El 29 de julio de 2024, mientras el país se encontraba inmerso en intensas protestas, Jonathan Rodríguez, de 30 años, entró en una panadería con la intención de llevar algo de comer a su casa. Al salir, fue sorprendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracay, estado Aragua. 

Aunque él no estaba participando en ninguna protesta, se  lo llevaron detenido. Los uniformados no le dieron oportunidad de explicarse, de preguntar el porqué de su detención, ni de ofrecer resistencia. En un instante, Jonathan desapareció de las calles y su familia no sabía dónde estaba. 

Jonathan fue diagnosticado con autismo desde la niñez. Según explicó su hermana a RunRunes, su condición implica un retraso cognitivo equivalente a siete años. 

“Mi hermano no ve el mundo como nosotros. Para él, la maldad no existe, y en las visitas solo nos pide que oremos por él”, relató. 

El día de su detención, Jonathan se dirigía a cobrar una factura en una pescadería, ya que él es pescador en la costa de Cepe en Aragua. “Como el local estaba cerrado, se dirigió a la panadería y se lo llevaron”, dijo la hermana. 

Después de su detención, los efectivos del Estado no le avisaron a su familia, por lo tanto, estuvo desaparecido forzosamente por más de ocho horas. Ese mismo día, su esposa lo buscó por diferentes comisarías hasta que llegó al estacionamiento de la comisaría de Piñoral. 

Promesa incumplida

La esposa de Jonathan habló con un fiscal del Ministerio Público en Maracay, él le informó que su liberación “sería cuestión de días” y que se “quedara tranquila” porque el joven “no había hecho nada malo”. 

Sin embargo, esto nunca ocurrió. Jonathan fue trasladado a la comisaría de Santa Rita y, el 23 de agosto, fue llevado al centro penitenciario San Francisco de Yare, ubicado en Miranda. Dos días después, lo trasladaron al Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón.

En cada visita, Jonathan intenta mantener la calma y no preocupar a su familia, pero detrás de eso se esconden condiciones de reclusión indignas y una condición médica que no ha sido atendida. 

Además de su diagnóstico de autismo, el joven tiene la bacteria Helicobacter pylori, la cual se aloja en su estómago.  Según la información divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, es una bacteria común y que parece inofensiva, pero que si no es controlada a tiempo, puede derivar otras patologías. 

“Aunque suele ser asintomática, la infección por H. pylori es la principal causa de úlcera péptica y gastritis en todo el mundo, que a menudo se presenta como dolor epigástrico punzante o ardiente. Con menor frecuencia, los síntomas incluyen pérdida de apetito, náuseas o vómitos”, indican en su portal web. 

Su hermana comentó que también ha presentado llagas en su cuerpo. La familia de Jonathan ha solicitado evaluación médica en Maracay y se la han negado, afirman que es una solicitud que se debe hacer en Caracas. 

Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos suficientes para trasladarse a la capital del país. 

Las Reglas Mandela establecen que todos los centros penitenciarios deberían contar con médicos especialistas, los cuales puedan corroborar el estado de los privados de libertad. 

“La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, se deja claro en la regla número 24, apartado uno. 

“Pedimos que nos devuelvan a mi hermano, él es una persona buena”, afirmó su hermana sollozando. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Amnistía general ya”, gritaron los familiares de los presos políticos al frente de la sede principal del Ministerio Público en Caracas, en otra protesta frente a la sede de la institución que se llevó a cabo este 21 de enero. Con pancartas, fotografías y gritos de desesperación, exigieron al fiscal general, ratificado por la Asamblea Nacional 2020, Tarek William Saab, una respuesta clara: la aprobación de una amnistía general que devuelva la libertad plena a sus seres queridos. 

Según la última actualización de la ONG Foro Penal, actualizado el 17 de enero, en Venezuela continúan 1687 personas detenidas por razones políticas. Los familiares han denunciado falta de transparencia en el proceso y la designación de abogados públicos que no ofrecen respuestas transparentes. 

“No conozco las motivaciones que pudo haber determinado una detención arbitraria como esta. Mi familia, mi hijo, y toda la comunidad está en una incertidumbre plena porque no conocemos de su condición de salud”, sentenció Adriana Godoy de Briceño, esposa del director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y periodista en Punto de Corte, Ángel Godoy. 

Godoy fue detenido por sujetos encapuchados, según narró su esposa, cuando llegaba a su casa el 8 de enero, en Los Teques, estado Miranda. 

Briceño manifestó preocupación por el estado de salud de su esposo, quien, en el 2020, padeció Covid-19 y desde ese momento quedó con problemas respiratorios. 

Con lágrimas en sus ojos, expresó que ha recorrido todos los centros de detención de Caracas y Miranda, pero que no ha recibido información del paradero de su esposo. “Nos han pisoteado nuestros derechos y eso no tiene nombre”, exclamó. 

“Adonde quiera que voy, llevo este bolso con sus medicinas y con la esperanza de que me digan en dónde está”, confesó. 

Durante la manifestación, también hubo presencia de miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quienes exigieron la liberación de los presos políticos y de Enrique Márquez, excandidato presidencial. 

“Ella es una muchacha inocente”

Tania Bardayo, madre de María Gabriela Campos, detenida en el comando 42 de Yare III, estado Miranda, denunció que su hija se encuentra en unas condiciones de reclusión indignas.

María Gabriela tiene 27 años, licenciada en Comercio Exterior y tiene más de cinco meses detenida. Se la llevaron el 30 de julio. “Ese día ella venía de comerse un helado, la paró una alcabala y ella se detuvo. El guardia le quitó las llaves y le dijo que se fuera, ella le preguntó que por qué hacía eso si ella tenía sus documentos en regla. Mi hija le respondió que si la iba a multar, que lo hiciera de forma legal y ella se montó con él en la moto”, relató su madre a RunRunes. 

#21Ene | Tania Bardayo, madre de María Gabriela Campos, denuncia que su hija y dos amigas están detenidas injustamente en condiciones indignas en el comando de Yare: "Las tienen en un lugar donde comen y hacen sus necesidades, están enfermas del estómago por eso" pic.twitter.com/hw9M2V0pB5

— Runrunes (@RunRunesWeb) January 21, 2025

“La dejaron en una comisaría y comenzaron a recoger a muchachos de otras partes, cuando estaban unos cuantos, comenzaron a gritarles y a decirle guarimberos”, expresó. 

Bardayo contó que a su hija la dejaron en un comando cerca de La Peñita un sector de Carayaca, en La Guaira, después la pasaron a otro comando en Ocumare del Tuy, hasta que llegó al lugar donde está ahorita, en Yare III. 

Sentenció que su hija está “muy delgada, ojerosa, deprimida y no la sacan a nada”. Añadió que en una celda está hacinada con más de seis mujeres, en la misma está la letrina y un lavamanos. Sumado a esto, no hay agua potable de forma regular y no recibe la luz del sol por días. 

Estas condiciones de reclusión violan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, más conocida como Reglas Mandela, a las cuales está adscrita el Estado venezolano. 

La joven, al igual que sus compañeras, no tiene privacidad al momento de bañarse o de gestionar su menstruación. De acuerdo a la regla número 16: 

“Las instalaciones de baño y de ducha serán adecuadas para que todo recluso pueda bañarse o ducharse”. 

Pese a esta condición, no existe ningún tipo de garantía de que la situación pueda mejorar para las mujeres que se encuentran detenidas.

“Queremos su libertad, ella no es una criminal y tampoco terrorista. Es una joven trabajadora que no merece estar encerrada”, argumentó Tania Bardayo. 

Seguirán en protesta

La situación de las cárceles ha sido documentada por organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Recientemente, los expertos redactaron un documento con recomendaciones para el Estado. 

En él, destacan que los detenidos no cuentan con atención médica especializada ni con medicamentos, todo esto recae en los familiares. 

“Las personas privadas de libertad en estos centros suele depender de sus familiares para poder acceder a medicamentos en casos de enfermedad, incluso en caso de condiciones crónicas y degenerativas, y para la provisión de alimentos”

En medio de la incertidumbre y el desamparo que representa tener un ser querido detenido en Venezuela, las madres, a través del frente de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, manifiestan que continuarán alzando la voz por la liberación plena de sus hijos. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.