—“¿Y dónde está usted, señora Brígida?
—Aquí en Tocorón.
—¿En Tocorón?
—Sí, en Tocorón, en Maracay. Desde que a mi muchacho lo trasladaron para acá yo me vine detrás de él”.
El 29 de julio en horas de la tarde, Ricardo Brito de 18 años, salió de su trabajo en una tienda de pinturas en San Felipe, estado Yaracuy. Camino a su casa, el joven, que iba muy entretenido jugando con su teléfono celular, decidió sentarse en una acera y ponerse cómodo para poder ganar una partida.
Ricardo no estaba claro de lo qué estaba pasando en Venezuela producto de los resultados electorales que dieron la victoria a Nicolás Maduro y que la oposición consideró como fraude. Él no estaba inscrito en el Registro electoral, no militaba en ningún partido político ni tampoco participó en la protesta postelectoral. Aún así, dos funcionarios policiales que merodeaban por la zona lo vieron sentado y, sin mediar palabras, lo subieron a una moto y se lo llevaron detenido a una comandancia policial.
Ricardo Brito nació con paladar hendido, tiene dificultades para hablar, escuchar y relacionarse. Cuando el joven experimenta altos niveles de estrés, le dan fuertes dolores de cabeza, se le inflaman los oídos y tiende a botar secreciones que requieren de atención médica.
De San Felipe directo a Tocorón
Desde que Brígida Urbina, abuela de Ricardo, se enteró que habían detenido a su nieto se apostó en la comandancia policial para estar cerca de él. Sin embargo, en el lugar nunca le dieron información sobre el joven.
A Ricardo lo presentaron el 30 de julio a las 3:00 de la madrugada en una audiencia telemática y sin la presencia de un abogado, acusado de haber participado en las protestas del 28 y 29 de julio en Yaracuy.
“A mi nieto lo acusan de terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio y otras vainas que yo ni sé”, dijo Brígida Urbina.
La abuela de Ricardo detalló que ella, al igual que otras madres que también tienen a sus hijos detenidos por la misma situación, saben que sus familiares están recluidos en Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, porque vieron salir a varios autobuses Yutong de la cárcel de Yaracuy y se fueron detrás de ellos.
“Vimos cuando los Yutones llegaron a Tocorón y cuando salieron estaban vacíos, por eso nos dimos cuenta de que a todos los de Yaracuy los trasladaron para acá”, indicó Urbina.
Según cuenta la abuela de Ricardo, la misión de los cuerpos de seguridad en esas jornadas poselectorales era detener a “cierta cantidad de personas” por “órdenes de arriba”.
“Cuando los policías se dieron cuenta de que mi nieto era una persona especial salieron a la calle a buscar a alguien más para hacer el intercambio, pero no consiguieron a nadie… Los policías le pidieron perdón a Ricardo, pero ya el daño estaba hecho”, contó Urbina.
La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) denunció el pasado 9 de agosto que al menos 16 venezolanos con discapacidad congénita o adquirida fueron detenidos en el contexto de las protestas postelectorales.
“Él vive deprimido todo el tiempo”
Brígida Urbina describió a Ricardo como un muchacho muy tímido al que le cuesta socializar con las personas, poco expresivo, humilde, tranquilo y muy sencillo.
Con Brígida era con quien más se comunicaba y se expresaba Ricardo, pero desde que está detenido, todo cambió. “Ya no habla ni siquiera conmigo los días que le permiten la visita, lo único que hace es llorar y llorar”.
Detalló que en las visitas solo le dan 10 minutos para que, a través de un vidrio y un teléfono, pueda verlo y saber cómo está. “La última vez que lo vi (el 17 de octubre) le pregunté si lo habían torturado y con la cabeza me lo negó, le pregunté si lo habían maltratado y con las manitas me dio a entender que más o menos”.
Brígida denunció que por la condición de discapacidad que tiene Ricardo no le proporcionan un trato especial o diferenciado del resto de los reclusos. Aseguró que el director de Tocorón no permite que le lleven agua. “Me pidieron unas medicinas y como pude se las compré, pero no sé si se las dieron”, agregó.
Brígida también está presa
Brígida Urbina, de 65 años, tuvo que dejar su casa en Yaracuy y se instaló a vivir en las adyacencias del centro penitenciario, considerado como uno de los más violentos del país.
Urbina vive alquilada en una vivienda que comparte con otras 10 madres que se trasladaron a Maracay para estar cerca de sus hijos. Comenta que hace “maromas” para sobrevivir, pues ella es sostén de hogar y los padres de Ricardo están ausentes.
“Le pido a Dios que no permita que Ricardo caiga en una depresión mayor porque se me va a morir. Esto es muy fuerte e injusto, mi nieto no cometió ningún delito”, pudo decir en medio del llanto Urbina al concluir esta entrevista.
Ricardo Brito
