Falta de atención amenaza la vida de presos con patologías
Cualquier detenido con una enfermedad está a un paso de muerte por falta de la atención que corresponde al Estado. Solo el pasado 14 de noviembre, fallecieron dos privados de libertad: el testigo electoral Jesús Martínez en Anzoátegui y Gary Uzcátegui en Trujillo. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha registrado este año más de 15 muertes en calabozos, 30% de ellas por complicaciones de salud
Jesús Manuel Martínez Medina falleció el pasado 14 de noviembre en el estado Anzoátegui, víctima de complicaciones debido a la diabetes que padecía. Martínez fue detenido en el marco de la represión poselectoral desatada por el régimen de Nicolás Maduro. El preso político fungió como testigo en los comicios del 28 de julio y familiares denunciaron que pese a su deterioro se le negó atención médica oportuna.
Ese mismo día funcionarios de la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) consiguieron el cuerpo sin vida de Gary Uzcátegui en uno de los calabozos del centro policial, ubicado en el sector El Cumbre, del municipio Valera en Trujillo Allegados de Uzcátegui revelaron que este padecía de constantes alucinaciones a raíz de una presunta esquizofrenia agravada por el encarcelamiento. Presumen que se quitó la vida.
En Maracaibo, estado Zulia, también murió Ángel Nayib Boscán, de 63 años, el 27 de septiembre de este año. Boscán, quien sufría de neumonía, estaba preso en el Centro de Coordinación Policial Oeste de la parroquia Eugenio Bustamante.
En Zulia se registró asimismo la muerte de Gary Wilson Córdova Morillo, de 41 años el 28 de octubre. Córdova se encontraba recluido en los calabozos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), del sector El Perú, en el municipio San Francisco. La ONG Una Ventana a la Libertad había reportado hace un mes la muerte de un recluso en el mismo recinto penitenciario.
Insalubridad y falta de atención médica: una condena a muerte
De acuerdo a cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) más de 15 personas han muerto en lo que va de 2024 en calabozos o centros de detención preventiva, 30% de ellas por problemas de salud.
Humberto Prado, director del OVP, reveló que el año pasado se registraron 36 fallecidos en calabozos, 25 por enfermedades y 9 producto del suicidio. Informó también que en 2023 hubo 78 heridos por arma blanca, 14 motines, 104 fugas y cinco huelgas de hambre.
De acuerdo a un informe de Una Ventana la Libertad, se contabilizaron 17 muertes por enfermedades en calabozos: seis por complicaciones respiratorias, cinco por tuberculosis, tres por desnutrición, dos por infarto y en una no se pudo obtener el certificado forense.
“Ha sido muy difícil en el segundo semestre de este año conseguir la información sobre muertes en centros de detención”, advirtió la investigadora de UVL, Magaly Huggins.
Prado indicó que enfermedades como la tuberculosis son comunes en estos espacios de reclusión.
“Hay una situación de insalubridad y falta de atención médica, los privados de libertad están en condiciones infrahumanas, conviven en celdas con espacio limitado, sin acceso a luz natural, no hay baños ni agua potable, tienen que hacer sus necesidades en bolsas de plástico y botellas, duermen en el piso o de pie, carecen de una alimentación balanceada por lo que también hemos presenciado muertes por desnutrición y hay hasta escabiosis, popularmente conocida como sarna”.
Ante la ausencia de cifras oficiales, Prado informó que, según el OVP, en los calabozos venezolanos hay actualmente cerca de 24 000 detenidos, cifra que aumentó este año con las aprehensiones que se dieron luego de los comicios presidenciales.
Prado recordó que, según lo estipulado en la Constitución Nacional, los centros de detención preventiva están diseñados para albergar a presos por 48 horas, luego estos deben ser procesados y enviados a cárceles.
Aunado a esto, Prado advirtió que la policía no está capacitada para atender a la población reclusa.
“Informes oficiales señalan que el 30% de los miembros de cuerpos policiales del país se encuentran dedicados a labores de custodia de detenidos y traslados a tribunales, cuando su rol es el de brindar seguridad ciudadana en las calles”, sumó.
Resaltó que las prisiones y calabozos en Venezuela no poseen presupuesto para atender a la comunidad reclusa.
“Por supuesto no se pueden cubrir los requerimientos alimenticios del privado de libertad, la dotación de comida es algo que quedó exclusivo de los familiares. Los presos comen a veces una sola vez al día. No hay servicios médicos y menos atención psicológica. Tampoco existe capacitación del personal, el custodio más que un carcelero debe ser una especie de guía”, denunció.
Quitar la entrada policial a excarcelados
Prado indicó que flaco favor le hace el gobierno a los presos políticos excarcelados si no les retira la entrada policial.
“Los están soltando, pero con medidas cautelares y deben seguir presentándose ante un tribunal, eso no es libertad, significa que en cualquier momento pueden volver a ser encarcelados. Lo que deben hacer es quitarles la entrada policial, porque qué futuro puede tener un adolescente que haya sido imputado por terrorismo, es una marca de por vida”, alertó.
El director del OVP indicó que existe opacidad en torno a las cifras de presos políticos y excarcelados luego de las elecciones.
“Maduro tiene un número, el fiscal Tarek William Saab posee otro y las ONG otro más. Si lo que dice el fiscal es verdad, de que han excarcelado a 225 personas, eso apenas representa un 8% de los capturados en la represión poselectoral de acuerdo a cifras oficiales”, precisó.
Recordó que desde las protestas de 2014, el gobierno madurista mantiene un esquema cíclico de detenciones masivas, supuesto diálogo con sectores que le adversan y excarcelaciones.
“Lo vimos después en las manifestaciones de 2017, en 2019 y ahora otra vez en 2024. Lo único diferente en este momento es la cantidad de niños detenidos. Seguimos escuchando testimonios de tratos crueles, degradantes e inhumanos a presos, el sistema de justicia en Venezuela sirve como herramienta al Ejecutivo para la persecución. El gobierno no cumple nada de lo que está establecido en las normas internacionales”, consideró.
Prado hizo un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y a la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela para que levanten un informe especial sobre las detenciones poselectorales y las múltiples denuncias de abusos.
“Tienen que reparar integralmente el daño causado, tiene que haber una disculpa pública nacional, tal vez estoy pecando de incrédulo, pero es lo que debe pasar”, sentenció.
Prado no descartó que antes y después del 10 de enero, fecha en la que Maduro prometió juramentarse presidente ante la Asamblea Nacional chavista, se produzcan más persecuciones a políticos, defensores de DDHH y la disidencia en general.
“El gobierno inventa cualquier situación para generar una narrativa que justifique la persecución, es una política de generación del miedo y terrorismo practicado por el Estado como dicen los informes internacionales”, insistió.
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