En el marco del Mes del Bienestar y la Salud Mental, elGrupo Médico Santa Paula (GMSP) en alianza con el equipo de “En Persona” ofrecerá actividades gratuitas dirigidas a la comunidad, mediante las cuales se puedan abordar y dar herramientas especiales ante temas tan importantes como la depresión y la ansiedad.
En este sentido, por quinto año consecutivo, el próximo sábado 25 de enero el GMSP llevará a cabo una Jornada Gratuita de Bienestar, actividad dirigida por médicos y profesionales especialistas en el área, quienes abordarán varios factores importantes relacionados con salud emocional y mental, y ofrecerán herramientas prácticas para afrontar la depresión y la ansiedad, con experiencias de: Arte Terapia, Biodanza, Rehabilitación Neurocognitiva y Meditación.
Los cupos para participar son limitados, por lo tanto, deben ser reservados llamando al 0500 CUIDATE (2843283) o al 0212 9176200. Para su comodidad, también puede escribir vía WhatsApp al: 0414/0424/0412 CLINICA (2546422).
Causas de la depresión
Los especialistas sostienen que en la depresión pueden influir factores tales como:
Genéticos: aumentarían el riesgo de desarrollar estos síntomas.
Biológicos: desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina.
Psicológicos: experiencias traumáticas, estrés crónico, y problemas de autoestima.
Sociales: situaciones de vida difíciles, pérdida de un ser querido, de un empleo, de una pareja, aislamiento social o problemas financieros.
“La depresión es mucho más que solo tristeza y decaimiento, es un estado general y constante en el tiempo donde se altera la percepción de la persona sobre su valor, su espacio en la sociedad, su papel en la familia, entre otros”, indicó Karina Paredes, master en Psicología y directora del grupo En Persona, que es parte del GMSP.
Por ello, “no debe ser subestimada y se recomienda tratarla a tiempo a nivel profesional”, recalcó.
Como parte de las actividades para llamar la atención sobre la importancia de la salud mental, el GMSP también ilumina la fachada principal de la clínica con reflectores de color amarillo, ya que dicho color es el símbolo para conmemorar la lucha mundial contra la depresión, cuyo día se celebra cada 13 de enero, una patología que ha llegado a ser catalogada por expertos como la nueva pandemia.
Recomendaciones
Algunas sugerencias de los especialistas para tratar la depresión incluyen:
Mantener una rutina: establecer un horario diario puede ayudar a mantener la estructura y reducir el estrés.
Buscar apoyo: hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede proporcionar un sistema de apoyo esencial.
Practicar la autoayuda: técnicas como la meditación, la escritura de un diario, y la práctica de hobbies o actividades deportivas pueden ser beneficiosas.
El GMSP, apoyado por su casa matriz Keralty, trabaja para brindar acceso cada día a más personas, en modernas y cómodas instalaciones, en quirófanos equipados con tecnología de punta, de las mejores marcas, y contando con un equipo médico y asistencial profesional de alta calidad, por eso ya es ‘la clínica que las personas tienen en mente’.
Para solicitar citas y obtener mayor información se debe llamar al 0500 CUIDATE (2843283) o al 0212 9176200. También puede escribir vía WhatsApp al 0414/0424/0412 CLINICA (2546422), o visitar la página: www.grupomedicosp.com.
Además, puede seguirlos como @grupomedicosp en las redes sociales Instagram, Facebook, X (antes Twitter), Threads y en su canal de YouTube.
67 años después de derrocar la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, los venezolanos siguen aspirando por una sociedad más democrática y por el respeto a la voluntad popular. Sin embargo, las calles parecieran decir lo contrario.
El 23 de Enero es una de las fechas más importantes en la historia de Venezuela. Gracias al movimiento cívico-militar se logró derrocar al gobernante, en una que acción puso fin a un régimen que se caracterizó por la censura, la persecución política y la violación de los derechos humanos.
Esa fecha se convirtió en un símbolo de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Cada año se conmemora para recordar la importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos.
Tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ocurrieron cientos de protestas masivas y espontáneas en las que, como consecuencia de la represión, perdieron la vida más de 20 personas y se contabilizó una cifra inédita de 2000 detenidos, incluidos menores de edad y personas con discapacidad.
Las protestas han bajado su intensidad y son cada vez menos frecuentes, especialmente tras la detención y posterior liberación que vivió la opositora María Corina Machado el pasado 9 de enero tras presidir una concentración en Caracas.
En los días previos al 23 de Enero de este año muchas personas tienen miedo a salir a la calle a protestar, o hasta simplemente a transitar en calles y autopistas con sus vehículos, pues el aumento de vigilancia policial, al menos en Caracas, es evidente y se temen abusos por partes de funcionarios en las alcabalas, como se reportaron en el contexto poselectoral.
Y el temor no es en vano, pues de acuerdo con un conteo hecho por Runrun.es, hasta el 20 de enero se contabilizaron 68 detenciones en lo que va de año. La mayoría de arrestos se practicaron sin órdenes de captura ni razones explícitas, las víctimas fueron interceptadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios del Estado. Entre las 68, cuatro fueron periodistas y una un defensor de Derechos Humanos (DDHH).
El 9 de enero, 67 años después
El 9 de enero de 1958 estalló un alzamiento de oficiales de la Marina en La Guaira (anterior estado Vargas), luego de que zarparon cinco destructores de la flota para colocarlos frente al puerto. Esa acción fue dominada por el general Rómulo Fernández al negociar con los sublevados ciertas garantías para la Armada.
A partir de ese día, la crisis interna en la dictadura de Pérez Jiménez se hizo cada día más grave, resultando en dos cambios sucesivos de gabinete, los días 10 y 13 de enero, en los cuales destituyeron de sus cargos a Pedro Estrada y Lauraeno Vallenilla-Lanz Planchart. Con ello, Pérez Jiménez perdió a 2 de sus más importantes aliados durante su gobierno.
67 años después, el 9 de enero de 2025, se celebraron protestas en varios estados del país y diversas ciudades del mundo, convocadas por María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, en rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período gubernamental, pese al desconocimiento nacional e internacional al resultado del Consejo Nacional Electoral.
Esa fue una jornada tensa, pues la dirigente opositora fue detenida y posteriormente liberada y, al día de hoy, no se explican los motivos de estas dos acciones. También fue detenido el motorizado que la trasladaba al salir de la Calle Élice de Chacao, donde estuvo acompañando una concentración.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), el pasado 9 de enero se documentaron al menos 71 protestas en territorio nacional, de las cuales 11 fueron reprimidas. Luego de ese día, fueron pocas las convocatorias y manifestaciones registradas en Caracas.
El 10 de enero Nicolás Maduro juró para un tercer período presidencial, a pesar del rechazo a los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones presidenciales.
Tras la juramentación, los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática -coalición opositora que reconoce a Edmundo González Urrutia como el vencedor en las presidenciales- alertó que se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos venezolanos”.
Para ese día existía la expectativa de que González Urrutia viniera al país para intentar juramentarse-pues así lo señalaba en días anteriores durante su gira por varios países de Latinoamérica- pero esto no se concretó. Según María Corina Machado, González Urrutia no viajó a Venezuela ese día por motivos de seguridad, pero afirmó que sí lo hará “cuando las condiciones sean las adecuadas”.
Machado también afirmó aseguró que “Maduro no podrá gobernar a la fuerza, a una Venezuela que decidió ser libre”, al tiempo que pidió a cada venezolano “que ejerza con fuerza su derecho a protestar”.
#10Ene | Machado contó cómo efectivos de la PNB la detuvieron ayer en el Distribuidor Altamira: "Un funcionario me preguntó mi nombre (…) Por detrás, fui bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra (…) Así son ellos. Atacan a una mujer por la espalda" pic.twitter.com/ZRiepdaa4F
Pese a que la fecha se advertía como problemática, el 10 de enero reinó una tensa calma en el país. Salvo cacerolazos aislados en algunas zonas de Caracas, el gobernante chavista se juramentó en medio de fuertes medidas de seguridad, pues desde primeros días del 2024 fue notable el intenso despliegue policial, militar y de cuerpos de inteligencia en varias zonas de la capital.
“Prefiero quedarme en mi casa que exponerme”
El 2024 inició con protestas ciudadanas, protagonizadas principalmente por trabajadores exigiendo Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), según cifras de enero del año pasado del OVCS.
A lo largo del año se mantuvieron las protestas y se intensificaron tras las elecciones presidenciales. Pero así como aumentaron las manifestaciones, también lo hizo la represión. Más de 1000 personas fueron apresadas tras las elecciones y surgió el miedo de participar en protestas para evitar alguna represalia.
Para el inicio de 2025, el OVCS reportó que el 9 de enero se realizaron 157 protestas a nivel nacional, de las cuales 11 fueron reprimidas. Ese fue el día de la convocatoria que hizo María Corina Machado. Adicional a esa fecha, en días posteriores se han realizado algunas protestas relacionadas con exigencias salariales y de los familiares de presos políticos, pero en menor cantidad comparadas con el 9 de enero.
📌 6 protestas en 5 estados 🇻🇪 Anzoátegui Carabobo Distrito Capital Lara Zulia#Caracas "La verdad vence la sombra", pancarta desplegada en las instalaciones de la UCV pic.twitter.com/qtAFcBX2BR
📢 Exigencia:
Justicia
De las personas detenidas y encarceladas#Caracas Familiares de los detenidos exigen justicia y libertad plena frente al Ministerio Público en Parque Carabobo pic.twitter.com/FFLNvFsqdN
Ana Guerra vive en el barrio La Silsa, al oeste de Caracas. El 29 de julio de 2024, al día siguiente de las elecciones presidenciales, salió a la calle junto a su esposo para participar en una manifestación espontánea que llegó hasta la avenida Sucre de Catia.
“Nunca había salido a una protesta en Catia, eso fue algo nuevo en la zona porque casi siempre íbamos a las del Este, pero ese día fue otra cosa. Lo malo es que cuando empezaron a lanzarnos bombas lacrimógenas tuvimos que subir a la casa corriendo”, contó en entrevista con Runrun.es.
Guerra supo de las detenciones posteriores a las elecciones, así como de los asesinatos en protestas. Desde ese momento decidió que no participaría en otra manifestación. Tiene miedo de ser detenida o hasta de perder la vida y no puede dejar a su familia.
“Yo ahora prefiero quedarme en mi casa y cuidar a mis hijos antes que salir a exponerme. Sé que muchas personas todavía se arriesgan y los admiro, pero me da miedo que me pase algo, sobre todo después que detuvieron a María Corina (Machado). A ella la liberaron, pero si a mí me agarran no voy a tener la misma suerte”, añadió.
La vigilancia policial en alcabalas
*David salió de su casa el martes, 21 de enero desde en Parque Caiza y vivió una experiencia que le generó mucho miedo: cuando iba pasando en moto entre la urbanización Miranda a Filas de Mariche lo retuvieron en una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En ese momento David iba sin placa, puesto que la perdió en diciembre de 2024. Esto fue el motivo para retenerlo y los funcionarios le preguntaron por qué iba rodando sin ella. “Yo había ido el lunes 30 a hacer mi respectiva denuncia ante el Cicpc y eso fue lo que me salvó. Sin embargo, la actitud de los funcionarios era sumamente agresiva”, relató.
No conformes con la actitud hostil hacia su persona, David contó que los funcionarios de la PNB le pidieron revisar su teléfono -sin ninguna explicación- mientras que a otros conductores les revisaban sus vehículos. El alegato es que había enfrentamientos en el barrio José Félix Ribas de Petare. Los nervios se apoderaron de David.
“En ese momento lo que pude hacer antes de entregar el teléfono fue borrar las aplicaciones de Telegram, Instagram, Twitter y WhatsApp (…) Desde el 28 de julio es una constante y ahora tengo que estar revisando toda la galería de fotos porque no puedo tener fotos que tengan que ver con temas de protesta”, añadió.
David ha tratado de salir a la calle para hacer diligencias muy puntuales, pues teme pasar por una alcabala y resultar detenido sin ningún motivo.
Protestas simbólicas y clamor por amnistía mantienen viva la calle
Pese al silencio aparente de la población por temor a la represión, en algunos espacios se sigue alzando la voz con protestas simbólicas y otras acciones.
En la Universidad Central de Venezuela, la máxima casa de estudios del país, los estudiantes han hecho uso de su creatividad para visibilizar distintos reclamos.
El pasado 13 de enero, el edificio del rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) amaneció con un cartel desplegado con el número de votos que obtuvo Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones del 28 de julio y con la frase “la verdad vence la sombra”.
El 20 de enero, una gran pancarta con el mensaje “Rodean la universidad porque le temen a la educación” apareció colgada en la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, en rechazo a la intensa presencia policial que rodea los accesos de esa casa de estudios desde hace una semana.
“Hoy enviamos un mensaje a todos los cuerpos de seguridad del estado quienes asedian a la UCV”, compartió la cuenta Viva la UCV en la red social X, ante la presencia de funcionarios antimotines de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los alrededores de la UCV.
Otras pancartas fueron exhibidas en los pasillos del recinto universitario con mensajes de aliento como: “La fe es lo último que se pierde” y “Brilla mucho, ucevistas, no dejes que te venzan las sombras”, en medio del contexto sociopolítico que atraviesa el país.
Mientras que este 22 de enero, estudiantes de la Facultad de Arquitectura protestaron con carteles y una figuraba en silueta que asemejaba a Anthony Granadillo, universitario detenido en el contexto electoral.
“Somos inocentes, nuestras armas son los libros,. Nos falta uno”, se leía en uno de los mensajes que expusieron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la muerte de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios -de 39 años-, conocido como ”Wilexis”, durante un enfrentamiento con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la parroquia Filas de Mariches, municipio Sucre del estado Miranda, en horas de la mañana de este miércoles 22 de enero.
Cabello mencionó que Acevedo tenía vínculos ”con la extrema derecha” y agregó: “Recordemos cómo y dónde comenzaron las guarimbas de 2017”.
Wilexis era líder de la megabanda homónima, que tenia entre 150 y 200 hombres en sus filas para 2023. Era buscado cargos de extorsión, secuestro, robo y microtráfico de drogas. El gobierno ofrecía US $150 000 por información sobre su paradero.
Su banda gobernaba el barrio José Félix Ribas desde 2017, el más grande de la parroquia Petare, que a su vez es considerado uno de los barrios más extensos de Latinoamérica y se ubica al este del área metropolitana de Caracas, indicó el centro de investigación Insight Crime.
Pero, ¿qué hizo que Wilexis se posicionara como uno de los pranes más buscados y peligrosos del país?
Su carrera criminal inició cerca de 2003, y comenzó desde los eslabones más bajos. Hizo crecer su influencia hasta que ”formó una pequeña banda dedicada a cometer secuestros, robos y sicariatos”, relató Insight Crime.
Operativos policiales desplegados en Petare entre 2015 y 2016 para desmantelar grupos más grandes afectaron a su banda, pero lograron sobrevivir y ganaron fuerza hasta que se perfilaron como la más fuerte en José Félix Ribas para 2017.
Insight Crime destacó que de, acuerdo con testimonios de la zona, el surgimiento de Wilexis fue permitido por el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel.
”Robin Hood”
La organización indicó que Wilexis se volviómandatario en la comunidad, evitando los robos y crímenes menores, ”y castigando a quienes los cometan’’. Impuso políticas locales, organizó eventos y ‘‘se convirtió en una suerte de Robin Hood por dar regalos a los niños y entregar cajas de alimentos subsidiadas por el gobierno a las familias necesitadas”.
Pero su banda también era conocida por sus esquemas de secuestro y extorsión, además de controlar el microtráfico en sus áreas controladas.
Para 2023, podían cobrar hasta 200 dólares estadounidenses en ”vacunas’‘ – extorsiones- a comerciantes formales e informales de la zona. Por secuestros de personas captadas en Caracas o sus alrededores, podían exigir hasta 200 000 dólares.
En enero de 2019, entró en la lista de enemigos públicos del Estado cuando enfrentó a cuerpos policiales que reprimieron a habitantes que manifestabanen José Félix Ribas,en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.
Escape tras escape
A inicios de mayo de 2020, la plataforma de periodismo de datos e investigación, Monitor de víctimas, informó que hubo un enfrentamiento entre bandas, donde Wilexis defendió el control de su territorio de la banda de Christian Rene Tovar, conocido como ”El Gusano”, mientras vecinos de la zona se escondían para evitar recibir una bala perdida.
Tras seis días de zozobra, el 8 de mayo, el gobierno venezolano desplegó a cuerpos de seguridad en el área ”para acabar con las bandas armadas”, declaró el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.
”Nicolás Maduro aseguró que los enfrentamientos fueron organizados por la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, junto con Wilexis, para distraer la atención y facilitar la entrada de mercenarios al país durante la Operación Gedeón, el 3 de mayo, para derrocar al mandatario”, destacó Monitor en su investigación.
El Estado no confirmó cuántas personas detuvieron ni cuántos fallecidos hubo tras el despliegue. El exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Zair Mundarín, publicó en su Twitter – ahora X- que 13 personas fueron asesinadas. Más adelante, el 13 de mayo, el Cicpc informó la muerte del lugarteniente de Wilexis, Leonardo José Pimentel, conocido como ”Loco Leo”, y de ”El Gusano”.
En aquella ocasión Wilexis huyó del barrio y regresó aproximadamente dos meses después, aseguraron habitantes del área al medio Crónica Uno.
Siete meses después, en noviembre, sucedió otro enfrentamiento cuando miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron al barrio. Durante el intercambio de disparos, Wilexis salió herido pero logró huir.
Autoridades confirmaron que cuatro integrantes de la megabanda fueron asesinados en la zona 8 de José Félix Ribas. Entre los fallecidos, estaba el segundo al mando del grupo, un joven de 18 años apodado ”el Chino”.
Sin embargo, familiares informaron que dos de estas personas eran civiles que estuvieron presentes en el fuerzo cruzado.
La cacería a la megabanda
Para el 16 de octubre de 2021, una pugna entre las bandas de Wilexis, Kandy y Los Chicorrios en José Félix Ribas y La Bombilla, en Petare, dejó un saldo de seis muertos en dos días, informó en su momento el periodista de sucesos, Roman Camacho.
A inicios de 2022, en febrero, fue reportado por medios el fallecimiento de un primo de Wilexis, alias ”Chiripa”, a manos de comisiones de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) en la zona 9 de Petare, durante un operativo policial que buscaba dar con los integrantes de la megabanda.
De acuerdo Monitor, al menos 11 personas, 10 hombres y una mujer, resultaron muertas en medio del operativo, entre el 31 de enero y el 2 de febrero.
Durante el 2023, hubo varias pugnas a lo largo del año. El 28 de febrero, en un despliegue de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en busca de los integrantes de las bandas de Wilexis y de Los Chicorrios – grupo delictivo que opera en algunos sectores de José Félix Ribas y otros barrios de Petare-, dos presuntos miembros fueron ultimados. Ambos fueron identificados por las autoridades solo como ”Yonaiker el Chacal” y ”el Vecino”.
Tras una balacera el 28 de julio con comisiones policiales mixtas en el barrio José Félix Ribas, tres presuntos delincuentes de Wilexis identificados como ”el Chuo”, ”el Chiqui”y”el Pincharo”, resultaron muertos. El último, según el parte policial, era el segundo a cargo de la megabanda.
Para 2024, diversos enfrentamientos con cuerpos de seguridad durante noviembre trajeron el fallecimientos de presuntos integrantes, como ”Piraña”; Abraham Josué Marín, alias ”Tasmania”, de 18 años; Renzo Lisandro Arocha, alias ”Cara de niña”; y Elinson José Pérez Araguayan, alias ”El Tripa”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 10 de enero de 2025, día en el que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo período presidencial, fue detenido el dirigente político y gremialista Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras entre 2009 – 2011.
“Noel fue parte de estas detenciones selectivas que hemos comenzado a ver desde un tiempo para acá”, advirtió Carlos Moreno, abogado de Álvarez, este 22 de enero, a 12 días de su detención.
En una entrevista concedida a VPI, Moreno recordó que Noel Álvarez estuvo al frente del comando de campaña ConVzla en el estado Miranda, “donde según el resultado fue la segunda votación más alta del país”.
“Es una persona que cuenta con el apoyo de mucha gente y no ha cometido delito alguno”, añadió el abogado del ahora preso político.
Cuando Álvarez fue detenido estaba de visita en la casa de un amigo en el municipio Baruta del estado Miranda. A juicio del abogado, eso “da a entender que estaba siendo seguido y que llegaron al sitio donde se encontraba”.
También, el abogado indicó que los presentes al momento de la detención dan testimonio de que no se informó el motivo del arresto.
“Simplemente, dijeron ‘tiene que acompañarnos’, y esto llama poderosamente la atención porque forma parte de un patrón de detenciones selectivas porque en el transcurso de esas horas y de días posteriores han sido muchas personas por estar vinculados a la actividad de campaña y a todo el proceso electoral del 28 de julio”, añadió el abogado.
De acuerdo con Carlos Montero, una comisión de al menos 10 funcionarios del Sebin llegaron al lugar sin portanombres ni identificación. A pesar de haber recibido un “trato cordial al momento de la detención”, 12 días después, ni sus familiares ni el abogado saben algo de Álvarez.
Por su parte, el exdiputado Juan Pablo García denunció que Noel Álvarez “fue secuestrado por el régimen criminal, solo por ser opositor a las políticas del régimen criminal”.
“Desde que se produjo su secuestro se desconoce dónde y en qué condiciones se encuentra, eso se le denomina desaparición forzada y es un delito de lesa humanidad, actuando de manera reiterada y sistemática el clan criminal de Maduro engrosa su expediente, la justicia tendrá que llegar sobre todos estos delincuentes que han azotado la paz de nuestra país. Exigimos su libertad inmediata y la de todos los presos políticos”, agregó García.
Estamos #ENVIVO con Carlos Moreno, abog. del preso político Noel Álvarez, por #BuenosDiasVPItv.
"Él fue detenido el 10 de enero en el mun. Baruta, por funcionarios del Sebin (…) No hemos sabido nada de él".
#BuenosDiasVPItv | Abog. Carlos Moreno: "Estoy convencido de que Noel fue parte de estas detenciones selectivas (…) No ha cometido delito alguno. Por el testimonio, no se les dio información de los motivos de la aprehensión".
Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras y destacado líder empresarial en Venezuela, fue secuestrado por el régimen criminal, solo por ser opositor a las políticas del régimen criminal, desde que se produjo su secuestro se desconoce dónde y en qué condiciones se encuentra, eso… pic.twitter.com/8ycbhIrmAg
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La mañana de este 22 de enero comenzó con una cadena de radio y televisión donde Nicolás Maduro dirigía unos ejercicios militares denominados “Escudo Bolivariano”.
En el marco de la transmisión, Maduro anticipaba que su gobierno había dado un golpe a la delincuencia, sin especificar detalles.
“El ministro de Interior Diosdado Cabello me ha dado una noticia muy importante, precisamente en el arranque de estos ejercicios, se ha dado un golpe muy importante contra estos grupos financiados con droga desde Colombia por Álvaro Uribe…cayó uno de sus cuadros delincuenciales principales que han protegido por años y lo convirtieron en uno de sus héroes”, sostuvo Maduro.
Minutos después, comenzó a correr por redes sociales -de manera extraoficial- la muerte de Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, conocido como “Wilexis”, en un supuesto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Petare.
“A las 7:30 de la mañana en un sector de la carretera Petare-Santa Lucía, en Filas de Mariche, cayó abatido (sic) el delincuente Wilexis, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare”, declaró Cabello rodeado de militares.
Morgue sitiada
El Pitazo informó que la morgue de Bello Monte fue tomada por al menos 40 miembros del grupo antimotín de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), resguardando el cadáver de Wilexis que fue recibido por integrantes del Cicpc.
Según el reporte, familiares y afectos de otros fallecidos -incluyendo por causas naturales- no pudieron tener acceso a la sede del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf). Tampoco representantes de medios de comunicación.
#22ene El cuerpo de Wilexis Alexander Acevedo fue trasladado hasta acá en la medicatura forense de Bello Monte pasadas las 10:30 am bajo un amplio despliegue de seguridad/Video : Lysaura Fuentes 🚨 pic.twitter.com/7MGoI7DlSh
En sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que a Acevedo Monasterios, le incautaron “armamento con sello de la República de Colombia”, así como una granada con sello de fabricación la nación neogranadina.
Precisó que el antisocial también tenía una cédula de identidad falsa, con el nombre de Eddy Alexander Torres Hernández, “la cual utilizaba con la intención de evadir a los organismos de seguridad del Estado”.
Terror en el barrio
De acuerdo con una investigación de InSight Crime (IC), Wilexis poseía una especie de gobernanza criminal en el barrio José Félix Ribas desde hacía siete años-. Sus inicios en la delincuencia fueron en 2003 con la conformación de una banda que se dedicaba a secuestros, robos y sicariatos. Posteriormente,. controló el tráfico de droga y las extorsiones en la zona.
Wilexis chantajeaba a los comerciantes formales e informales con el pago de una “vacuna” para que pudieran seguir operando. Según IC, en enero de 2023 los montos podían rondar los 200 dólares semanales o mensuales.
Con un ejército de entre 150 y 200 hombres, Wilexis se dedicó a expandir su dominio en barrios cercanos al José Félix Ribas como 19 de abril, 5 de julio, 12 de octubre, Maca, Unión, La Bombilla, Simón Bolívar y 24 de marzo. Igualmente miembros de su banda actuaban en zonas de Los Teques y Guatire.
Enemigo del oficialismo
Para IC, Wilexis cayó en desgracia con el gobierno chavista cuando en enero de 2019, en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, la comunidad de Petare fue reprimida por cuerpos de seguridad y su banda hizo frente a los policías.
También vio tambalear su imperio, cuando entre abril y mayo de 2020, la banda de Christian Rene Tovar Uribe, alias “El Gusano” comenzó a disputarle territorio en Petare.
Maduro acusó a Wilexis de estar colaborando con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y fingir el enfrentamiento entre bandas para que se llevase a cabo la llamada Operación Gedeón en su contra.
Después de matar al “Gusano”, fuerzas de seguridad del gobierno enfrentaron a Wilexis en julio, pero este logró escapar luego de resultar herido.
Aunque Cabello aseguró que era responsable de incontables delitos, fuentes del Cicpc revelaron a El Pitazo este miércoles 22 de enero que estaba solicitado por al menos 15 delitos de secuestro, homicidio y narcotráfico.
Por “Wilexis” el gobierno había emitido una solicitud de recompensa de $150 000.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más de 40 órdenes ejecutivas firmó Donald Trump en sus primeras horas como presidente de los Estados Unidos.
De acuerdo a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), al menos un par atentan contra los derechos humanos de millones de personas migrantes dentro y fuera de suelo norteamericano.
¿Qué consecuencias tienen para los venezolanos los primeros anuncios de Trump? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), que este martes 21 de enero tuvo a Jiménez como invitada.
El programa semanal fue moderado por la directora de ARI, Ronna Rísquez y contó con la participación de Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de TalCual y César Batiz, director de El Pitazo.
Jiménez sostuvo que, como era de esperarse, Trump implementó acciones en materia de migración como la había prometido, impactando en la dinámica de miles de venezolanos y de ciudadanos de otras nacionalidades.
El programa CBP One, que permitía a personas sin documentos ingresar legalmente a Estados Unidos por la frontera con México, expiró apenas el republicano tomó juramento.
“Hubo más de 200 000 venezolanos que lograron concertar su cita con CBP One y 30 mil citas que había para las próximas tres semanas fueron suspendidas”, dijo Jiménez.
Amaya apuntó que hubo gente que tenía cita para la 1 de la tarde del pasado lunes y fue devuelta a territorio mexicano.
La presidenta de WOLA informó que el Parole Humanitario también fue eliminado.
“Más de 117 000 venezolanos se beneficiaron con este programa, que permitía una estadía de dos años con el aval de un sponsor o patrocinante en Estados Unidos. Eso era importante porque evitaba que la gente pasara por el Darién y México”, precisó.
Jiménez manifestó que la declaración de una emergencia nacional migratoria supone el regreso a la promesa de culminar el muro entre México y Estados Unidos, movilización de tropas a la frontera y un eventual proceso de deportaciones masivas.
Para Jiménez, la medida de poner fin al derecho de nacer en suelo estadounidense independientemente del estatus y nacionalidad de los padres es inconstitucional.
“Ya hay 22 estados en contra de esa orden ejecutiva, no se puede echar por tierra un precepto constitucional, la ley es muy clara”, remarcó.
A juicio de Blanco, la Corte Suprema podría poner freno a las órdenes y enmiendas que pretende llevar a cabo el mandatario republicano.
“Hay que darle un voto de confianza a los miembros de la Corte, es un espacio donde prevalecen los conservadores, pero esperemos que puedan mantener los criterios jurídicos correspondientes”, añadió Jiménez.
La presidenta de WOLA aseveró que al menos desde 2015, Trump ha empleado el tópico de la migración en Estados Unidos para transmitir una narrativa de miedo.
“En algún momento de la campaña, la migración fue el tópico número uno desplazando a la economía. Hay 11,3 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y no las pueden expulsar a todas. 14% de los más de 300 millones de habitantes en EE.UU son inmigrantes. Se van a ir acabando todas las avenidas legales para poder entrar al país, vamos a ver una ruptura del tejido social”, alertó Jiménez.
Rísquez recordó que varios analistas pronosticaron un incremento del flujo migratorio en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador de los comicios presidenciales a Nicolás Maduro en julio de 2024 y de que este se juramentara el pasado 10 de enero.
“Los asesores de Trump saben que después de eso hay una mayor intención de migrar”, agregó.
Jiménez expuso que el sistema migratorio en Estados Unidos está roto. “No da respuesta a millones de migrantes. Son muy pocas las cortes de asilo. Si ya había un retraso con la revisión de las solicitudes se puede poner peor. Quienes entraron con Parole pueden permanecer si aplican por otra medida, el problema con el Parole y el TPS es que son temporales”.
La presidenta de WOLA consideró complicada la opción de reanudar los vuelos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela si permanecen rotas las relaciones entre ambas naciones. Amaya recordó que el último se produjo en febrero de 2024.
“Trump tiene que demostrar que está devolviendo delincuentes a Venezuela y específicamente del Tren de Aragua, tal y como lo prometió en su campaña”, dijo Jiménez.
Chevron es un dilema para Trump
Según Batiz, en marzo de este año se conocerá cuál es el destino de la licencia de Chevron para operar en Venezuela.
La presidenta de WOLA informó que Venezuela fue el tercer país exportador de petróleo hacia Estados Unidos durante 2024.
“Chevron pertenece a un grupo que tiene un fuerte lobby con el partido republicano y siempre verán con buenos ojos la explotación petrolera. De hecho una de las intenciones de Trump es eliminar regulaciones de protección ambiental para que pueda explorarse en zonas protegidas dentro de Estados Unidos”, indicó Jiménez.
A juicio de Jiménez, es posible que se establezca una diatriba interna entre hacer negocios con Maduro y emplear el petróleo venezolano.
“El nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, es propenso a endurecer sanciones y retirar licencias. Trump se ha quejado de la calidad del petróleo de Venezuela, y por otro lado está Richard Grenell, enviado especial para misiones presidenciales, quien dijo que había hablado con varios funcionarios venezolanos”.
Jiménez criticó la opacidad que rodea a la licencia de Chevron. “Nadie sabe cuánto personal trabaja en Venezuela y en qué condiciones lo hacen, es poco lo que se sabe”.
La presidenta de WOLA manifestó que en el anterior gobierno de Trump quedó claro que este se maneja bien en la incertidumbre y el caos.
“Por eso, nadie puede saber cuál va a ser su política hacia Venezuela”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los únicos resultados conocidos de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela dan como ganador al candidato de la oposición en todos los estados con más de 67% de los votos, y demuestran que el candidato del oficialismo obtuvo la victoria en 14,88% de las 1.141 parroquias que tiene el país.
Una investigación realizada por una coalición de ONG* revela cómo el oficialismo recurrió a grupos armados y a sus organizaciones políticas para presionar, amenazar y chantajear a los ciudadanos en los lugares donde ganó. Muestra qué hay detrás de esas victorias y cuáles son las dinámicas en estos territorios, en los que hay presencia de colectivos, guerrilla, bandas criminales y de cuerpos policiales, así como consejos comunales, CLAP (Comité Locales de Abastecimiento y Producción), UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez) y brigadistas.
Con relatos de testigos y denuncias de organizaciones no gubernamentales, se exponen las intimidaciones, chantajes, ofertas de incentivos alimenticios y amenazas de despidos que prevalecieron en la mayoría de las parroquias que fueron estudiadas para este informe: 133 de las 169 en las que ganó Nicolás Maduro.
“El control social y el difícil acceso a los caseríos son factores que inciden en el resultado a favor del PSUV”, explicó un investigador, quien pidió no dar su nombre por seguridad, sobre las victorias del oficialismo.
Más de 20 fuentes, entre activistas de derechos humanos, líderes comunitarios, dirigentes políticos y académicos, fueron entrevistados para conocer las características de los territorios en los que el oficialismo venció a la oposición por margen estrecho o amplio.
Para este informe, se seleccionaron parroquias de Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara, Apure, Portuguesa, Bolívar, Sucre, Delta Amacuro y Aragua; estados en los que hubo parroquias con resultados electorales que rompen con la tendencia nacional, según las actas de votación divulgadas en la página web resultadosconvzla.com.
La mayoría de estos sectores son rurales y tienen presencia de grupos del oficialismo –como colectivos y consejos comunales– y grupos armados –entre ellos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En las parroquias estudiadas en Zulia, por ejemplo, hay un patrón: en las zonas rurales con más votos para Maduro sus habitantes son trabajadores de organismos públicos. Fuentes consultadas para este informe señalaron que los directivos de esas instituciones amenazaron con despedir a los empleados que no votaran por el candidato del oficialismo.
A esta estrategia de coacción se sumaron los miembros de UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez), mediante el voto asistido, para vigilar a los ciudadanos en las urnas y obligarlos a marcar la opción del candidato del oficialismo.
“Influyó que, lamentablemente, y me cuesta decirlo, porque yo también soy campesino, que mucha gente tiene el cerebro en el estómago y el estómago en el cerebro. Tenían los recursos del Estado para hacer proselitismo político. Con la bolsa CLAP, por ejemplo, le decían a la gente que se la iban a quitar”, dijo un entrevistado en Portuguesa.
El Observatorio Venezolano de Prisiones(OVP) hizo este 22 de enero un llamado a cerrar los calabozos del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocido como Zona 7, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda y en donde fueron recluidos al menos 21 adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Caracas.
En su más reciente informe, titulado “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7”, la ONG recomendó “realizar el traslado completo de los internos detenidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta a diferentes centros de reclusión del país, considerando, la jurisdicción del tribunal de su causa, y cercanía a sus familias, comunidades” tras calificar como una “bomba de tiempo” el sitio de reclusión, que consideran, es un fiel reflejo del “colapso del sistema de justicia penal en Venezuela”.
“Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad”, enfatizó Humberto Prado, director del OVP.
El documento resalta que a Zona 7 de Boleíta representa un “potencial riesgo para la sociedad civil debido a su ubicación”, en una zona residencial y educativa con más de 3000 estudiantes
Prado precisó que la Zona 7 fue idealmente concebida como espacio administrativo y no como centro de reclusión. Sin embargo, actualmente alberga a 421 presos distribuidos entre 14 a 16 celdas. En el lugar aún hay presos políticos del contexto poselectoral, pero Prado admitió que desconocen la cifra exacta.
El hacinamiento del lugar es calificado de “crítico”, pues sobrepasa la capacidad del lugar y convierte la vida de sus ocupantes “en una lucha diaria por la supervivencia”.
Adolescentes fueron recluidos con población penal adulta
El informa deja registro de que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con p0blación penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.
El documento indica que no fueron golpeados por la policía de turno porque los presos sociales no lo permitieron: “Con los menores nadie se mete”, expresaban estos reclusos.
No obstante, tuvieron que adaptar su forma de hablar a la de la prisión para evitar represalias o problemas, lo que se conoce como “prisionalización: “Yo pensé que el muchacho se me estaba volviendo malandro, pero luego me confesó que tenía que hablar así y que lo mismo hicieron otros adolescentes”, contó una madre.
El “inframundo” de la Zona 7
El OVP relató que en la Zona 7 hay condiciones desiguales de reclusión, basadas en una distribución arbitraria, pues los 171 policías presos en el lugar ocupan un área en la parte superior del comando con “acceso a baños, ventilación, luz solar y condiciones de descanso dignas”.
Mientras que los 250 “presos sociales” enfrentan “condiciones inhumanas en celdas saturadas sin acceso a servicios básicos”.
El informe recogió testimonios de familiares de los recluidos, quienes verbalizaron lo que les comentaron sus allegados. Mencionaron que en Zona 7 existe una celda a la que llaman “el inframundo”, que está en el último piso y en donde los detenidos reportan que se asfixian del calor. Los presos deben pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios. Allí hay unos 90 privados de libertad, sin ventilación, sin entrada de luz solar y sin baños.
“Sus necesidades (los detenidos) las hacían en una bolsa, en una esquina de la propia celda, por lo que el olor se concentraba y era horrible. Cuando los trasladaron a Cochecito esos niños olían malísimo, como a olor a alcantarilla o a rata muerta, algo que daba ganas de vomitar”, se lee en otros de los testimonios de una familiar de un adolescente que recopiló el informe.
En la Zona 7 también hay una celda a la que llaman “El Tigrito” en donde recluyen a los que llegan o son castigados. Es un área pequeña de 4 xd 6 metros en donde se debe dormir de pie y se turnan para sentarse en envases de refrescos.
“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe.
Por estas y otras denuncias, el Observatorio Venezolano de Prisiones exige que se realice una “investigación oportuna, exhaustiva e imparcial y garantía de no repetición” de los hechos suscitados en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, especialmente de aquellos relacionados con “corrupción y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Cárceles paralelas
El OVP también llamo a cesar “de forma inmediata” el uso prolongado de la prisión preventiva y a “evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva”, tras denuncian que han sido convertidos en “cárceles paralelas”.
La ONG también instó a que se garantice que los centros de detención preventiva no sean usados para detener de forma preventiva a adolescentes. Recordaron que estos ciudadanos deben ser recluidos en las entidades de atención dispuestas para su grupo de edad.
Otras peticiones de la ONG son cumplir con el artículo 128 del COPE y llevar a cabo una evaluación médica de los reclusos antes de cualquier traslado, asegurando que su estado de salud sea idóneo para la movilización, así como también “garantizar el respeto integral de los derechos de los individuos privados de libertad durante cada etapa de los procesos de traslado y reubicación”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que vela por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.
