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El Mañanero del 27 de noviembre: Denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III y más noticias

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En El Mañanero del 27 de noviembre de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Advierten que podrían usar justicia comunal para sustentar “gobierno de facto”, “Las mujeres viven día a día la violencia en una profunda soledad”, afirman desde el Centro de Estudios de la Mujer de la UCV y los familiares denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III. 

“Las mujeres viven día a día la violencia en una profunda soledad”

Advierten que podrían usar justicia comunal para sustentar “gobierno de facto”

Madre de paciente con diabetes clama por la liberación de su hija

Denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III

“90 días de injusticias y violaciones a los DDHH”: Exigen libertad de Perkins Rocha

“El momento ha llegado, vamos a cobrar lo que es nuestro”: Primer mensaje de Machado de cara al #10Ene en 6 frases

ARI Móvil | Unión Europea realizó caminata contra la violencia hacia la mujer

 

“90 días en los que nosotros hemos tomado su bandera y seguimos exigiendo su libertad y que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Exigimos la libertad plena, no solo para Perkins Rocha, sino para todos los presos y perseguidos políticos”, María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha. 

 

Violencia basada en género: un problema del pasado, del presente y un desafío del futuro

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“A todas y todos nos une un objetivo común: el compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo”, Magaly M. Vásquez González

La doctora y académica Magaly M. Vásquez González, redactora del protocolo de la Ucab de prevención sobre violencia de género y primera mujer en ocupar una silla en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (coherentemente aspira a “no ser la única”), acaba de ser laureada con la edición 18.° del Premio Mujer Analítica Evangelina García Prince, 2024.

Tras el saludo de rigor a la Arq. Aixa Armas, presidenta de la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía; al Dr. Guillermo Fariñas, rector y demás autoridades de la Universidad Monteávila; a los miembros del Comité de Premiación 2024 Raquel García Prince, y a “las queridas mujeres y caballeros que también son reconocidos en este acto”, Vásquez González se lanzó un discurso para coger palco sobre la violencia de género y la determinación de construir un futuro más equitativo y amable. Leamos:   

Las palabras que seguidamente compartiré con ustedes tratan de conciliar diferentes facetas de mi vida profesional: abogada, profesora universitaria, académica e investigadora y las he titulado:

Violencia basada en género: un problema del pasado, del presente y un desafío del futuro

Es un honor estar aquí hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y durante el desarrollo de la campaña de los 16 días de activismo, recibiendo el Premio Mujer Analítica en su 18.ª edición.

Me han precedido en los 17 años anteriores y son también reconocidas en este acto destacadas mujeres que desde sus distintas posiciones han dejado un importante legado, al igual que las organizaciones a las que se ha conferido el “Premio Evangelina García Prince” y los caballeros merecedores del “Reconocimiento Masculino Mujer Analítica en honor del Dr. Román José Duque Corredor”. A todas y todos nos une un objetivo común: el compromiso con la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Imagínense que en ese mundo las niñas no sueñan con ser princesas sino con ser presidentas, que en él las mujeres no se ven limitadas por roles preestablecidos, sino que pueden alcanzar su máximo potencial, que en ese mundo la igualdad de género es una realidad y no una utopía. Ese es el mundo que queremos construir. Ahora ¿cómo lo construimos?

Es indudable que “la educación es esencial para construir una sociedad igualitaria” y que en materia de igualdad de género ha habido avances significativos, sin embargo, como lo ha advertido ONU Mujeres, aún queda mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, de allí la importancia de las medidas que se adopten para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5 de la agenda 2030 de Naciones Unidas, conforme el cual debe promoverse la “igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas”.

Una de las responsabilidades que en la actualidad ejerzo tiene que ver con esa premisa: la Cátedra de Estudios de la Mujer “Teresa de la Parra”, cuya creación impulsamos en la UCAB y que se suma a otras iniciativas que evidencian el compromiso de la institución con el ODS 5, como el Protocolo para la Prevención y Atención en Casos de Acoso y Violencia Sexual, primero en ser aprobado por una universidad venezolana; el decreto rectoral sobre la Política de igualdad de género y la colección de Estudios de la Mujer “Evangelina García Prince” (por esas coincidencias del destino en este acto también se entrega el premio que lleva el nombre de esa extraordinaria feminista venezolana).

Como lo ha recordado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que para garantizar de manera eficaz que todas las personas, sin distinción, puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos, es preciso, primero, una comprensión exhaustiva de las estructuras, las políticas y los estereotipos sociales, así como de las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria.

En el mismo sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que la igualdad de género es un elemento esencial para generar economías prósperas y un planeta más sostenible, admitiendo que nos enfrentamos a un desafío crítico: una brecha de género de 360 000 millones de dólares anuales para 2030, por lo que para revertir esta tendencia, identifica cinco áreas clave a afrontar de manera conjunta: 1) invertir más en las mujeres; 2) poner fin a la pobreza; 3) implementar financiamiento con perspectiva de género; 4) pasar a una economía y una sociedad del cuidado verdes; y 5) apoyar a las feministas creadoras de cambios.

Sostienen Gema del Socorro García Luján Ávila y Silvia Albareda-Tiana que, además de los avances en términos de políticas de igualdad, promoción de la perspectiva de género en la educación, investigación y la participación de las mujeres en roles académicos y de liderazgo, también se han identificado desafíos persistentes, como las brechas de género en ciertas disciplinas y la necesidad de abordar y eliminar la violencia de género en el entorno universitario (Igualdad de género y desarrollo sostenible. Avances y desafíos en la Agenda Mundial y en la Universidad, Feminismo/s 43, January 2024, 213-243).

En relación con algunas de esas desigualdades afirma la colaboradora experta de Amnistía Internacional Dolores Liceras (17 de septiembre de 2024), que en todo el mundo, las mujeres ganan 77 centavos, pero los hombres ganan 1 dólar por un trabajo de igual valor, por lo que si no hacemos nada, se necesitarán 257 años para cerrar la brecha salarial mundial. En la Unión Europea, las mujeres ganan de media un 12,7 % menos por hora que los hombres y en España, el salario medio de las mujeres es un 18,7 % inferior al de los hombres. En Venezuela, según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2023, solo 37,3 % de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, versus 62,7 % de los hombres pero estos “reciben en promedio 7,7 % más remuneración que las damas, aunque en algunos sectores la brecha puede ser aun mayor, como por ejemplo en empleos del hogar o doméstico, donde la diferencia a favor de los hombres es de 40,8 %, o el área de profesionales científicos o intelectuales, donde las mujeres ganan 33,6 % menos que sus pares varones”, ello evidencia las brechas salariales en razón de la desigualdad de género, producto de la baja inserción laboral de las mujeres, pocas horas de trabajo por responsabilidades de cuido, “techo de cristal”, discriminación para cargos altos, desvalorización de los empleadores, discriminación en “ámbitos masculinos” autominusvaloración y “protecciones” legales discriminatorias (https://www.proyectoencovi.com/documentos-encovi-ucab y https://elucabista.com/2024/03/13/encovi-2023-propone-acciones-para-superar-la-vulnerabilidad-y-desigualdad/).

Si revisamos la representación de las mujeres en los parlamentos, nos encontramos con que, tras las elecciones y nombramientos verificados en 2023, la proporción mundial de mujeres parlamentarias alcanzó el 26,9 %, siendo el continente americano, al 1° de enero de 2024, la región con la mayor representación de mujeres con el 35,1 % del total de parlamentarios en la región. Estas cifras ratifican la vigencia de la Resolución sobre la Participación de la Mujer en la Política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, entre cuyos fundamentos estaba la preocupación “porque las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”.

Otra de las vías para lograr esa igualdad, además de la educación, es la adopción de leyes y políticas que garanticen los mismos derechos para hombres y mujeres, uno de los cuales es el acceso a la justicia. A estos efectos, y por impartir quien les habla asignaturas relacionadas con la materia, no puedo dejar de referirme al empleo de estereotipos de género en la investigación penal, particularmente en los casos de violencia sexual, como uno de los tipos de violencia basada en género, en el entendido de que esta constituye una violación de derechos humanos.

Los estereotipos de género “se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”; entre estas violaciones se incluye “no investigar, perseguir y condenar la violencia sexual contra las mujeres, creyendo que las víctimas de la violencia sexual estaban de acuerdo con los actos sexuales, ya que no se vestían ni se comportaban “modestamente”. Los estereotipos de género erróneos son una causa frecuente de discriminación contra las mujeres. Es un factor que contribuye a la violación de un amplio abanico de derechos, como el derecho a la salud, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al matrimonio y a las relaciones familiares, al trabajo, a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la participación y representación políticas, a un recurso efectivo y a no sufrir violencia de género (Estereotipos de género. El ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Recuperado en fecha 5 de julio de 2024).

En el Informe de la CIDH del año 2011 relativo al “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”, (Cit. por. INECIP, Primer Boletín. Herramientas jurisprudenciales para el litigio con perspectiva de género, Grupo de trabajo Feminismos y Justicia Penal, p. 4), se señalaba que “las instituciones judiciales reproducen con frecuencia estos patrones socioculturales en sus actuaciones. Policías, fiscales, jueces, abogados y otros funcionarios judiciales se ven afectados en su actuación judicial por estereotipos, prácticas y presunciones, restando valor a actos de violencia sexual. Por ejemplo, pueden examinar un caso de violencia sexual centrándose en el historial y vida sexual de la mujer, la supuesta provocación de los hechos por parte de la víctima y su no virginidad. La CIDH considera que dar cabida a estos estereotipos al interior del poder judicial es una forma de legitimar y promover la impunidad”.

Un caso emblemático en el que la existencia de un marco normativo discriminatorio y el uso de estereotipos en la valoración de sus declaraciones y el juzgamiento de su caso facilitó la revictimización de una mujer víctima de violencia de género y la impunidad al no haberse sancionado al agresor, es el Caso López Soto y Otros Vs. Venezuela. Como se señala en el Resumen Oficial emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Sentencia de 26 de septiembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas) la Corte concentró su análisis en:

i) el desarrollo de los componentes del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad para mujeres víctimas de violencia; ii) la falta de marco legal especializado e inexistencia de reglas orientadoras para los operadores; iii) el marco normativo en materia penal que establecía un trato desigual no justificado; iv) visibilizar, reconocer y rechazar la utilización de estereotipos de género perjudiciales durante la investigación y el juzgamiento de este caso; v) los aspectos que condujeron a la revictimización de Linda Loaiza a raíz del trato inadecuado a su condición de víctima de violencia contra la mujer por parte de las autoridades… (p. 8).

Es claro que “las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas las mujeres en función a su sexo, roles y estereotipos asignados históricamente, reflejan la importancia de contar con una protección de carácter especial (Pensando en género: marco conceptual para la administración de justicia con enfoque de género, Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, Perú, 2019, p. 48), lo cual sigue constituyendo uno de los principales desafíos para los Estados si efectivamente se quiere erradicar la violencia de género, pues esta puede tener su origen no solo en el acto del agresor “sino también en la ineficacia o inacción institucional, donde la falta de procedimientos adecuados, prácticas que no son acordes al respeto de los derechos humanos, garantías procesales, integridad psicofísica, o al respeto a la vida privada y familiar, agravan aun más la situación de violencia padecida por las mujeres” (Medina, Graciela. La violencia contra las mujeres en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Actualidad Jurídica Iberoamericana, 1, 2014, p. 51.)

A menudo pensamos en golpes y agresiones físicas, pero la violencia de género va mucho más allá. Incluye cualquier acto que, basado en el género, cause o pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer. Desde el acoso callejero hasta el control económico, pasando por la violencia psicológica y sexual, todas estas formas de violencia tienen un denominador común: el poder y el control. Las raíces de este problema son profundas y complejas. Se encuentran en la desigualdad de género, en los roles de género estereotipados y en una cultura que normaliza la violencia.

El impacto de la violencia basada en género es devastador. Las mujeres que la sufren experimentan una amplia gama de consecuencias, desde lesiones físicas hasta trastornos mentales como la depresión, la ansiedad e incluso la muerte. Como lo informa ONU Mujeres, en 2023 cada 10 minutos, una mujer o una niña muere a manos de su pareja o de un familiar. Estas estadísticas se siguen repitiendo en 2024. Recientemente reportaba la ONG Utopix que, desde inicios de 2024 y hasta septiembre de este año, hubo en Venezuela al menos 142 feminicidios, y solo en el mes de septiembre se computaron 17, destacando esta ONG que tales datos son un “subregistro”, por cuanto las cifras pueden “ser aun mayores”.

La violencia de género también tiene un impacto en la sociedad en su conjunto, ya que limita las oportunidades de las mujeres y reduce su capacidad para participar plenamente en la vida social y económica. A este respecto es importante traer a colación que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), contempla que los Estados Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para: “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; (artículo 5, a).

Siendo imposible desprenderme de mi condición de abogada, no puedo dejar de mencionar la abismal distancia entre lo que las leyes prometen y lo que las mujeres viven. Aunque la igualdad ante la ley es un derecho reconocido, la realidad cotidiana pinta un cuadro muy distinto. Las mujeres siguen enfrentando barreras sistémicas que limitan sus oportunidades. Ya hacíamos mención a las diferencias salariales y a la subrepresentación política, lo que se extiende a todos los puestos de poder. Los datos son claros: las mujeres siguen siendo una minoría en los espacios de toma de decisiones y su historia, invisibilizada. La brecha de género es el reflejo de una realidad persistente y compleja, complejidad que se agrava cuando se intersecciona o cruza con otras categorías sociales como la raza, la clase, la orientación sexual, la discapacidad y la edad, generando múltiples capas de opresión y por tanto mayor vulnerabilidad a la violencia, la exclusión social y la pobreza.

Considerando todo este panorama, es imperativo expresar mi profunda gratitud por estar aquí, por lo que he podido lograr y por las personas que me han apoyado en este camino. Ser mujer, madre, haber recibido educación y tener la posibilidad de influir en otros, como docente, investigadora y en tantas otras actividades, es un privilegio inmenso. Sin embargo, esta posición no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de generaciones de mujeres que lucharon por allanar el camino.

Hace apenas 4 meses destacaba el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, en la oportunidad de contestar mi discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que era la primera mujer penalista en ingresar a esa corporación. Pues bien, agradezco la oportunidad de haber sido la primera pero no quiero ser la única.

El enfoque tradicional del derecho penal y la criminología centrados, respectivamente, en el estudio del delito y el delincuente, había reforzado una visión masculina y violenta del crimen, lo que podría explicar el bajo número de referentes femeninos en la doctrina penal. Si bien esta situación ha cambiado favorablemente pues las mujeres están cada vez más presentes en congresos y conferencias académicas, evidenciando sus roles de docentes e investigadoras, ello sin hablar del representativo número de mujeres que ocupan cargos en el sistema de justicia tanto en Venezuela como en otras latitudes, aún persisten obstáculos y desafíos que requieren un análisis profundo y una acción transformadora, como, por ejemplo, en un ejercicio de sororidad, la creación de redes de mujeres profesionales y académicas que visibilicen sus trabajos; incrementar los referentes femeninos que permitan a las nuevas generaciones encontrar modelos a seguir y se sientan inspiradas a desarrollar una carrera en este campo; fomentar las investigaciones con perspectiva de género y promover la educación en igualdad de género como prioridad en todos los niveles educativos.

Las jóvenes son una fuerza imparable en la lucha contra la violencia de género. Su perspectiva única, su conexión con las nuevas tecnologías y su energía juvenil las convierten en agentes de cambio fundamentales. A través de la educación, la sensibilización y la organización, están desafiando los roles de género tradicionales y promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Las redes sociales se han convertido en un poderoso aliado para visibilizar las experiencias de las mujeres y generar conciencia sobre esta problemática. Además, muchas jóvenes están liderando movimientos y colectivos feministas, inspirando a otras a alzar la voz y trabajar por un futuro más igualitario. Es perentorio incluirlas en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas, con lo que se garantizaría que sus necesidades y perspectivas sean escuchadas y atendidas. Asimismo, es fundamental invertir en programas educativos que promuevan la igualdad de género y la prevención de la violencia desde una edad temprana. De esta manera, las jóvenes podrán crecer en un entorno libre de estereotipos y discriminación, y construir un mundo más seguro para todas.

Cada una de nosotras tiene un papel fundamental en esta lucha. Podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestros círculos sociales, como queda evidenciado en la pluralidad de campos en los que se desenvuelven las mujeres que hoy recibieron el “Reconocimiento Mujer Analítica”. Podemos denunciar la violencia, apoyar a las víctimas y educar a quienes nos rodean. Nos corresponde asumir el liderazgo inspirando a otras mujeres y a hombres a unirse a esta causa. No permitamos que la violencia nos defina. No permitamos que el miedo nos paralice. Juntas, podemos crear un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia, donde sus derechos sean respetados y donde puedan alcanzar su máximo potencial.

Los hombres, y por ello celebro que  se haya instituido un “Reconocimiento Masculino Mujer Analítica”, tienen un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género, en mi propia historia, varios han sido determinantes, al confiar en mí ofreciéndome oportunidades y valorando mi esfuerzo, ellos pueden ser aliados desafiando los estereotipos de masculinidad y promoviendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Ese es el desafío.

¡Muchas gracias!

Caracas, 26 de noviembre de 2024

Denuncian requisa sin respeto a DDHH en el Rodeo II y III

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Fotos: Cortesía

 

Familiares de detenidos en el Internado Judicial del Rodeo II y III en Guatire, estado Miranda, alertaron sobre una requisa llevada a cabo el pasado viernes 22 de noviembre, sobre la que acusan a funcionarios de haber violado los derechos humanos de los reclusos.

Según lo estipulado en una carta enviada a Nicolás Maduro, a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez; al fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN Chavista Tarek William Saab; al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello y al ministro del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, los presos argumentan que sufrieron vejámenes en el marco de la llamada operación “Gran Cacique Guaicaipuro”.

En la misiva, familiares expusieron que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) supuestamente incurrieron en actos contra la integridad física y psicológica de los presos.

Miembros de la familia de los detenidos aseguraron que los atropellos incluyeron maltratos físicos, destrucción de pertenencias personales y privación de alimentos.

Argumentaron que, según las normas internacionales, este tipo de conducta constituye un trato “cruel, inhumano y degradante”.

Los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que cese de inmediato la violencia hacia los privados de libertad, se garantice el respeto a los derechos humanos, efectúen una investigación exhaustiva para determinar quiénes fueron los responsables y se establezcan sanciones.

Además pidieron que se implementen medidas para mejorar las condiciones de reclusión en el Internado, incluyendo acceso a una alimentación adecuada, atención médica y condiciones de higiene.

Los familiares indicaron que es perentorio que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los privados de libertad. “Independientemente de su situación legal, merecen ser tratados con dignidad y respeto”, expuso la misiva.

Militarización en el Rodeo I

Dos días después de la requisa, también familiares denunciaron  una repentina militarización de la cárcel del Rodeo I, donde de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, hay detenidos de conciencia y militares.

“Seguimos con atención las denuncias de familiares sobre posible despliegue militar y exigimos al Estado el respeto a la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad y sus familiares”, escribió la ONG Provea en su cuenta de X.

También Andreina Baduel, cuyo hermano Josnars Baduel está preso en el Rodeo I, confirmó la militarización y aseguró que la visita se había suspendido.

 

 

La historia condenará a la CPI

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El retardo judicial en la CPI está produciendo un estado de impunidad peligroso y sensible. No solo perjudica a las víctimas, también deja el camino libre para acumular otras. El balance del fiscal no es positivo

@ovierablanco

El desempeño del fiscal de la Corte Penal Internacional con relación al expediente “Situación Venezuela I” no ha sido óptimo. Analizar su rendimiento requiere un ejercicio de verificación cronológica, validación probatoria, agotamiento de las etapas del proceso y revisión comparativa.

La “Situación Venezuela I” es uno de los casos más relevantes en el ámbito de la justicia penal internacional, enfocado en crímenes de lesa humanidad ocurridos desde abril de 2017. La celeridad del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en la gestión del expediente de Venezuela, ha sido duramente cuestionada.

No nos corresponde analizar las serias acusaciones hechas contra el fiscal. Para ello existe la presunción de inocencia. Lo que nos toca es revisar el deber del despacho, la trascendencia de su labor y la impostergable necesidad de que haya justicia en La Haya. No más impunidad.

Contexto y mandato del fiscal de la CPI

El Estatuto de Roma –que rige el funcionamiento de la CPI– establece que el fiscal tiene la obligación de investigar y perseguir crímenes internacionales de manera independiente, imparcial y eficiente. Sin embargo, esta labor se desarrolla en un contexto donde confluyen desafíos legales, operativos y políticos, especialmente en situaciones como la de Venezuela, marcada por la represión estatal y la crisis política.

El caso de Venezuela I se centra en denuncias de crímenes de lesa humanidad, como torturas, persecuciones, asesinatos, desapariciones forzosas, segregación política y detenciones arbitrarias. Estas acusaciones, planteadas inicialmente por un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma, condujeron a la fase de examen preliminar (2018-2021).

Dicho examen preliminar [Venezuela] se inició bajo la gestión de la entonces fiscal Fatou Bensouda. Durante este período, la Fiscalía recopiló información para determinar si existían fundamentos razonables para abrir una investigación formal. La fase preliminar duró más de tres años, un periodo considerado extenso, pero no inusual. Superada esta etapa, en diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existía una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. El cierre de esta actividad preliminar quedó pendiente hasta la asunción del actual fiscal, Karim Khan, en junio de 2021.

El 3 de noviembre de 2021, Karim Khan anunció la apertura de una investigación formal, marcando un hito en el caso. Esta decisión reflejó un cambio significativo en el ritmo del expediente, señalando una disposición más proactiva del nuevo fiscal. El anuncio se realizó durante una visita oficial a Venezuela. Cumpliendo con el deber de cooperación, se firmó un memorando de entendimiento con el gobierno venezolano.

Bajo la dirección de Karim Khan, se han dado pasos importantes para avanzar en la investigación:

  1. Se rechazaron solicitudes de aplazamiento presentadas por el gobierno venezolano, demostrando una postura firme frente a intentos de dilación.
  2. Se establecieron mecanismos para recopilar evidencias de las víctimas, quienes han sido reconocidas como actores fundamentales en el proceso.
  3. La Fiscalía ha mantenido comunicación regular sobre el estado del caso, mejorando la percepción de transparencia.

Desempeño del fiscal de la CPI en un contexto político complejo

La gestión del fiscal ha estado marcada por la necesidad de equilibrar los principios de independencia judicial con las presiones políticas y diplomáticas. Tanto el gobierno venezolano como actores internacionales buscan influir en el proceso. El fiscal ha logrado mantener una postura de neutralidad, evitando que el caso sea percibido como una herramienta política. Aunque criticado por algunos sectores, el memorando firmado con el gobierno venezolano permitió avanzar en la cooperación inicial, la cual se ha deteriorado con el tiempo.

El trabajo de la Fiscalía ha tenido un impacto significativo en las víctimas, quienes ven en el proceso una esperanza para la justicia. Sin embargo, las demoras generan frustración en ciertos sectores de la sociedad civil venezolana. Igualmente, serias acusaciones contra el fiscal Karim Khan por conductas inapropiadas, como acoso sexual y eventual conflicto de interés, han empañado su confianza y muchos lo asocian como factor de retardo judicial.

Al comparar el expediente Venezuela I con otras situaciones investigadas por la CPI (como Sudán o Georgia), se observa que los tiempos procesales son similares. Sin embargo, el enfoque diplomático adoptado por Karim Khan [prolongando el test de complementariedad] marca una diferencia crítica. Ciertamente esta fase de prueba debe darse por superada. El exceso de tiempo en el test de complementariedad positiva dilata la investigación en curso, la cual ya debería haber producido medidas de arresto contra los victimarios de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, esto es, con la misma rapidez que lo hizo contra Putin [presidente de Rusia], Netanyahu [primer ministro de Israel], Yoav Gallant [exministro de Defensa de Israel] o Mohammed Deif [comandante de Hamás].

Posibilidades de éxito: que haya justicia en La Haya

El éxito del caso dependerá de la capacidad del fiscal para consolidar pruebas sólidas y mantener la independencia frente a las presiones externas. Aunque el caso Venezuela I ha experimentado avances importantes, como la apertura de la investigación formal, su progreso ha sido relativamente lento. En comparación con otros casos, el expediente Venezuela registra avances moderados.

Comparativamente con Sudán, el caso [Darfur] se inició con una remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [2005]. En menos de tres años se emitieron órdenes de arresto contra altos funcionarios, incluido el expresidente Omar al-Bashir. Aunque ha habido demoras en la ejecución de estas órdenes, el avance inicial fue significativamente más rápido que Venezuela I.

El caso sobre la guerra entre Rusia y Georgia [2008] tuvo un examen preliminar que duró siete años (2008-2015). Más lento que Venezuela I. En este caso, iniciado en 2004, la CPI emitió órdenes de arresto contra líderes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) en menos de dos años, destacándose por la rapidez en las etapas iniciales.

Desde su asunción, en 2021, el fiscal Karim Khan ha adoptado una postura más dinámica y diplomática. La apertura formal de la investigación durante su visita a Venezuela fue un avance simbólico y político importante. En cuanto a su eficacia, Karim Khan ha mostrado un enfoque más estratégico que su predecesora. Avanzó con buen criterio diplomático, cautela y equilibrio procesal cumpliendo el deber de cooperación. Fue audaz viajando a Venezuela y notificando a Maduro ‘en su misma mesa’, el inicio de [su] investigación. Sin embargo, la Fiscalía ha demostrado lentitud para avanzar en la investigación, la cual cumplió más de 8 meses desde que la Sala de Apelaciones decidiera a favor de su continuación, en marzo de este año.

En fecha 22 de noviembre de 2024 la Oficina de Defensa Pública de Víctimas [OPCV] envió una comunicación a la Sala de Apelaciones de la CPI, donde expresó su preocupación por la apertura de una incidencia recusatoria contra el fiscal de la CPI. La diligencia expresa duras críticas al retardo judicial que vienen reflejando el expediente Venezuela 1.

La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, en misiva firmada por su asesora jurídica principal, Paolina Massidda, alerta sobre “el sentimiento de abandono de las víctimas, la percepción de inacción que es injusticia y su preocupación por que una nueva incidencia ralentice el proceso más de lo que está.

Igualmente, la OPCV rechaza y solicita que se cierre el test de complementariedad positiva, por existir serias y sólidas evidencias de que en Venezuela no existe una administración de justicia independiente e imparcial capaz de investigar y procesar crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus funcionarios.

Medidas coercitivas. ¿Para cuándo?

La posibilidad de que el fiscal de la CPI solicite órdenes de arresto contra funcionarios responsables del gobierno de Nicolás Maduro depende del avance y las evidencias recopiladas durante la investigación formal en el caso Situación Venezuela I. Conforme al artículo 58 del Estatuto de Roma, el fiscal puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares una orden de arresto si se cumplen dos condiciones claves:

  1. Fundamento razonable para creer que se ha cometido un crimen bajo la jurisdicción de la CPI, por lo que el fiscal debe presentar evidencia preliminar suficiente para establecer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, como torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias o asesinatos.
  2. Necesidad de la medida. Esto es que el arresto es necesario para garantizar que la persona comparezca ante la Corte, prevenir que continúe cometiendo crímenes e impedir que interfiera con la investigación, como destruir pruebas o intimidando a testigos.

El fiscal Karim Khan cuenta con informes exhaustivos de organismos como Naciones Unidas [Comisión de Determinación de Hechos], la OEA y organizaciones no gubernamentales que detallan estos hechos. También ha recopilado testimonios de víctimas y documentación directa. Si bien estas pruebas deben consolidarse, ya existen fundamentos razonables para vincular a los perpetradores.

Responsabilidad de mando

El Estatuto de Roma contempla la responsabilidad penal de los líderes que, sabiendo o debiendo saber que se estaban cometiendo crímenes, no tomaron medidas razonables para prevenirlos o castigarlos. Nicolás Maduro, como jefe de Estado, se encuentra en la cúspide de la cadena de mando y, de acuerdo con las denuncias, habría permitido o coordinado los actos represivos.

La estructura jerárquica es fundamental: la supuesta participación de altos funcionarios, como ministros, militares y miembros de los cuerpos de seguridad, refuerza la tesis de una política de Estado dirigida a reprimir a opositores. Existen factores que influyen en la decisión del fiscal: pruebas sólidas y verificables que vinculan a la cadena de mando con los crímenes denunciados. Además, debe demostrarse que estos fueron parte de un patrón sistemático o generalizado. Si bien los informes existentes son contundentes, es crucial garantizar que las pruebas sean admisibles bajo los estándares de la CPI.

Al momento de escribir estas líneas, se registran comportamientos de asedio y hostigamiento a la sede de la Embajada Argentina en Venezuela, donde se encuentran seis venezolanos asilados víctimas de persecución política. Una violación más del orden público internacional, especialmente sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, y el deber de proteger sus sedes, impidiendo la entrada de intrusos y evitando cualquier acto que perturbe su tranquilidad, seguridad y dignidad, como lo ordena el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Más de 8 meses asilados en dicha embajada bajo custodia del Gobierno de Lula en Brasil, sin que se haya concedido el debido salvoconducto para salir de Venezuela. Hace apenas días murió otro venezolano en custodia del gobierno.

En conclusión, el retardo judicial en la CPI está produciendo un estado de impunidad peligroso y sensible. No solo perjudica a las víctimas, sino que deja el camino libre para acumular otras. El balance de gestión del fiscal no es positivo. De pronto paralizó la investigación, a pesar de la arremetida represiva del gobierno a partir de las elecciones del 28 J, hechos públicos y notorios bien reportados a su oficina por múltiples activistas, misiones de las NNUU y organismos multilaterales.

Ha llegado el momento de que haya justicia en La Haya. Hay hartazgo, frustración e indignación. Si no hay justicia en la CPI, los crímenes de lesa humanidad que ella tutela seguirán… y la historia la juzgará y la condenará.

vierablanco@gmail.com | Presidente de VenAmérica / USA

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Advierten que podrían usar justicia comunal para sustentar “gobierno de facto”

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En su boletín semanal “Escenarios 23”, la organización Laboratorio de Paz alertó que las autoridades venezolanas avanzan en la creación de un marco jurídico para sustentar el “gobierno de facto” que, denuncian, pretende juramentarse el 10 de enero a través de la denominada “justicia comunal”. 

En el documento, recuerdan que el 12 de noviembre de 2024, la  Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, así como la Ley Orgánica de Justicia Comunal, ambas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.854, del 14.11.24.

Precisan que aunque ambas normativas, en la teoría, están diseñadas para estimular la participación para la mediación y resolución pacífica de los conflictos mediante figuras similares a los jueces de paz, “la división territorial del país en comunas vulnera lo establecido al respecto en el artículo 16 de la Constitución”.

Amplían la advertencia alertando que los llamados “jueces de paz comunales” “sustituirán el sistema de administración de justicia conocido a nivel comunitario”, pues tendrán como áreas de su competencia, entre otras, los conflictos en el ámbito local, el arrendamiento de propiedades, reglamentos de convivencia, la supervisión de organizaciones vecinales, casos de violencia de género, situaciones de protección a niños, niñas y adolescentes, propiedad y tenencia de animales domésticos y situaciones dentro de los Consejos Comunales. Además, indican que la ley especifica que se podrá solicitar el apoyo de la policía, municipal, estadal o nacional. 

Otro punto de preocupación sobre esta norma jurídica es que no podrán ser parte del sistema de “justicia comunal” las personas que incurran en “posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la nación”, lo que introduce un elemento de discrecionalidad. 

Laboratorio de Paz recordó también que el gobierno anunció que en diciembre se elegirán 30 000 jueces de paz comunal en todo el país.

“El sistema de justicia comunal sustituirá las funciones del actual sistema de administración a nivel territorial y será un mecanismo para aumentar el uso de mecanismos punitivos para neutralizar y castigar a las personas percibidas como disidentes a partir del 10 de enero de 2025″, insistieron. 

Las previsiones para enero

De cara a lo que pueda ocurrir políticamente en enero, la organización instó a la sociedad civil a prepararse para seguir trabajando “en condiciones de mayor restricción, manteniendo el apoyo a sus beneficiarios y tomando las medidas de resguardo y protección a sus integrantes en terreno”.

Además, les exhortó a denunciar “la pretensión de juramentar un gobierno de facto, a partir del 10 de enero de 2025, que no emana de la voluntad popular”.

“90 días de injusticias y violaciones a derechos humanos”: Exigen la libertad de Perkins Rocha

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A tres meses de la detención arbitraria y desaparición forzada por más de 90 días del abogado Perkins Rocha, portavoz del Partido Vente Venezuela, María Constanza Cipriani, esposa del jurista, y su hijo, Santiago Rocha, exigieron una vez más su libertad y denunciaron que continúan sin tener ningún tipo de contacto con él. 

“90 días han pasado desde que fue detenido arbitrariamente por las fuerzas del régimen, 90 días sin que sus familiares hayamos podido verlo y oírlo”, expresó Cipriani en un video publicado en la red social X (antes Twitter) el pasado 25 de noviembre. 

Además, aseguró que durante tres meses a su esposo se le ha “negado el derecho a una defensa privada”, al igual que a los detenidos en las protestas posteriores al 28 de julio, razón por la que expresó que han sido “90 días de incertidumbre y de profunda injusticia”.

“90 días en los que nosotros hemos tomado su bandera y seguimos exigiendo su libertad y que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Exigimos la libertad plena, no solo para Perkins Rocha, sino para todos los presos y perseguidos políticos”, agregó Cipriani.

El hijo del jurista, Santiago Rocha, se expresó en redes sociales y expresó que han sido 90 días en los cuales su padre no puede “ni ver ni hablar con su familia”.

“Son 90 días en los cuales son otros los que deciden por él si ese día puede o no ver la luz. 90 días de injusticias y violaciones a los derechos humanos, porque mi padre no es ningún criminal”, sentenció. 

Recalcó el joven que “expresarse y pensar distinto no es un crimen”.

Caso Perkins Rocha 

El pasado 27 de agosto, Rocha fue detenido por un grupo de hombres vestidos de negro y sin orden de aprehensión mientras se encontraba en el establecimiento de Farmatodo Las Mercedes, en Caracas. Según comentó su hijo, en entrevista para VPITV, a su padre lo arrastraron por el piso y lo golpearon.

Dos días después de la detención del asesor jurídico de la líder opositora María Corina Machado, la fiscalía lo acusó de haber cometido cinco delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio durante una audiencia en la que no contó con defensa privada. 

Rocha forma parte de las lista de más de 1.800 presos por motivos políticos, según datos contabilizado por el Foro Penal Venezolano. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor del jurista por considerar que se encuentra en una “situación de gravedad”.

Madre de paciente con diabetes detenida en represión poselectoral clama por la liberación de su hija

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Desde el pasado 1 de agosto, Ariadna Pinto se encuentra detenida en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Tinaquillo en el estado Cojedes.

Su madre, Isabel Pinto, indicó que su único pecado es haber estado en la calle luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso diera como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. 

A raíz de una crisis convulsiva producto de una descomposición producto de la diabetes, Pinto debió ser internada en el centro hospitalario “Joaquina de Rotondaro” de la ciudad monaguense.

La madre de Pinto dijo que desde los 10 años Ariadna vive con diabetes y, luego de ser aprehendida, su estado de salud se ha deteriorado.   

“Por su condición de salud se me ha visto bien delicada. Pido por favor que me ayuden a que mi hija sea puesta en libertad, por su condición de salud ella necesita estar en su casa o le den algún beneficio”, dijo Isabel Pinto a las puertas de la Fiscalía en Caracas, donde se reunió con otras madres y representantes de detenidos en el marco de la represión poselectoral.

Pinto le pidió al fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab, que otorgue a su hija una medida en función de su estado de salud. 

Cabe recordar que, mediados de este mes, el testigo electoral Jesús Martínez falleció luego de ser detenido por funcionarios policiales en el estado Anzoátegui. Martínez también tenía diabetes y sus familiares responsabilizaron al Estado por no haberle prestado atención médica oportuna.

Martínez, de 36 años,  había sido arrestado un día después de la elección presidencial del 28 de julio. La reclusión y la falta de tratamiento y atención médica empeoró su condición de diabetes. La líder opositora, María Corina Machado, denunció entonces que luego de semanas en un calabozo “infrahumano” las piernas del activista Jesús Martínez Medina sufrieron necrosis. La familia precisó que murió esperando la orden de juez para que se le pudiera practicar una ecografía. 

Igual en el CICPC

También provenientes de Tinaquillo, familiares de Génesis Tovar acudieron a la sede del Ministerio Público en la capital venezolana para abogar por la liberación de la joven de 19 años de edad.

Tovar también fue remitida a la sede del CICPC en la ciudad monaguense, desde que fue capturada el pasado 1 de agosto.

La familia de Tovar asegura que esta es inocente de haber cometido agravio alguno y que fue víctima de la posición política de su denunciante, quien la señaló ante la policía científica. A Tovar la acusa de incitación al odio y terrorismo.

 

 

“El momento ha llegado, vamos a cobrar lo que es nuestro”: Primer mensaje de Machado de cara al #10Ene en 6 frases

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Este lunes, 25 de noviembre, la líder política María Corina Machado envió un primer mensaje de cara al 10 de enero, fecha en la cual la oposición venezolana aspira a que Edmundo González Urrutia tomé posesión de su cargo.

A través de un audio difundido en su cuenta en X, Machado sentenció: “El momento ha llegado, vamos a cobrar lo que es nuestro”. En el mismo audio dijo que los venezolanos “deben estar preparados para hacer lo que debemos hacer”. 

Según Machado, este es el primero de una serie de mensajes que va a enviar todos los domingos durante las próximas semanas.

Acá, un resumen de las frases más importantes de su mensaje: 

“El mundo entero sabe que el 28 de julio los venezolanos elegimos a Edmundo González Urrutia como nuestro presidente”, pero el régimen de Nicolás Maduro “trata de evitar lo inevitable y utiliza para ello la fuerza bruta”.

“Todo esto todo el mundo lo sabe. Obviamente, el dolor es muy, muy grande, que nos dan a millones de familias venezolanas. Pero yo les digo, mis queridos y valientes venezolanos, el mandato popular y soberano del 28 de julio es irreversible”.

“Ya hicimos lo que debíamos en las elecciones y ahora lo que falta es completar esta tarea y vamos a cobrar lo que es nuestro”.

“La Constitución establece que el 10 de enero tiene que producirse el cambio de gobierno. Faltan exactamente 46 días, pero antes vamos a celebrar una Navidad difícil, con presos políticos, con muchísimas penurias económicas y familias separadas. Y justamente por eso en estas Navidades, para las que hoy hace falta exactamente un mes, vamos a recuperar su sentido original”. 

“En definitiva, en este primer mensaje les quiero pedir que estemos listos para hacer lo que corresponda cuando llegue el momento preciso. Estemos todos atentos, alertas, concentrados. Presten mucha atención a lo que está pasando, a las señales que van a aparecer y a los mensajes que le iré enviando en estos días”.

Machado finalizó su mensaje expresado: “Nos vemos pronto nuevamente en las calles de una Venezuela libre. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos”.

Con una investigación en contra

La Fiscalía inició una investigación contra Machado, al señalarla de apoyar el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de EE.UU. que prohíbe a instituciones del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo de Maduro.

El proyecto de ley fue presentado por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata, quienes consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.

Sobre esto, la líder política indicó que la imputación de la Fiscalía que la acusa de “traición a la patria”, conspiración con países extranjeros y otros delitos, muestra “debilidad” del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Evidentemente, el régimen, que cada día se da cuenta que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. Mientras más débiles están, más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación”, afirmó Machado en un video en X.

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