Desde que fue recluido en Tocorón, estado Aragua, Alfredo*, de 25 años, ha perdido 25 kilos. El joven fue arrestado el 8 de agosto en un punto de control en La Dolorita, Petare, en un contexto poselectoral. Horas después de su detención, la policía exigió un pago de 10 000 dólares a cambio de su liberación, una suma que su familia no podía pagar.

El joven salió a comprar el aceite para su moto y después fue a casa de un amigo. Al salir fue detenido en el punto de control. Se lo llevaron preso, a pesar de que no dijo, en reiteradas oportunidades, que él no había participado en ninguna protesta y que no había hecho nada malo. 

“Después del punto de control, mi hijo fue trasladado hasta la División Motorizada DAET y ahí, un oficial de apellido Murgos me dijo que él sería imputado por terrorismo e instigación al odio, pero que eso podía cambiar si le dábamos 10 000”, afirma Tony*, padre del joven. 

Tony informa que él y su esposa intentaron conseguir el dinero, sin embargo, no fue posible. En ese momento de la “negociación”, llegaron otros funcionarios y Murgos se retractó, pero le imputó dos cargos más a Alfredo. 

“Al principio, solo tenía dos cargos, terrorismo e instigación al odio, pero después de eso aparecieron dos más”, expresa su padre. 

“Lo trasladaron y no sabíamos nada” 

Los familiares de los detenidos después de los cuestionados resultados del 28 de julio  han denunciado, en reiteradas oportunidades, que han sido trasladados sin ningún aviso. Esto los lleva a visitar varios centros de detención sin obtener información precisa. 

La Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario, modificada en el 2021, establece que en el artículo 122 que “las privadas y privados de libertad podrán ser trasladadas o trasladados a otros establecimientos penitenciarios de reclusión, previa autorización del juez o jueza de ejecución correspondiente”. 

Sin embargo, los familiares afirman que esto se incumple y que ningún juez o jueza autoriza la ejecución correspondiente. Además, suelen ser trasladados en tempranas horas de la mañana sin que den información precisa de ubicación. 

En una conversación con el director editorial de RunRunes, Luis Ernesto Blanco, la socióloga, educadora y defensora de los derechos humanos, Ligia Bolívar, comentó el impacto que tiene esta situación en las familias. 

“Las personas son trasladadas sin previo aviso y eso genera mucha zozobra en las familias, porque son muchas las penurias por las que pasan. También caen en una privación de la libertad”, subrayó. 

A Alfredo primero lo trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como El Helicoide, solo duró dos días y desde allí lo pasaron a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, en donde estuvo 15 días, aproximadamente. 

Sus padres afirman que en este centro de detención podían ver regularmente a su hijo, llevarle comida y ropa. Pero, tenían que pagar a los policías -diariamente- $5 para verlos, $3 para pasar la ropa y $2 para que le entregaran la comida. 

En la madrugada del 24 de agosto, alrededor de las 5 de la mañana, el joven fue enviado a Yare I. Sus padres se enteraron cuando fueron a Boleíta y no encontraron a su hijo. Al día siguiente, se lo llevaron a Tocorón, en el estado Aragua. 

“Estábamos buscando a dónde estaba nuestro hijo. Nos tenía de aquí para allá, primero fuimos a Tocuyito y después estaba en Tocorón”, afirma su papá. 

En Tocorón dan “comida con cucarachas” 

En un país donde el número de presos políticos asciende a 1 936, según el último informe de Foro Penal, los familiares han denunciado que a los detenidos se les niega el acceso a alimentos adecuados, recibiendo en su lugar comida descompuesta. Esta situación se convierte en una forma más de tortura.

La mamá de Alfredo sufre cada vez que tiene que verlo. Su hijo está irreconocible y ha perdido 25 kilos. Antes, era un muchacho que se preocupaba por su físico, ahora, “está pelucón, delgado, con barba y bigote, cuando mi hijo nunca había estado así”, detalla su papá. 

El joven está cada día más deprimido y le dice a su madre que le dan agua contaminada, que la comida se la entregan con cucarachas y moscas. El joven prefiere no comer a ingerir eso que le entregan en prisión. 

El muchacho indica que los funcionarios no lo han golpeado, pero que los amenazan constantemente. En una de las visitas, le expresó a su mamá:

“Mamá, me llegan a tocar y hasta ese día vas a tener hijo. Estoy cansado de tanta amenaza”. 

Los días de visita en Tocorón no son fijos, como ocurre en otros centros de detención.  Los familiares tienen que estar pendientes de la llamada para saber cuándo pueden visitar a sus hijos y entregarles lo que puedan. 

Hace una semana, los familiares de los detenidos por razones políticas se concentraron frente al Ministerio de Servicios Penitenciarios en Caracas. Allí entregaron una carta dirigida al ministro Julio García Zerpa, en la que expusieron las condiciones inhumanas a las que están sometidos sus seres queridos.

En la institución le pidieron a las familias que “debían entender la situación”, puesto que existen limitaciones de recursos. Insistieron que, al menos, los dejaran entregar la paquetería a sus hijos y respondieron que harían lo que pudieran. 

“Nadando contra corriente” 

Al igual que otros detenidos en el contexto poselectoral, Alfredo* no tiene derecho a contar con un defensor privado, y el defensor público no cumple plenamente con sus funciones debido a las directrices impuestas por el Ministerio Público. Como afirmó el abogado de presos políticos, Joel García, en una edición de “La Conversa” de ARI, muchos desean ayudar, pero se ven imposibilitados de hacerlo.

Durante la audiencia preliminar, Alfredo no pronunció ninguna palabra y le dijo a su defensora que hiciera su trabajo. El muchacho fue enviado a juicio y se enfrenta a más de 10 años de prisión. 

“No quiso decir nada, yo siento que mi hijo sabe que estamos nadando contra corriente y que no sabemos qué hacer para salir de esta situación”, comunica su papá. 

Sus padres lo describen como un muchacho trabajador. Todos trabajan en un emprendimiento que presta servicio a eventos y fiestas. Alfredo es bartender y tiene certificación en barismo. 

Antes de ser detenido disfrutaba de la vida, era un joven abocado a ayudar a su familia. En su casa son cuatro y su padre dice: “Mi hijo, no solo es mi hijo, es mi pana, y mi mejor amigo, y nos ayudaba en todos. Desde que él no está, la casa está cada vez más vacía”. 

*Los nombres fueron cambiados a petición de los familiares.