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A los refugiados en embajada de Argentina también les quitaron el agua

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Los miembros del Comando Venezuela refugiados en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas denunciaron este miércoles 27 de noviembre que el régimen de Nicolás Maduro les cortó el suministro de agua potable. 

Apenas días después de que les bloquearan el suministro eléctrico, Omar González advirtió que el asedio policial en las adyacencias de la sede diplomática sigue pese a estar protegidos por el gobierno de Brasil y tratados internacionales.

“El régimen de Nicolás Maduro bloquea el ingreso de agua potable a la Embajada argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, lo que constituye otra grave violación de los derechos humanos y del estatus diplomático para los seis dirigentes asilados”, manifestó González a través de su cuenta de X.

Otro de los asilados, Pedro Urruchurtu, denunció que el régimen madurista no cede en su objetivo de perjudicar a las seis personas que allí permanecen desde marzo de este año, desde que la Fiscalía dirigida por el funcionario impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN de mayoría chavista, Tarek William Saab los acusara de varios delitos como conspiración y traición a la patria.

“No conformes con mantener el asedio policial (más de 90 horas) a las afueras de la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, protegida por Brasil, y con haber cortado la electricidad (más de 40 horas), ahora el régimen prohíbe el ingreso de un camión cisterna con agua potable”, escribió Urruchurtu.

Embajada sin fusibles 

Este martes, el propio Urruchurtu denunció el robo de fusibles, por lo que permanecen adentro sin electricidad. 

Además de Urruchurtu y González, también permanecen en la sede diplomática albiceleste Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela; Humberto Villalobos, coordinador electoral del comando de campaña de VV y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Desde agosto de este año, la embajada argentina en la capital venezolana permanece bajo la custodia de Brasil, luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos.

Maduro denunció un supuesto plan terrorista en el interior de la sede gaucha por parte de los asilados.

 

 

Los marabinos conservan la esperanza de un cambio político a cuatro meses del #28Jul

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A cuatro meses de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador, la situación política en Venezuela sigue siendo tensa y cuestionada por la oposición y varios países. A pesar de esto, muchos ciudadanos aún mantienen la esperanza de un cambio político.

El Diario La Verdad  encuestó a varios ciudadanos en el casco central de Maracaibo sobre su percepción del panorama poselectoral. De los encuestados, dos optaron por no comentar. Rigoberto Davalillo, un marabino del sector Bella Vista, expresó su desconfianza hacia el CNE, afirmando que la institución no tuvo credibilidad al anunciar los resultados, los cuales aún no se han publicado de manera desglosada.

 

“Si Maduro se sentía ganador, debía mostrar los votos”, argumentó.

 

Davalillo, quien es policía jubilado, también señaló que a pesar del tiempo transcurrido desde las elecciones, aún es posible una transición política. Según él, la mayoría de los venezolanos votó por Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). “Si yo sé que perdí, ¿cómo puedo decir que soy el presidente si el pueblo no está de acuerdo?”, cuestionó.

En otro punto de la ciudad, Juan Barboza y Rodolfo Urdaneta conversaban sobre la situación económica. Barboza criticó al gobierno de Maduro por su trato hacia los pensionados y expresó su deseo de ver a González Urrutia como nuevo presidente. Urdaneta coincidió en que el gobierno actual carece de capacidad para mejorar el país y subrayó que la situación económica continúa empeorando: “Cada día vamos peor; lo que hoy compras a un precio, mañana está más caro”.

 Janet Ortigoza, una anciana sentada en la plazoleta de la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, afirmó que los venezolanos aún tienen esperanzas: “No hemos perdido las esperanzas en que el cambio viene”. Por su parte, Nancy Medina, residente en Los Haticos, también mostró optimismo al afirmar: “Tenemos fe”.

Lea el texto completo en el Diario La Verdad

Excarcelaciones de presos políticos se deben a la CPI según lectores de medios

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El pasado 16 y 17 de noviembre se produjeron las excarcelaciones de más de 160 presos políticos –de acuerdo con cifras del Foro Penal–, detenidos en el contexto de las protestas poselectorales del 28 de julio. La medida se produjo luego de que el gobernante Nicolás Maduro solicitara al Ministerio Público el 11 de noviembre «rectificar» si hay algún caso que se deba «revisar».

Días antes de la solicitud de Maduro, una comisión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) se encontraba prestando asistencia penal al sistema de justicia venezolano, y visitando algunos de los recintos penitenciarios donde se encuentran presos políticos. Los funcionarios del organismo internacional se entrevistaron con familiares de detenidos por las protestas poselectorales.

Durante casi tres meses, la administración de Maduro sostuvo que los detenidos luego de los comicios presidenciales eran “terroristas”; muchos fueron enjuiciados y sentenciados.

TalCual junto a El Impulso (Lara), La Nación (Táchira), Yaracuy al Día (Yaracuy), El Tiempo (Anzoátegui), Correo del Caroní (Bolívar), La Verdad (Zulia), Runrunes (Miranda) y Radio Fe y Alegría (Apure, Carabobo y Guárico) le preguntaron a sus lectores a qué consideran se debió esta medida, que de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, no llega solo hasta el 17 de noviembre: prometió más excarcelaciones en los próximos días.

«A su juicio, ¿las excarcelaciones de presos políticos detenidos después del 28J, ocurridas el 16 y 17 de noviembre, responden a…?» fue la pregunta que se les hizo a los lectores. La visita de una comisión de la CPI fue la opción más votada, con un total de 845 votos.

Le siguió la opción de Presión de familiares y ONG de derechos humanos, con 593 votos, y de último lugar estuvo la opción Trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, con 199.

Las consultas se hicieron entre el 20 y 22 de noviembre, a través de redes sociales (X, Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram) y también en la calle: en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros (Guárico), el Paseo Libertador de San Fernando (Apure) y Plaza Urdaneta de Naguanagua (Carabobo). 1.637 votos se recibieron.

En Anzoátegui (El Tiempo), Apure, Carabobo, Guárico (Radio Fe y Alegría) y Yaracuy (Yaracuy Al Día) los lectores que respondieron la consulta atribuyeron la decisión a las acciones de familiares y organizaciones de derechos humanos.

Desde el 29 de julio, cuando se supo de las primeras detenciones, las distintas organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela, así como familiares de los detenidos, han realizado una serie de gestiones, vigilias, marchas y reuniones con organizaciones, nacionales e internacionales, solicitando la liberación de sus familiares.

De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal, en Venezuela la cifra de presos políticos es de 1.887, de estos 1.303 personas habían sido detenidas entre el 29 de julio y el 1 de agosto, en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Mientras que el 31 de julio, el Ministerio Público indicaba que había un total de 1.062 personas aprehendidas y que serían procesadas ante la justicia venezolana por su presunta vinculación «con focos de violencia en varios estados del país».

Cicpc mató a tres presuntos miembros de la banda de Wilexis

Tres presuntos antisociales muertos y un policía herido fue el resultado que dejó un enfrentamiento armado ocurrido en la Zona 6 del barrio José Félix Ribas, en Petare, la tarde del pasado domingo 10 de noviembre.

Fuentes policiales detallaron que funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hacían pesquisas en la localidad cuando fueron atacados con una granada fragmentaria. Uno de los oficiales resultó herido por la explosión. 

Luego se desató un intercambio de disparos que culminó con la muerte de Renzo Lisandro Arocha Aponte, Abraham Josué Marín y Elinson Pérez Araguayán. El Cicpc aseguró que los tres pertenecían a la banda de Wilexis Acevedo, que opera en Petare. 

Desde enero a septiembre de este año 2024, Monitor de Víctimas registró 21 víctimas por ejecución y resistencia a la autoridad en esta parroquia de Petare. Varios de los fallecidos fueron señalados por autoridades policiales como integrantes de la banda de “Wilexis”. 

Excampeón de boxeo

Este lunes 11 de noviembre, se presentaron en la morgue de Bello Monte los familiares de Abraham Marín, quien tenía 18 años. Detallaron que el fallecido practicaba boxeo desde que era un niño y ganó varios campeonatos locales. Actualmente, se preparaba en La Guaira para un torneo nacional. 

Un allegado aseguró que desde que se enteraron que frecuentaba a varios delincuentes del barrio intentaron persuadirlo para que se dedicara al deporte, pero dijo que no pudieron. Parte de su familia estaba en Anzoátegui cuando ocurrió el hecho. 

El Cicpc precisó que Abraham Marín estaba solicitado por el delito de homicidio, pero su familia aseguró que desconocía la información. 

 

Exigen garantizar adecuada gestión menstrual a mujeres detenidas

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Integrantes de grupos feministas expresaron su preocupación por el tema de la gestión menstrual en las privadas de libertad en Venezuela.

En el marco del foro “Violencia de género y mujeres privadas de libertad”, celebrado el 26 de noviembre en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela Nohelia Urbina, de Uquira, expresó que es indispensable que las mujeres detenidas cuenten con servicios básicos para gestionar su menstruación.

Urbina expresó que es necesario analizar la situación de las privadas de libertad con perspectiva de género. Destacó que no existen estudios suficientes que hablen sobre la gestión menstrual en el país y menos desde la perspectiva de las presas.

“Es necesario no olvidarnos que las detenidas merecen contar con servicios básicos”, dijo. Explicó que la pobreza menstrual extrema se presenta cuando las mujeres viven en condiciones poco saludables y esto no les permite gestionar su menstruación como es debido.

Mencionó también que la situación que viven las privadas de libertad puede llegar a alterar el ciclo menstrual, y esto es un asunto que el Estado debería atender.

De acuerdo a un reciente estudio de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, titulado “El alto precio de la desigualdad”, 34 % de las encuestadas confesaron pausa en sus actividades o privarse de espacios públicos debido a la menstruación.

ONU Mujeres define la pobreza asociada a la menstruación a la situación que se presenta cuando no se pueden pagar los productos menstruales o acceder a ellos, y tampoco se cuenta “con instalaciones de saneamiento e higiene ni la educación o los conocimientos para gestionar la salud menstrual”.

 

“Este gobierno no es feminista”

En el foro también se exigió un salario digno para las mujeres. Las integrantes de organizaciones que velan por los derechos de la mujer recalcaron que el Estado es el responsable de velar porque estos se garanticen.

Uno de los temas abordados fue el de salarios dignos y la carga de trabajo de las mujeres, la cual es superior a la de los hombres. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que las mujeres trabajan -al día- 12 horas y 49 minutos diarios, 11% más tiempo que dedican los hombres.

Sumado a esto, la participación de las mujeres venezolanas en el mercado laboral es 23 puntos porcentuales menor a la de los hombres. Sobre esta situación, Suhey Ochoa, de Pan y Rosa, recordó que el salario en Venezuela no es digno y que las mujeres deben tener un trabajo formal, “matar tigritos” y “un emprendimiento” para sobrevivir al país.

Ochoa recordó que -históricamente– las mujeres cargan sobre sus hombres las labores de cuidados y, además de ser trabajadoras, son el sostén de hogar.

 “Hasta este momento, este gobierno no tiene ni un gramo de socialista ni de feminista. Las mujeres pobres sufrimos todos los días las consecuencias de la crisis”, destacó en el marco del foro. 

Durante la actividad, también se exhibió una muestra fotográfica que refleja la lucha de los movimientos feministas del país y se recordó que las vidas de las mujeres detenidas por razones políticas ha quedado pausada. 

La inflación comenzó a acelerarse: ¿cuáles son las perspectivas?

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Tras nueve meses en los que la inflación perdió potencia los precios comienzan a elevarse a mayor velocidad en medio de una creciente inestabilidad que amenaza con extenderse y agravarse en 2025.

El Banco Central oculta las cifras, pero mediciones como la del Observatorio Venezolano de Finanzas indican que en octubre la inflación registró un salto de 9,6%, la más alta desde agosto de 2023 y más del doble de la observada en septiembre, de acuerdo a los datos de este organismo.

El incremento de los precios impacta en la capacidad de compra de un ingreso que se mantiene entre los más bajos de América Latina. En el caso de la industria manufacturera, la remuneración total de los obreros, en promedio, equivale a 223 dólares mensuales y el costo de una canasta básica para una familia de cinco miembros es de 531 dólares.

La aceleración de la inflación viene de la mano de la depreciación del bolívar frente al dólar. La administración de Nicolás Maduro ancló el tipo de cambio y la estabilidad en la cotización del dólar ayudó de manera decisiva a restarle velocidad a los precios, pero el ancla se rompió y quedó en evidencia la fragilidad de la estabilización.

En las últimas siete semanas el tipo de cambio oficial acumula un aumento de 27% desde 36,6 bolívares hasta 46,7 bolívares que se ha convertido en combustible para la inflación porque las empresas venezolanas utilizan grandes cantidades de insumos importados y por la dolarización: como los precios están en dólares, el aumento del tipo de cambio se traduce en más bolívares a pagar por cada producto.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, explica que hay un término técnico, el pass through, que se refiere a la facilidad con la que se transfiere el aumento en el precio del dólar a los precios de los bienes y servicios:  “En Venezuela es muy alto por la dolarización”, agrega. 

Gobierno entrampado

En el resquebrajamiento del anclaje cambiario juega un rol estelar el gasto del gobierno. A fin de disminuir la cantidad de bolívares que pueden utilizarse para comprar dólares, la administración de Nicolás Maduro recortó el gasto en partidas como pensiones, salarios e inversiones.

Pero a partir de octubre dejó a un lado la severidad en el recorte y elevó el gasto mediante bonos que entrega a los trabajadores. Como los trabajadores rápidamente gastan los bonos, en poco tiempo, el dinero culmina en la caja de comercios y empresas que buscan cambiarlo a dólares porque no hay confianza en la moneda.

“El gobierno está entrampado, porque si quiere controlar la inflación tiene que anclar el tipo de cambio, y para anclar el tipo de cambio no puede permitir que aumente la oferta monetaria, porque esa mayor disponibilidad de bolívares se traslada a la compra de dólares y presiona el tipo de cambio al alza”, dice Pedro Palma.

Para tratar de mantener el anclaje cambiario el gobierno elevó la oferta de dólares pero fue insuficiente para satisfacer la demanda. La consecuencia es que quienes no pueden comprar todos los dólares que necesitan en el mercado oficial acuden al mercado paralelo, donde el dólar no ha dejado de aumentar y mantiene una brecha de 20% respecto al tipo de cambio oficial que también impulsa la inflación.

Los próximos meses

Pedro Palma considera que “el gobierno va a tener que seguir pagando bonificaciones y aguinaldos y muy probablemente lo que sucedió en octubre se va a repetir de aquí a fin de año”.

En este contexto lo previsible es que continúe la depreciación del bolívar y la aceleración de la inflación. El promedio de las proyecciones de las 18 consultoras y bancos que Latin Focus incluyó en su informe de octubre se ubicó, en el caso del tipo de cambio oficial, en 54 bolívares por dólar al cierre del año y una inflación anual en el orden de 43,4%.

Gracias a que el gobierno está recurriendo en menor medida a la emisión de dinero para financiarse, a que el recorte del gasto -si bien se ha relajado- sigue presente en distintas áreas y a las restricciones al crédito, que obligan a los bancos a engavetar más de dos tercios del dinero que gestionan, la inflación se está acelerando pero culminará el año muy por debajo del 189% registrado en 2023.

No obstante, la inflación venezolana sigue siendo de las más elevadas del mundo y solo superada por la de Argentina en América Latina.

La incertidumbre

En 2025 no hay mayor certeza en que el gobierno de Nicolás Maduro será capaz de evitar que la moneda continúe hundiéndose y que los precios aumenten a una velocidad mayor a la de este año.

La inestabilidad política estará presente una vez que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina no reconocen como legítima la relección de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio.

La posibilidad de mantener estable el tipo de cambio luce complicada. Las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central administra y permite pagar importaciones, cancelar deuda y respaldar la oferta de dólares se ubica en montos ínfimos.

La porción de divisas líquidas y disponibles no supera los mil millones de dólares lo que se traduce en que la oferta de dólares prácticamente depende del ingreso proveniente de las insuficientes exportaciones petroleras.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco de Inglaterra no han reconocido como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, y por tanto, el Banco Central no tiene acceso a Derechos Especiales de Giro por cinco mil millones de dólares y a barras de oro depositadas en Londres.

Pedro Palma explica que “es muy difícil” que el gobierno pueda mantener un anclaje del tipo de cambio.

“Las reservas internacionales son muy bajas, tampoco hay acceso al financiamiento de los organismos multilaterales y la posibilidad de reestructurar la deuda externa para normalizar el acceso al mercado financiero internacional se ve muy distante en 2025”, dice Pedro Palma.

Las licencias

Las elecciones turbias no son nuevas. En 2018 Maduro se reeligió por primera vez mediante unos comicios cuestionados y Estados Unidos, en ese entonces bajo la conducción de Trump, quien cumplía su primer mandato, impuso sanciones limitando las inversiones en petróleo y obligando a vender barriles en el mercado negro.

En noviembre de 2022 la administración de Joe Biden ablandó las sanciones y permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela mediante una licencia especial. En mayo de este año, emitió licencias similares a Repsol, ENI y Maurel & Prom.

Gracias a Chevron, principalmente, la producción creció desde un promedio de 684 mil barriles diarios a 877 000 barriles diarios en septiembre de este año, pero Trump, quien iniciará su nuevo período el 20 de enero de 2025, podría eliminar las licencias.

De eliminarlas, consultoras como Ecoanalítica proyectan que la producción caería en 25%, algo que golpearía la caja del gobierno: los barriles provenientes de las operaciones con licencias se venden a precios de mercado y los de Chevron van a refinerías en el sur de Estados Unidos.

Un año complicado

“Lo lógico es prever que el tipo de cambio va a continuar subiendo durante 2025, y por lo tanto, que la inflación va a ser por lo menos mayor a la de 2024”, dice Pedro Palma.

El promedio de las 18 proyecciones de Latin Focus para el tipo de cambio oficial, que incluye la de consultoras y bancos como Dinámica, Síntesis Financiera y UBS, es que al cierre de 2025 alcance 95 bolívares por dólar y, para el caso de la inflación, que acumule en el año un avance de 55%.

Hay quienes esperan una inflación muy superior a este promedio. Fitch Solutions contempla que el próximo año el incremento de los precios sea de 101% y Síntesis Financiera de 76%.

Mujeres que luchan por libertad de presos políticos también enfrentan violaciones a sus derechos

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de diversas organizaciones, colectivos y comités se congregaron en la Sala de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela para abordar los distintos tipos de violencia y las luchas que enfrentan. 

El panel inició con las mujeres que son parte del Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticos. “Estas mujeres que están dando la vida misma”, así fueron presentadas: Sol Ocariz, Yuli Roso y Melania Leal. 

Yuli Roso se pronunció sobre la situación de su padre, Aldo Roso, dirigente de Voluntad Popular en la parroquia El Valle, quien se encuentra detenido desde el 4 de julio, antes de las elecciones presidenciales. Aldo fue arrestado mientras coordinaba una unidad de transporte para una concentración en apoyo a la oposición venezolana.

La hija del dirigente político explicó que su padre no se resistió en ningún momento y lo están acusando sin argumentos de terrorismo y asociación para delinquir. Además, su caso fue llevado a juicio porque lo inculparon, junto a Ricardo Albacete, de querer sabotear el sistema eléctrico en las elecciones del 28 de julio. 

“Como hija me siento muy afectada psicológicamente. Estamos al frente de esta lucha y nuestra voz no será apagada. Y sé que no estoy sola en este camino, me han acompañado todas estas mujeres y sé que no estoy sola”, enfatizó. 

Familiares de presos políticos
Yuli Roso afirmó que su padre es inocente y no merece estar detenido. Crédito: Diego Casanova.

Roso subrayó que “las mujeres son las que llevan la lucha” y enfrentan violaciones sistemáticas por parte del Estado, mientras alzan la voz en busca de la libertad de sus seres queridos.

Un reciente informe de organizaciones feministas, titulado “Violencia en Femenino, el Libro Violeta de la Represión en Venezuela”, analizó los hechos de  violencia, represión, cierre del espacio cívico y persecución perpetrados contra mujeres venezolanas en el contexto postelectoral. Se analizó el impacto tanto en las mujeres detenidas como en sus familiares, y se concluyó que las madres, esposas y hermanas que quedaron a cargo de la búsqueda de justicia y también del cuidado de otros familiares son criminalizadas y perseguidas por el Estado. 

El estudio también destacó la vulnerabilidad de las mujeres que visitan a sus familiares detenidos, ya que son sometidas a desnudez forzada, requisas invasivas y extorsiones, además del impacto económico “devastador” con el que deben lidiar para buscar recursos y mantenerse.  Asimismo, muchas de estas mujeres que tienen a sus familiares detenidos han tenido que abandonar sus trabajos para poder cumplir con las visitas y las entregas de alimentos cuando se lo solicitan. 

 

“No me permiten visitas” 

Sol Ocariz, hermana del defensor de los derechos humanos Edward Ocariz, expresó que ella dejó su vida a un lado en Anzoátegui para acompañar a su hermano. “Yo cerré la santamaría de mi casa y me vine hasta aquí para no dejar a mi hermano solo y no me arrepiento”. 

Ocariz, quien ha sido una de las caras más visibles del Comité de Familiares para la Libertad de los Presos Políticos, denunció que no le permiten las visitas. Su hermano fue detenido en Coche y está recluido en Internado Judicial de Carabobo, más conocido como Tocuyito. 

Sol manifestó que llegó el día de ayer, 25 de noviembre, a Valencia, estado Carabobo, a las 06:00 de la mañana y primero le dijeron que la visita sería a las 11:00, después le aseguraron que vería a su hermano a las 4:00 de la tarde. 

“Cuando llegué a las 4:00 de la tarde, un custodio, que no me sé su nombre, me preguntó si yo era Sol Ocariz y le contesté que sí. Después de eso, me aseguró que mi hermano tenía suspendidas las visitas porque yo había salido en los medios de comunicación y a las personas que declaran en los medios le pasa eso”, indicó. 

Pese a esta situación, durante el evento, Sol afirmó que esto no le impedirá seguir levantando su voz por los presos políticos y, aunque su hermano salga pronto, ella continuará la lucha “hasta que el último preso político salga”. 

Mujeres

“Mi hermana es inocente” 

Melanie Leal, hermana de la presa política Emirlendris Benítez, también se pronunció en el evento para afirmar que su hermana es inocente y que ha sido “torturada de todas las formas”. 

Leal contó que su hermana fue detenida en el 2018 y es acusada de ser “pirata de carretera”, cuando ella, junto a su pareja, solo estaban trasladando a dos pasajeros desde Barquisimeto hacia Barinas. 

Con lágrimas en los ojos, Melanie sostuvo que pasó un mes desaparecida y que cuando la vieron “no la reconocían”. “Mi hermana estaba temerosa y no la pudimos ni tocar porque estaba rodeada de funcionarios”. 

Ahora, Emirlendris está detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, pero antes estuvo en Zona 7 de la Policía Nacional. Durante estos años, sus familiares han exigido su liberación. Su hermana detalló que fue golpeada en numerosas ocasiones y temen por su vida. 

“A mi hermana le dieron 30 años de prisión siendo inocente y desde que está detenida ha manifestado diversos problemas de salud. Ahora tiene una hernia que no le permite caminar como ella lo hacía. Es inocente”, exclamó. 

Melanie Leal exigió la liberación de su hermana, Emirlendris Benítez. Crédito: Diego Casanova.

 

Durante el encuentro, se conversó sobre el protocolo de seguridad en casos de discriminación y violencia de la Universidad Central de Venezuela. Gabriela Ochoa, estudiante de Psicología, relató que la discusión para el protocolo inició hace un año con el objetivo de luchar en contra de las desigualdades y proporcionar información a todo el personal de la universidad. 

Una vela por las que no están 

En el marco del 25 de noviembre, movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil se han movilizado de diferentes formas. El lunes, Uquira junto a Somos Equalia, Colectiva Negra y TransAfab se congregaron en la Plaza Francia, de Altamira, y encendieron una vela por todas “aquellas que no están”. Recordaron a cada una de las mujeres víctimas de femicidios. 

En el lugar, exigieron que estas muertes no queden impunes y que los derechos fundamentales de las mujeres sean respetados. Uquira resaltó que “nuestro manifiesto corporal es denunciar, cuidarnos y no olvidar todos estos años de violencia”. 

Mujeres
En la actividad recordaron a cada una de las mujeres víctimas de femicidio en Venezuela. Crédito: Cortesía.

Según datos de Utopix, hasta septiembre de 2024, en Venezuela han ocurrido 142 femicidios. La violencia machista no cesa en el país y el monitor indicó un aumento en los casos de femicidios frustrados, con un total de 14.

 

En Bolívar reportan aumento de femicidios contra niñas y adultas mayores

A propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ateneo Ecológico del Orinoco presentó un informe sobre la violencia de género en el estado Bolívar en el que se precisó que hasta noviembre de 2024, se han registrado al menos 25 832 casos de violencia contra mujeres, que incluyen agresiones sexuales, psicológicas, patrimoniales y físicas, así como amenazas y femicidios.

De estos casos, solo el 9% ha sido judicializado, lo que indica una preocupante falta de respuesta legal ante estas violencias, precisó la nota del Correo del Caroní. 

El estado Bolívar además destaca como el que presenta el mayor número de femicidios en la región oriental del país, acumulando un 42% de los casos reportados en lo que va del año.

Aunque la tasa de femicidio se ha mantenido constante respecto a 2023, se ha observado un aumento en los femicidios perpetrados contra niñas y mujeres mayores. Además, el informe señala un incremento del 33,44% en los casos de violaciones.

Los municipios más afectados por esta crisis son Caroní y Angostura del Orinoco, donde se concentra el 47% y el 38% de los casos de violencia contra mujeres y niñas, respectivamente. Miguel Vincenti, director del Ateneo Ecológico, explicó que estos índices son históricos y están relacionados con la alta densidad poblacional en estas áreas.

También se destacó que parroquias que anteriormente mostraban baja incidencia han visto un aumento en los delitos registrados. Un caso particularmente trágico que marcó este año fue el de violencia vicaria en San Félix, donde un hombre provocó un incendio que resultó en la muerte de sus dos hijos, incluyendo una niña de 8 años, como acto de venganza hacia su pareja. Este tipo de violencia resalta la gravedad y complejidad del problema.

Para ampliar la información, consulte el Correo del Caroní