Tras semanas de denuncias sobre su deteriorado estado de salud, el dirigente político del estado Trujillo y preso político, Reinaldo Araujo, murió después de ser ingresado al Hospital Pedro Emilio Carrillo de la entidad, donde falleció el 24 de febrero, detalló Moreno.
Es el sexto dirigente político fallecido en custodia del Estado Venezolano desde el 28 de julio y es parte de los 23 actores políticos muertos tras las rejas desde 2015 principalmente por ”torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica adecuada”, se lee en un recuento de casos elaborado por el medio El Nacional.
Araujo era dirigente de Vente Venezuela (VV), el partido de la líder opositora María Corina Machado, en el municipio Valera, del estado andino de Trujillo. Fue capturado el 9 de enero, cuando se llevaron a cabo las manifestaciones convocadas por la oposición en rechazo a los resultados electorales transmitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de julio, que anunciaron ganador a Nicolás Maduro, quien se juramentó al día siguiente.
“Hace cuatro días su esposa lo había logrado ver y se dio cuenta que no estaba bien. Él era obeso y sufría de hipertensión. Después de tantas solicitudes de atención médica, hoy se la otorgaron y falleció en el Hospital Pedro Emilio Carrillo (Valera). ¿Cuántos más tienen que morir?“, reclamó Moreno a través de una publicación de publicación de X.
Machado sostuvo que el “régimen lo asesinó”, y agregó: “Reinaldo era un hombre bueno, un esposo, hijo y padre amoroso, un amigo incondicional, un ciudadano ejemplar (…) Tenía serios problemas de salud, pero le negaron la asistencia médica. Hasta el día de hoy, cuando ya era demasiado tarde“.
Ni el primero ni el último
El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Orlando Moreno, manifestó que es el ”sexto” preso político que fallece en custodia del Estado venezolano tras su detención en después de los comicios presidenciales.
El pasado 8 de noviembre, murió el comerciante y opositor,Asdrubal Santana, en San Fernando de Apure, estado Apure. Fue detenido el 18 de septiembre y murió por un presunto infarto cuando fue traslado al ”seguro social del municipio Biruaca, donde posteriormente se notificó su deceso por un presunto infarto”, informó la plataforma Punto de Corte.
Días más tarde, 14 de noviembre, murió el miembro VV y testigo de mesa, Jesús Manuel Martínez – detenido el 29 de julio-, víctima de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2 que padecía y para la cual no recibió atención médica oportuna, denunció la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Casi un mes después, en la madrugada del 13 de diciembre, falleció Jesús Rafael Álvarez, de 44 años. Estaba preso en el Internado Judicial de Tocuyito del estado Carabobo. Había sido detenido junto a su esposa . Su hijo manifestó que su padre era una persona sana. “Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban”, lamentó.
El día 16, Osgual Alexander González, de 43 años, detenido el 1 de agosto, falleció en el mismo penal por una hepatitis, para la cual recibió atención médica tardía, denunciaron familiares.
Moreno agregó al conteo la muerte del activista de Voluntad Popular, Edwin Santos, quien fue detenido por funcionarios del Estado – según testigos- el 23 de octubre y encontrado muerto el día 25. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, sostuvo que su fallecimiento se produjo por un accidente de tránsito.
Una miembro de la organización defensora de los derechos de los presos, Una ventana a la libertad (UVL), que solicitó resguardar su identidad, apuntó que para el Estado venezolano, estos sucesos no resultan importantes, a pesar de ser consecuencia directa de la grave situación en los penales, que a su vez representan violaciones a los derechos constitucionales. ”Si le es útil (al Estado), le es útil (…)”, lamentó.
Expresó que aunque estos eventos ocurren de manera ”goteada”, es decir, no se repiten todos los días, no le quita la relevancia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró en 2023 el fallecimiento de 61 presos, así como tres huelgas de hambre, cuatro motines y 533 fugas. El 51% de muertes fueron por condiciones salud y el restante murió a consecuencias de hechos violentos.
Por otro lado, un informe de UVL contabilizó 17 muertes el mismo año por enfermedades en calabozos: seis por complicaciones respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición, dos por infarto y en una no se pudo obtener el certificado forense.
Una condena sin sentencia
Actualmente, en las cárceles y calabozos venezolanos se encuentran cientos de personas en delicado estado de salud debido a las condiciones infrahumanas de reclusión que excarcelados, familiares, actores políticos, activistas y ONG como UVL y el OVP denuncian desde hace años.
La gran cantidad de presos políticos recluidos en los centros desde el 28 de julio ha permitido que la problemática haya captado mucha más atención, según UVL.
Las reglas de Nelson Mandela, un conjunto de lineamientos conformados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establecen cómo deben tratarse a las personas privadas de su libertad, escriben en su primera regla que ”(..) Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario”.
Pero la realidad es que de ”52 cárceles en el país, solo 38 están operativas, y la población carcelaria es de 30.332 personas, con un hacinamiento crítico de 154%”, indicó Prado en una declaración para la Organización Mundial Contra la Tortura, publicada en diciembre de 2024.
Dicho hacinamiento y las condiciones insalubres de los penales venezolanos han desencadenado una crisis de salud pública. Enfermedades como tuberculosis, VIH, hepatitis, sarna y diarreas pueden ser comunes entre los reclusos, informó un estudio del OVP sobre los calabozos de Zona 7, ubicada en Miranda.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela documentó en su informe de octubre de 2024 que los mismos hechos se presentan en la prisión Rodeo I, a las afueras de Caracas, también en Miranda, mediante denuncias y entrevistas a familiares.
Y como en esos lugares, se plantean situaciones similares en el resto de centros de reclusión del país, según reportes.
Aunado a esto, la alimentación deficiente de los presos, a quienes se les entrega poca o nada de comida, y la que pueden recibir, en muchos casos está descompuesta o contaminada, como el agua que consumen. También se suman las limitaciones en la entrada de medicamentos a los penales.
La misma miembro de UVL señaló en entrevista con Runrun.es que las principales causas de muerte en penales son, precisamente, las enfermedades y desnutrición, ”acompañada, en muchísimos casos, de tuberculosis”.
Yorman David León, un joven de 28 años detenido el 29 de julio en Naguanagua, estado Carabobo, sufrió las consecuencias de estas condiciones tras ser liberado el 4 de enero bajo régimen de presentación cada 15 días, ya que murió el 4 de febrero por su grave estado de salud. León estuvo en la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde salud se deterioró. Fue diagnosticado con dengue, presentaba obstrucción estomacal, hematomas y una fisura, posiblemente resultado de golpes y torturas, relataron familiares.
En cifras generales, de 2011 a 2024, el OVP registró el fallecimiento de 3.423 personas privadas de libertad, víctimas de hacinamiento, hambre, violencia y falta de atención médica.
A nivel internacional
El UVL mencionó otros países con gobiernos señalados por violaciones de DDHH, donde los presos políticos – y presos comunes- viven situaciones extremas en los centros de reclusión.
En Cuba, organizaciones de DDHH reportaron que al menos 95 personas murieron a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023. “76 estaban bajo custodia estatal, 33 perdieron la vida debido a problemas de salud, 28 por suicidios o presuntos suicidios y 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes”, subrayó el medio internacional DW.
De 2022 a junio de 2024, una ONG publicó que en El Salvador, el número de muertes bajo custodia estatal llegó a 301.
En China, de 1999 a 2016, hubo más de 5800 casos, con muertes en custodia por suicidio, accidentes, homicidios, enfermedades cardiovasculares y ”causas no determinadas” y en Rusia se contabilizaron al menos 50 fallecimientos en centros de detención durante 2023.
La integrante de UVL sostuvo que es una ”política de Estado” para estos países y los sucesos no pueden clasificarse como ”hechos aislados”.
¿Existe posibilidad de justicia?
UVL indicó que los gobiernos responsables de estos sucesos tienen alta probabilidad de ser enjuiciados cuando ya no están en el poder.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene potestad para hacerlo, porque los hechos comprenden una ”violación a los derechos fundamentales”, especialmente en el caso de presos políticos, quienes ”no han cometido ninguna falta”, están ”secuestrados” y no tienen acceso a la defensa privada. Pero es destacable que la CPI no tiene poderes para detener a los sospechosos y sólo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo.
Desde su entrada en funcionamiento en 2002 hasta 2022, se sometieron 31 causas a la CPI y emitieron 37 ordenes de detención. 21 personas fueron detenidas en centros de detención del organismo y han comparecido ante la Corte.
Uno de sus casos más relevantes fue el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, detenido de 2011 por crímenes de lesa humanidad y de guerra por la violencia postelectoral que hubo en dicho país entre 2010 y 2011. Fue el primer exjefe de Estado bajo custodia de la Corte, liberado y absuelto en 2019.
En diciembre de 2024, la PUD pidió a la CPI la investigación de las muertes de los presos políticos, como parte de sus tareas por documentar y evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En enero de este año, 52 organizaciones venezolanas en el exterior solicitaron al organismo un rápido juzgamiento de los crímenes, para los que más de 11.000 víctimas han presentado pruebas.
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Especial para Raya: Betsabé Molero, María Fernanda Padilla y Génesis Daniela Prada
Cuando Fabiana Pushaina volvió en sí después de desmayarse al parir, sintió que algo estaba mal. El llanto que llenaba la sala no era el de su bebé. Al girar la cabeza, vio a la doctora arrodillada en el suelo, rezando con desesperación a algún dios para que el pequeño diera señales de vida. Su bebé, con el rostro morado, apenas respiraba, luchando por quedarse en este mundo. “¡Despierta y respira, para que el bebé pueda respirar!”, le clamó una voz que retumbó en la sala. En ese instante, el grito de Jesús —como le llamaron al recién nacido convencidas de que su vida era una prueba de fe— se convirtió en un milagro.
A la una de la madrugada del 26 abril de 2020, Fabiana tuvo las primeras contracciones de su segundo parto. Como todas las mujeres wayuu, sabía que debía respirar y aguantar, aguantar hasta estar al borde de dar a luz para correr hacia el hospital. De lo contrario, podría enfrentarse a las trabas burocráticas que vivió con Julio Sebastián, su primer hijo, por ser una mujer migrante, según la considera el Estado colombiano.
Fabiana ingresó al Hospital San Agustín en el municipio Fonseca, en el departamento de La Guajira, a las cinco de la mañana de aquel abril. Tenía nueve centímetros de dilatación. No había tiempo de esperar una ambulancia para trasladarla a otro centro de salud, era una emergencia. Pujó con miedo, pues apenas había transcurrido un año y medio de la cesárea de su primogénito. Pujó hasta que salió su bebé, luego se desmayó.
Llegó a Colombia desde Venezuela en 2016 para trabajar como empleada doméstica. Fabiana y su familia, al igual que los 650 mil wayuu que habitan entre los dos países (380 mil en Colombia y 270 mil en Venezuela), se han movilizado y comunicado entre clanes de ambos lados de la frontera colombo-venezolana. No en vano, los indígenas wayuu se consideran un pueblo binacional, cuyo territorio ancestral trasciende los límites geopolíticos de los dos Estados, determinados de manera definitiva en 1941. Sin embargo, la situación era distinta cuando Fabiana cruzó a suelo colombiano, estaba migrando forzosamente dada la crisis multidimensional (social, económica y política) venezolana.
En la desértica península de La Guajira se encuentra la frontera norte entre Colombia y Venezuela. La línea limítrofe se extiende en medio de grandes dunas de arena y vastas playas, donde cinco siglos atrás la etnia Wayuu estableció su pueblo. Diseño: Camila Sastre
El nacimiento de Jesús en 2020 no fue el único parto hospitalario lleno de complicaciones en este punto fronterizo. En 2018, durante la víspera del alumbramiento de Julio Sebastián,Fabiana comenzó a expulsar líquido de su vientre. Por la falta de experiencia, no sabía qué hacer. Junto a su esposo esperaron para ver cómo avanzaba. Al día siguiente, el fluido se transformó en sangre, pero recordó la regla: debía soportar los dolores hasta que se intensificaran antes de ir al hospital. Cuando llegó al centro médico, estuvo tres horas en la sala de espera porque no tenía documentos para que la pudieran atender. Verificaron su registro de nacimiento, y solicitaron autorización para los procedimientos al gobernador indígena del resguardo wayuu Mayabangloma, donde reside.
“Me regañaron porque no estuve en controles médicos. Me dijeron que era culpa mía que mi bebé estuviera en problemas. Les expliqué que no tenía plata para pagar 50 mil o 60 mil pesos colombianos (11 y 13 dólares americanos) por día para que me atendieran”, recuerda. Después de los cuestionamientos, los médicos trasladaron a Fabiana al quirófano para practicarle una cesárea. Tras su nacimiento, Julio Sebastián fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Fabiana volvió a ver a su bebé hasta una semana más tarde, cuando al pequeño le dieron de alta. No podía amamantarlo porque al nacer la criatura no fue pegada a su pecho y, en consecuencia, la leche materna se había estancado en sus mamas. La angustia se apoderó de ella y con esta, apareció la depresión posparto.
“No quería hablar con nadie. No había quién me ayudara, y yo tenía la herida de esa cesárea. Pensaba que el culpable era el bebé, pero no era su culpa”, lamenta.
El parto del pequeño Fabián José (centro), de seis meses de edad, ocurrió libre de las violencias que atravesaron las llegadas de sus hermanos Jesús (izq) y Julio Sebastián (der), pero Fabiana (centro) parió a su tercer hijo aun indocumentada. Fotografía: Betsabé Molero
A pesar de los cierres suscitados en reiteradas ocasiones en el eje fronterizo colombo-venezolano, como el implementado tras la fractura del vínculo diplomático entre Colombia y Venezuela, las mujeres wayuu caminan su amplia nación ancestral de grandes dunas de arena, vastas playas y bosques secos tropicales. Dos razones motivan su movilidad en dirección a Colombia: trabajo y acceso a servicios. Hacen el viaje en motocicletas, autobuses, camiones o a pie, bajo el extenuante sol y los vientos más fuertes de la península.
El anterior es el método elegido por las indígenas de Venezuela para tener controles prenatales e ingresar a las salas de partos en Maicao, u otros municipios colombianos. Al producirse bloqueos en los pasos autorizados en las zonas limítrofes, se ven obligadas a atravesar cualquiera de las más de 200 trochas (caminos ilegales flanqueados por grupos criminales), detectadas entre el estado venezolano de Zulia y La Guajira.
La sociedad wayuu está distribuida en los municipios que rodean la frontera colombo-venezolana, organizada en clanes que administran las mujeres wayu. Diseño: Camila Sastre
Si bien pertenecen a un pueblo binacional, las wayuu han enfrentado distintos obstáculos para recibir atención en salud en este corredor fronterizo, en especial para tener partos respetados y asesorías de planificación familiar. Cuando las mujeres wayuu en Colombia ven llegar al hospital a una tawala (hermana wayuu en wayuunaiki) embarazada de Venezuela, no dudan en aconsejarle que debe esperar hasta que el bebé esté por nacer para evitar que retrasen su atención o le practiquen una cesárea.
El principal miedo alrededor de las cesáreas radica en que las heridas que quedan en los cuerpos de las indígenas wayuu al ser sometidas a partos quirúrgicos corren el riesgo de infectarse en medio de los trabajos de cuidado que realizan, o las mujeres intervenidas no saben tratar los cortes porque las cesáreas son ajenas a su medicina tradicional. Si la vida de las mujeres wayuu peligra, también peligra el destino de su pueblo: sobre ellas descansa la misión ancestral de asülüjaa (dar), es decir, de prolongar y transmitir la cultura. Por lo tanto, su bienestar es una promesa de supervivencia para su comunidad.
Siguiendo las simbologías de su pueblo, Annie Montero representa mediante líneas y espirales en su vientre la vida, la descendencia y la interconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Fotografía: Betsabé Molero
—Jumüi tü wayuku tü ishaakaa jümaa tü e´iruku aa´inwaatasuupula jien tü astouutakaa jümawaii taii jiatü wayujierka ipoorka nojorüle saisha´ajaa jerrulüi jule tü seeseeta jununuwa mojusuu e´iruku tü jierka. (Para los wayuu, la carne y la sangre es muy importante porque es nuestro cuerpo donde está la vida, y dar vida lo hace la mujer. No es natural que deban quedar marcas y hacer daño a la carne) —explica sobre las cesáreas Mirian Jaraliyuu Uriana, partera wayuu.
Mirian es una de las pocas parteras wayuu en el resguardo Mayabangloma, ubicado cerca de Caicemapa, en el sur de La Guajira. La médica tradicional de 74 años atiende en su modesta casa de barro y heno, donde el techo de palma apenas ofrece consuelo ante el implacable calor de inicios de diciembre. Hasta su hogar viajan mujeres desde la Alta Guajira, inquietas por el índice creciente de cesáreas en indígenas wayuu que presentan complicaciones durante el parto o tienen la oportunidad de recibir medicina occidental.
La misma angustia sintió Luz Eliannys Fernández, quien estaba convencida hasta su última evaluación prenatal que tendría a su bebé por parto natural, porque el niño estaba en buena posición dentro del útero y el embarazo había evolucionado según lo esperado. El 15 de noviembre de 2024, cuando comenzaron las contracciones, la wayuu de 18 años cruzó la frontera desde la localidad Laguna del Pájaro en Paraguaipoa, en Venezuela, hasta Maicao, en Colombia. Un trayecto de 50 minutos aproximadamente. En el Hospital público San José de Maicao, le aseguraron que le harían una cesárea.
Las mujeres indígenas en Venezuela arriban a Paraguachón, al final de la Troncal del Caribe, para llegar tras una larga travesía hasta Maicao, allí inician en avanzado estado de gestación, incluso a punto de parir, el viacrucis a través de La Guajira colombiana. Diseño: Camila Sastre
“Nos dijeron que mi bebé se quedó sin líquido (amniótico) y que debía ser cesárea. Mi mamá les preguntó por qué, si en el otro hospital (en Venezuela) afirmaron que tendría parto normal, y entregó los papeles de los controles. Ellos los revisaron y le dijeron que, si me hacían parir, me podía morir. Entonces no comentamos nada más”, cuenta. “Me metieron a un cuarto y no vi a la niña cuando nació. Me la enseñaron dos días después”.
El equipo médico le explicó que no podía sacar a la bebé del centro de salud porque había nacido baja de peso y, posteriormente, una infección en la sangre le provocó fiebre. Por un mes, Luz Eliannys tuvo que caminar dos kilómetros desde su hospedaje en Maicao hasta el hospital para ver y amamantar a su hija, pese a la herida sin cicatrizar y el reposo posparto interrumpido. “Para mí la cesárea ha sido mucho gasto y va ser difícil para los oficios en la casa. Es mejor parir”, reflexiona.
Binacionales, pero sin nación ni salud
La identidad, la migración y el desamparo institucional del pueblo binacional Wayuu se entrelazan en las experiencias de Fabiana y Luz Eliannys para convertir el nacimiento de sus hijos en un calvario. Los wayuu permanecen estancados en un limbo legal, pues el documento de identidad venezolano (cédula) desconoce su pertenencia étnica, y Colombia los etiqueta de migrantes. La intermitencia de las relaciones diplomáticas entre los países vecinos, la crisis en Venezuela, y la transformación de Colombia en el principal país receptor de migrantes venezolanos ha agudizado la violencia en contra de esta comunidad indígena.
El Estado colombiano ha implementado una serie de mecanismos de protección migratoria exclusivos para venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPV), creado en 2021, mediante el cual obtienen el Permiso de Protección Temporal (PPT). Con este documento de identificación, los ciudadanos de Venezuela legalizan su estatus migratorio, acceden a programas sociales y derechos, ingresan y salen de Colombia, y tienen un lapso de 10 años para adquirir una visa de residencia.
José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, asegura que, si bien estas medidas contribuyen al amparo de la población migrante y refugiada, al enfrentarse con las dinámicas cotidianas de quienes desenvuelven sus vidas entre fronteras, pierden alcance en términos de protección porque acogen a unos grupos, pero excluyen a otros, generalmente más vulnerables.
No existe una versión del manual del ETPV en idioma wayuunaiki, y este estatuto no posee un apartado que contemple las características específicas de los pueblos originarios establecidos en los ejes fronterizos; asimismo, el instrumento legal ignora las barreras idiomáticas, educativas y socioeconómicas que los indígenas pueden encontrar en sus intentos por tramitar el PPT. Por lo tanto, parte importante de la comunidad indígena wayuu “migrante” en Colombia está destinada a la irregularidad migratoria.
“El pueblo Wayuu en realidad necesita que los gobiernos de Venezuela y Colombia tengan voluntad política para diseñar e implementar una serie de acuerdos de carácter binacional, capaces de aliviar la crisis que viven los hermanos indígenas en la zona fronteriza, y garantizar el acceso a derechos fundamentales, siendo la vida, la salud y la legalidad los más álgidos”, sentencia González.
La falta de inclusión de los pueblos originarios en los proyectos de normalización migratoria ha derivado en su incapacidad de afiliarse a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia. Aunque con el PPT las personas wayuu podrían acogerse a programas sociales, desconocen cómo funcionan; además, en caso de pretender vincularse a un plan, se encuentran con inconvenientes mayúsculos.
“Mujeres y hombres del pueblo wayuu acudieron al Comité después que las EPS los abordaron en Colombia para ofrecerles sus servicios; cuando les solicitaron un documento de identificación para inscribirse, tenían cédula colombiana y venezolana, pero en Colombia fueron registrados con un nombre, y en Venezuela con otro distinto”, explica Sailyn Fernández, comunicadora indígena y miembro del Comité de Derechos Humanos de La Guajira.
El fenómeno del doble registro civil es una de las consecuencias del vacío legal en el que flota la comunidad wayuu. Como Colombia es el destino final de los embarazos de las mujeres indígenas, las niñas y niños son presentados primero ante la registraduría colombiana y, al regresar a Venezuela, sus nacimientos son asentados por segunda ocasión, esta vez en registros civiles venezolanos.
Los pueblos binacionales poseen un doble vínculo jurídico y político con más de un país. En otras palabras, estas poblaciones deberían gozar de los derechos fundamentales de cada Estado y del reconocimiento de la ciudadanía. Debido al doble registro, las personas pueden ser consideradas apátridas, perder oportunidades laborales, y encontrar obstáculos en el acceso a salud y educación. El fin del problema parece lejano, dado que los efectos del doble registro sobre el sentido de pertenencia y la ciudadanía del pueblo Wayuu se transmiten por generaciones.
González afirma que “los wayuu no somos colombianos, ni somos venezolanos, ni somos migrantes. Somos una gran nación Wayuu. Nuestras vidas, nuestras familias pertenecen históricamente a toda esa franja fronteriza”.
Las viviendas de la comunidad wayuu se distribuyen en rancherías, conjuntos de casas rectangulares que comparten un mismo espacio, construidas con una mezcla de barro, heno o caña seca, como la casa de Mirian. Fotografía: Betsabé Molero
Embarazos y partos en desesperanza
Los sistemas de salud de Colombia y Venezuela, en particular en la región guajira, lidian con la falta de infraestructura y la escasez de personal capacitado. Las mujeres embarazadas del municipio venezolano de Paraguaipoa, una de las rutas centrales que conducen a la frontera internacional, deben gestionar el embarazo en un contexto singular: un especialista en gineco-obstetricia viaja al Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández una vez por mes, y lleva a cabo revisiones superficiales, pues en la entidad hospitalaria no practican ecografías. En muchos casos, las madres vuelven a sus hogares sin certezas sobre su propio bienestar, sin escuchar los latidos de sus bebés. De hecho, “cerca del 50 % de las mujeres en los poblados fronterizos no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva”, expone la Red de Mujeres Constructoras de Paz.
En un hospital público en Venezuela el precio de una cesárea ronda los 228 dólares, aproximadamente 65 sueldos mínimos, alerta la red venezolana Médicos por la Salud en la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024. Debido al desabastecimiento del sistema sanitario público del país, en las salas de maternidad las mujeres reciben una lista de más de 30 insumos para comprar. En Colombia, la Superintendencia de Salud ha encontrado irregularidades en dos centros médicos, que atienden a una amplia población wayuu. El Hospital San José de Maicao está bajo la intervención forzosa de la autoridad sanitaria a fin de corregir la administración financiera y la prestación del servicio. En el Hospital San Agustín de Fonseca, el Estado descubrió 56 inconsistencias, que evidencian la inestabilidad generalizada de la entidad, donde “no está garantizada la seguridad de las usuarias/os”.
En medio de la precarizada atención en salud, las mujeres wayuu en Colombia se enfrentan a una forma de vulneración que atraviesa sus cuerpos, pero aún no tiene traducción en su lengua: la violencia obstétrica. En la Sentencia T-576 de 2023, la Corte Constitucional colombiana señala que implica “todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud relacionados con el embarazo, parto y posparto”.
La negligencia médica, la represión de emociones y las amenazas o intimidaciones son las principales causas de esta expresión de la violencia basada en género contra las mujeres, reveló un estudio del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia (Mnssr). Entre 2022 y 2023, el 39,8 % de los partos fueron por cesárea. De ese porcentaje, el 33,1 % de las madres no recibió información ni dio consentimiento para que el procedimiento fuera practicado, agrega el informe.
Damaris Fernández, de 24 años de edad, quien salió de Venezuela en 2021 y reside en Fonseca, relata que fue a su último control al Hospital San Agustín, donde le aseguraron que su bebé tenía un latido anormal y que debían enviarla a otro centro de atención. Al llegar a la entidad hospitalaria de San Juan del Cesar, tras la revisión médica, le dijeron que estaba bien, pero no le permitieron regresar a su casa. Según el personal de salud, solo faltaban nueve días para el parto.
“Me colocaron una pastilla y ni siquiera me explicaron para qué era”, aclara. Más tarde, Damaris comprendería que el medicamento que le suministraron indujo y aceleró sus contracciones. En la sala de espera, su esposo recibió la noticia de que el parto fue natural porque el bebé estaba en la posición correcta. En realidad, a Damaris le efectuaron una cesárea. Entre el dolor y la confusión, recibió maltratos verbales: “Me dijeron que a las venezolanas les gusta parir mucho”.
Damaris tuvo su primera revisión prenatal hasta el quinto mes de gestación, durante las consultas médicas y el nacimiento de Jaiker Darían nunca le brindaron información en wayuunaiki. Fotografía: Betsabé Molero
Ni Fabiana, ni Luz Eliannys, ni Damaris sabían cómo identificar las conductas denigrantes propias de la violencia obstétrica. La medicalización sin consentimiento informado previo, junto a los señalamientos recibidos por Damaris y Luz Eliannys son violencia obstétrica; la culpabilización y el abandono experimentados por Fabiana en aquella sala de emergencias cuando se encontraba en labor de parto son también expresiones de la violencia obstétrica. Sus miedos, identidad, costumbres y creencias tampoco fueron tomados en cuenta.
La deshumanización de los alumbramientos guarda una relación directa con el desarrollo de la depresión posparto, señala un estudio del Instituto Tecnológico de Antioquía. De hecho, uno de los síntomas principales de este trastorno es la dificultad para vincularse con el bebé. La ausencia de comunicación efectiva del personal médico con Fabiana, al proporcionarle escasa información sobre el estado de salud de su pequeño, anuló la posibilidad de la mujer wayuu de tener el primer contacto piel a piel con el bebé, un momento decisivo para el inicio de la lactancia.
—Mojulawa si jo’ uuchonkai mapa mochoojoo’u nos napaii si jichirraka jaukai. Mapa ainkaa ayuije aapuuwa cáncer junai jichirraka jaukai aneichi mulojouchii aütüma jüchirra niakai jüpala karchiwai. (Eso es malo, porque después el bebé la desconoce y no quiere recibir la teta. Entonces puede causar enfermedad en los senos de la mamá y el bebé no se cría. Debe ser criado con la leche de su mamá para que crezca con fuerza y rápido) —afirma Mirian.
La relevancia de las palabras de la partera wayuu se refleja en la sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional de Colombia ordenó medidas para proteger la infancia wayuu, y prevenir las muertes de niños y niñas por malnutrición. Tan solo entre enero y noviembre de 2024, 31 infantes murieron en La Guajira. El máximo tribunal reconoce que la desnutrición materna y la falta de acceso a servicios de salud adecuados afectan directamente el bienestar de las madres y, por ende, el de sus hijos.
Mujeres binacionales, pedagogía y partería
Para la activista del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayuu, Adriana Pushaina, cualquier cambio en la prestación del cuidado sanitario para madres será insuficiente si la discriminación histórica de las indígenas continua, por su género e identidad, y en el caso de las mujeres wayuu de Venezuela por ser consideradas migrantes. El reconocimiento de la binacionalidad y el acceso efectivo a servicios de salud con enfoque intercultural son requisitos claves para garantizar que mujeres, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu ejerzan sus derechos plenamente. La articulación de ambos factores es condición sustancial en la prevención de la violencia obstétrica.
Los partos humanizados, dignos y respetados son un derecho de todas las mujeres, y dependen del acceso a educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero “el orden patriarcal, las leyes jurídicas propias y el abandono institucional en el que deben sobrevivir las mujeres wayuu, anula sus posibilidades de tener autonomía sobre sus propios cuerpos”, argumenta Adriana. Debido a la carga cultural, y el descuido gubernamental, el uso de anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia son derechos prohibidos para una parte significativa de las mujeres de esta comunidad indígena: “obligándolas a hacerlo en clandestinidad”.
Los esfuerzos dedicados a la construcción de un futuro justo para el pueblo Wayuu en la frontera entre Colombia y Venezuela exigen también que los procedimientos legales, administrativos y sanitarios, que lo permitan, valoren su idioma mediante la integración de intérpretes en las oficinas de gestión correspondientes, y la disposición de información en lengua wayuunaiki. Del mismo modo, las políticas públicas que acompañen tal propósito, deben considerar su nivel educativo, en muchas ocasiones limitado por el contexto de exclusión y marginación. Así los Estados atenderán sus necesidades y respetarán su autonomía y tradición.
La organización social wayuu es matrilineal, la herencia y el poder se transmiten a través de las mujeres: Annie, con cuatro meses de embarazo, transferirá a su hija la cultura del pueblo Wayuu, tal como lo han hecho sus tawalayuu y antepasadas. Fotografía: Betsabé Molero
Annie Montero, de 25 años, procedente de Maracaibo, capital del estado Zulia, es un ejemplo del impacto diferenciado que el acceso a procesos de regularización migratoria puede tener en la población. Después de la vinculación laboral de su mamá con una entidad de salud en La Guajira, Annie obtuvo información para recibir el servicio. “Al principio no entendía el proceso, pero mi mamá me ayudó a conseguir el PPT, el Sisbén y la EPS. Cuando estaba embarazada (de su primer hijo) en Valledupar, me buscaban en casa, me llevaban al hospital y me regresaban”, detalla.
De acuerdo con Mirian, la partera es una figura trascendental en los alumbramientos hospitalarios, su acompañamiento representa una lección de sabiduría ancestral sobre los embarazos y nacimientos. “Una mujer embarazada también puede cuidarse a ella misma. Cuando está con la barriga, debe sobarse, pero siempre es bueno tener ayuda porque puede pasar que se muera el bebé”, afirma. No obstante, el desinterés de las nuevas generaciones y la no remuneración de la partería amenazan la permanencia de esta práctica médica tradicional. “Estos conocimientos se van a perder y nadie les dará valor hasta que ya no existan más. Eso me causa rabia porque quisiera ser recordada por esta gran labor”.
La suerte del pueblo Wayuu está íntimamente enlazada con la protección de sus mujeres. Ante las violencias y el olvido, cada parto es un riesgo, y cada nueva vida un milagro de resistencia. Sin políticas destinadas a su resguardo, sus cuerpos resultan territorios de lucha y dolor. Mientras tanto, las mujeres wayuu siguen caminando entre fronteras para no dejar morir la cultura de su pueblo.
Carta desde La Guajira para las tawalayuu (hermanas) del mundo
Este trabajo es resultado del programa de formación y becas “Narrar Fronteras”, impulsado por la Red de Periodistas Venezolanas
En Venezuela los docentes requieren 35.9 salarios promedio para poder cubrir la canasta alimentaria familiar, de acuerdo con el reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Este reporte de la organización tiene como objetivo investigar, analizar, documentar y comunicar sobre temas de interés social, económico y laboral del entorno nacional venezolano al servicio del magisterio y de los trabajadores en general.
Según la publicación de Cendas-FVM, al mes de enero de 2025 el costo de la canasta se ubicaba en 476,82 dólares mensuales y, para ese momento, el salario promedio de un docente era de 798 bolívares, unos 13,30 dólares aproximadamente.
De acuerdo con estos datos, el salario promedio de un docente solo permite cubrir el 2,8% de la canasta alimentaria familiar y queda un déficit de su poder adquisitivo del 97,2%.
El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó que en enero de 2025 la inflación en Venezuela alcanzó 7,9%. La cifra se tradujo en una inflación interanual de 91,3% a nivel nacional, “lo que refleja la persistente alza de precios que experimenta la economía venezolana”.
De acuerdo con el OVF, la cifra de inflación mensual correspondió con la del aumento del precio del dólar durante enero, el cual alcanzó 7%, “situación que refleja el nivel de dolarización en la formación de los precios de los bienes y servicios”.
Las cifras de enero, que tradicionalmente son bajas, “ponen de manifiesto que la inflación está tomando nuevos impulsos de la mano de la depreciación de la moneda al abandonarse en septiembre de 2024 el régimen de tipo de cambio cuasi fijo y adoptarse uno de mini devaluaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos organizó un recorrido por distintas instituciones del Estado, para presentar distintas exigencias. De lunes a viernes, La Hora de Venezuela acompañó a familiares y amigos de quienes están en prisión por motivos políticos en su búsqueda de justicia. El resultado es este diario.
Día 1
Lunes 24 de febrero
Palacio de Justicia de Caracas
—Mi esposo estaba en la Escuela Campo de Carabobo el domingo 28 de julio, esperando que entraran los testigos de mesa, cuando unos hombres lo obligaron a subirse en una camioneta gris. Era la 1:00 de la tarde. Se lo llevaron. Después, lo acusaron de trancar la autopista Valencia-Campo de Carabobo, pero él ya estaba detenido cuando eso ocurrió. Fui a la policía municipal, me dijeron que no estaba ahí. Después fui a una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el organismo que lo detuvo, pero no me permitieron verlo. Ya eran las 8:00 de la noche.
Esta mañana, muy cerca del Palacio de Justicia, Marianela cuenta su historia. O más bien la historia de cómo su esposo, Exar Castillo, se convirtió en una de las 1 mil 848 personas detenidas tras las elecciones presidenciales de aquel domingo. Es uno de los 1 mil 61 presos políticos verificados por la organización Foro Penal en el país para el 17 de febrero de 2025.
—Lo presentaron ante un tribunal de Caracas mediante una audiencia telemática. Lo acusaron de instigación al odio, terrorismo, obstrucción de las vías públicas y resistencia a la autoridad. Teníamos abogados que introdujeron un recurso de habeas corpus (usado para constatar las condiciones de una persona detenida), pero fue rechazado.
Marianela salió casi de madrugada de su casa. Viajó dos horas desde Valencia, estado Carabobo, en el centro occidente del país, hasta el centro de Caracas, para participar en esta actividad: es la primera de cinco paradas de la “Ruta por la justicia y la libertad de todos los presos políticos de Venezuela”, que ha organizado el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos.
Son las 10:00 de la mañana.
“¡Justicia, justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!”, gritan unos 40 familiares, activistas e integrantes del Comité. Sostienen una pancarta larga que reza en letras mayúsculas: “Liberen a todos los presos políticos”.
Alzan carteles y muestran sus franelas con fotos de sus familiares presos. La mayoría son mujeres: madres, hermanas, esposas, primas. Cuando alguna ofrece una declaración a los periodistas que han llegado a cubrir la actividad, estiran más los brazos: se aseguran de que se puedan ver bien los retratos. Que aparezcan. Que no queden ocultos. De eso se trata esto.
“¿Falta alguien por firmar?”, pregunta una señora mientras suenan consignas. Una de las mujeres se apoya en el hombro de otra y deja su rúbrica en un documento. Se trata de una comunicación, firmada por 77 familiares, en la que solicitan a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas la libertad plena de los presos políticos y excarcelados; que reciban los recursos de habeas corpus en todos los tribunales del país; que respeten el derecho de los acusados a designar un abogado de confianza; que respeten el debido proceso; que garanticen el artículo 44 de la Constitución que establece que ninguna persona puede ser detenida sin una orden judicial a menos que sea sorprendida in fraganti; que cesen las desapariciones forzadas.
Acompañada por otras personas que luchan por la libertad de sus familiares, Marianela se siente motivada a perseverar:
—Estamos aquí por el mismo objetivo, uno siente el acompañamiento y eso motiva a luchar por la libertad de nuestros familiares.
Son mujeres. Casi siempre quienes persiguen la justicia para los suyos son mujeres. Pero también hay hombres: algunos padres, amigos, hermanos. Ahí están, faltando pocos minutos para las 10:00 de la mañana, frente a la Defensa Pública, a un costado de ese bulevar arbolado del centro de Caracas que conduce hacia el Panteón Nacional. Se saludan con un abrazo, se sonríen entre sí. En el suelo, frente al edificio, estiran la pancarta larga que también agitaron ayer y sacan las fotos de sus familiares presos.
En esta oportunidad, consignarán una comunicación dirigida al defensor público para exigir tutela judicial efectiva, respeto a la presunción de inocencia y libre elección de abogados de confianza. También que los excarcelados con régimen de presentación periódica puedan presentarse ante tribunales de estados de residencia, y no tengan que trasladarse hasta Caracas. Muchos de los que salen de los penales no tienen cómo viajar hasta la capital a presentarse y, si incumplen esta medida, pueden volver a ser detenidos.
Algunas personas que bajan por el bulevar voltean, miran sus carteles mientras caminan y siguen. Una señora se detiene y los observa: “Que Dios los ayude”, dice. A unos metros, Editson Quintero también observa. Se acerca con cierta timidez. Es hijo de Mayra Castro, coordinadora de Primero Justicia en Cúa, estado Miranda, quien fue arrestada el 2 de agosto de 2024.
—Tenemos que seguir adelante, trabajar para poder llevar el sustento a casa. Mi mamá estaba a cargo de mis sobrinos, de quienes ahora tiene que hacerse cargo otra persona a la que también le cambió la vida. Mi mamá trabajaba día a día, y ha sido cuesta arriba buscar entre todos para poder apoyarla y atenderla.
Cuando tiene un tiempo libre, Editson trata de sumarse a las actividades del Comité. Está convencido de que tienen que apoyarse entre todos, ser empáticos y solidarios ante la situación que viven. Y dice que sabe que la lucha no es solo por ellos, sino por los que ya no están.
De hecho, ayer se enteraron que Reinaldo Araujo murió bajo custodia del Estado. Reinaldo era dirigente del partido Vente Venezuela en Valera, estado Trujillo y lo detuvieron el 9 de enero. El 21 de febrero, su esposa había solicitado que se le diera asistencia médica para atender complicaciones de salud debido a que padecía de obesidad e hipertensión.
No la escucharon.
Familiares, amigos y activistas hacen un minuto de silencio para recordarlo a él y a los presos políticos fallecidos bajo arresto. El vocero del grupo los nombra: Osgual González, Jesús Rafael Álvarez, Jesús Martínez.
Solo se escucha la brisa rozando las hojas de los árboles.
Algunos bajan la mirada.
Otros ven hacia el frente.
Todos muestran la foto del familiar que quieren ver libre.
Y entonces vuelve el clamor a todo pulmón: “¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar!”.
Después el clamor se condensa en el susurro de una oración.
Un Padrenuestro.
Un Ave María.
Es cerca del mediodía.
En el suelo, con tiza, escriben los nombres de sus familiares.
Por ellos seguirán avanzando en esta ruta que es, más bien, un viacrucis.
La avenida Urdaneta de Caracas es ruidosa. En medio del estruendo que generan los motores y las cornetas de los carros que pasan por la calle, las consignas del Comité de Familiares y Amigos por la Liberación de los Presos Políticos hacen eco entre las columnas de la entrada del Centro Financiero Latino, donde está la sede de la Defensoría del Pueblo.
“¡Ni terroristas ni delincuentes! ¡Nuestros muchachos son inocentes!”.
Primero solo gritan unas cinco o seis personas. Luego, más se van sumando hasta convertirse en un coro robusto que suena homogéneo: una sola voz, un mismo anhelo.
El objetivo de esta parada es exigirle al defensor del pueblo de Venezuela que se garanticen los derechos humanos de las personas detenidas por motivos políticos, que puedan recibir visitas periódicas de sus familiares, que puedan comunicarse con ellos y recibir información sobre su paradero y estado de salud.
Mientras reúnen las firmas para la comunicación que entregarán, conversan, van de un lado, se preguntan cómo están. Se nota que han fraguado una amistad, que se han hecho cercanos.
Hacia la acera, otro grupo de madres, allegados y activistas se mantiene mostrando pancartas y las fotos de sus familiares. Desde las ventanas de los autobuses que pasan por la vía, algunos pasajeros los observan, y siguen.
De pie, Wendy Clemente, extiende un cartel de papel con el nombre de su hijo: “Libertad para Wilmer Villaruel”.
—Mi hijo es un muchacho universitario, trabajador. El 30 de julio se lo llevaron. Él estaba arreglando su moto con un compañero y pasó la guardia y se lo llevaron. Lo golpearon.
Cuenta que Wilmer es de Cagua, una pequeña ciudad del estado Aragua, tiene 21 años y es el mayor de cuatro hermanos. Wendy lo visita cada 15 días en el penal de Tocorón. Solo le permiten llevarle una barra de chocolate, un paquete de galletas y una vianda de comida que el muchacho debe comerse durante el encuentro.
—Cuando lo visito no sé qué decirle, porque nadie nos dice nada, si va a salir, si no va a salir. Solo me dicen que tenga paciencia, que siga esperando. ¿Hasta cuándo tenemos paciencia? ¿Hasta cuándo seguimos esperando?
En esas visitas conoció a otras madres en la misma situación que ella, y le hablaron sobre el Comité. Por eso vino hoy.
Acaban de recibirles el documento: les dijeron que aún no saben cuándo podrán responder a sus exigencias, pues la Defensoría del Pueblo está de aniversario y luego vendrá el asueto de Carnaval.
Bajo la sombra del edificio del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en la urbanización El Rosal del este de Caracas, arman una celda de cartón: una suerte de maqueta en la que van pegando los retratos de sus seres queridos en prisión.
Junto a las fotos se lee: “Queremos verlos y abrazarlos”. “Es fundamental para la salud mental y emocional poder estar cerca de nuestros familiares”. “Libertad a los presos políticos”.
Ese anhelo se repite una y otra vez por cuarto día consecutivo. Lo repite cada uno de ellos desde que se llevaron a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos.
Alrededor, a través del megáfono, se escucha la grabación de la exigencia que harán ante ese organismo: condiciones de reclusión dignas para todos los presos políticos; que les permitan las visitas, que tengan alimentación adecuada y acceso a atención médica oportuna; y que se conforme una mesa de diálogo entre el Comité y esa institución para lograr la liberación de todas las personas presas por motivos políticos.
Una comisión de mujeres entra al edificio para entregar la comunicación. Afuera, las consignas siguen sonando hasta que, transcurridos 20 minutos, ellas regresan. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dirigente opositor detenido el 30 de julio de 2024 en Caracas, es la vocera.
—Más que una respuesta, recibimos un discurso político —cuenta—. Que debemos agradecerles que han sido liberados cerca de 2 mil detenidos políticos y que, según ellos, trabajan arduamente en la revisión para lograr la libertad de todos los inocentes. Que el Estado venezolano es garante de todos los derechos fundamentales de nuestros detenidos. Yo no puedo apoyar eso porque yo estoy siendo víctima de la violación de los derechos de mi esposo y de nosotros como familiares.
Desde que Superlano fue detenido, a Aurora no se le ha permitido visitarlo ni hablar con él. Afuera del ministerio penitenciario, quienes la rodean aprietan los labios, mueven la cabeza de un lado a otro. La respuesta del ministerio no es cónsona con lo que llevan padeciendo y denunciando siete meses.
A finales de enero de 2025, el Ministerio Público informó que sumaban 1 mil 896 excarcelaciones vinculadas a las manifestaciones postelectorales. Para Diego Casanova, integrante fundador del Comité (y quien tuvo a su hermano tras las rejas hasta que fue liberado con medidas cautelares hace varias semanas), eso es prueba de que esas personas que habían sido detenidas son inocentes, y está convencido de seguir luchando por quienes siguen tras las rejas.
Diego ve las caras de sus compañeros, sabe que necesitan mantener el ánimo para seguir adelante. Agarra el megáfono:
—¡Vamos a seguir exigiendo y reclamando, porque somos la única voz que nuestros familiares tienen aquí afuera! Seguiremos hasta tener a nuestros familiares en casa, con nosotros.
Desde las cuatro esquinas de la plaza Parque Carabobo, en el centro de Caracas, va llegando la procesión a la última estación de la ruta: el Ministerio Público, justo frente a la plaza.
En realidad, no es la primera vez que vienen. Otras siete veces —desde julio de 2024— se han acercado a este lugar para exigir la libertad plena de su gente.
Un grupo llena globos blancos con helio. Algunos escriben en las planillas que consignarán hoy. En la acera, frente al ministerio, otros ubican carteles con mensajes, las fotos de sus familiares y la gran pancarta que han desplegado en este recorrido que arrancó el lunes.
El sol atraviesa las copas de los árboles e ilumina las caras de quienes han venido hoy y sostienen decenas de globos blancos en los que escribieron los nombres de las personas que quieren ver libres.
Andreína Baduel, integrante del Comité, toma el megáfono.
—Parte de las represalias a quienes nos atrevemos a alzar la voz es aislar e incomunicar a nuestros familiares —dice.
Pide, en nombre del Comité, que se procesen las investigaciones por los tratos crueles e inhumanos, por los fallecidos bajo custodia del Estado. Habla de su padre, el general Raúl Isaías Baduel, quien en 2021 falleció privado de libertad. Habla de su hermano, Josnars Baduel, detenido en mayo de 2020, recluido en el Rodeo I, a quien no le permiten visitar desde hace un mes ni entregarle comida ni medicinas.
De pronto alguien del grupo entona el himno nacional. Se suma una voz, y otra, y otra, y en unos segundos todos están cantando: “Gloria al bravo pueblo”. La primera estrofa, el coro.
Al terminar, vuelve el leitmotiv: “¡Libertad, libertad, libertad!”.
Dan media vuelta, cruzan la avenida hasta el Ministerio Público.
“¡Ni terroristas ni delincuentes! ¡Nuestros muchachos son inocentes”, “¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!”, “¡Justicia, justicia! ¡Justicia y libertad!”.
En la entrada del edificio, alzan sus brazos y sueltan los globos blancos al aire.
Se elevan, pasan junto a los cristales ahumados de la torre del ministerio, y luego siguen con el viento en el cielo luminoso hacia el oeste.
“¡Libertad, libertad, libertad!”.
Aunque la ruta ha terminado, ese grito parece seguir resonando.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las mujeres enfrentan retos a lo largo de su vida por la desigualdad de género que persiste en Venezuela y la región. El tener que dedicarse a las labores de cuidado o no tener los mismos beneficios económicos en una empresa, como sí pueden tenerlos los hombres, causa una problemática en la relación que ellas tienen con el dinero.
Cada 8 de marzo desde el año 1911 se conmemora el “Día de la Mujer”, para reconocer la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.
A más de 110 años tras comenzar con esa conmemoración, aunque en gran parte del mundo las mujeres tienen acceso al trabajo y son recompensadas por ello, siguen estando por debajo de los hombres en cuanto a beneficios laborales y están en una constante desigualdad en el trabajo doméstico, además de sufrir, en muchas ocasiones, de situaciones de violencia en sus hogares.
Para abordar la relación de las mujeres con el dinero se abrió un espacio de conversación impulsado por la plataforma “Encuentros Feministas”, el pasado jueves, 27 de febrero, en el cual participaron expertas en diferentes ámbitos relacionados con las mujeres en el mundo laboral, violencia basada en género y derechos humanos.
El Banco Mundial elabora un informe titulado “La Mujer, la Empresa y el Derecho” desde hace 15 años. En él, se miden las barreras legales que limitan la participación laboral de las mujeres en diversos países del mundo.
Este informe evalúa tres aspectos: los marcos legales, que son las leyes y regulaciones establecidas por los gobiernos, los marcos de apoyo que garantizan el acceso a esa justicia y la opinión de expertos sobre cómo convergen los dos marcos anteriores. Se evalúan 10 indicadores que se sintetizan en resultados en aspectos como seguridad, movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, cuidado infantil, empresariado, activos y jubilación.
En el caso de Venezuela, según el informe “La Mujer, la Empresa y el Derecho” de 2024, el país tiene una puntuación de 70 sobre 100 en cuanto a los marcos legales. Esto, según explicó Fabiola Saavedra-Caballero, participante del informe, está por encima de los promedios globales y de la región.
Ahora, en cuanto a los marcos de apoyo que existen para hacer cumplir esas leyes que benefician a las mujeres laboralmente, según señaló Saavedra-Caballero, Venezuela está 24,2 puntos por debajo de la media de la región y la media global. Esto quiere decir que existen las leyes, pero no las redes de apoyo necesarias para que se cumplan.
Por ejemplo, en cuanto a la movilidad, Venezuela tiene una puntuación de 100 con respecto al marco legal, pero 66,7 puntos en el renglón de marcos de apoyo para hacer cumplir esas políticas para las mujeres. Saavedra-Caballero reflexionó sobre este punto: “Las mujeres tienen solo dos tercios de los derechos reconocidos para los hombres. El 40% de los mecanismos de soporte de estas leyes son implementados en la práctica. Una brecha entre las leyes escritas y hacer que se cumplan”.
Tabuladores salariales no son transparentes
Alejandra Padilla, consultora en Promujer, una ONG que apoya a mujeres para que alcancen su máximo potencial, ha trabajado durante muchos años como consultora en temas de igualdad laboral. Padilla considera que hoy por hoy todavía “los tabuladores salariales nunca son transparentes”.
Para la especialista, quien también es licenciada en ciencia política y administración pública, las mujeres están acostumbradas a que les ofrezcan una cifra neta, pero no saben cuánto ganan sus otras colegas mujeres ni tampoco los hombres. “Nunca sabemos dónde estamos paradas en el tabulador”, explicó.
Aunque reconoce que en Latinoamérica ya se publican vacantes, nunca se señala cuál es el sueldo. Así pues, las mujeres llegan a una entrevista y en lugar de ofrecerles un salario, les preguntan cuánto quieren ganar.
“¿Cómo sabes cuánto vale tu trabajo si no tienes contra qué compararte? No sé cuánto paga el mercado laboral. Las mujeres negociamos por debajo que los hombres, no porque no sepamos negociar, sino porque si negociamos de manera agresiva puede ir en nuestra contra. Se pueden generar brechas salariales porque a un hombre se le puede ofrecer más”, apuntó.
El trabajo no remunerado está invisibilizado y feminizado
Ana Ibarra, economista, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), puso sobre la mesa otra problemática que enfrentan las mujeres y es su dedicación al trabajo no remunerado, el cual “es una dimensión invisibilizada dentro de la economía, a pesar de la importancia de las labores de cuidado”.
La especialista explicó que existe una desigualdad de género en la distribución de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, indicando que “las mujeres cuidan el doble de tiempo o más que los hombres”.
También, Ibarra señaló que las mujeres no solo participan más dentro del trabajo no remunerado, sino que también dedican más tiempo a ello que los hombres. En el caso de Venezuela, añadió, las mujeres dedican más tiempo de trabajo extendido que los hombres.
Según la encuesta Uso del Tiempo 2023, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Países del Grupo Andino Sector Social, las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a este tipo de trabajo, mientras los hombres dedican 3 horas y 36 minutos.
De acuerdo con este estudio, el valor económico agregado del trabajo doméstico equivale a USD 12 535 millones anuales o 12,9% del PIB estimado del 2023, de los cuales se estima que el 71,8% es el valor de la producción doméstica de las mujeres. Esto implica que el trabajo doméstico representa un sector no petrolero con una gran contribución al PIB en Venezuela, aunque aún sigue siendo minimizado y subestimado.
Mujeres de la tercera edad: problemáticas diferenciadas
Estos desafíos que enfrentan las mujeres no solo se dan en un rango de edad laboral, sino también después de la tercera edad. En el caso de Venezuela, además de que las mujeres mayores de 55 años son desincorporadas del mercado laboral, les afecta el fenómeno de la migración, pues muchas, ya siendo muy mayores, quedan como cuidadoras de sus nietos y familiares enfermos.
Yenni Burguillos, directora general de Encuentro Café y contadora pública egresada de la UCAB, consideró que el dinero todavía es un “tema tabú”, pero que siempre está como “eje transversal” a lo largo de la vida de las mujeres, incluso en la tercera edad.
“La tercera edad se queda rezagada en el uso de la tecnología porque tenemos miedo. Las abuelas han tenido que volver a criar y cuidar a sus familiares enfermos”, explicó la especialista.
En el caso particular de las mujeres de la tercera edad, Burguillos explicó que enfrentan desafíos como el tener una sola fuente de ingresos e incrementos en los gastos, menor acceso a empleos, falta de conocimiento financiero y legal, riesgo de fraude o estafas, ausencia de políticas públicas para una pensión o jubilación digna y segura, familiares ausentes, cuidado de los nietos o familiares enfermos y procesos de duelo.
Ante estos retos, la especialista recomienda a las mujeres de la tercera edad invertir en su bienestar elaborando presupuestos, priorizar necesidades (no abusar de los gastos hormiga), buscar alternativas para generar otros ingresos, inversiones de bajo riesgo, adquirir una póliza de vida, salud y bienes dentro de sus posibilidades, proteger su patrimonio, leer o hacer cursos que les den herramientas para la administración del dinero, el uso de nuevas tecnologías о el manejo de emociones, gestión de cambio y autoestima. También recomienda tener apoyo psicológico y realizar actividades motivadoras.
Hace poco, en una visita a Madrid, me encontré con el querido Darío Adanti, humorista e ilustrador argentino, quien además dirige la famosa revista de sátira política Mongolia. Para la reunión me acompañó mi gran amigo Alejandro Aboy que, al igual que Adanti, también es comediante y argentino.
Nuestro encuentro con Darío se dio en el emblemático barrio de Chueca, específicamente en el café Mesón Oro y Plata, un lugar con tanta historia como el humor que se desbordó entre nosotros. Y sí, aunque nos conocimos como comediantes, esta vez la charla no fue solo sobre hacer reír, sino sobre cómo afrontamos el humor desde los países donde nacimos y, lo más importante, desde donde ahora vivimos.
Yo, venezolano y radicado en Argentina, traía mi perspectiva sobre el humor en un país lleno de contrastes y complicaciones, donde la risa a veces se convierte en un acto de resistencia. Ale, argentino que hace ya años vive en Madrid, aportó su visión desde una España que se enfrenta a sus propios debates. Y, Darío, el más experimentado en esos desafíos, abordó el tema de la libertad de expresión y la corrección política, además de expresar cómo el humor se enfrenta a nuevas olas de censura y vigilancia.
Entre cafés y risas, cada uno expuso su punto de vista, convirtiendo el encuentro en un intercambio enriquecedor. En su obra Disparen al humorista, Darío Adanti aborda un tema que nos tocó profundamente en esa charla: los límites del humor. Y la conclusión fue clara: el humor no debe tener límites. Al menos, no como lo entendemos hoy. Darío, en su estilo tan directo y provocador, señala que el humor es un espacio de ficción y, como tal, debería ser un territorio sin restricciones. El cuándo y el dónde de ese humor, sin embargo, sí deben ser considerados, pues el contexto es tan importante como el chiste en sí mismo.
Es curioso pensar que, en pleno 2025, todavía estemos cuestionando los límites del humor. Y aunque el debate no es nuevo, cada vez se vuelve más urgente. Por un lado, en Venezuela la risa se ha convertido en una forma de resistencia ante el autoritarismo y la censura. Mientras que en Argentina, como en muchos otros países, el humor también enfrenta tensiones entre la libertad de expresión y la corrección política. Desde Madrid, Darío nos compartían cómo, en Europa, la línea entre lo políticamente correcto y lo que “no se puede tocar” está más difusa que nunca.
Durante esa charla, entre bromas y reflexiones, coincidimos en una idea: el humor no debe ser tratado como un arma de doble filo. A lo largo de la historia, siempre ha sido el primer blanco de represión. Y aunque en ocasiones esa represión venga desde el poder político, lo más interesante es cómo esta censura se dispara desde diversos sectores de la sociedad misma. Ya sea desde la moral, desde los movimientos más conservadores o desde las voces progresistas que, sin quererlo, terminan sometiendo la creatividad a nuevas reglas.
Lo que sí entendimos ese día es que el humor nos permite ver las contradicciones de la realidad, que revela lo que quiere ocultarse. Y en un mundo donde el poder se esconde tras tantas fachadas, la crítica del humor es más necesaria que nunca. Darío lo sintetiza con esta frase: “El humor es el exorcismo de nuestros males”. Sí, la risa, esa que a veces incomoda, es justamente lo que puede hacer tambalear las estructuras rígidas de poder.
Disparen al humorista es un ensayo que, más allá de su formato gráfico, invita a pensar en lo que significa hacer humor en un mundo tan dividido, tan vigilado. Como comediantes, nosotros, que reímos tanto de lo que vivimos, nos damos cuenta de que la risa también se convierte en un acto político, una forma de abrir espacios entre las sombras. En este contexto, los límites del humor no solo son una cuestión de estilo, sino de supervivencia.
Y mientras terminábamos nuestro café en el Mesón Oro y Plata, entendimos que, en última instancia, lo que realmente está en juego no es tanto lo que podemos o no podemos decir, sino cómo seguimos defendiendo el derecho de decirlo. De reírnos de lo que se supone no debemos tocar. Como dice Darío, “si el humor tiene que ser censurado, entonces que disparen al humorista. Pero que nos dejen reír antes”.
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Hago seguimiento a las tendencias acusadas por el orden mundial desde el hito que bien califica José Rodríguez Iturbe como el «quiebre epocal», a partir de 1989.
Como testimonio de esa génesis, ocurrido hace casi dos generaciones y media, con prólogo del fallecido y entrañable amigo Luis Castro Leiva –una cabeza filosófica bien amoblada y que nos demandara a los venezolanos, arando en el mar, revalorizar los ingentes activos de modernidad social y política alcanzados tras el 23 de enero de 1958– dejé mi texto sobre El Nuevo Orden Mundial y las tendencias direccionales del presente. Estados Unidos se enfrentaba a la invasión de Irak a Kuwait.
En Caracas, los jefes de los partidos, todos a uno señalaban que las ideologías eran piezas de museo. Redujeron la política y la actividad de los partidos a meras tareas electorales para la gerencia del poder; si posible, apalancados todos sobre el Consenso de Washington, léase, el compromiso para el desmontaje del Estado y la privatización de la vida pública. No advertían que llegaba el momento, antes bien, en el que nada ni nadie tendría vida privada. Hasta las intimidades de las gentes se harían pasto de las redes.
Ninguno se detuvo a pensar que los marxistas no se habían ido a Marte y permanecerían entre nosotros. Eso sí, habiendo pasado el luto por el derrumbe de la URSS, más reflexivos, dejaron atrás a El capital y sus prédicas, sin abandonar la lucha por otras ideas. Abrieron fuego, guiados por el resucitado Antonio Gramsci, contra el patrimonio intelectual de Occidente, para fracturarlo desde sus bases. Era el propósito deconstruirlo, hasta que el mismo, sin amenazas externas, se inmolase, apelando a la eutanasia cultural.
El Manifiesto Comunista quedaba para los pastores de nubes. Es eso lo que hemos vivido y padecido durante las tres décadas posteriores, hasta cuando sobreviene la guerra bacteriológica china de 2019, la del COVID.
Avanzada la liquidez social y al fracturarse los ligamentos culturales y afectivos dentro de cada nación, los nichos o las retículas identitarias emergentes y sustitutas se han mirado en sus ombligos bajo la regla de la diferencia y de las cancelaciones. Ocupan la plaza pública y creen tener todo el poder, sin tener poder alguno para enajenarse de los poderes emergentes: el mundo de las plataformas, la criminalidad transnacional, y sus traficantes de ilusiones, los gobernantes del siglo XXI. Aquellos, tales nichos o retículas son los actores de reparto en el teatro de la simulación democrática: tribus urbanas, LGTB+, grupos originarios, sectas neorreligiosas, afrodescendientes, negadores del mestizaje cósmico americano, abortistas, cultores de la Pacha Mama, internautas sin identidad o meros dígitos). La razón humana, desde entonces, vive en onírico sueño, creando y recreando monstruos, como en la imagen de Goya.
Mas la cuestión es que no entendimos en 1989 lo que era secundario, como el derrumbe del socialismo real, dominando la creencia de que los libertarios les habían ganado la batalla a los comunistas. Obviamos a la tercera y cuarta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial en vías de instalación.
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La historia de los pueblos, de sus culturas y civilizaciones, desde los inicios de la historia se cimienta sobre los lugares y el paso del tiempo: la convivencia sedentaria y el despertar de las costumbres crea a las ciudades y fundamenta a sus leyes. El ecosistema global, por el contrario, niega al lugar y procura la virtualidad para que domine el imaginario y priven los sentidos –en una vuelta al siglo XIX, cuando los chopos de piedra se declaraban coroneles o generales tras cada ingesta alcohólica– mientras se nos impone la experiencia de No-tiempo. Todo es instante y fugacidad en el siglo XXI, como para que la política y sus narrativas no dejen rastros ni vínculos racionales y afectivos. La cultura se ha vuelto un café instantáneo.
La destrucción de las raíces judeocristianas y de base formal grecolatina se hicieron, así, cometido para las izquierdas, ahora llamadas progresistas. Apalancadas sobre ese ecosistema en avance e indetenible y globalista partearon una suerte de constitucionalismo novísimo que legaliza a la ilegalidad. Ha establecido regímenes de simulación del Derecho y de la experiencia de la democracia, y tanto que, los pueblos, como en el caso de España y las Américas, han estado escogiendo “democráticamente” a sus dictadores. Los normalizan.
La alerta la hizo sin ser escuchado uno de los más afamados filósofos del Derecho, Luigi Ferrajoli, tan florentino como Maquiavelo y discípulo de Norberto Bobbio. Nos urgió para que estuviésemos conscientes de que cada Estado y su gobierno, ante el fenómeno de lo global y de las revoluciones industriales deconstructivas y en curso era incapaz de asumir, por sí solo, la resolución de los grandes problemas y desafíos del siglo XXI: inteligencia artificial, vida creada en laboratorios, biomedicina y manipulaciones genéticas, transnacionalización de las economías y de las finanzas y, de suyo, expansión del crimen trasnacional organizado, guerras bacteriológicas, gobernanza de plataformas y no de parlamentos o de monarcas con sus guerras de quinta generación, sin contacto y sin ejércitos, con verdades al detal, en fin, guerras robóticas).
No olvidemos que, en ese escenario de deconstrucción, así como fueron derrumbados los símbolos del capitalismo occidental con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York por la acción de un grupo deslocalizado y terrorista –sin mediar el ejército de algún Estado– un grupo de medios deslocalizados y digitales, desde Occidente, a la vez se ocupó de atacar a las bases de la Roma vaticana, por ser el referente integrador de las tradiciones judías y cristianas, en suma, del ideal milenario de la libertad. Y ese ha sido y es el contexto que nos ha mantenido como presas.
De consiguiente, huérfanas las sociedades y desmontadas –he allí los 8.000.000 de desterrados y deslocalizados venezolanos– se ha hecho regla el enojo colectivo permanente, la saña cainita, al punto de que nos avergonzamos de nuestra memoria.
Tras ver la caída del Muro de Berlín, los occidentales y los venezolanos nos ocupamos de derrumbar las estatuas de Colón y quemar nuestras iglesias y crucifijos, ante la vista de las otras civilizaciones que nos han observado con pasmo y alegría: la musulmana y la civilización central Zhong Guo o china. Desde el fujimorismo, pasando por el chavismo, y el bukelismo, a lo largo de tres décadas hemos buscado salvar lo poco salvable, en un mar de liquideces, a través de los llamados autoritarismos iliberales.
Por si fuese poco, el pasado 22 de septiembre, durante la Cumbre del Futuro, el secretario de la ONU nos dice, sin más, que urge “recuperar al multilateralismo del abismo” en que se encuentra; comenta que “nuestro mundo se está descarrillando”, o está ya descarrilado; y “que necesitamos decisiones difíciles para volver a encarrilarnos”. Y ajusta António Guterres, como lo hago constar en mi libro sobre El Mal absoluto y su final en Venezuela (2025), que no tiene Naciones Unidas una respuesta global efectiva a las amenazas emergentes, complejas e incluso existenciales” que hoy padecemos.
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Así las cosas, pasadas tres décadas de deconstrucción y desorden, como en la anaciclosis griega sobrevendrán otras tres más (2019-2049), como lo creo, que serán de orden, muy terrenales y racionales, e incluso confesionales para Occidente. No nos escandalicemos.
Desde esa perspectiva hemos de ir observando la hipótesis del aparente «bukelismo» norteamericano, bajo Donald Trump. De nada nos servirá mirar las cosas al trasluz de las cuestiones cotidianas que nos afectan, como el TPS o la visita de Richard Grenell a Venezuela, o las sorpresas que se nos muestran como sorpresa por la mirada miope: el apoyo de USA a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, otra pieza de Neandertal.
Tengamos presente que, en vísperas de la guerra de Rusia contra Ucrania, en enero de 2022, Rusia, China e Irán se coaligaron para operaciones militares conjuntas en el mar Muerto. Seguidamente, Vladimir Putin y Xi Jing Pin firmaron la Declaración sobre las Relaciones Internacionales para la Era Nueva, con tres premisas desafiantes:
Dicen representar a civilizaciones estables y orgullosas de lo que son;
que se consideran llamadas a gobernar la globalización, desde el eje Pacífico, quedando atrás, en el pasado, el mundo atlántico declinante;
finalmente, como recomendación, a los occidentales nos dicen que si aspiramos a la paz dejemos que cada pueblo nuestro escoja, electoralmente, su propio modelo y avance “electoralmente” hacia la dictadura.
Trump, por lo visto y por lo pronto, pues apenas transcurre un mes desde la inauguración de su Administración y habiendo quedado arponeado con la experiencia china del covid-19, que lo desbanca políticamente y en alianza con los dueños de grandes plataformas digitales, esta vez se está encargando de separar a Rusia del Eje Pacífico que ha buscado imperar, desde hace tres décadas. Los dineros de este han inundado a América Latina y en Venezuela han sostenido a su satrapía.
Por tanto, la historia vuelve a ser madre y maestra. Al organizar las fuerzas armadas y asentar a los Estados Unidos como el arsenal de la democracia durante la Segunda Gran Conflagración del siglo XX, el presidente Roosevelt cambió de “Dr. New Deal” a “Dr. Ganar la guerra”. Los retos diplomáticos le suponían reunirse con Winston Churchill, pero también con Iósif Stalin, para establecer los parámetros tanto de la cooperación en tiempos de guerra como del mundo de la posguerra. En un texto del Smithsonian Institute se reseña lo dicho por este: “No se puede cambiar de caballo en plena carrera”; y ello vale, sean cuales fuesen las simpatías o antipatías que nos suscite el inquilino de la Casa Blanca.
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El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) pidió este sábado, 1 de marzo, la liberación de su dirigente político Freddy Superlano, quien cumple siete meses detenido en el contexto de las elecciones presidenciales del pasado julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria para Nicolás Maduro para un tercer mandato, un resultado carente de actas electorales publicadas que lo validen y cuestionado a nivel nacional e internacional.
“Superlano no ha cometido ningún delito. Eso lo saben todos los venezolanos, que fueron testigos de su gran aporte en la victoria electoral del 28 de julio”, manifestó VP en su cuenta de X, en referencia a lo que considera fue el triunfo en las elecciones del líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España.
VP reiteró que no olvida a Superlano, interceptado en la calle, sacado de su carro y arrestado el 30 de julio en el estado Miranda por funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), ni a todos los demás presos políticos.
“Seguiremos luchando, dentro y fuera de Venezuela, para verlo libre”, indicó la formación.
Por otro lado, la esposa de Superlano, Aurora Silva, aseguró que a Superlano se le ha negado el derecho a ver a sus hijas durante los siete meses recluido.
“Aurora y Amelia todas las noches antes de dormir rezan por ti y le imploran a Diosito que vuelvas a casa pronto. Te extrañamos y te amamos”, lamentó Silva a través de X.
Se cumplen 7 meses de tu secuestro mi amor, 7 largos meses negándole el derecho a nuestras hijas de verte, Aurora y Amelia todas las noches antes de dormir rezan por ti y le imploran a Diosito que vuelvas a casa pronto. Te Extrañamos y te Amamos
Dios con nosotros 🙏🏻 pic.twitter.com/A8r52swyYu
Desde los comicios presidenciales, 20 dirigentes y activistas de la tolda naranja fueron aprehendidos, incluido el activista Manuel José Mora, recientemente capturado por el SEBIN en el poblado El Amparo, de Apure.
El más afectado ha sido Vente Venezuela, con 77 detenciones, seguido de Primero Justicia (PJ) con 35, VP de tercero y Un Nuevo Tiempo (UNT) de cuarto, con ocho detenciones.
Para el 21 de febrero, la ONG Foro Penal contabilizó un total de 1.061 presos políticos, con 940 hombres, 121 mujeres, 896 civiles, 165 militares y 4 adolescentes.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 17/02/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 𝟭.𝟬𝟲𝟭*
Desde la semana pasada
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
