¿Cómo hace un venezolano que está en Argentina para venir a Venezuela y tiene el pasaporte vencido? Según Madison González, magíster en Geografía y experta en migración, tiene dos opciones: una es no venir y la otra es solicitar un salvoconducto desde un país cercano que no haya roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, probablemente Brasil.
A juicio de González, esa persona, una vez que tenga su ciudadanía argentina (la cual según ella no es traumática de tramitar) puede ingresar a territorio brasileño, pero, ¿qué pasa si solo tiene la nacionalidad venezolana? Entonces la respuesta es incierta, debido al nivel de opacidad que ha cubierto a la nueva exigencia del gobierno venezolano de tener un pasaporte vigente para ingresar y salir del país.
Según se desprende de una reunión aún no confirmada por las autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje (Avavit), Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav) y Conseturismo, se estableció que a partir del lunes 14 de octubre de este año, la Cancillería venezolana pondrá a funcionar un link para que los venezolanos que se encuentren en países donde no exista representación consular puedan tramitar un salvoconducto o permiso de viaje para venir a Venezuela. Supuestamente, el trámite estará exento de pago y se enviará por correo electrónico a los interesados.
Por otro lado, quienes tramiten el salvoconducto desde un tercer país deberán cancelar la suma de 60 dólares.
“Si se trata de una persona que está en Estados Unidos tendría que moverse a México para tramitar desde ese consulado el salvoconducto, es lo mismo que podría sucederle a alguien que está en Argentina, Chile o Uruguay, países con los que Venezuela ha roto relaciones recientemente”, indicó Carlos Lusverti, abogado y profesor especialista en derechos humanos.
Apenas este miércoles 2 de octubre, el ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez Araguayán, confirmó que el gobierno madurista comenzará a pedir pasaportes vigentes a los ciudadanos venezolanos para ingresar al país.
“Lo que he podido conocer a través de canales oficiales es que el Estado venezolano ha adoptado algunas medidas para que todos los pasajeros que vengan a Venezuela vengan con sus documentos vigentes”, dijo el ministro a través de Venezolana de Televisión.
La medida se conoció por medio de un comunicado emitido la semana pasada por la aerolínea Latam, el cual rezaba: “Los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte vigente al momento de viajar. En caso contrario, deberán solicitar un documento de viaje ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque”.
La medida causó estupor entre la diáspora venezolana, que se calcula ronda las ocho millones de personas, especialmente por su carácter de “aplicación inmediata”.
Inicialmente, Latam precisó que el gobierno de Maduro no permitiría el ingreso de sus ciudadanos con cédula de identidad venezolana ni con pasaportes de otros países en los casos de doble nacionalidad.
Sin embargo, en la minuta divulgada por Conseturismo luego de la reunión con las autoridades, se desprendió que ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad y residencia legal en otros países podrían entrar a territorio venezolano con el pasaporte vencido y no requerirían un salvoconducto.
Para abandonar el país se les exigiría un pasaporte vigente.
Recientemente, el Saime informó que los venezolanos que tramitaron un pasaporte en consulados de países que rompieron relaciones con el régimen chavista están obligados a recoger su documento de identidad en Caracas.
No se hizo referencia en el mencionado cónclave si la medida aplica solamente para aeropuertos, aunque al consultar a aliados regionales, Runrun.es pudo constatar que en el paso fronterizo terrestre entre Venezuela y Colombia, en el estado Táchira, los ciudadanos venezolanos estaban saliendo e ingresando con su cédula de identidad.
En la reunión se especificó que venezolanos provenientes de Bolivia, por ser el único país vinculado al convenio Mercosur, podrán ingresar a territorio nacional con cédula de identidad.
El salvoconducto o documento de viaje debe ser tramitado con un máximo de 72 horas de antelación al viaje y permite tránsito en otro país no superior a cinco horas.
“Ingresar al territorio venezolano con el pasaporte vencido no constituye un delito. Lo que están haciendo es incentivar el paso irregular”, sostuvo González, quien agregó que lo del salvoconducto no es nuevo.
“Es un paliativo en vista del retraso de las valijas consulares, el salvoconducto no es un documento de identidad. Lo que quieren es sacarle dinero al venezolano”, acotó.
Además de González y Lusverti, Runrun.es habló con Laura Dib, directora del programa venezolano de WOLA (Washington Office on Latin America).
¿Hay un precedente conocido en la historia mundial que un país exija este tipo de documento a sus ciudadanos?
Carlos Lusverti: Es una medida inconstitucional, el artículo 50 de la Constitución es claro al establecer que los venezolanos no necesitan autorización alguna para ingresar al territorio nacional, esto significa simplemente que con la muestra de cualquier documento que certifique la nacionalidad, todo venezolano tiene derecho a retornar al país. La medida genera una carga a quienes están en el extranjero, especialmente si viven en naciones donde no existe un consulado venezolano para tramitar este permiso, porque eso significa la obligatoriedad de trasladarse a un tercer país donde haya algún tipo de relación diplomática con el gobierno venezolano. Ello supone además la búsqueda de un mecanismo para ingresar a ese tercer país con el pasaporte venezolano vencido.
Madison González: No he encontrado un precedente de esto al menos en la historia reciente latinoamericana, ni siquiera en un contexto dictatorial. La negación de la circulación de los venezolanos viola el artículo 50 de la Constitución, el cual dice que “toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional, ausentarse de la República y volver”. Con simplemente demostrar que es nacional del país, las autoridades competentes están en el deber de dejar circular a una persona. Esto hace que los venezolanos que están en el exterior se encuentren en una situación apátrida, el Estado venezolano lo que está haciendo es robando la nacionalidad.
Laura Dib: Por un lado es muy grave la escasez de transparencia porque no hay información oficial de parte del Saime, lo único que sabemos es a través de aerolíneas. Por otro lado, es una restricción arbitraria desproporcionada e ilegal al derecho a la movilidad humana y que por supuesto va a complicar la situación de personas que viven en países donde no hay embajadas y consulados venezolanos.
¿Podría considerarse una retaliación a la diáspora venezolano por parte del gobierno chavista?
Carlos Lusverti: Además de una medida inconstitucional es la ratificación de la falta de sensibilidad y protección del gobierno venezolano a los connacionales que están fuera del país, quienes en su mayoría son víctimas de una migración forzada derivada de una crisis prolongada en materia de derechos humanos. Esto no solo supone un problema para los viajeros, sino también para los hijos de estos que nacieron fuera de Venezuela y a efectos de cualquier trámite que quiera realizarse más allá de nuestras fronteras. Uno de los defectos de esta medida anticonstitucional es que traslada la responsabilidad a las aerolíneas y se le impide a la persona la posibilidad inclusive de abordar un avión.
Madison González: El gobierno está vulnerando un derecho humano y la declaración universal de los DDHH, la cual reza que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. No es simplemente un capricho, es la violación clara a la identidad, quienes están en un país sin relaciones con Venezuela no tienen cómo demostrar su nacionalidad, están dejando a la gente en una situación de desprotección a menos que el país de albergue ofrezca alternativas, que es una situación que se da largo plazo.
Laura Dib: Hay una absoluta opacidad con una medida que afecta directamente a la gente, este tipo de medidas incrementa la necesidad de la gente de migrar de manera irregular y eso los coloca en una posición de extrema vulnerabilidad y es mejor negocio para quienes se benefician de economías ilícitas en torno a la movilidad humana. Ya veremos en las fronteras a gente sacando salvoconductos falsos, esto lo que hace es fomentar economías informales e ilícitas que ponen en situación de riesgo a quienes no solo están huyendo de la emergencia humanitaria compleja sino de la persecución poselectoral.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante este tipo de medidas?
Carlos Lusverti: La petición a la comunidad internacional es que reconozca los documentos de viaje vencidos, entre ellos el pasaporte, para que los venezolanos puedan desplazarse hacia donde existan consulados trabajando para tramitar el salvoconducto, o que en el contexto del estatus migratorio de cada quien se le faciliten mecanismos válidos de viaje, esto es importante especialmente en aquellos países donde hay una gran cantidad de venezolanos cuya migración fue forzada. Por supuesto, es necesario pedir a las autoridades venezolanas que reviertan la medida que está fuera de la Constitución y es arbitraria. Lamentablemente, dentro del país se puede hacer poco debido a la situación de ausencia de Estado de Derecho y de poderes públicos independientes. Es posible que las naciones fronterizas permitan que los residentes de uno y otro país puedan cruzar sin necesidad de tener un pasaporte vigente, pero esto no es necesariamente una regla general y hay que verlo caso por caso. Algunos países reconocen los pasaportes venezolanos vencidos, pero igualmente es una complejidad y una logística aparte para la persona. Todo esto lo que significa es una carencia de voluntad del gobierno para proteger a quienes han tenido que huir de Venezuela
Madison González: Hay que denunciar la crónica violación de los DDHH, pero es muy poco lo que se puede hacer porque el régimen controla todos los aparatos del Estado. Estas denuncias se deberían hacer frente a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Muchos han decidido asentarse en el país de destino para obtener una nacionalidad y circular por otras naciones y se niegan a darle dinero al régimen. Con esto seguramente van a comenzar a proliferar pasos fronterizos irregulares. La renuncia a la nacionalidad venezolana es otra cosa que podría ocurrir, la ley establece que todo venezolano tiene derecho a renunciar a la nacionalidad, pero también las autoridades retrasan el proceso. El artículo 36 de la Constitución establece que se puede renunciar a la nacionalidad venezolana y quien renuncie podrá recuperarla en un futuro. Ese trámite se hace en los Consulados y lo gestiona el Saime, creo que eso es lo que va hacer la gente si esta situación se perpetúa en el tiempo.
Laura Dib: Hay un estado de absoluta desprotección para la población venezolana. Es entendible que haya temor de acercarse a los países donde hay representación consular, pero vale la pena tratar de documentarse si efectivamente existe un procedimiento para retornar a Venezuela. La diáspora juega un papel fundamental en tratar de apoyarse mutuamente y documentar irregularidades, no solamente con organizaciones de venezolanos en el extranjero, sino también con organizaciones internacionales en materia de movilidad humana como Acnur y OIM.
