas personalidades.  Machado ha pasado parte de este tiempo haciendo control de daños en torno a las consecuencias de una decisión sobre la cual no tuvo incumbencia.

La mecánica para recomponer definitivamente un funcionamiento mutuo y complementario entre ambos dirigentes -el afuera, ella adentro-  seguramente se irá consolidando con el paso de los días, pero claro que agosto fue un mes en el cual las comunicaciones entre ambos se cruzaron.

Desplazándose sólo, evadiendo persecuciones, presionado hasta el extremo, sin certeza sobre su seguridad, entrando en contacto con actores desconocidos para él en el país y en el exilio, González Urrutia pisó varios peines, y uno de ellos probablemente fue haber aceptado firmar las cartas que pusieron bajo su rostro los hermanos Rodríguez en la embajada de España como condición y acuerdo general para su salida del país.

Sus helados pronunciamientos políticos posteriores en el exterior evidencian en ocasiones una cierta ausencia de hambre de poder. Algunos de ellos, particularmente el primero que hizo público después de su partida, cayeron como una bomba en el ánimo de muchas personas.   

Es completamente cierto que la mayoría de la población parece comprender el carácter atípico, independiente y alejado de la política que tiene Edmundo González Urrutia, y le agradece el enorme esfuerzo personal hecho. Asumiendo, finalmente, el desenlace con cierta naturalidad y discreción.

El país camina hacia un fin de año con una aparente normalidad navideña en las calles, pero con una contínua, y muy peligrosa acumulación de tensiones en las zonas de poder del estado nacional. Los organismos y oficinas del Estados fueron adornadas y en el caso de la sede de PDVSA, en La Campiña, hubo lanzamientos de fuegos artificiales mientras en otra parte de la ciudad, los adultos mayores protestaban por la reivindicaciones de sus pensiones y jubilaciones.

Podría ser verdad que Machado concrete la sorpresa, y consiga el milagro de liberar las claves de acceso a la legalidad democrática, con una estrategia que claramente está buscando apoyarse en una consensuada indignación internacional sobre lo lejos que ha llegado el chavismo con su obsesión de poder en el marco de una costosa crisis migratoria, concretando la idea de que “es hora de actuar”.

Parece más probable que Maduro decida asumir y convivir con esos, y otros mecanismos internacionales de presión, para hacer de ellos su bandera de protesta, legítimo para aquel que quiera reconocerlo, apadrinado por Rusia y China, sin que nada pueda impedir su presencia en el poder.

 Asumirá el relato de la legalidad en sus términos, independientemente de los argumentos y las observaciones que le tienen tantos venezolanos al recién finalizado proceso electoral, y se abrirán las compuertas a tiempos de mayor inestabilidad y tensiones.

CIDH condenó al gobierno venezolano por detención de Ovidio Poggioli

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado venezolano por la detención arbitraria del general retirado, Ovidio Jesús Poggioli Pérez.

La CIDH indicó en la sentencia que el gobierno de Maduro es responsable “por la violación a los derechos a la libertad personal, integridad personal, a la honra, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Poggioli luego de su detención ilegal y arbitraria, así como a las vulneraciones al debido proceso de las cuales fue víctima en el marco de dos procesos ante la jurisdicción penal militar”.

“La Corte determinó que la detención del señor Poggioli por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue ilegal al no contar con una orden judicial ni presentarse una situación de flagrancia y que se vulneró su derecho a ser informado de las razones de su detención no informarle el motivo de la detención”, expresó la sentencia.

El 19 de abril de 2002 el Ministerio de Defensa ordenó la apertura de un proceso en la jurisdicción militar contra Poggioli por la presunta comisión de delitos de naturaleza penal militar sin especificar los cargos.

La defensa de Poggioli presentó una acción de amparo constitucional solicitando la nulidad del proceso penal. Dicho amparo fue admitido por la Sala Constitucional, que suspendió el caso en 2002.

Pero en diciembre de 2003, Poggioli fue detenido sin orden judicial por la Dgcim y sin que se conocieran los motivos de dicha privación a la libertad. Posteriormente, en 2004 se le inició un segundo proceso penal, siendo acusado de instigación a la rebelión militar. Finalmente, fue condenado en 2005 a 2 años, 5 meses y 10 días de prisión, obteniendo su libertad plena en 2006.

“En este caso, el señor Poggioli, quien no era militar activo, fue juzgado por la justicia militar, lo que constituyó una violación a su derecho a ser oído por un tribunal competente. La Corte encontró que el Estado vulneró su derecho a ser informado detalladamente de los cargos en su contra en el proceso iniciado en 2002 y determinó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no fundamentó adecuadamente una solicitud en un recurso de amparo, lo que supuso otra vulneración a las garantías judiciales”, explicó la CIDH.

A tal efecto, la CIDH ordenó a Venezuela adoptar todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto los procesos penales militares instruidos contra Poggioli.  Asimismo le corresponde pagar las sumas y gastos por daño material e inmaterial.

 

Con información de EFE

 

Desde Tocuyito nunca llaman dos veces

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“El que no la debe no la teme”, pronunció Jesús David Rosal, de 25 años, unos minutos antes de que lo detuvieron el 29 de julio, en La Guaira, un día después de las elecciones presidenciales. 

Unos vecinos le advirtieron que “los guardias estaban atrapando a cualquiera que pasara”, pero Jesús David estaba confiado de que no le pasaría nada. Ese día lo montaron en el convoy de la Guardia Nacional y terminó en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Macuto. 

El 3 de agosto, Rosal, junto a otros detenidos en contexto poselectoral, fueron presentados en una audiencia telemática, sin posibilidad de declararse inocentes. Después de eso, fueron trasladados -sin aviso a sus familiares- al Centro Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, el 8 de agosto. 

Un traslado sin retorno 

Lis, la mamá de Jesús David, cuenta que se enteró del traslado ese día al mediodía, cuando le fue a llevar la comida, y se sorprendió al saber que no estaba en Macuto.

 “Lo trasladaron en la madrugada y sin decirnos nada”, dijo. Desde ese día, duerme con el teléfono cerca de la almohada porque teme tener una llamada perdida desde Tocuyito. 

Con desesperación, le preguntaron al director del centro de detención e informó que tampoco tenía conocimiento del traslado y que no estaba seguro hacia dónde los habían dirigido. 

Lis se enteró de que su hijo está en Tocuyito porque recibió una llamada. La comunicación fue breve y concisa: “Estoy en Tocuyito”. Desde ese momento, hicieron lo que pudieron para movilizarse desde La Guaira hasta Carabobo. Un traslado de, aproximadamente, dos horas y media. “En Tocuyito no nos dejaban ver a los muchachos. Esperábamos afuera y nada”, recuerda. 

Esta negativa a no permitir visitas por tanto tiempo es una decisión que viola lo contemplado en la normativa legal. En el 2021, se establecieron cambios en el Código Orgánico Penitenciario y, según Acceso a la Justicia, se le permite a las personas recluidas visitas de su círculo más cercano, como familiares y defensor, bien sea público o privado. 

Pese a esto, no existe un reglamento establecido en cuanto a la frecuencia de visitas o días. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, en una reciente declaración habló sobre el tema. Afirmó que queda a criterio de las personas que mantienen la custodia de los privados de libertad la frecuencia de las visitas. 

“El Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que lo relacionado con las visitas estará contenido en el reglamento del presente Código. Sin embargo, el COP, aprobado en 2015 y reformado en 2021, todavía no tiene reglamento y queda a criterio de los que tienen a estas personas bajo su custodia”, aclara. 

El Estado venezolano está suscrito a las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, más conocidas como Reglas Mandela, que en la norma 58 establecen que los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajola debida vigilancia, con sus familiares y amigos”. En el 59 se sugiere que los reclusos sean internados en centros penitenciarios cercanos a su hogar o lugar de reinserción. 

De acuerdo a estas normas, las autoridades tienen el deber de informar a los detenidos sobre traslados y comunicarse con sus familiares. En este caso, ninguna de estas normas fue acatada. 

Jesús David Rosal detenido en Tocuyito
Jesús David, de 25 años, cumplió años dentro de prisión. Su madre lo describe como una persona alegre.

“Solo media hora” 

Para los familiares de los detenidos en Carabobo, ir hasta allá representa un esfuerzo monetario, físico y mental. 

Lis afirma que, pese a la negativa de negar las visitas, las madres decidieron ir hasta obtener alguna noticia de sus hijos. Después de tantos días, estos esfuerzos rindieron frutos.

“Nos dirigimos al centro penal, lunes, martes y miércoles. Necesitábamos ver a nuestros muchachos. Después de una espera de casi dos meses, pudimos hablar con él por solo media hora”, comenta. 

“Durante ese tiempo no me dijo mucho. Solo me dijo que estaba bien y me preguntó cómo iba el proceso aquí afuera. Yo le dije que estábamos haciendo lo posible. No lo vi golpeado y eso me alivió”, expresa. 

Para Lis, el no ver a su hijo mayor por tanto tiempo se traduce en preocupación, una tras otra. “No he dormido bien, no duermo bien”, confiesa.

Le cuesta creer que ese día, 29 de julio, su hijo fue detenido después de estar en casa de un amigo. “Él fue a casa de un amigo porque al día siguiente cumplía años y estaban planificando qué hacer. Mi hijo pasó su cumpleaños en la prisión”, manifiesta. 

Jesús David estaba emocionado por celebrar su cumpleaños y tomó el camino más cercano a su casa. Su madre lo describe como una persona alegre, dispuesto a salir adelante y, a diferencia de otros jóvenes, en sus planes futuros no estaba emigrar. 

“No, no, él no quería irse. Él quería seguir trabajando aquí y seguir cerca de nosotros. De su familia y de todos”, dice su mamá. 

A Jesús David, al igual que a otros jóvenes detenidos, no les permiten la defensa privada. Lis, por todos los medios posibles, ha intentado que el defensor público le dé respuestas y le explique cuánto tiempo más pasará su hijo detenido. 

“El defensor que nos asignaron nunca sabe nada, nunca nos da noticias. No nos dice nada de las visitas. Estamos incomunicados”, puntualiza. 

En una entrevista en ‘La Conversa’ de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), el defensor de presos políticos, Joel García, mencionó que muchos defensores tienen la disposición a hacer su trabajo, pero no se lo permiten. 

No es terrorista 

Al igual que a los menores detenidos, a Jesús David también lo imputaron por terrorismo, un cargo que puede representar hasta 30 años de cárcel y que su familia niega. Consideran que Jesús David es “un muchacho trabajador y no tiene nada de terrorista”. 

En unas recientes declaraciones, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, se refirió al daño que representa la cárcel para los niños y jóvenes detenidos en contexto poselectoral. 

“La cárcel hace un daño terrible y deja una huella imborrable en los muchachos y  adultos  detenidos que nunca en su vida olvidarán, por eso es que el daño causado a las personas es irreparable y, por lo tanto, es importante hablarlo, discutirlo y tratarlo”, declara. 

Durante estos casi dos meses que su hijo ha estado detenido, Lis no ha dejado de rezar. Expresa que su único consuelo es Dios y que él tomará el control de la situación. 

Madre de detenido en Tocuyito
La madre de Jesús David ruega por su liberación. Jesús David tiene 25 años.

Sus días cambiaron de forma repentina. Antes vivía desprendida del teléfono, ahora, no puede pasar mucho tiempo sin saber a dónde está. El temor de tener una llamada perdida desde Tocuyito la sigue. “Me da miedo pensar en recibir una llamada y no atender, porque sé que no llamarán dos veces”, confiesa. 

En este tiempo sombrío, Lis intenta mantener su sonrisa y su temple para seguir siendo la cabeza de familia. Tiene dos hijas más y un esposo, quien trabaja y hace lo que puede para que ella haga todas las diligencias necesarias, y a una madre que la ha sostenido en los momentos más difíciles. “Mi mamá ha sido un gran apoyo tanto emocional como monetario”, exclama.  

“Ustedes son el futuro de este país. Ya yo viví, me compré lo que quería comprarme, salí lo que quería salir. Los jóvenes son los que quedan para que este país salga adelante y sé que saldremos de esto. No sé cuándo, pero saldremos”, asegura entre sollozos. 

Denuncian desaparición de dirigente agrario 

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La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció la desaparición el pasado lunes 30 de septiembre en la mañana del abogado y dirigente agrario, Nicolás Espinoza Barrios.

La ONG alertó que la última vez que se vio a Espinoza Barrios fue a finales del mes pasado cuando salía de su residencia en la California Sur, Caracas para participar en una reunión.

“Se trata de un hombre de amplio activismo en el sector productivo nacional. Nos unimos a su familia en la búsqueda de información sobre su paradero”, expresaron. 

Espinoza Barrios es director de la Plataforma Agroalimentaria Nacional y durante la pasada campaña electoral presentó ante el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) , Edmundo González Urrutia y la líder opositora, María Corina Machado, un plan para recuperar el campo venezolano.

La ONG señaló que cualquier información sobre el paradero de  Espinoza Barrios puede ser comunicada al teléfono  0414 288 73 53.

Condenan enjuiciamiento a menores 

Justicia, Encuentro y Perdón denunció recientemente también que siete adolescentes detenidos en las protestas poselectorales serán juzgados sin la posibilidad de obtener algún beneficio procesal. 

Al grupo de menores de edad los presentaron en una audiencia preliminar en el estado Carabobo y se les acusó por los delitos de terrorismo e incitación al odio. 

“Los estaban constriñendo a admitir los hechos. Todos estos jóvenes se negaron muy gallardamente, a pesar de toda la situación terrible que han vivido, a admitir los hechos, por lo cual ayer, en audiencia preliminar, se ordenó pase a juicio sin ningún tipo de beneficio procesal”, dijo la coordinadora general de JEP, Martha Tineo.

“Se les ha privado de su libertad por dos meses y ahora se les niega la posibilidad de volver al lado de sus familias y continuar con sus estudios y sus actividades deportivas”, indicó en un comunicado Justicia, Encuentro y Paz.

“Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro. Pedimos su libertad plena e inmediata”, añadió la ONG.