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Violaciones de derechos indígenas continúan ante el silencio gubernamental

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El Estado venezolano se reunió con los indígenas de las comunidades Ye’kwana y Sanema en Santa Rosa de Tencua, municipio Manapare del estado Amazonas el pasado domingo 9 de febrero para atender los graves conflictos que la minería ilegal ha traído a sus territorios ancestrales.

Para la comunidad significó un logro, pero es una atención clamada por los indígenas desde hace más de una década. 

Esto sucedió luego de que el pasado 22 de enero, mineros ilegales quemaron una churuata comunal – sitio sagrado para las etnias-, viviendas en la comunidad de Puerto Unión y embarcaciones de transporte de los Ye’kwana en el Alto Ventuari de la Amazonía venezolana, ”dejando a muchas familias sin hogar y empeorando la crisis humanitaria”, de acuerdo a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia). 

”Hay una valoración de las pérdidas, las cuales están siendo cuantificadas por la comisión de diálogo entre la Gobernación del estado, las instituciones y las organizaciones indígenas que está asistiendo a las comunidades”, indicó el profesor y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar. 

Venganza

Las brutales acciones de los mineros fueron una respuesta a las acciones de los pueblos el 20 y 21 de enero, enmarcadas en un operativo denominado ”Plan Parú”, cuando alrededor de 90 indígenas, en coordinación con organizaciones locales (Organización Ye’kwana del Alto Ventuari, Unión Makiritare Alto Ventuari y los Guardianes Territoriales Ye’kwana) expulsaron a los mineros ilegales estacionados en el alto río Paru. 

”En una acción pacífica, inhabilitaron cinco máquinas de extracción de oro, evitando confrontaciones directas”, relató el Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri en una publicación de Instagram.

La comunidad tenía el objetivo de defender su hogar y ”sanear su territorio de actividades ilegales que destruyen el ambiente y contaminan las aguas”, tomando en cuenta que la minería está prohibida en Amazonas desde 1989 a causa del Decreto Presidencial Número 269”, para preservar y conservar los recursos naturales de la región. 

Llamados repetidos al gobierno

El 22 de enero, Ye’kwanas de Tencua realizaron un pronunciamiento en redes, ”tras haber agotado todas las vías”, donde se dirigieron a Nicolás Maduro para solicitar la activación y presencia de autoridades, como el Ministerio Público, para atender la situación que viven a raíz del extractivismo aurífero.

Mencionaron que durante los incendios, hubo heridos, entre ellos una mujer embarazada que fue agredida físicamente. ”Buscamos una solución antes de que ocurra una tragedia mayor, como pérdidas humanas (…)” y reiteraron su rechazo a la minería ilegal en su tierra.

 
 
 
 
 
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El 28 del mismo mes, hubo un pronunciamiento con otros representantes donde se recalcó que denunciaron repetidas veces la situación ante la fiscalía durante 2024, sin recibir respuesta, y que mientras se encontraban bajo asedio, fuerzas militares se hacían la vista gorda. 

Negociaciones

El 9 de febrero, Wayamoutheri informó el inicio de una mediación en Tencua entre la Gobernación de Amazonas, el Ministerio de Pueblos Indígenas, Orpia y las organizaciones de base de los Ye’kwana y Sanema, con el objetivo de dar fin a los conflictos y establecer medidas permanentes para prevenir la entrada de mineros. 

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) comentó que por primera vez, desde que fue aprobado el Capítulo VIII de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional, se inició ”un proceso de diálogo intracultural (…) para detener la minería ilegal que se está produciendo en sus territorios y que ha desatado una ola de violencia a lo interno de las comunidades”.

Tras dos días de negociaciones, Wayamoutheri indicó que ”se vislumbró un acuerdo que tendrá como fundamento el plan de vida del pueblo Yek’wana y Sanema del Medio y Alto Ventuari (…) Estos pueblos cuentan desde hace mucho tiempo con etnocartografías y planes de vida sustentados en sus demandas de demarcación basadas en la autodemarcación. Este diálogo intercultural sienta un precedente importante en los futuros procesos de acuerdos comunitarios entre los pueblos indígenas”.

Hasta los momentos, las organizaciones no han emitido más detalles.

Una historia de despojo y violencia

Desde 2016, la minería ilegal ha invadido los territorios de estas etnias. Con la llegada de maquinaria pesada, grupos armados nacionales y extranjeros, y la ausencia de control gubernamental, la minería se disparó durante la pandemia por COVID-19 en 2020, y llegó a destruir más de 934 hectáreas de selva para mayo de 2023.

La organización SOS Orinoco documentó que la Huella Minera -territorio perjudicado por la explotación minera- en la Amazonía superó las 173.000 hectáreas para 2024 y afectó el hogar ancestral de 27 grupos indígenas, además de dejar suelos infértiles, contaminación en cuerpos de agua y peces consumidos por las personas, vegetación arrasada, degradación profunda de los ecosistemas, campamentos mineros ilegales y un clima de violencia por el control de territorios.

En reiteradas oportunidades, los representantes de las comunidades acudieron al Estado venezolano para buscar una solución y apoyo al problema, pero encontraron silencio gubernamental.

Así lo reportaron ONG como SOS Orinoco, que en su informe ”Autana: guerrilla, minería y narcotráfico al pie del Árbol de la Vida” de 2019, explicó el ingreso de grupos armados provenientes de Colombia al municipio Autana, al noroeste de Amazonas, y cómo los pueblos buscaron a las instituciones oficiales para denunciar las actividades ilícitas desde 2013. 

Un grupo de doce líderes de organizaciones indígenas de Amazonas agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) viajaron a Caracas para reunirse con el vicepresidente – Jorge Arreaza en ese año- sin éxito, también consignaron cartas a múltiples entes y figuras gubernamentales regionales y nacionales.

Ante la falta de respuesta, en 2014 hicieron su primer pronunciamiento “por la presencia de grupos armados no estatales y mineros ilegales en nuestro territorio ancestral”.

A inicios de 2020, la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus) hizo público un pronunciamiento donde declararon la decisión de defenderse por sus propios medios y de estar cansados ante la falta de atención de los gobiernos. ”Siempre será de manera pacífica, con paso firme y decidido, hasta haber logrado nuestro objetivo”, insistieron.

En el Parque Nacional Yapacana, igualmente invadido por mineros ilegales y grupos guerrilleros colombianos, ORPIA y Wataniba denunciaron la situación en 2019. 

”Queremos destacar que desde el año 2015 las organizaciones indígenas venimos alertando al Presidente de la República (…) La minería en todo el estado Amazonas ha propiciado la deforestación de grandes extensiones de bosques, el desvío de cauces de ríos como el Atabapo, la contaminación de las aguas a causa del mercurio y otras sustancias tóxicas, la pérdida de biodiversidad, el cambio en los ciclos naturales de los ecosistemas, la degradación de los suelos, el incremento de enfermedades como la malaria y el sarampión, infecciones de transmisión sexual, el alcoholismo, el uso de drogas, la prostitución, delincuencia, la deserción escolar, el desplazamiento de sus tierras y abandono de comunidades, la presencia de grupos irregulares armados (…)”, manifestaron.

Silenciados para siempre

En algunos casos, hubo respuesta ante los pronunciamientos y denuncias, pero de grupos armados irregulares.

El profesor Aguilar, recordó que el año pasado un protector territorial Ye’kwana del Alto Ventuari fue asesinado.

Su nombre era Joaquín Hernández y se caracterizaba por estar dispuesto a enfrentarse a los invasores de los territorios ancestrales, describió Eligio Dacosta, líder del pueblo baniva y coordinador general de Orpia. 

Dacosta manifestó que Hernández hizo un llamado de atención a mineros ilegales que se encontraban en el territorio, lo que terminó en una discusión acalorada y amenazas hacia el Ayukuweny – guardián territorial-. El 1 de septiembre fue abordado por tres personas encapuchadas que ingresaron a su hogar y lo golpearon al punto de causar hemorragia interna. Falleció tres días después. 

A raíz del suceso, las organizaciones indígenas de Amazonas solicitaron al Ministerio Público medidas cautelares en favor de los guardianes territoriales indígenas del pueblo Ye’kwana, y recordaron los asesinatos de los defensores Virgilio Trujillo Arana en 2022 y Freddy Menare en 2017.

Responsabilidad del Estado

Aguilar puntualizó que ”son constantes las violaciones a los derechos establecidos en el Capítulo VIII de la Constitución.  Se está violentando el derecho a la vida a través de la vulneración de los derechos territoriales y los derechos de la naturaleza”, apuntó. 

El gobierno venezolano es responsable de salvaguardar las tierras y comunidades ancestrales a lo largo de todo el territorio. El académico apuntó que  para  procurar un paso hacia esto, ”debe procederse de manera inmediata a la demarcación de los territorios indígenas mediante el reconocimiento de las auto demarcaciones realizadas por estos pueblos indígenas. En el caso de los pueblos indígenas Yek’wana y Sanema, está auto demarcación ya está mapeada mediante la etnocartografía y ya cuentan con un protocolo intercultural de consulta libre, previa, informada y de buena fe en sus territorios, el cual tiene aplicación directa en sus hábitats y tierras ancestrales”.

Fotografía principal: Mongabay (Luisovalles)

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Exrector de la UCAB llama a la “unidad” para restitución democrática en Venezuela

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El padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló que Venezuela necesita llegar a la unidad entre distintos factores que aspiran a la restitución democrática.

Así lo dijo el pasado 14 de febrero en el conversatorio “Perspectiva País 2025”, espacio realizado entre Medianálisis y el Centro Gumilla y que es respaldado por Cotejo.info y el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN).

El evento conducido por Andrés Cañizález y Piero Trepiccione, tuvo como invitado especial a Luis Ugalde, quien destacó la importancia de una ruta democrática en la búsqueda de la reconciliación nacional.

Durante su intervención, el exrector de la UCAB comentó que de momento observa un clima de modestia y realismo en ambos bandos políticos, a su juicio los actores políticos venezolanos han entendido que la reconstrucción del país no va a ser un tema fácil.

Asimismo, indicó que se debe valorar mucho la capacidad de “sumar fuerza, incluso con quien no se está de acuerdo”, resaltando que es hora de una unidad entre los distintos factores que aspiran a la restitución democrática en Venezuela.

Por otro lado, expresó que el venezolano no busca la violencia ni se ha planteado una salida por la vía armada, enfatizando lo señalado en el más reciente documento publicado por la Conferencia Episcopal Venezolana.

“Estamos en un momento en el cual es imprescindible que tanto los civiles como los militares nos hagamos la idea de que no hay más remedio que salir de este callejón sin salida y entendernos, incluso entre quienes han podido ser rivales muy enfrentados”, destacó el teólogo.

Andrés Cañizález preguntó sobre si es posible que se esté caminando hacia un frente nacional que enarbole las banderas del pasado 28 de julio, a lo que el padre contestó que aún hay obstáculos fuertes que lo impiden.

Ugalde explicó que no se ha presenciado la intención por parte de algún dirigente de la oposición o el oficialismo que busque la unificación en el diálogo, dado que puede ser tachado como un traidor o vendido.

El sacerdote subrayó que los eventuales mediadores entre ambos factores políticos están inhibidos, “el país en este momento, me parece que está en modo resignación”.

Nota de prensa

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Las deportaciones perjudican a los emigrantes y a Estados Unidos

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Las deportaciones y discriminaciones en contra de extranjeros son de vieja data. Los espartanos utilizaban el término xenelasia a la medida de expulsar extranjeros que percibían como indeseables. En la Atenas de Pericles, los extranjeros o metecos eran considerados ciudadanos de segunda. Hoy, está comprobada la contribución de los inmigrantes al desarrollo de los países que los aceptan, pero la xenofobia va en aumento.

El presidente de Estados Unidos está utilizando un discurso agresivo y medidas severas en contra de venezolanos y de otros emigrantes que buscan eludir persecuciones políticas o satisfacer necesidades vitales. En Europa han surgido movimientos similares. La solución no está en construir murallas y deportar, sino en tomar medidas para disminuir la pobreza y las persecuciones políticas en los países que originan esas olas.

Sin duda que la xenofobia aumenta cuando se produce una inmigración masiva que satura los servicios públicos y que es difícil de absorber en economías no boyantes, complicándose con el ingreso ilegal de muchos, entre ellos unos pocos malhechores y, en algunos casos, por marcadas diferencias culturales.

En Estados Unidos la situación es más fácil de manejar porque tiene una economía fuerte y en expansión, que requiere mano de obra calificada y no calificada. En Venezuela se produjo una gran ola migratoria por la persecución política, deterioro la economía, colapso de los servicios públicos y escasez de alimentos y de medicinas. Algunos lograron asilo y la mayoría se acogieron al Temporary Protected Status (TPS), calculándose que hay unos 600.000 con esta protección. Una última ola es de inmigrantes que están en situación ilegal.

Lamentablemente, el presidente Trump basó su campaña en descalificaciones a nuestros emigrantes en base a un criminal que cometió un horrible asesinato y por las acciones de delincuentes agrupados en el llamado Tren de Aragua. Al juramentarse eliminó el TPS, por lo que sus portadores deben salir del país, unos en abril y otros de septiembre. Él es un hombre de negocios y confiamos en que, después del impacto mediático ante sus votantes, evalúe el costo-beneficio que implica la expulsión de los venezolanos y otros emigrantes para la economía de su país y que sus asesores le presenten cifras que evidencian que los portadores de TPS son honestos, trabajan y pagan impuestos.

La situación política, económica y social de Venezuela ha empeorado a raíz del golpe de Estado electoral que dio Maduro para desconocer el triunfo de Edmundo González. Prorrogar los TPS y eventualmente otorgar la residencia sería una medida humanitaria y beneficiosa para ambas partes. Con respecto a las deportaciones de quienes están ilegales lo procedente sería revisar caso por caso y otorgar permiso temporal de permanencia.

El presidente Trump debe considerar que, para disminuir las olas migratorias desde Venezuela, debe presionar para que Maduro reconozca el triunfo de Edmundo González. Un nuevo gobierno reactivaría la economía y haría aumentar la producción petrolera mediante inversión privada. Él ha declarado que Estados Unidos no requiere el petróleo de Venezuela. Cierto que, a corto plazo, no le es imprescindible, aunque tiene importancia para reducir costos de refinación en la Costa Este. Pero, a mediano plazo, le será imprescindible porque sus reservas se agotarán. Si Trump ayuda a que Maduro renuncie sería un ganar-ganar.

Por otra parte, no podemos dejar de expresar que deseamos que Estados Unidos sea un país próspero, fuerte militarmente y respetado por los ciudadanos del mundo. Por ello, su presidente debe ser prudente. Las deportaciones, la abrupta interrupción de la ayuda humanitaria de la USAID, declaraciones de que quiere anexar Canadá, tomar el canal de Panamá, comprar Groenlandia y desalojar a más de dos millones de palestinos de la Franja de Gaza ocasionan rechazo, aunque las cuatro últimas sean habladurías.

Como (había) en botica

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 18 de febrero: EGU llevó clamor por respeto a DDHH a Ginebra

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En El Mañanero del 18 de febrero de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de las últimas horas: Edmundo González Urrutia denunció ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, la vulneración de derechos humanos de presos políticos, dirigentes opositores y familiares de los detenidos en Venezuela, mientras su yerno cumple 40 días detenido y sin que su familia haya podido verlo. Un médico en Falcón fue detenido por envío de mensajes de WhatsApp. 

Detenido médico en Falcón por mensajes en un grupo de WhatsApp

Yerno de Edmundo González Urrutia cumple 40 días detenido

Opinión | Animales indefensos frente a seres humanos

Opinión | 200 años de la llegada de judíos a Coro

María Corina Machado: “Van a salir del poder con o sin negociación”

González Urrutia denunció en Ginebra la persecución “sistemática” en Venezuela

Opinión | Los normalizadores no respetan al pueblo venezolano

 

🇨🇭🇻🇪 | LO ÚLTIMO

Edmundo González denuncia persecución del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde la Cumbre de Ginebra, expuso la detención arbitraria de su yerno y el acoso a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas.pic.twitter.com/YaGPUcw1f9

— UHN Plus (@UHN_Plus) February 17, 2025 height=”48″ />

 

“Hasta este momento ellos no han querido una negociación. Sigo creyendo que esa es su mejor opción, pero si se niegan también saldrán porque la realidad es la realidad. Necesitamos relanzar nuestras fuerzas, hacerlas crecer cada día más y obviamente coordinarlas con un paquete de acciones que provienen de la comunidad internacional y que cortan los flujos que el régimen hoy utiliza para sostener ese aparato represivo”, expresó María Corina Machado en entrevista a Tal Cual. 

 

“Están acabando con él”: Familia de Josnars Baduel exige pruebas de vida

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Desde hace tres semanas, Josnars Adolfo Baduel fue privado de recibir visitas sin que se le haya proporcionado una explicación clara. Ante esta situación, su hermana, Margaret, denunció el caso a través de redes sociales y exigió una prueba de vida para confirmar su estado.

Sin embargo, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta oficial, a pesar de que la familia ha acudido a diversas instancias para solicitar información y exigir que se le permita el contacto con sus seres queridos

Andreína Baduel alertó sobre el estado de salud de su hermano e indicó que el preso político necesita atención médica inmediata, debido a unas hernias que tiene debido a las torturas que recibió en el pasado. 

“Tenemos tres semanas de zozobra y angustias. Ni siquiera nos dan información, no nos permiten ni una llamada. La única certeza que tenemos es que lo están sometiendo a una tortura psicológica. Hoy con más razón seguimos exigiendo su libertad plena, pero ya sabemos las condiciones y están acabando con él, con su vida, progresivamente”, declaró Baduel para RunRun.es. 

¿Cuándo fue detenido Josnars Baduel? 

Josnars fue detenido el 4 de mayo de 2020. Está involucrado en la supuesta Operación Gedeón ocurrida un día antes. 

El domingo, 3 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro informó que las Fuerzas Armadas del país frenaron una “incursión armada” a la que denominaron “Operación Gedeón” y catalogaron como “intento de golpe de Estado”.

Baduel no tuvo oportunidad de defenderse y tampoco de mostrar pruebas a su favor. Su hermana mencionó que fue “víctima de un juicio amañado y con una sentencia de 30 años de cárcel”. 

Está acusado por terrorismo, traición a la patria, rebelión y conspiración. “Estamos apelando porque es una infame condena. Estamos agotando todas las instancias, aunque sabemos que en Venezuela no hay Estado de derecho”, sostuvo. 

Para sus hermanas, la angustia siempre está presente. Piensan -de forma constante- cómo estará y qué estará comiendo. 

“Es una situación desgastante, nos preocupa y nos mantiene en zozobra. Lo que ha vivido mi familia es una lucha constante”, expresó. 

La familia Baduel asiste a cada manifestación, reunión y convocatoria de familiares de presos políticos.  Han entregado recursos en diferentes organismos del país como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Palacio de Justicia, entre otros. 

El caso de Josnars fue uno de los destacados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) En el documento, manifestaron su preocupación sobre las condiciones en la que se encuentra: hacinados y sin posibilidad de ver la luz del sol.  Está en un aislamiento prolongado y, en ocasiones, la hidratación, al igual que la alimentación, no son suficientes. 

De acuerdo a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RM), los privados de libertad deben estar en condiciones dignas de reclusión. Entre ellas, deben tener un espacio con condiciones dadas, contar con agua, comida suficiente, ejercitarse y ser educados. 

Pese a esto, los familiares de los presos políticos han revelado que las condiciones de reclusión están bastante alejadas de estas normas. Mientras tanto, la administración de Nicolás Maduro niega estos hechos. 

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María Corina Machado: “Van a salir del poder con o sin negociación”

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La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro saldrá del poder “con o sin negociación”.

En una entrevista que concedió a TalCual, Machado aseguró que Maduro “cerró una ventana de negociación que tenía”, lo que a su juicio es una buena opción, incluso para el oficialismo. Eso, dijo, los ha “llevado a una fase donde lo que toca es ya el desalojo del poder, es sacarlos”.

“Obviamente eso implica aplicar un nivel de fuerzas que generen incentivos para que aquellos que soportan al régimen finalmente cedan. A diferencia cuando tú tienes un proceso tan estructurado como una elección, aquí los plazos pueden extenderse o contraerse dependiendo del tipo de fuerza que tú logras aplicar y las reacciones de los actores sobre los que las estás poniendo”, añadió Machado.

La opositora consideró que esas fragilidades tienen que detectarse y aprovecharse, pero ese es un trabajo que “implica un nivel de coordinación entre fuerzas de adentro y de afuera, y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy y que nos involucra a todos”.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Magalli Meda, en donde dijo que la gente “va a tener que tragar grueso” pues hay que abrirse a una negociación y “dejar el puritanismo”, Machado respondió que, para alinear ambas afirmaciones, “van a salir del poder con o sin negociación”.

“Hasta este momento ellos no han querido una negociación. Sigo creyendo que esa es su mejor opción, pero si se niegan también saldrán porque la realidad es la realidad. Necesitamos relanzar nuestras fuerzas, hacerlas crecer cada día más y obviamente coordinarlas con un paquete de acciones que provienen de la comunidad internacional y que cortan los flujos que el régimen hoy utiliza para sostener ese aparato represivo”, acotó.

Ese paquete de acciones, explicó, “están orientadas a cerrar el flujo del dinero criminal, que es la fuente para sembrar terror por la vía de la propaganda del régimen y por la vía de la represión”.

Por otro lado, habló sobre las elecciones programadas para el 27 de abril, día que a su juicio “va a ser una enorme derrota para el régimen nuevamente”.

“La inmensa mayoría de los líderes políticos están actuando con una gran claridad y valentía, porque el régimen evidentemente está ejerciendo presiones terribles para obligarlos a avalar esta maniobra y muchos están resistiendo con el enorme costo personal que eso implica. Pero lo importante es que la gente está clarísima que vamos a defender y a trabajar para que en Venezuela se pueda votar y elegir, pero en este momento yo no creo que nadie vaya a caer en trampas. El régimen pretende el 27 de abril elegir a sus nuevos rehenes y convertirlos en avaladores de un sistema que pretenden perpetuar”, apuntó.

Puede leer la entrevista completa aquí

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Denuncian detención de médico en Falcón por mensajes en un grupo de Whatsapp

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Espacio Público denunció este 17 de febrero la detención de un trabajador de la salud en Falcón el pasado 14 de febrero. Se trata del médico Alexis Zárraga, quien según las versiones que maneja la ONG, fue detenido por funcionarios del Sebin.

“Presuntamente, Zárraga envió unos mensajes a un grupo de WhatsApp que se filtraron al cuerpo de seguridad que lo detuvo, informó el medio digital Nuevo Día“, se lee en el mensaje que compartió la ONG en su cuenta en X.

Al galeno lo imputaron por instigación al odio y el Tribunal Quinto de Control en el Palacio de Justicia de Coro ratificó su privativa de libertad, aseguraron

El medio local Nuevo Día precisó que Zárraga es médico gastroenterólogo y que es oriundo de la población de El Ramonal, municipio Petit, del estado Falcón. Especificaron que fue detenido “por uno de los delitos previstos en la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.

En Venezuela, hasta el 10 de febrero de 2025, había al menos 1194 presos políticos, según los datos del Foro Penal: 1075 de ellos son hombres, 119 son mujeres.  En el lote hay 164 militares. 

 

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Edmundo González denunció ante la ONU en Suiza violaciones a DDHH en Venezuela

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Este lunes, 17 de febrero, Edmundo González Urrutia denunció ante la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, la vulneración de derechos humanos de presos políticos, dirigentes opositores y familiares de los detenidos en Venezuela.

González Urrutia se refirió al caso de su yerno, Rafael Tudares, quien está detenido el pasado 7 de enero cuando llevaba a sus hijos al colegio.  

“Cada día mi hija va de un centro de detención a otro en busca de su esposo (…). El caso de mi yerno es solo uno de lo que le pasa en Venezuela a miles de madres, padres, hijos, esposas”, dijo González Urrutia.

Asimismo, González recordó que otros defensores de derechos humanos y dirigentes opositores como Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Américo De Grazia,  Jesús Armas y muchos otros son víctimas de persecuciones y detenciones arbitrarias.

En su discurso, Edmundo González también alertó a la comunidad internacional sobre el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas,donde permanece el equipo del Comando Con Venezuela.

Recibirá Premio al Coraje

Este martes, González Urrutia participará en la Cumbre de Derechos Humanos y de la Democracia en donde recibirá el Premio al Coraje que también será concedido a María Corina Machado.

Según explicaron los organizadores de la Cumbre de Derechos Humanos, el Premio al Coraje -otorgado en el pasado a figuras como el disidente saudí Raif Badawi, el activista nicaragüense Félix Maradiaga y el fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny- reconoce este año el “liderazgo inspirador” de ambos opositores en “la lucha por restaurar la democracia en Venezuela”.

El pasado 6 de febrero, González Urrutia señaló que, en su visita a países europeos y más recientemente de América, se ha reunido con “líderes de todo el mundo, incluidos presidentes, primeros ministros y parlamentarios”, a quienes les ha explicado -indicó- “la gravedad de la crisis venezolana y la urgencia de una transición democrática”.

Expresó entonces que no se trata de “una simple gira” sino de “una campaña de presión internacional para que se respete la decisión soberana del pueblo”, en referencia a su reclamada victoria. 

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*Con información de EFE