Familiares de Eddy José Marcano, de 27 años de edad, hicieron un llamado a las autoridades para que su muerte fuera esclarecida. El joven, que llevaba 13 días viviendo en Caracas, desapareció el pasado sábado 26 de octubre y el martes fue hallado muerto por su familia en el Hospital de El Llanito.
Marcano proviene de una familia de pescadores del poblado Yaguarapano, en el estado Sucre, oficio al que se dedicó hasta que a inicios de octubre decidió mudarse a Caracas en busca de mayores ganancias, porque su familia paterna posee varios talleres mecánicos en el municipio Baruta.
El joven se quedaba en casa de unas tías en la avenida Sucre, de donde salió ese sábado con uno de sus primos, rumbo al taller de un tío; de allí saldrían a pasear.
Le envió una foto a su mamá, que vive en el estado Sucre, como lo hacía casi todos los días. “Para que no te olvides de mí”, le escribió. Vestía un suéter azul y un jean gris.
No llegó a la casa el sábado y tampoco el domingo, lo que alarmó tanto a la familia con la que se quedaba, como a su madre y hermanos en Yaguarapano, quienes viajaron enseguida. El primo con el que salió dijo que estuvo con él hasta las 3:00 a.m., que luego se fue a su casa pero su familia le reclamó que llegó a las 6:00 de la mañana.
Su madre y hermanos lo buscaron en centros de detención y en varios hospitales de Caracas, hasta que hallaron su cadáver en la morgue del Hospital Domingo Luciani de El Llanito.
Médicos que lo atendieron les aseguraron que bomberos lo trasladaron luego que se reportara que cayó del séptimo piso de un almacén. Tenía una lesión en la cabeza y politraumatismos. Su familia desconoce el lugar del suceso. Afirman que sólo alcanzó a decir su nombre y apellido; no llevaba sus documentos personales, su celular y tampoco el suéter azul con el que salió.
Este miércoles 30 de octubre, su familia aguardaba a las afueras de la morgue de Bello Monte por los resultados de la autopsia; anterior a ello denunciaron su muerte ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo que condujo al inicio de una averiguación por funcionarios de la División de Homicidios.
Hasta septiembre de 2024, Monitor de Víctimas registró 122 homicidios, de los cuales solo 4 ocurrieron en el municipio Baruta, 60 en el municipio Libertador y 53 en el municipio Sucre.
Para conjurar el impacto económico de un eventual recrudecimiento de las sanciones de EE. UU., Nicolás Maduro intentó el ingreso de Venezuela como Estado asociado a los BRICS. Debido al veto de Brasil, no pudo lograr su objetivo, razón por la cual el país no va a recibir inversiones a través de los mecanismos de financiamiento de los BRICS
¿Qué le pueden aportar los BRICS a Venezuela?
En 2015 los BRICS fundaron el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD BRICS) como alternativa a las instituciones financieras clásicas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, a las cuales Venezuela no tiene acceso por considerar que el país tiene un gobierno ilegítimo que no cuenta con el apoyo de la voluntad popular.
Desde su fundación, el BND ha desembolsado más de $ 32 000 millones para proyectos en infraestructura y energía. Para crecer económicamente, Venezuela tiene que superar las deficiencias de un entorno productivo castigado por la mala calidad de los servicios básicos de electricidad, gas industrial, agua y telecomunicaciones. El país no cuenta con recursos propios para acometer estas inversiones y por eso Maduro apostó a ingresar a los BRICS y tener acceso al financiamiento, a cambio de petróleo, gas, minerales y materias primas.
¿Qué le puede aportar Venezuela a los BRICS?
La oferta del gobierno es esencialmente extractivista, basada en incentivos para la explotación intensiva de petróleo, gas, minerales y materias primas. Ni PDVSA ni las empresas básicas tienen recursos financieros para extraer y rentabilizar los recursos naturales. Para sobrevivir a un eventual escenario de endurecimiento de las sanciones, Maduro está dispuesto a profundizar la apertura y liberalización de la economía, invitando al capital extranjero como accionista mayoritario en los proyectos de inversión.
Justamente, las Zonas Especiales de Desarrollo han sido creadas para ofrecerle al inversionista incentivos fiscales, laborales y ambientales, en un contexto de protección de los derechos de propiedad, seguridad jurídica y garantías a la inversión. Sin embargo, ante el riesgo inminente de un endurecimiento de las sanciones económicas, la Ley de Inversión Extranjera vigente indica que –en casos de fuerza mayor o situaciones económicas extraordinarias–, el gobierno puede impedir la repatriación de entre 60-80 % de las utilidades de las empresas.
Por si fuera poco, la confidencialidad que impone la Ley Antibloqueo basada en la desaplicación del marco legal vigente, también genera muchas dudas sobre la seguridad jurídica que Venezuela ofrece a la inversión privada nacional y extranjera.
¿Por qué Brasil vetó a Venezuela?
Celso Amorín declaró que Brasil vetó a Venezuela por “una pérdida de confianza”. En las presidenciales del 28 de julio, el CNE anunció una totalización de votos que dio como ganador a Nicolás Maduro. Aún sin publicar los resultados de las 30 000 mesas electorales que hagan creíble esa totalización, el TSJ ratificó unos resultados que contradicen las encuestas preelectorales, las mediciones hechas a boca de urna y las actas recibidas por los testigos en las mesas de votación.
El informe preliminar del Panel de Expertos de la ONU concluyó que “el CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia y estándares de integridad y gestión”. El Centro Carter considera que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. Ante la OEA, el Centro Carter presentó actas de votación originales que dan como ganador a Edmundo González con 67 % de los votos frente al 31 % de Maduro.
Por todas estas razones, la adjudicación de la victoria a Nicolás Maduro ha estado signada por denuncias de fraude, cuestión que afecta la confianza entre ambos gobiernos. El veto de Brasil que impidió el ingreso de Venezuela a los BRICS anuncia otro mandato presidencial de Nicolás Maduro no reconocido internacionalmente, sin el apoyo de los organismos multilaterales tradicionales ni de la nueva arquitectura financiera internacional que se construye al calor del avance de los BRICS.
Impacto económico y geopolítico del veto de Brasil
Si la comunidad internacional desconoce la legitimidad de un nuevo mandato de gobierno para Nicolás Maduro, se repetirá otro período presidencial signado por sanciones económicas y aislamiento internacional. Esto repercutirá sobre el comercio exterior y las inversiones extranjeras que necesita la economía venezolana para seguir creciendo y recuperar el tamaño que tenía hace 10 años.
El cuestionamiento del resultado electoral en las presidenciales del 28 de julio prolongará la crisis política y tiende un manto de incertidumbre sobre la economía venezolana. Si no se resuelve el conflicto político reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos y el país puede caer de nuevo en una profunda y prolongada recesión, con episodios de hiperinflación y recrudecimiento de la masiva migración.
La nueva arquitectura financiera internacional que están construyendo los BRICS tiene como objetivo promover inversiones para repotenciar los servicios de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y la infraestructura de apoyo a la inversión y actividad productivas. Aunque Venezuela tenga cuantiosas reservas de petróleo, gas y minerales, sin los necesarios servicios públicos, infraestructura y fuerza de trabajo calificada en todos los niveles técnicos y gerenciales, estas restricciones alejan al inversionista por los sobrecostos que castigan la competitividad y rentabilidad de las inversiones y exportaciones que se pudieran generar.
El veto de Brasil pospone el acceso de Venezuela a estos mecanismos de financiamiento e inversión, y tendrá un impacto negativo en las aspiraciones de sostener el crecimiento de la economía venezolana, aún en un contexto de sanciones económicas.
Ingreso a los BRICS tiene que ser una alternativa al modelo extractivista
Desde la época de la Colonia, con su “Leyenda de El Dorado”, comenzó en Venezuela la extracción de oro, diamantes y otros minerales. 500 años después, la población venezolana todavía vive en precarias condiciones y huye de la pobreza en una indetenible diáspora que ya suma casi 8 millones de migrantes.
A diferencia del tradicional extractivismo minero que condenó a los países ricos en recursos naturales pero pobres en tecnología a ser simples exportadores de materias primas a bajos precios, en Venezuela tomó fuerza la reivindicación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales con el fin de cobrar una creciente renta para destinarla a la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social. A esta reivindicación se le ha conceptualizado como neoextractivismo rentista y sus pobres resultados han sido muy cuestionados.
Sin embargo, para gestionar su ingreso al grupo de los BRICS, el gobierno ofrece la Faja Petrolífera del Orinoco donde subyace una de las principales reservas de petróleo del mundo y el Arco Minero del Orinoco, con sus cuantiosas reservas de hierro, bauxita, oro, diamante, coltán, caolín, etc. Las exportaciones venezolanas siguen siendo esencialmente rentistas y provienen de explotar las grandes reservas de petróleo, gas y minerales, sin mayor grado de transformación industrial. Por lo tanto, el extractivismo que se ofrece para entrar a los BRICS no constituye una alternativa para lograr la transformación productiva de Venezuela.
Asumir el extractivismo como la vía para ingresar a los BRICS es propio de la mentalidad cortoplacista y rentista que es necesario sustituir. En lugar de limitarse a exportar petróleo y minerales sin valor agregado, Venezuela tiene que gestionar en los BRICS inversiones productivas que permitan la industrialización de los hidrocarburos y de la riqueza minera. La transformación productiva de Venezuela requiere un nuevo tipo de financiamiento vinculado a la transferencia de tecnología, asistencia técnica, formación del talento nacional y la máxima incorporación de contenido nacional en los proyectos de inversión. Solo así se podrá transformar una economía rentista e importadora en una nueva economía productiva y exportadora.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Para el exdiputado de la Asamblea Nacional Carlos Paparoni no importa el momento histórico en el que se encuentre Venezuela, dentro del territorio nacional, e incluso fuera, siempre la corrupción será un tema para discutir.
Paparoni sentenció este martes 29 de octubre en la edición de La Conversa, espacio semanal on line de Runrun.es, El Pitazo y TalCual, que en estos últimos 25 años el desfalco a la nación por asuntos relacionados a la corrupción ha sido épico.
“Nosotros hemos rastreado alrededor de 42 mil millones de dólares, solo Tareck El Aissami se robó 25 mil millones, una cifra que además anuncia el propio gobierno sin ningún tipo de pudor, con ese dinero se hubiese podido resolver el problema eléctrico. Hasta 70 países del mundo tienen un presupuesto anual de $25 mil millones, el Plan Marshall de Estados Unidos para recuperar Europa luego de la Segunda Guerra Mundial costó $17 mil millones. Cuando alguien hace negocios con el chavismo hay dos opciones: te van a robar o ya te están robando”, dijo el otrora parlamentario a Luis Blanco director de Runrun.es; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de TalCual.
Paparoni expuso que la estructura actual del Gobierno se parece a una organización criminal.
“Solo en pago de sobornos, el empresario Raúl Gorrín se deshizo de 380 millones de dólares. El escándalo Odebrecht, que fue a nivel mundial y por el cual hay personas detenidas y condenadas, fue por $780 millones. Gorrín también habría sustraído $1.200 millones en cuatro años. Según las investigaciones en EE. UU. sacaba de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) un millón de dólares diarios, de esa cantidad entregaba en sobornos $300 mil cada día”.
Paparoni sostuvo que el empresario venezolano, cuyo paradero es desconocido, es una de las personas más buscadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
El exdiputado explicó que a Gorrín se le acusa de lavado de dinero y de usar bancos de Estados Unidos para colocar dinero obtenido producto de negocios turbios.
“Imagino que si está en Venezuela no puede salir y si lo hace, debe entregar a alguien más pesado en esa estructura de poder corrupta que lo rodea”, agregó-.
Saab pasando posible factura
Paparoni indicó que el reciente encarcelamiento por presunta corrupción de Pedro Tellechea, hasta mediados de octubre ministro de Industrias y Producción Nacional del Gobierno, puede ser un pase de factura del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien ahora ocupa ese cargo.
“Pareciera que es Saab quien se termina llevando a Tellechea, el asunto es que cae Tellechea pero la corrupción queda igual, la estructura corrupta solo cambia de apellido, es decir, ahora quien roba tiene otro nombre, es probable que el círculo de Maduro necesite piezas más leales y esto puede ser la razón por la cual entra Héctor Obregón a dirigir Pdvsa, hombre cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, consideró Paparoni.
El exdiputado aseveró que actualmente Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, es uno de los principales operadores financieros en la administración madurista.
“Hoy son una estructura celular. Es decir, el tablero está diseñado para que si una pieza se cae, la otra pueda seguir caminando”, señaló.
Paparoni aseveró que Giménez forma parte del entramado de presunta corrupción en España conocido como el Delcygate, por tener como principal protagonista a la vicepresidenta del gobierno venezolano.
El exdiputado aplaudió que la Guardia Civil española se encuentra investigando la reunión entre Rodríguez y el entonces ministro de Transporte de España José Luis Abalos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, durante enero de 2020.
Rodríguez habría violado una prohibición de ingreso al espacio Schengen debido a sanciones impuestas por la Unión Europea. Según informaciones provenientes de algunos medios ibéricos, la delegación venezolana habría bajado de la aeronave con doce maletas, supuestamente con oro.
“La hipótesis que existe es que eso iba a ser recibido para pagar deudas con empresas españolas, de ser cierto, es el manejo más absurdo de los recursos de todos los venezolanos. Lamentablemente, el Arco Minero siempre ha sido empleado con una especie de caja chica del gobierno sin contraloría alguna”, reveló.
Paparoni recordó que la Constitución venezolana expresa que los contratos minerales necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional. “Y en ese momento la AN tenía mayoría opositora, eso puede considerarse como contrabando de oro. Se estima que fueron 160 kilogramos”.
El exdiputado informó que para ese entonces, ya Koldo García, quien trasladó a Abalos al aeropuerto y era su asesor político, estaba siendo investigado por comisiones relacionadas con ventas de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.
“Para 2018 salían del Arco Minero 74 toneladas de oro, el 60% se iba a Turquía, el resto a bancos como el North Capital Bank y otro de Emiratos Arabe, entre otros”, dijo.
Paparoni expresó que además de Giménez existen otras piezas del gobierno enquistadas en la estructura de presunta corrupción gubernamental.
“Están los hermanos Khaled y Majed Khalil que hacen negocios con Pdvsa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo hicieron en el municipio Libertador cuando estuvo Jorge Rodríguez de alcalde y el otro es William Hernández Cova, un exmilitar también vinculado al petróleo, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el oro, compañero de promoción en la Academia del ex ministro de Alimentación Carlos Osorio y del también ex ministro de Interior y Justicia y parlamentario, Pedro Carreño”, explicó Paparoni.
Exageran con las sanciones
El exdiputado indicó que el madurismo le inyecta una dosis de dramatismo a la sanciones para victimizarse y justificar la hecatombe económica en la que viven los venezolanos producto de la corrupción.
“Es mentira que Venezuela está completamente sancionada, hay solo 12 empresas del Estado sancionadas y 144 funcionarios con algún tipo de sanciones”, sostuvo.
Paparoni no descartó que puedan venir más sanciones, no solamente de la administración de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y hasta Argentina.
“A través de la llamada Ley Bolívar y la Ley de la Verdad se ha intentado recuperar el dinero robado, no es imposible, Filipinas lo logró hacer”.
El exparlamentario aseveró que no solamente basta con ir tras el dinero que ya fue desfalcado por funcionarios corruptos.
“Tenemos que actuar ante los llamados enchufados y la plata mal habida”, concluyó Paparoni.
La venezolana Lourdes María García Maríny su hija de tres meses de edad fallecieron en la localidad española de Paiporta, en Valencia, como consecuencia de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).
Así lo reportó el medio El Español, quien aseguró que la venezolana quedó atrapada junto a su bebe dentro de su carro y hasta la noche de ayer se encontraba desaparecida.
Su marido, Antonio Tarazona de 59 años de edad, apareció vivo unas horas antes.
Tarazona salió del carro y fue arrastrado por las aguas, pero su esposa y la niña se quedaron encima del carro.
Paiporta es la localidad que más ha sufrido las consecuencias climáticas y se estima que la cifra de fallecidos supere las cuarenta personas.
García Marín, de 34 años, de edad tenía cinco viviendo en Valencia. La última vez que se le vio fue la noche del martes. Una amiga confirmó el fallecimiento de ambas a través de la red social X, donde se difundieron fotos de la familia.
Allegados dijeron que antes de desaparecer, García Marín llamó a una amiga para que cuidara de sus otros dos hijos de 8 y 10 años respectivamente, según expuso el diario El Mundo.
“La corriente empezó a arrastrar el carro para abajo y lo último que vi fue como pedían auxilio desde el techo de este”, dijo Tarazona.
Bombero venezolano pide ayuda
Un bombero proveniente de Venezuela, de nombre José Luis, pidió ayuda a voluntarios para que acudieran a la llamada “zona cero” de Paiporta, donde se han registrado decenas de decesos producto de las inundaciones y fuertes vientos.
“No hay más temor que este”, dijo el bombero desde Torrent.
“Hay muchas emergencias menores en las que podemos ayudar, como ahora mismo haciendo accesibles estas calles”, dijo José Luis mientras sacaba lodo de la calle Maestro Serrano.
“Tanto Halloween que quieren y no pueden venir a ese terror a unos kilómetros y ahorrarse así las máscaras”, sostuvo el bombero que debió salir de Venezuela y ahora posee una empresa de piscinas.
Jose Luis dijo que ya vivió una experiencia similar hace 25 años en la tragedia, en el estado ahora renombrado por el chavismo de nombre La Guaira.
Coca-Cola FEMSA Venezuela celebra 21 años de operaciones en el país consolidándose como un actor clave en el mercado de bebidas y como líder en la creación de valor social y ambiental. Durante este tiempo, el embotellador de origen mexicano ha seguido una firme visión de crecimiento sostenible y responsabilidad, transformando positivamente las comunidades venezolanas a través de diversas iniciativas alineadas a su estrategia de sostenibilidad.
Actualmente, Coca-Cola FEMSA Venezuela opera con 3 plantas embotelladoras y 16 centros de distribución, empleando a más de 3.000 colaboradores.
“Cumplir 21 años en Venezuela nos permite reflexionar sobre todo lo que hemos logrado, pero también nos impulsa a seguir adelante con más energía que nunca. A través de nuestras alianzas con ONG, autoridades y las comunidades locales, continuaremos trabajando para que cada venezolano pueda ver en Coca-Cola FEMSA un aliado en su camino hacia un futuro mejor”, señaló Daniel Salas Arana, Gerente Nacional de Asuntos Legales y Corporativos de Coca-Cola FEMSA Venezuela.
Siguiendo los principios de su estrategia ASG (ambiental, social y de gobernanza), Coca-Cola FEMSA Venezuela ha construido un sólido portafolio de programas enfocados en generar medios de vida para mujeres bodegueras mediante atención psicosocial y gestión financiera; promover la convivencia a través de la formación de líderes deportivos; y fomentar la cultura del reciclaje, impulsando la inserción de los consumidores y la sociedad en la economía circular.
Más de 1300 mujeres certificadas en liderazgo y emprendimiento
Uno de los principios de la compañía es promover una mentalidad de crecimiento. Una muestra de ello es la Red de Empoderamiento Femenino, uno de sus programas de desarrollo comunitario insignia. Este ha permitido certificar a más de 1.300 mujeres venezolanas en liderazgo y emprendimiento, fortaleciendo sus capacidades económicas e integrándolas en la cadena de valor. Para 2024, se espera graduar a 540 nuevas beneficiarias en todo el país.
Por otro lado, a través de la iniciativa Red por el Planeta, Coca-Cola FEMSA Venezuela, en alianza con ONG locales y autoridades, promueve la economía circular y el reciclaje de plásticos. En 2024, se proyecta recolectar 450 toneladas de PET, superando los logros de años anteriores. “En Coca-Cola FEMSA Venezuela creemos en un crecimiento que no solo se mide en cifras, sino en el impacto tangible que generamos en las vidas de los ciudadanos”, añadió Salas Arana.
La embotelladora, de origen mexicano, tiene un sólido compromiso con la diversidad, equidad e inclusión (DEI) como parte fundamental de su visión de crecimiento sostenible. A través de la implementación de políticas que promueven un ambiente laboral equitativo y respetuoso, la empresa integra estos principios en todas sus operaciones, reconociendo que un entorno diverso impulsa tanto la innovación como el desarrollo social y económico del país.
A través de su Comité DEI, Coca-Cola FEMSA Venezuela promueve un entorno laboral inclusivo y diverso. “Este comité es clave para crear un espacio donde todos los colaboradores puedan desarrollar su máximo potencial, sin importar sus diferencias, reflejando la diversidad de nuestras comunidades. Iniciativas como nuestro boletín DEI y el impulso al liderazgo femenino dentro de la organización son parte de nuestros esfuerzos en esa dirección”, agregó Daniel Salas Arana.
Con estas acciones Coca-Cola FEMSA Venezuela reafirma su compromiso de ser la plataforma comercial preferida de sus clientes y socios y un aliado de su crecimiento, promoviendo un futuro sostenible.
La ONGAcceso a la Justiciadescribió como la Asamblea Nacional de tendencia oficialista incumplió varios aspectos de leyes nacionales al destituir al rector Juan Carlos Delpino de su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La destitución se produjo el pasado 17 de octubre en la plenaria del Parlamento. En un acalorado debate se señaló al exfuncionario de incurrir en «abandono del cargo» y, además los diputados chavistas consideraron que el Ministerio Público debía investigarlo por los supuestos delitos de asociación para delinquir, traición a la patria e incitación al odio.
Pero dicha separación exprés del cargo no cumplió con lo establecido en las leyes. Acceso a la Justicia explica que la destitución no se ajustó a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, cuyo artículo 31 indica que “la Asamblea Nacional podrá, bien de oficio o a instancia de terceros, remover con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes a los rectores electorales, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena».
En el caso de Delpino, destacan, el máximo juzgado del país no había emitido fallo alguno en su contra.
“Los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito”, por lo que “cualquier investigación penal y proceso judicial” debe ser previamente autorizado por el TSJ, destacó la ONG.
No había causal de remoción
A juicio de la ONG, la figura de la remoción de un rector electoral no aplicaba en el caso del Delpino.
El artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establece que los rectores electorales pueden ser removidos de sus cargos por la siguientes causas:
Quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política.
Adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos.
Recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia.
Haber sido condenada penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría General de la República.
CNE no declaró el abandono del cargo
En el análisis que hace la organización precisan que la opción “más sencilla” para separar a Delpino de su cargo fue ignorada por el Parlamento.
Esta era la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), el cual estipula las condiciones para declarar la ausencia absoluta de un rector electoral. Como tal, se entiende la “muerte, la renuncia aceptada por la Asamblea Nacional, remoción o abandono del cargo por más de 10 días hábiles sin causa justificada, por más de 90 días con causa justificada, o, una vez vencida la prórroga, cuando hubiera causa justificada” del rector.
Mencionaron que Delpino salió desde hace más de dos meses del país y que desde el exilio emitió unas declaraciones en las que ponía en duda la integridad del proceso electoral del 28 de julio. No obstante, resaltan que la declaratoria de abandono del cargo es algo que le competía decidir al resto de los miembros del CNE, y hasta el momento, “no hay información pública” de que eso haya ocurrido.
Usurpación de funciones y separación de poderes
Otra irregularidad legal que detectó Acceso a la Justicia es que, además de la destitución del rector Delpino sin un pronunciamiento del TSJ, sino que los diputados “declararon su responsabilidad política y administrativa” y que, incluso, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, llegó a hablar de responsabilidad penal en la sesión.
Y aunque en el artículo 222 de la Constitución se faculta a la AN para declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos, la responsabilidad administrativa “es competencia de la Contraloría General de la República”.
La remoción del rector, añade Acceso a la Justicia, comprueba que también se vulneró el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 de la Constitución.
“Con su decisión el Parlamento se ha inmiscuido, incluso usurpado, las potestades de otros tres órganos del Poder Público: el CNE, el TSJ y la Contraloría”, remarcan.
Omisiones y violación al derecho a la defensa
Aunque la destitución de Delpino fue publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.987 del 17 de octubre, no se exponen en dicha publicación los argumentos que la sustentaron.
“Lo anterior supone una violación al requisito de la motivación, exigido para todas las decisiones que emanan de los órganos del Estado, más aún cuando son limitativas o restrictivas del ejercicio de los derechos o de las libertades ciudadanas”, denuncia Acceso a la Justicia, tras resaltar que esta omisión además viola el debido derecha al afectado, que en este caso, es el rector Delpino.
Este miércoles, 30 de octubre, el líder nacional del partido Voluntad Popular y miembro de la Plataforma Unitaria, Freddy Superlano, cumplió tres meses detenido en el Helicoide, en Caracas.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió a través de su cuenta en X que Superlano, al igual que otros cientos de presos políticos, sean liberados y recalcaron que “hacer política no es delito”.
Hoy el líder nacional de @VoluntadPopular y miembro de la Plataforma Unitaria @freddysuperlano cumple tres meses detenido por cuerpos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Desde la Plataforma Unitaria Democrática exigimos que sea liberado, al igual que cientos de presos… pic.twitter.com/LCDCqEojGg
La líder de oposición, María Corina Machado también recordó que su compañero de lucha tiene tres meses encarcelado y denunció que sus familiares no han podido verlo.
“Como con muchos de nuestros presos políticos, el régimen aplica este mecanismo para intimidar y amenazar. Exigimos la libertad de Freddy y la de cada preso político!”, posteó Machado en su cuenta en X.
Hace 3 meses fue secuestrado Freddy Superlano, compañero de lucha, dirigente de Voluntad Popular, padre y amigo!
Su familia no ha podido verlo en todo este tiempo. Como con muchos de nuestros presos políticos, el régimen aplica este mecanismo para intimidar y amenazar.… pic.twitter.com/YF7GFEFqS3
En entrevista para el medio EVTV Miami, la esposa de Freddy Superlano, Aurora Superlano, denunció que ya son más de 90 días en los que no sabe nada de su esposo, por lo que le exige al gobierno de Nicolás Maduro poder constatar su estado de salud.
“No tengo información oficial. Lo único que me dicen los custodios que están afuera es que él está bien, que tengo que ser fuerte”, dijo Aurora Superlano.
La esposa del dirigente pidió que por lo menos se le garantice el derecho a la visita de sus hijas y su madre.
Al ser cuestionada sobre si tiene información de que Superlano está siendo torturado, indicó que lo desconoce. “No sé si está siendo torturado o no. No puedo decir eso porque no he podido verlo”.
“Son momentos de gran angustia para toda la familia, es difícil explicarle a unas niñas tan pequeñas la ausencia de su padre, por eso exijo que podamos verlo”, dijo.
#EnLaMiraConLaKatuar | Esposa de Freddy Superlano exige al régimen poder constatar su estado de salud
Superlano fue uno de los políticos de oposición que apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia y participó en varios actos de campaña para acompañar al aspirante a la presidencia y también a la líder opositora, María Corina Machado.
El político fue candidato a la gobernación de Barinas -su tierra natal- en 2021, un evento polémico puesto que las proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras celebrado el proceso lo daban como ganador, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la elección en esa entidad porque el opositor estaba supuestamente “inhabilitado” y ordenó repetir las elecciones en enero de 2022.
También, se postuló como candidato a la elección primaria de la oposición de octubre de 2023. Participó en el debate realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) junto a otros aspirantes, pero se retiró de la contienda unos días antes y apoyó a Machado.
La Organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó que Freddy Superlano fue acusado de tres delitos por la Fiscalía: terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
Freddy Superlano fue apresado el pasado 30 de julio por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) mientras intentaba ingresar a un edificio en la urbanización Sebucán, al este de Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó el pasado 26 de agosto medidas cautelares “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Este miércoles, 30 de octubre, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo reiteró que su país no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela si no son presentadas las actas antes del 10 de enero de 2025.
“La postura del Gobierno Nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025″, expresó Murillo en un mensaje publicado en la red social X y agregó que “De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente (Gustavo Petro), Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados”.
El pasado 25 de septiembre, el presidente Petro señaló en una entrevista con CNN que Colombia y Brasil tienen una posición común: “si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”.
El 22 de agosto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, presidido por la chavista Caryslia Rodríguez, validó los resultados oficiales de las elecciones, cuestionados dentro y fuera del país.
Entretanto, la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- sostiene que su abanderado, González Urrutia, es el ganador de los comicios con base en el “83,5 % de las actas electorales”, recabadas por testigos y miembros de mesa el día de los comicios, para reforzar su reclamo.
Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desagregados -como lo establece su cronograma- que confirmen la victoria de Maduro, pese a numerosos pedidos de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional.
“Se arrepentirá”: La respuesta de Iván Gil
El canciller venezolano, Yván Gil, en respuesta a las declaraciones de su homólogo Luis Gilberto Murillo, expresó en tono desafiante que el funcionario colombiano “se arrepentirá”.
Gil, quien se encuentra en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024, más conocida como COP16, que se desarrolla en Cali, utilizó su cuenta en Telegram para amenazar e insultar a Murillo.
“Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”, escribió Gil.
En otro mensaje, el canciller venezolano, insultó a su par colombiano y afirmó que está bajo el poder de los Estados Unidos.
“Parece que el canciller Murillo actuó de manera pusilánime al momento de abordar la realidad en nuestro encuentro bilateral, siempre apegado al respeto a la soberanía e independencia de Venezuela, mientras repasábamos la cooperación entre ambos países. Sin embargo, ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente”.
