En Tocorón, los reclusos exigen condiciones sanitarias dignas ante el desbordamiento de cloacas en el centro penitenciario, ubicado en el estado Aragua. “Mi hijo me dice que el olor a heces es insoportable. Incluso, la última vez que lo vi, pude percibirlo”, aseguró *Aracely, madre de un detenido durante el contexto poselectoral en La Guaira.
“No me pudo decir mucho, porque cuando ellos hablan por el teléfono siempre hay un custodio cerca, pero me dijo que le daba asco comer por el olor tan fuerte”, asegura.
Además de los olores, en el centro de reclusión la comida ha sido utilizada como otra forma de tortura. Las familias han denunciado que los alimentos son servidos con moscas, cucarachas e, incluso, crudos.
“Yo como lo que puedo, mamá”, eso le dijo el joven, de 22 años, en su última visita. Aracely*, cuenta que ella le llevó lo que pudo: “Es la segunda vez que nos permiten llevarle cosas, después de la protesta”.
Hace dos semanas, las madres de los presos políticos se concentraron al frente del Ministerio de Servicio Penitenciario, en Caracas, para exigir condiciones dignas de reclusión. Manifestaron que muchos presentan grandes signos de desnutrición, deshidratación y problemas de salud mental.
“Antes de ser detenido, mi hijo era flaco, pero en las últimas visitas lo he visto más delgado. Siento que ha bajado como seis kilos”, detalla la mamá del joven.
Indicó que le tuvo que llevar una solución de hidratación para poder mantenerse hidratado, así como un complemento nutricional.
“Mi hijo se mantiene con esperanzas. Se escucha que quizás lo liberen antes de diciembre, él está esperanzado y yo también. Me dice que aguante, que falta poco, que él está resistiendo y yo tengo que hacer lo mismo”, expresa Aracely.
“Mi hermano necesita ayuda en Tocorón”
*Manuel, de 46 años, fue detenido en Calabozo, estado Guárico, el 29 de julio, después de haber participado en una protesta en contra de los resultados de las elecciones. Fue reconocido por funcionarios porque tenía una bandera en su espalda.
Cuando lo detuvieron, insistió -en más de una oportunidad- que no estaba haciendo nada malo y que en la Constitución se permite la protesta pacífica. Sus palabras no surtieron efecto y fue detenido en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Calabozo y después trasladado a Tocorón.
Su hermana, *Irma, enfermera de profesión, confiesa que lo pudo ver esta semana porque llegó a Tocorón, sin esperar la llamada y estaba en la lista para las visitas. A diferencia de otros centros de reclusión, en Tocorón no hay días fijos para las visitas; los familiares deben esperar a recibir una llamada desde la prisión para poder asistir.
En ese encuentro, su hermano le dijo que estaban comiendo “entre el pupú”, porque la situación de las cloacas es desesperante. “Yo vi a mi hermano muy deprimido y delgado, él era una persona más robusta y ahora no es ni la sombra de lo que era, me dijo ‘Hermana, no puedo ni comer por el olor, me da mucho asco’”.
“Yo sé que mi hermano necesita ayuda y yo no puedo hacer nada, apenas puedo ir a visitarlo y eso porque he recibido ayuda monetaria para trasladarme desde Calabozo hasta allá”, dijo.
Su hermano tenía cinco meses de haber llegado al país porque tenía esperanza de un cambio. “Él regresó con la esperanza de que Venezuela pudiera ser otra, él tiene dos hijas que necesitan ayuda y esta situación es más que desesperante”, agregó.
Sumado al estado de desnutrición, Irma informa que su hermano tiene una condición médica que no ha sido tratada. Está caminando con dificultad debido al dolor que le produce un varicocele y no ha recibido la atención médica adecuada.
“Mi hijo tiene sarna”
El desborde de las cloacas se suma a otro problema que enfrentan los reclusos de Tocorón: la falta de agua potable y de higiene. Una madre cuenta que su hijo de 21 años detenido en Charallave, estado Miranda, tiene escabiosis, conocida de forma popular como sarna, en todas sus partes íntimas.
“Mi hijo me pidió a gritos que le llevara una cremita porque no aguantaba. A ellos casi no les permiten bañarse y además todo está sucio allá adentro, también me dijo que el olor es insoportable. Les cuesta hasta hacer sus necesidades”, indica.
En un recurso dirigido a Julio García, ministro de Servicio Penitenciario, los familiares explicaron las condiciones de reclusión y al recibirlo, desde el organismo, respondieron que no tienen los recursos necesarios para atender a las necesidades que plantean todos los recursos.
Desde el ministerio, le prometieron a las familias que harían lo posible para “corregir” algunas situaciones, pero que debían tener paciencia.
Según el último balance del Foro Penal, hay 1958 presos por razones políticas. A los mismos, se les ha negado la defensa privada y no se han cumplido los procesos establecidos en la Constitución del país.
La presunción de inocencia está contemplada en el artículo 49, en el numeral dos lo deja claro: “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, establece el texto. Sin embargo, a Francisco, de 21 años, se lo llevaron cuando estaba llegando a casa de su abuela.
El joven estaba distraído con su teléfono, mientras caminaba, y se percató de que los funcionarios estaban cerca cuando lo esposaron. Preguntaba el porqué de la detención, pero no pronunciaron palabra, y se lo llevaron.
Los vecinos documentaron el hecho y su madre lo utilizó como prueba, pero al entregárselo al defensor público, le pidió que no lo mostrara, ya que desean proteger “la integridad” de los funcionarios.
“Es injusto, doloroso y triste ver cómo nuestras instituciones no nos apoyan. Tengo miedo de que mi hijo se quede allí sin hacer nada y que nosotros no tengamos dinero para sacarlo”, exclama su madre.
La mayoría de los detenidos tras las elecciones han sido presentados en audiencias telemáticas, donde el juez les ha solicitado declararse culpables a cambio de una reducción de la condena a seis años y ocho meses. Hasta ahora, los presentados han optado por declararse inocentes.
Se espera que los juicios se comiencen a ejecutar desde la próxima semana. Sin embargo, los familiares no han recibido información precisa.
Todo esto ocurre, mientras el canciller Yván Eduardo Gil Pinto sostuvo ante un medio de comunicación colombiano que en el país no existe ningún preso por razones políticas.
Las madres declaran que continuarán saliendo a la calle, exigiendo justicia hasta que sus hijos salgan de prisión. “No hay Navidad con presos políticos”, fue una de las consignas que exclamaron en una manifestación al frente del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
De acuerdo al Foro Penal, el número de presos políticos ascendió y ahora hay 1958.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los familiares.
