La organización Amnistía Internacional (AI), que defiende los derechos humanos a nivel mundial, rechazó las recientes expulsiones de ciudadanos venezolanos a El Salvador.
A través de un mensaje publicado en la red social X, AI expresó que dichas expulsiones ponen en riesgo la vida de al menos 238 venezolanos acusados de pertenecer a la mega banda criminal “Tren de Aragua”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, manifestó que el traslado de los venezolanos a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución”.
Amnistía Internacional señaló que el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense admitió que “muchos” de los expulsados no tenían antecedentes penales y que algunos fueron trasladados “por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro”
“Estas personas fueron expulsadas sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales”, denunció AI.
Violación de principios y DDHH
Amnistía Internacional destacó que las políticas migratorias adoptadas por Donald Trump son “injustas” y vulneran las normas internacionales de derechos humanos.
“El principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe de forma inequívoca a los Estados expulsar, devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria o tortura y otros malos tratos”, se lee en el texto.
IA agregó que al trasladar a venezolanos a El Salvador, Estados Unidos incumple sus obligaciones jurídicas y es contrario al principio de no devolución.
Recordaron también que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no sean deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país.
Amnistía Internacional pidió una “prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela”, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos.
También instó a los gobiernos de El Salvador y demás países de las Américas que se abstengan de participar en programas injustos de deportación y traslado.
“Amnistía Internacional se solidariza con las personas afectadas por esta política injusta y seguirá haciendo campaña en favor de la protección de los derechos humanos tanto en las Américas como en otros lugares”, expresó la organización.
Cecot en la mira
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las “condiciones inhumanas” que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados.
Según informes de AI, en el Cecot hay hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.
Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia.
“Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de ‘seguridad’ del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios”, concluyó AI.
En Venezuela diariamente se diagnostican 16 mujeres con cáncer de cuello uterino. Seis mueren todos los días.
Este 26 de marzo, Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino, es preciso recordar por qué esta enfermedad es un problema de salud pública en Venezuela y cuáles son las formas en que las mujeres pueden prevenirlo y tratarlo a tiempo.
Gabriel Pérez, cirujano oncólogo, ginecólogo y jefe del Departamento de Ginecología de la Clínica Prevención del Cáncer, alertó que el cáncer de cuello uterino es una “enfermedad de alto impacto en la salud de las mujeres venezolanas”.
“Es una enfermedad en la que principalmente los síntomas se dan en una etapa avanzada, y son sangrado anormal, algún flujo genital anormal, dolor pélvico. Pero se puede detectar de forma precoz con exámenes ginecológicos adecuados”, señaló Pérez en entrevista con Runrun.es.
La tercera causa de mortalidad en mujeres venezolanas
El médico Gabriel Pérez explicó que el cáncer de cuello uterino se puede detectar en etapas preinvasoras, antes de que se desarrolle el cáncer como tal.
“Es importante que las pacientes hagan su chequeo ginecológico para detectar la enfermedad en una etapa preinvasora, para que pueda tratarse y evitar que progrese a un cáncer de cuello uterino”, explicó el especialista.
Por su parte, Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), recordó que el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de mortalidad en la mujer venezolana y es la segunda causa de incidencia de casos nuevos de cáncer en Venezuela.
“En Venezuela, por cáncer de cuello uterino, diagnosticamos todos los días 16 pacientes, y 6 mueren todos los días”, precisó el médico.
Saavedra explicó que cada mujer que muere en Venezuela por esta enfermedad pierde aproximadamente 20 años de vida saludable. Esto significa que una mujer que fallece por este tipo de cáncer está muriendo 20 años antes de cuando debería fallecer naturalmente.
“¿Por qué ocurre eso? Porque las estamos diagnosticando relativamente temprano, entre 35 a 45 años, y en los siguientes 5 a 10 años están muriendo el pico más alto de mujeres. El verdadero problema del cáncer de cuello uterino es que hay muchas muertes prematuras, porque está apareciendo el pico máximo en mujeres relativamente jóvenes”, detalló Saavedra.
El VPH es la principal causa del cáncer de cuello uterino: métodos de prevención
El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos recuerda la relación del virus del papiloma humano (VPH) con el cáncer de cuello uterino. Esta infección se transmite durante el contacto sexual y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las personas se infectarán con el VPH durante su vida. Existen más de 100 tipos de VPH, seis de ellos son de alto riesgo oncogénico y dos de ellos (los tipos 16 y 18) causan alrededor de 7 de cada 10 de cada casos de cáncer de cuello uterino, precisa la organización.
Según el doctor Juan Saavedra, el cáncer de cuello uterino es totalmente prevenible a través de un esquema de vacunación contra el VPH que debe aplicarse en edades tempranas -entre los 9 y 14 años de edad- preferiblemente antes de iniciar una vida sexual.
“Si nosotros lográramos vacunar a las niñas y a los niños de 9 a 14 años, antes de que inicien la vida sexual activa, que ahora es más prematura, pudiéramos protegerlas en el mediano y largo plazo contra las cepas más importantes de cáncer de cuello uterino”, señaló el especialista en entrevista con Runrun.es.
5 razones para vacunar a su niña contra el virus del papiloma humano (VPH) / Fuente: OPS
En la página web de la SAV, Cáncer Venezuela, se detallan algunos consejos para las mujeres que pueden servir como métodos de prevención del cáncer de cuello uterino. Estos son:
Una vez iniciada la actividad sexual en la mujer, es recomendable hacerse chequeos médicos ginecológicos y realizarse la prueba de citología.
Mantener adecuadas normas de higiene íntima.
Utilizar métodos de barrera como el preservativo.
Cumplir los tratamientos para las infecciones y lesiones sospechosas.
Llevar un estilo de vida saludable, buenos hábitos alimentarios y hacer ejercicios.
No fumar, o dejar de hacerlo.
Venezuela sigue sin vacunación masiva contra el VPH
El médico Juan Saavedra recordó que en Venezuela actualmente no existe un esquema de vacunación masiva y gratuita contra el VPH. Las vacunas solo se consiguen en centros y consultas privadas donde los montos son inasequibles para la mayoría de la población.
“Algunas clínicas privadas la ponen, pero eso no va a tener impacto social. Para que una vacuna tenga impacto social debe cubrir por lo menos 75-80% de la población objeto. Y si eso no ocurre, no vamos a tener impacto significativo en salud pública en relación al cáncer de cuello uterino”, alertó el especialista.
Vacunación contra el VPH en las Américas / Fuente: Informes de los países a través del formulario electrónico conjunto OPS-OMS/UNICEF (eJRF), 2022 e informes de los países
Destacó que en países como Australia, Reino Unido, Noruega, Finlandia y Dinamarca han logrado controlar el cáncer de cuello uterino puesto que están inmunizando desde hace muchos años. A finales de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela anunció que estaban planificando la adquisición y posterior ejecución de la vacuna contra el virus del VPH, y que la aplicación iniciaría en el segundo trimestre del 2023, pero esta promesa quedó en veremos.
Saavedra dijo tener conocimiento de que, desde el gobierno venezolano, se adelantan conversaciones con la OMS para alcanzar un convenio que permita traer la vacuna contra el VPH y así la población pueda acceder a ella de forma gratuita.
Al contar con la vacuna de forma masiva se podría llevar adelante el programa 90-70-90, lo que implica un 90% de cobertura de la vacunación contra el VPH en niñas a los 15 años, 70% de cobertura de tamizaje (el 70% de las mujeres se someten a pruebas de alto rendimiento a las edades de 35 y 45 años) y 90% de tratamiento de lesiones precancerosas y del cáncer invasivo.
Juan Saavedra consideró que ese programa sería una solución, destacando que aunque se pueda encontrar la vacuna en clínicas privadas, no solo es muy alto su costo -que oscila entre los 150 y 250 dólares- sino que tampoco existe una garantía de que estos centros privados cumplan a cabalidad con la cadena de frío, lo que sí ocurriría con un programa producto del convenio con la OMS.
Sin vacunas, la educación es fundamental
Aun si no se tiene la vacuna disponible, de acuerdo con Juan Saavedra, el cáncer de cuello uterino tiene un “excelente pronóstico con curación del 100%” si se diagnostica a tiempo.
“Si todas las damas en su vida sexual activa van todos los años a sus ginecólogos, se hacen la citología, la prueba molecular del VPH y la colposcopia, que es el examen ginecológico que le corresponde todos los años, ahí aparecen lesiones precancerosas que pueden ser notadas y 100% curadas”, explicó el especialista.
Para el médico es imprescindible “alfabetizar oncológicamente” a la población femenina sobre la importancia de hacerse chequeos y estudios como la mamografía y el eco mamario a los 35 años por el cáncer de mama y evaluaciones ginecológicas para el cáncer de cuello uterino. Con esas acciones “nosotros pudiéramos cambiar estas cifras de cáncer que lucen relativamente altas”.
El cirujano oncológico y ginecólogo Gabriel Pérez agregó por su parte que en la Clínica Prevención del Cáncer, en Caracas, se ofrecen consultas para evaluación diagnóstica y pesquisa del cáncer de cuello uterino, en las que se realizan citologías pélvico vaginales, colposcopia, biopsias de cuello uterino y algunos procedimientos terapéuticos, principalmente en lesiones pequeñas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En El Mañanero del 26 de marzo de Runrun.esresumimos los titulares más destacados de Venezuela: los sindicatos y organizaciones sociales continúan exigiendo un aumento digno del salario mínimo que permita a los trabajadores y pensionados vivir con dignidad, a tres años del último ajuste.
Fernando Loaiza, alcalde electo del municipio Catatumbo por la tarjeta de la MUD, fue secuestrado sin orden judicial por la PNB y trasladado a Maracaibo.
Lo acusan sin pruebas de estar vinculado al narcotráfico, pero todos en el Zulia saben que él no forma parte de las mafias… pic.twitter.com/03ebnjTU8i
“Américo de Grazia, dirigente político, cumple 7 meses detenido, y su estado de salud ha sufrido un deterioro alarmante. Padece múltiples afecciones graves, como infecciones pulmonares, trastornos prostáticos, problemas digestivos, dolores crónicos y complicaciones neuromusculares. Sin embargo, no ha recibido la atención médica necesaria. Este caso resalta la urgente necesidad de que el Estado garantice el acceso a atención médica adecuada a todas las personas privadas de libertad, especialmente aquellas con condiciones de salud graves”, denunció Justicia, Encuentro y Perdón.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Cosas veredes amigo Sancho, diría el inmortal Manco de Lepanto si escuchara al presidente Trump afirmar que un grupito de criminales, con nombre de un tren que por corrupción nunca arrancó, pone en peligro la seguridad del país más poderoso del mundo.
Es cierto que esa y otras pandillas de criminales crecieron por la permisividad de Maduro. También es verdad que el llamado Tren de Aragua opera en varios países, pero es mentira que la mayoría de los venezolanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos sean criminales que pertenecen o no a esa banda y por ello deban ser deportados a un centro de detención. Eso sería como el disparate de tildar de criminales a los estadounidenses por los asesinatos cometidos por Charles Manson y su secta o descalificar a sus militares por la masacre de My Lai, en Vietnam, perpetrada por soldados al mando del teniente Calley.
No hay duda de que Maduro cobijó y cobija a criminales en Venezuela para que agredan a ciudadanos de la oposición. Iris Varela, quien fue ministra de Asuntos Penitenciarios, permitió piscinas en algunas cárceles, otorgó permiso para pernocta de mujeres, autorización para salir de vez en cuando y uso de celulares para planificar secuestros. Maduro estableció “zonas de paz” en Caracas para que la policía no pueda perseguirlos.
Algunos, motu proprio o estimulados por el régimen de Maduro, emigraron a otros países en busca de botines más apetecibles y, que sepamos, han cometido crímenes horribles. Son un número pequeño, aunque inaceptable, y un porcentaje ínfimo en relación a los criminales nativos, calculado por cada cien mil habitantes. Sin embargo, la xenofobia los exagera.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció campos de concentración para ciudadanos de ese país, pero de origen alemán y japonés. En aquel entonces se podría explicar porque los ejércitos de Alemania, la poderosa Wehrmacht, y el temible Rikugun de Japón, podrían tener espías y quintas columnas. También fue el caso de unos pocos italianos. Aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798 a ciudadanos que huyen de sus países por persecución política o por hambre es un exabrupto, una injusticia y un abuso de poder. ¿Podrán los jueces y los miembros del Congreso detener los injustos encarcelamientos y las deportaciones que no se justifiquen?
¿Puede el presidente Trump deportar a quienes ingresen a su país de manera ilegal? Claro que sí. ¿Puede enviarlos a un centro de detención en El Salvador o en Guantánamo bajo la presunción de que son criminales? Claro que no. Si la policía estadounidense tiene pruebas de que han cometido un crimen, deben ser enjuiciados y, si son culpables, deben ser encarcelados en ese país y expulsados al cumplir la condena. Lo contrario es violentar el Estado de derecho. Al recibir a los expulsados a cambio de unos dólares, el presidente Bukele también viola la ley y, además, es inaceptable el trato dado a los recién llegados.
¿Puede el presidente Trump deportar a quienes se les vence el Permiso Temporal de Permanencia (TPS)? Claro que sí, pero lo inteligente sería otorgarles la residencia, ya que han demostrado ser buenos ciudadanos y contribuyen al crecimiento de la economía estadounidense. ¿Puede el presidente Trump deportar a sus países de origen a quienes han ingresado ilegalmente pero no han cometido delitos? Claro que sí, pero las deportaciones masivas tienen un costo elevado y no solucionan el problema. Si la situación se maneja adecuadamente, esa fuerza laboral puede aportar mucho al contribuir a disminuir el déficit de mano de obra en muchos sectores, aunque a corto plazo pueda ocasionar dificultades.
El pueblo y gobierno estadounidenses deben tomar en cuenta que la ola de inmigrantes venezolanos es producto de las persecuciones políticas y de la pésima política económica de Maduro. Si se quiere resolver esta lamentable situación y frenar la migración venezolana, que ya sobrepasa los ocho millones de personas, Estados Unidos, conjuntamente con los países afectados negativamente, deben presionar para que Maduro reconozca que perdió la elección.
Un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Edmundo González y el liderazgo de María Corina, permitirá la recuperación de la economía venezolana, y creará confianza para que las compañías petroleras y otras empresas de diferentes países inviertan en nuestro país que otrora fue llamado Tierra de Gracia.
Como (había) en botica
En el evento CERA Week sobre energía realizado en Houston, el presidente Edmundo González y la líder de la oposición María Corina Machado expusieron que la línea de acción del nuevo gobierno será privatizar la industria petrolera y convertir a Venezuela en el centro de energía para Latinoamérica. Juan Fernández, en entrevista con David Placer, amplió el punto, mencionando que será necesario reestructurar a Pdvsa y que puede haber una empresa del Estado que compita con las privadas. Recomendamos ver los videos al respecto
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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Diversas organizaciones solicitaron información sobre el paradero y la situación legal y física del periodista de La Patilla, Rory Branker, en vista de que se encuentra desaparecido desde que fue detenido a finales de febrero.
“Su arresto se realizó sin un fundamento legal claro ni el debido proceso, lo que ha generado una total falta de transparencia sobre su estado y ubicación. Esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también refleja el grave riesgo al que se enfrentan los periodistas en el ejercicio de su labor”, escribió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en X.
Familiares de Branker señalaron que desde el pasado 20 de febrero, cuando fue detenido en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se desconoce su paradero.
Tampoco se les ha informado si ha sido presentado ante algún tribunal o las acusaciones que sustentan su detención, que insisten. es arbitraria.
El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, señaló que aunque pese a lo dicho por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, no se conoce información sobre él.
“Es esencial que el Estado garantice la seguridad y los derechos humanos de Rory Branker, al tiempo que solicitamos la liberación de todos los trabajadores de la prensa detenidos injustamente por cumplir con su deber de informar. La libertad de prensa es un derecho fundamental que debe ser respetado, y no puede ser utilizada como excusa para la persecución o represión”, esbozó la ONG.
Con información de Tal Cual
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A partir del 24 de abril, más de 100 mil venezolanos corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos luego que la Casa Blanca oficializó este martes la revocatoria definitiva del parole humanitario.
De acuerdo al Migration Policy Institute, poco más de 117 000 ciudadanos de nacionalidad venezolana obtuvieron el parole humanitario entre enero de 2023 y diciembre de 2024. A este contingente se le suman haitianos, cubanos y nicaragüenses.
Según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin la culminación del parole representa “un regreso a las políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos primero”.
“El programa no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior“, se desprende de un comunicado de la Casa Blanca.
Según datos citados por Washington, alrededor de 75 000 solicitudes de asilo fueron presentadas por extranjeros que ingresaron bajo este beneficio al país y que hacen parte de los más de 3,6 millones de expedientes que esperan ser resueltos en las cortes de inmigración antes de ser eventualmente deportados.
De acuerdo a DHS, aquellos que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos, como una petición de asilo o una solicitud de visa U para víctimas de crímenes, deberán abandonar el país antes de finales de abril.
Los permisos de trabajo otorgados a través del parole serán revocados y DHS cancelará todas las peticiones de permiso de viaje solicitadas bajo este programa.
Informó la Casa Blanca que los beneficiarios del parole que salgan del país voluntariamente por tierra y crucen la frontera tendrán que reportar su salida cuando estén fuera de territorio americano a través de la aplicación CBP Home, la cual incluye una función de geolocalización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció una imposición de aranceles del 25% a países que compren petróleo o gas a Venezuela.
En un comunicado que emitió la Casa Blanca, Trump señaló que “las acciones y políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
A través de la red social Truth, Trump afirmó que “Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos”.
Las sanciones se fundamentan en “acciones y políticas del régimen de Maduro”
En el comunicado, Trump refirió que la banda delictiva Tren de Aragua fue designada como una Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos y criticó a la gestión anterior (Joe Biden) por facilitar “la infiltración” de los miembros de la banda en ese país.
Pero además, aseguró que el “régimen de Maduro ayudó y facilitó la afluencia de miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos durante el gobierno anterior al no controlar sus fronteras, permitir que las operaciones de la pandilla prosperaran dentro de Venezuela y negarse a tomar medidas contra sus miembros, exacerbando así la crisis de inmigración ilegal”.
Asimismo, señaló que las diferentes sanciones impuestas contra el gobierno venezolano se fundamentan en “acciones y políticas del régimen de Maduro” y que las mismas “siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política”. Esas acciones incluyen:
El debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas mediante la supresión de elecciones libres y justas y la consolidación ilegítima del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro.
La mala gestión económica endémica y la corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad.
La responsabilidad del régimen por la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela.
La desestabilización del hemisferio occidental a través de la migración forzada de millones de venezolanos, que impone cargas significativas a los países vecinos.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país “no tolerará que terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el régimen de Maduro en Venezuela”.
Rubio argumentó la decisión en que el “régimen” de Nicolás Maduro “ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos”.
“Cualquier país que permita a sus empresas producir, extraer o exportar desde Venezuela estará sujeto a nuevos aranceles y a sanciones”, añadió Rubio en una publicación que hizo vía X.
The United States will not tolerate any third-countries or their oil companies producing, extracting, or exporting oil and oil-related products with the Maduro regime in Venezuela. This is a regime that has consistently stolen elections, pillaged from its people, and colluded…
¿Qué implica la imposición de aranceles a países que compren petróleo y gas a Venezuela?
A partir del 2 de abril de 2025, de acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, “se podrá imponer un arancel del 25% a todas las mercancías importadas a Estados Unidos desde cualquier país que importe petróleo venezolano, ya sea directamente desde Venezuela o indirectamente a través de terceros”.
Estos aranceles, añadió el texto, “complementarán los aranceles a las importaciones ya impuestos de conformidad con la Ley de Protección Ambiental y Económica de Venezuela (IEEPA), la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 o cualquier otra autoridad”.
Una vez que se imponga a un país a discreción del secretario de Estado, este arancel expirará luego de un año después de la última fecha en que un país importó petróleo venezolano, o en una fecha anterior “así lo determina a su discreción”.
Acciones para imponer los aranceles por la compra de petróleo y gas venezolano
El Secretario de Comercio, en coordinación con el Secretario de Estado y el Procurador General, tiene la autorización de llevar a cabo las siguientes tareas en el marco de estas medidas anunciadas:
Determinar si un país ha importado petróleo venezolano, directa o indirectamente.
Emitir reglamentos, directrices y determinaciones según sea necesario para implementar esta orden.
Coordinarse con los jefes de otros departamentos y organismos ejecutivos para garantizar el cumplimiento.
Tomar cualquier acción adicional consistente con la ley aplicable para llevar a cabo los propósitos de esta orden.
Venezuela acusa a EEUU de “violar flagrantemente las normas del comercio internacional”
La administración de Nicolás Maduro rechazó la imposición de aranceles a países que compren petróleo o gas a Venezuela. En un comunicado de la Cancillería, el gobierno venezolano denunció: “Con esta nueva acción, Estados Unidos viola flagrantemente las normas del comercio internacional”.
El comunicado, que difundió el canciller Yván Gil, también señala que estas normas fueron creadas para evitar que un país utilice el comercio como arma de presión política contra otros. “Venezuela ejercerá todas las acciones pertinentes ante los organismos internacionales para hacer valer sus derechos y denunciar esta nueva violación al orden económico mundial”, añadió el texto.
“Esta medida arbitraria, ilegal y desesperada, lejos de afectar nuestra determinación, confirma el fracaso rotundo de todas las sanciones impuestas contra nuestro país”, insistió la administración de Maduro en el comunicado.
China insta a “dejar de interferir” en asuntos de Venezuela
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, afirmó que Estados Unidos «ha abusado de sanciones unilaterales ilegales» y de una «jurisdicción de largo alcance», exigiendo que Washington «retire sus medidas contra Caracas».
Además, criticó que «no hay ganadores en guerras comerciales o arancelarias», ya que los aranceles solo perjudicarían a empresas y consumidores estadounidenses.
El Gobierno chino «se opone firmemente a la interferencia en asuntos internos de otros países», reaccionando así al anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a quienes compren petróleo venezolano. Guo instó a EE.UU. a «favorecer el desarrollo pacífico de Venezuela», aunque no aclaró si China dejaría de importar crudo si se aplicaran los gravámenes.
España anuncia “respuesta contundente”
Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno de España, afirmó este martes, 25 de marzo, que tanto su país como Europa en general darán una respuesta «contundente» a EEUU si la administración estadounidense impone aranceles que perjudiquen a sectores productivos españoles, tras el anuncio de Trump sobre los aranceles al crudo venezolano, que podrían tener consecuencias negativas para multinacionales españolas como Repsol.
“Las guerras comerciales no benefician nunca a nadie y es importante y oportuno que sigamos trabajando también en seguir manteniendo una buena relación con Estados Unidos”, afirmó Alegría en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La portavoz explicó que si esos aranceles afectan«directamente» a sectores productivos nacionales y a sus productos, Europa y España «lógicamente» darán «una respuesta contundente» para defender a los productores españoles.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Guillermo Martínez tiene 64 años y todos los días se levanta a las cinco de la mañana para ir a su trabajo, una empresa de transporte de alimentos en la cual ya lleva cinco años. Guillermo sabe que el salario que gana (130 bolívares), no le alcanza para satisfacer sus necesidades más básicas; pero aún así sale a la calle a “jugársela” porque dice que en la casa “no se consigue la comida”.
Guillermo vive con su esposa en el barrio Julián Blanco, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Recordó que lleva tres años con el mismo salario y aunque recibe una bonificación especial en dólares, aseguró que eso “no le sirve de nada” porque no incide en sus prestaciones sociales ni contribuye en nada para asegurar su vejez.
“Ese sueldo de 130 bolívares no alcanza ni para una harina Pan. No sé cómo hacen los adultos mayores que ya no pueden trabajar y además tienen que tomar medicinas para la tensión y otras enfermedades. Es inhumano que tengamos ya tres años cobrando lo mismo y, cada día que pasa, la cifra se devalúa más”, manifestó.
El salario mínimo en Venezuela está congelado desde marzo de 2022, cuando fue fijado en 130 bolívares, monto que en ese momento equivalía a 30 dólares aproximadamente. Sin embargo, debido a la devaluación del bolívar, hoy en día esa cifra es poco más de dos dólares mensuales, lo que ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores y pensionados.
Tres años estancado
El pasado 2 de marzo, la ONG Provea denunció tres años de “estancamiento deliberado” del salario mínimo en Venezuela y advirtió que “el ingreso y el ahorro de las familias ha sido demolido y en su lugar se ha abierto el camino a una agresiva bonificación del ingreso”.
Julian Hidalgo, empleado público del sector eléctrico desde hace 15 años, indicó que las políticas del gobierno han acabado con el salario establecido en la Constitución. A su juicio, el estancamiento del sueldo mínimo atenta contra todas las familias venezolanas.
“Ni el bono vacacional ni los aguinaldos de diciembre, que antes eran referencia, nos sirven de nada. Esos 130 bolívares hace tres años eran ’alguito’, pero con el paso del tiempo y la devaluación, ya quedaron pulverizados porque no a todos nos llegan los bonos. Además son indexados y los pagan siempre rezagados con respecto al valor del dólar para la fecha del pago”, argumentó Hidalgo.
Para Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, el estancamiento del salario mínimo ha reducido drásticamente la calidad de vida de los venezolanos al no poder adquirir bienes y servicios básicos y también ha profundizado la desigualdad económica, ya que solo una minoría puede tener acceso a divisas.
Zambrano cuestionó que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) también lleva tres años callada ante la medida del gobierno de congelar el salario mínimo. Lamentó que cuando esto comenzó “nunca lo denunciaron”.
“En el 2022 no hicieron nada, en el 2023 y el 2024 tampoco, entonces ahora en el 2025 están solicitando un salario de 200 dólares. Hay cosas que uno no entiende, porque está bien que lo soliciten, pero ¿por qué te quedaste callado?”, refutó Zambrano.
Detrás de la ambulancia
El salario mínimo en Venezuela viene padeciendo desde mucho antes de 2022 con incrementos que no satisfacían las necesidades de los venezolanos y ni siquiera alcanzaban para comprar una cuarta parte de la canasta alimentaria básica.
Este largo período sin aumento salarial, según expertos en materia económica, ha sido el más largo en la historia reciente del país.
El salario mínimo promedio en Venezuela es uno de los más bajos de América Latina y del mundo. El Banco Mundial establece el umbral de pobreza extrema en 1,90 dólares de ingreso diario, mientras que en Venezuela el salario mínimo de un mes apenas sobrepasa ese monto.
En comparación con otros países de la región como Costa Rica, que tiene un salario mínimo mensual de 700 dólares; Chile y Uruguay, en donde el mínimo supera los 500 dólares mensuales, y hasta Argentina, aún cuando enfrenta serios problemas de inflación, la situación de Venezuela es peor incluso que la de Cuba y Haití, quienes manejan salarios mínimos de 88 y 134 dólares al mes respectivamente.
La exigencia se mantiene
La falta de un ajuste salarial en tres años no solo representa una violación de derechos laborales, sino que también perpetúa una crisis económica que afecta a todo el país y que ya ha provocado la migración de más de siete millones de venezolanos.
Mientras tanto, sindicatos y organizaciones sociales continúan exigiendo un aumento digno del salario mínimo que permita a los trabajadores y pensionados vivir con dignidad.
Pablo Zambrano explicó que la exigencia del sector salud es ir construyendo un salario que permita ir recuperando el poder de compra de los trabajadores. Planteó que el gobierno debería otorgar un ticket de alimentación de cinco dólares diarios “y, por supuesto, un salario que permita que se reactiven las cláusulas económicas y sociales de las contrataciones colectivas”.
Rechazó que la bonificación del ingreso pretenda sustituir el salario mensual que ordena la Constitución, porque a su juicio, es muy desigual, ya que no a todos los trabajadores les llega y además no incide en las prestaciones sociales.
Con respecto al salario que ofrecen las empresas privadas, Pablo Zambrano afirmó que se ubica en aproximadamente 200 dólares mensuales, una brecha bastante amplia, pero que al final también afecta al empleado pues tampoco genera o se ve reflejado en las prestaciones o bonos vacacionales.
Por su parte, Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, exigió que se instale nuevamente la mesa de discusión del tercer contrato colectivo y que se ajuste el salario mínimo a la realidad del país, además que se acabe con la suspensión del sueldo para todos los trabajadores del sector educativo.
