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Comité de DDHH de la ONU abrió investigación por comicios del #28Jul y pide preservar material electoral

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Este martes, 3 de diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU informó que dio inició a un caso clave contra el Gobierno de Venezuela para investigar las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

Mediante un comunicado, el Comité indicó que dictó “medidas provisionales urgentes”, exigiendo a Venezuela que conserve todos los materiales electorales clave, como actas de escrutinio, documentos de totalización y hojas complementarias, mientras se investiga el caso. 

En la comunicación que envió el Comité de DDHH a los denunciantes, especificaron que esta solicitud “no implica que se haya adoptado decisión alguna sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación” y que el comité “podrá examinar la necesidad de mantener la solicitud de medidas provisionales, a la luz de las observaciones que el Estado parte pueda presentar a ese respecto”. 

“Un avance crucial”

Los denunciantes, miembros de IHR LEGAL, firma internacional especializada en derechos humanos, expresaron en un comunicado remitido a los medios que la decisión notificada el día de hoy por el Comité de Derechos Humanos “es muy importante”, por tratarse de un “caso pionero en donde se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025”. 

Entre los miembros de la firma IHR Legal que presentaron la denuncia el 18 de octubre de 2024 destacan Ignacio Javier Álvarez Martínez (exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Antonia Urrejola Noguera (expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Carlos Vicente de Roux (exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); José Antonio Guevara (expresidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria) y Paulo Abrão (exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

En la denuncia se alega que “Venezuela cometió múltiples violaciones a derechos humanos fundamentales durante las elecciones presidenciales, como la presentación de resultados falsos, el ocultamiento de documentos esenciales como el acta de totalización y las actas de escrutinio, además de la restricción del voto en el exterior y la obstrucción al control ciudadano”.

Para IHR Legal la apertura del caso es “un avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”. Subrayaron que se trata de una acción sin precedentes.

“Estimamos que el caso hoy abierto por la ONU probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela”, puntualizaron.

CNP contabilizó más de 200 agresiones a la prensa entre enero y noviembre

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De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), desde enero hasta noviembre de este año se han registrado 225 agresiones contra la prensa, entre ellas 16 deportaciones de corresponsales extranjeros, 19 detenciones consideradas arbitrarias, así como el cierre de 17 emisoras de radio y el de cinco programas radiales.

La decena de periodistas expulsados no llegaron a entrar al país debido a que no contaban con la visa de trabajo exigida por el gobierno de Maduro.

A través de X, el CNP también contabilizó 14 “bloqueos” a medios digitales, el cierre de un programa de televisión y el de un medio impreso, aunado a la salida de circulación de un canal televisivo.

El Colegio también denunció siete agresiones físicas y cinco verbales, un intento de robo y tres equipos robados, siete casos en los que el material periodístico fue borrado, el daño a bienes de un periodista y también a dos sedes de medios de comunicación.

Asimismo, computó 53 actos de “intimidación”, 31 impedimentos de cobertura, 17 “amenazas”, 16 “hostigamientos”, dos anulaciones de pasaportes, tres campañas contra directivos del CNP y dos contra trabajadores de prensa, además del despido “injustificado” de un periodista de una entidad gubernamental.

De las 225 agresiones, 102 de ellas se registraron entre el 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, y el 29 de agosto, según una nota de prensa del CNP, que exigió la liberación de los 14 comunicadores detenidos que contabilizan.

El pasado 2 de noviembre, ONG de Venezuela exigieron libertad para los periodistas detenidos, la mayoría apresados tras el 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial de las presidenciales, que dio la reelección a Nicolás Maduro.

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) manifestó que donde “la represión y la censura son cotidianas”, es “vital exigir justicia”.

El pasado 18 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el aumento de ataques a periodistas en Venezuela en el contexto de las presidenciales y dijo que el Gobierno “continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión”.

 

 

España nombra nuevo embajador en Venezuela a casi tres meses de la partida de EGU

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Cerca de cumplirse tres meses de que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, saliera de Venezuela rumbo a Europa en un exilio forzado, y a poco más de un mes de la hipotética juramentación de Nicolás Maduro como presidente, el gobierno de España nombró a un nuevo embajador en Venezuela. Se trata del jefe de gabinete del ministro español de Cultura, Álvaro Albacete.

Albacete reemplazará a Ramón Santos, quien según expuso la agencia, EFE pasa a condición de retiro.

Albacete dejará la cartera a la que llegó en noviembre de 2023 para encargarse de la representación diplomática en Venezuela. El funcionario se ha desempeñado como encargado de Medio Ambiente, Economía Azul y Agua y de Educación Superior de Investigación. También, fue secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo. 

Además, estuvo a cargo de la secretaría general del Centro de Diálogo Internacional y fue asesor diplomático de Pedro Sánchez, así como también director general de la Casa Sefarad y embajador en misión especial responsable de las relaciones de España con las Comunidades y Organizaciones Judías, un cargo en el que impulsó una ley que aprobó el parlamento para facilitar la nacionalidad española a los judíos de origen sefardí.  

A raíz del refugio que el gobierno español otorgó a González Urrutia luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha reiterado su petición de que la administración madurista rompa relaciones con España. Aunque el gobierno español no ha reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela se sumó a la petición de decenas de naciones en el mundo de exigir las actas y resultados desagregados de los comicios del 28J, asimismo el gobierno español le brindó protección en la sede de su embajada de Caracas y le facilitó un avión de su Fuerza Aérea para trasladarse hasta Madrid, donde permanece en calidad de asilado. 

Todavía sin explicar cómo lo va a hacer, González Urrutia ha manifestado su deseo de venir a Venezuela a juramentarse como presidente el 10 de enero y reiteró que bajo ningún concepto ejercerá esa función fuera de Venezuela.

 

 

La discapacidad se acentúa con la crisis económica

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A Davinson Linares le falta su pierna derecha pero le sobran las ganas de trabajar y “echar para adelante”. En marzo de 2019, cuando se desplazaba por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, un conductor ebrio impactó contra Davinson haciendo que rodara por el suelo. 

“Del golpe tan fuerte que me dio perdí instantáneamente la pierna y casi pierdo un brazo. Desde el accidente, mi vida cambió por completo, no volví a ser el mismo en ningún sentido. Agradezco que puedo seguir reparando motos y con eso me puedo defender, pero la situación económica del país es ruda y se me hace cuesta arriba cumplir con todo porque tengo un hijo pequeño”, narró.

Para la mayoría de los venezolanos la situación económica es un tema álgido y bastante complejo, que empeora cuando en el hogar vive una persona con una discapacidad.

El alto costo de alimentos y medicinas, la crítica situación de los servicios básicos, la falta de infraestructura adecuada y accesible, la escasa ayuda gubernamental y la limitada oferta laboral hacen que vivir con una persona que presente algún tipo de discapacidad eleve las necesidades.

Una discapacidad es una condición que afecta la capacidad de una persona para llevar a cabo ciertas actividades de la vida cotidiana. Estas pueden ser físicas, sensoriales, intelectuales, psicosociales y cognitivas.

La economía no distingue 

Davinson Linares comentó que aunque hay semanas en las que puede hacer 100 dólares haciendo trabajos de mecánica, hay otras en las que no hace nada. Explicó que la mayor parte de sus ingresos se van en comida y en las cosas de su hijo. “Yo agradezco que aunque sea puedo trabajar y tener para mis cosas, porque los discapacitados no tenemos muchas oportunidades de empleo”, dijo.

En el último trimestre de 2024, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo se ha incrementado en casi 30% al pasar de 36.6 bolívares por dólar a más de 47 en cuestión de semanas, lo genera que las personas que sufren alguna discapacidad enfrenten desafíos adicionales que terminan exacerbando las desigualdades ya existentes.

María Isabel Díaz, economista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, explicó en el taller “El rol del periodista en la narrativa sobre la discapacidad”, realizado el pasado 27 de noviembre, que “la economía no distingue cuando se trata de una persona con discapacidad”.

Díaz puntualizó que existe un término que se denomina “sobreesfuerzo económico” que, como lo indica, es el doble esfuerzo que debe hacer un grupo familiar para cubrir los gastos de alimentación, salud e infraestructura para que una persona con discapacidad tenga calidad de vida. 

En el mes de septiembre, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la canasta alimentaria para una familia de cinco miembros tuvo un costo de 539,16 dólares.

De acuerdo con la organización, un hogar venezolano necesitó 18 dólares diarios para poder comprar los 60 productos que conforman la cesta alimentaria, donde el salario mínimo actual es de 130 bolívares mensuales, unos 3,5 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Según el último estudio realizado en 2023 por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, 89% de los hogares venezolanos padece inseguridad alimentaria y la mitad de los hogares no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria. 

Oportunidades de empleo limitadas 

Aproximadamente una de cada siete personas, o más de 88 millones de personas en América Latina y el Caribe, viven con una discapacidad que puede afectar su acceso a derechos fundamentales, como la educación, el empleo y la atención médica.

En Venezuela, según el censo del año 2011, 1.454.845 personas o el 5.38% declaró tener al menos una discapacidad. Por su parte, el portal Patria, dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro, tiene un registro de 700.000 personas con alguna discapacidad, pero se estima que actualmente la cifra se ubica en dos millones.

Apenas en el año 2023, en Venezuela se aprobó la Ley Especial para las Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad en la Asamblea Nacional, la cual tiene como objetivo principal garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y condiciones en el ámbito laboral. Sin embargo, son muy pocas las empresas que dan espacio a personas con discapacidad. 

Según esta ley, todas las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones en un entorno laboral libre de discriminación.

Además, la Administración Pública, así como las empresas públicas, privadas o mixtas, deben incorporar no menos del 5% de personas con discapacidad en su nómina quienes tienen derecho a un “salario suficiente que les permita vivir con dignidad”.

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), elaboró un estudio para conocer los medios de vida de las personas con discapacidad y la investigación arrojó que 44% de estas personas no trabaja. 

“Del grupo de personas con discapacidad entrevistadas que labora, 5 de cada 10 lo hace por cuenta propia; 3 de cada 10 trabaja en el sector público y 2 de cada 10 trabaja en el sector privado de la economía, situación que refleja que las personas con discapacidad en el país, encuentran barreras en el acceso al empleo”, dijo Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.

Un llamado a la diversidad y la inclusión 

La economista María Isabel Díaz afirmó que, actualmente, el mercado laboral para personas que presentan alguna discapacidad es muy limitado, pero destacó el trabajo que realiza la empresa Arcos Dorados, que actualmente emplea a casi 40 personas con discapacidad. 

La economista, que ya lleva años trabajando con temas de inclusión de personas con discapacidad en empleos formales, precisó que es necesario habilitar la inclusión social de estos ciudadanos en las empresas, pues son personas con altas capacidades que ayudan también a sensibilizar el entorno y a mantener relaciones laborales basadas en el respeto y la empatía.

“Nuestros hijos han deseado morir como forma de escape”: Madres de niños detenidos en vigilia ante la Fiscalía

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Con velas encendidas y vestidas con camisas blancas, las madres de los adolescentes detenidos tras las elecciones del 28 de julio llevaron a cabo una emotiva vigilia frente al Ministerio Público en Caracas, a finales de la tarde del 2 de diciembre. Desesperadas, suplicaron de nuevo la liberación de sus hijos, incluso bajo medidas cautelares, afirmando que lo esencial es poder tenerlos nuevamente a su lado.

Theany Urbina, madre de Miguel Urbina de 16 años, leyó una carta dirigida a Nicolás Maduro. En ella, destacó la “brutal injusticia que se está cometiendo con nuestros hijos e hijas” y la ilusión que sintieron el 15 de noviembre cuando Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y ratificado por la AN oficialista, anunció las primeras excarcelaciones. 

“Soñamos con que esta pesadilla termine, estamos sometidas a cuatro meses de esta tortura solo por ser pobres, miembros de la clase trabajadora que lucha todos los días para salir adelante. Pensamos que finalmente se acabaría, pero estamos convencidas de que nuestros hijos están detenidos por una condición de pobreza porque ellos son inocentes y fueron detenidos para cumplir una cuota”, expresó. 

Urbina insistió en que “no se ensañen con los pobres” y denunció que  su hijo, mientras estuvo recluido en Zona 7 de la Policía Nacional, en Boleíta, fue “torturado y le pasaron corriente”.

“Esos sí son delitos, eso sí es terrorismo y ellos no han hecho nada. Le pedimos que se toque la mano en el corazón”. 

La madre comunicó que no es justo que muchos de los jóvenes detenidos “hayan deseado morir como escape” y que nadie haga nada para ayudarlos. 

“Mi hijo necesita atención médica” 

Adelaida Herrera, madre de Bleider Level, quien cumplió 18 años en prisión, aseguró que su hijo necesita atención médica debido a que tiene un problema grave en la columna y no ha sido atendido. “En la última visita, me dijo que se sentía muy mal y que le estaba doliendo mucho. Estoy preocupada”, indicó. 

Level fue detenido el 31 de julio en Coche. Estaba visitando a su novia y se dirigía a Antímano, a su casa, cuando fue interceptado por funcionarios del Estado. Antes de estar en la Casa de Justicia 431, en El Cementerio, estuvo detenido en Zona 7 y su madre también denunció que recibió malos tratos. 

A la concentración también se sumaron dos madres provenientes de Valencia: Patricia Rivas y Jenifer Febles. Rivas afirmó que no ha tenido contacto con el defensor público, solo con la defensoría del estado Carabobo. 

“El defensor de aquí (Caracas) no me puede atender. No sé si por todas las declaraciones que hago, esa persona no quiere hablar conmigo. Es fuerte, porque yo vine con unos abogados para que asistiera a mi hijo. Mi propio hijo me ha dicho que siente que no lo están defendiendo y que siente que lo van a dejar morir. Me comenta ‘yo una vida por delante y no es justo”, narró. 

Cristian Pérez, de 17 años, es estudiante y músico. Su madre manifiesta que es un niño sin malicia alguna y que -antes de ser detenido- se dedicaba a componer canciones de amor. 

 

Pérez fue detenido cerca de la Plaza de Prebo en Valencia. Su mamá insiste que él no estaba protestando en el momento de su detención y que “fue secuestrado”. Contó que antes no sufría ataques de pánico y ahora son cada vez más recurrentes. 

Rivas, junto a otras madres, fueron citadas por el fiscal Tarek William Saab, y en esa reunión, realizada en Caracas, les afirmó que sus hijos serían liberados, pero esa promesa no ha sido cumplida. 

madres adolescentes
Las madres oraron por la liberación de sus hijos. Crédito: RunRunes.

“Mi hija se da golpes en la cabeza”

Jenifer Prelos, madre de Mariana González, de 17 años, declaró que su hija está muy deprimida y que le ha expresado que no quiere seguir con vida. Comentó que se da golpes en la cabeza para sobrellevar la situación. La niña fue detenida en Tocuyito con presas comunes. 

Prelos desea que su hija reciba atención psicológica, porque las cartas que escribe “dan mucha tristeza”. El día de su audiencia preliminar, Mariana le pidió a la jueza que, por favor, la liberara y que ella es inocente. 

“Mi hija se desmayó delante de la jueza porque no tiene energía, no quiere comer y está muy deprimida”, confesó su madre. 

Mariana tenía el sueño de formar parte de una institución del Estado, ahora afirma que no es lo que quiere “porque ella no le puede hacer daño a nadie”. 

“A pesar de estar encerrada, mi hija tiene mucha fe y yo también”, alegó su madre. 

 

Los juicios de los adolescentes están programados para los días siguientes. Sus familiares temen que sean condenados, después de las declaraciones del fiscal general en las que sostuvo que no hay “presos políticos” sino criminales. 

“Le pedimos que se apiade de nosotras. Ellos son inocentes y no son criminales”, gritaban las madres. 

Las madres tienen cuatro meses con sus hijos detenidos 

Después de cuatro meses viendo a sus hijos detenidos, las madres describen esta situación como la más difícil que han enfrentado. Muchas de ellas hacen lo posible por sobrellevar el día a día, mientras cuidan de otros hijos y luchan por mantener sus hogares.  

Urbina, una manicurista, expresó que está ahí para apoyar a su hijo, pero reconoce lo difícil que resulta, ya que también tiene otras dos hijas y necesita trabajar para proveer alimentos y sustento a su familia.  

Las madres
Las madres encendieron velas y oraron afuera del Ministerio Público. Crédito: RunRunes.

Además, muchas enfrentan serias dificultades económicas para cubrir necesidades básicas como comida, ropa y productos de higiene personal. Durante la vigilia lograron recolectar algunos insumos, pero imploran a la comunidad que no olviden los nombres de sus hijos, quienes merecen recuperar su libertad y la oportunidad de construir sus vidas.

Durante la vigilia, las madres encendieron velas y elevaron la consigna: “Nuestros muchachos, son inocentes, ni terroristas, ni delicuentes”.

 

Roland Carreño, cuatro meses detenido sin ver a sus familiares ni abogados

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Cuatro meses han pasado desde que el activista y periodista Roland Carreño fue detenido en el marco de la represión poselectoral. A través de la red social X, antiguo Twitter, la Plataforma Unitaria y el partido Voluntad Popular (VP) exigieron su liberación de forma “inmediata”. 

El partido político denunció que Carreño continúa aislado de sus familiares y sin acceso a abogados defensores, una situación que se repite entre los casos de los presos políticos, como el abogado Perkins Rocha, quien recientemente cumplió 100 días tras las rejas.

“La violación a sus derechos humanos no solo radica en su arbitraria detención, sino también en la prohibición de ver a sus familiares y abogados durante estos cuatro meses. Este es el mejor reflejo de la farsa de la justicia de la dictadura”, expresó VP a través de un comunicado en la red social X.

El partido político aseguró que “no han parado los atropellos” en contra de Carreño desde que fue detenido por segunda vez el pasado 2 de agosto de 2024 en El Helicoide, en Caracas.

En el comunicado también se reiteró la demanda de liberar al resto de los presos políticos en Venezuela, cifra que asciende a 1.903 personas, según el Foro Penal.

“Unas ‘navidades en paz’ solo es posible sin represión, sin persecución y sin presos políticos. Por lo tanto, Roland Carreño debe estar libre”, afirmó la organización política. 

La Plataforma Unitaria se sumó a las exigencias del partido político recordando que “hacer política no es delito”. 

Caso Ronald Carreño 

Carreño fue arrestado el 26 de octubre de 2020 cuando fue acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. Sin embargo, fue liberado en octubre de 2023 en medio de las negociaciones entre la PUD y el oficialismo en Barbados. 

Después de las protestas en contra de los resultados electorales del 28 de julio, Carreño fue detenido, otra vez, el 2 de agosto, por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

El 17 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor tras considerar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos humanos, recordó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Carreño egresó como licenciado en comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y trabajó en programas audiovisuales en Venezolana de Televisión, Televen y Globovisión. Además, fue candidato por la entonces Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por el circuito 2 del estado Lara en las elecciones parlamentarias de 2015. Posteriormente, fue nombrado coordinador político de Voluntad Popular. 

Otros dirigentes como Freddy Superlano, Américo de Grazia y William Dávila también continúan detenidos. 

Gobierno responde al fiscal de la CPI que concretó reactivación de la oficina de la ONU

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En respuesta a los duros señalamientos del fiscal de la Corte Penal Internacional respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Cancillería, confirmó este martes la reactivación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el territorio venezolano, que fue expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor.

El pasado 2 de diciembre Karim Khan solicitó a la administración de Nicolás Maduro respetar el principio de complementariedad acordado en su más reciente visita a Venezuela. 

“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela. La vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, afirmó Khan durante la 23º sesión de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI,en La Haya.  En las mismas declaraciones, abogó por la liberación de los adolescentes detenidos y recordó al gobierno venezolano que debían permitir la entrada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como le habían “prometido previamente por escrito”. 

La cancillería de Maduro aseguró que el gobierno ha informado de forma  “oportuna y ampliamente” a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “sobre todas las medidas adoptadas en el orden interno para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Estatuto de Roma”.

“De modo que el país ve con preocupación que el funcionario no haya sido informado de estos avances y el punto exacto en que se encuentran los asuntos abordados en sus desacertadas declaraciones, incluyendo la reactivación de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano, concretada en el mes de noviembre del corriente año”, abunda el comunicado. 

El texto cierra con la denuncia de que se estaría intentando utilizar la institucionalidad de la CPI “con fines contrarios a su razón de ser”.

Expulsión en febrero de 2024

El 15 de febrero de 2024, el gobierno ordenó a los 13 funcionarios de la Oacnudh a retirarse del país en un plazo de 72 horas. Nicolás Maduro denunció en declaraciones posteriores que dicha instancia presuntamente se dedicaba al “espionaje y la conspiración”

«Esa oficina se desvió (…) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela», espetó en esa oportunidad, durante una edición de su programa semanal.

El 23 de abril de 2024, en una alocución pública junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro, reveló que había recibido la propuesta de Khan  para reabrir esta oficina de la ONU. 

“Estoy de acuerdo en que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk (Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos); como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para que vuelva Volker Türk”, recalcó el gobernante venezolano. 

 

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la  Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, junto con el mandato de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). La oficina del alto comisionado se estableció en el país a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien era en ese momento la alta comisionada. 

Mataron a un comerciante por cobrar 180 dólares

Clemente José Angulo, de 54 años de edad, vivía en el estado Carabobo y viajaba de forma constante al estado Lara para visitar a su familia. Este hombre nació, creció en la región larense y  fue en esta misma región en la que fue asesinado,  el 1° de noviembre de 2024. 

Su cadáver fue localizado en horas de la tarde por unas personas que transitaban por las canchas de voleibol de playa del Complejo Variquisimeto, ubicado al este de la ciudad. El cuerpo estaba tirado en un terreno baldío y, a simple vista, se veía sumamente golpeado. Además, estaba maniatado. El servicio de emergencia fue alertado y sus funcionarios acordonaron la zona, luego de constatar la información. 

Posteriormente, efectivos del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se trasladaron al lugar e hicieron el levantamiento del cadáver, que no tenía identificación alguna. La noticia del hallazgo de una persona muerta llegó a oídos de los familiares de Clemente, quienes llevaban horas buscándolo. Al llegar al lugar, lograron identificarlo plenamente. 

El móvil fue una riña

La primera hipótesis manejada fue el robo, porque la víctima, antes de desaparecer, se trasladaba en su vehículo, un Toyota Corolla, año 2010, de color plateado, que fue localizado en la avenida Vargas, entre carreras 22 y 23, hacia el centro de la ciudad, cuatro días después de hallarse su cuerpo.

La localización del vehículo fue relevante para la investigación del CICPC, porque al revisarlo, los funcionarios lograron recabar huellas digitales que permitieron identificar a algunos sospechosos, entre ellos, a Evaristo Méndez Aular, de 59 años de edad, de quien conocieron luego más detalles. 

Una vez que se conoció de esta persona, la investigación dio un giro en torno a él. Se supo que era vecino de la víctima y que cuidaba unas viviendas cercanas a donde llegaba Clemente cuando viajaba a Barquisimeto. 

En el transcurso de las averiguaciones, los pesquisas ubicaron videos que sirvieron de pruebas para determinar que Evaristo cometió el crimen y que, además, lo hizo sin ayuda.

De acuerdo con su propia declaración y con evidencias de las grabaciones, se supo que ese día, Clemente fue a hablar con él, porque necesitaba 180 dólares que le había prestado, y que en varias oportunidades éste se había negado a pagar. 

Una vez más, Evaristo no quiso asumir los compromisos adquiridos por su deuda, pero en esta ocasión, además, se molestó y comenzó a discutir con Clemente, a tal punto, que agarró un bate y lo golpeó en la cabeza y por el costado, hasta dejarlo inconsciente y sin vida. 

Evaristo, valiéndose de que el homicidio fue cometido en una de las viviendas que cuidaba al este de la ciudad y de que no había testigo alguno, esperó que se hiciera de madrugada para trasladar el vehículo de la víctima hasta la avenida Vargas y dejarlo allí abandonado.  Así mismo, buscó una camioneta en otra vivienda que cuidaba, en la que montó el cadáver de Clemente y lo trasladó hasta el sitio donde luego fue hallado el cadáver. 

Tras haber pasado más de dos semanas, el victimario pensó que no sería descubierto, y aún así permaneció escondido. Pero fue localizado y detenido por funcionarios del CICPC. 

En posteriores allanamientos, se practicaron pruebas de luminol en la camioneta utilizada para transportar el cadáver, con las cuales certificaron que fue asesinado en una de las viviendas que Evaristo cuidaba y, además, fue encontrado el bate con el que se cometió el crimen. 

Evaristo  Méndez fue presentado por la Fiscalía 6ta del Ministerio Público de Lara, privado por el delito de homicidio calificado y, actualmente, está recluido en los calabozos del Eje de Homicidios del CICPC Lara.