Este miércoles 2 de octubre, en horas de la tarde, siete menores de edad entre 15 y 17 años, detenidos arbitrariamente en el marco de las protestas postelectorales en el estado Carabobo fueron pasados a juicio durante una audiencia preliminar telemática liderada por la jueza Keidimar Ramos Castillo.
Los siete jóvenes recibieron una oferta de la titular del Tribunal 2 con competencia en Terrorismo en la región carabobeña, que consistía en que si se declaraban culpables, solo pagarían una pena entre seis y ocho meses, sin beneficios procesales. En caso contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los diez años de prisión que pidió la Fiscalía para los adolescentes.
Ninguno de los adolescentes aceptó la oferta y pasaron a juicio tras la audiencia preliminar que inició cerca de las 2 de la tarde.
En la audiencia, primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena de 10 años. Posteriormente, tomó la palabra la defensora pública, Kelly Pérez, quien no consignó ante el juzgado los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según propias declaraciones de la jueza Ramos Castillo.
Trascendió que los siete menores fueron detenidos entre el 29 y 30 de julio y recluidos en comandos policiales de Valencia, Carabobo. Familiares denunciaron que algunos fueron torturados, al punto de que perdieron piezas dentales.
Segundo grupo en Carabobo
Este constituye el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que ha pasado a juicio en Carabobo luego de ser detenidos por las protestas que surgieron en el país a raíz de la declaración de Nicolás Maduro como ganador de la contienda electoral del 28 de julio.
Padres y representantes denunciaron que hasta ahora ninguno ha podido tener acceso a expedientes de sus hijos.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón se solidarizó con las familias y condenó la indolencia con estos jóvenes, a quienes se les ha privado de su libertad por dos meses.
“Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro”, puntualizó la organización.
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