Este martes, 22 de abril, Andreína De Grazia, hija del político Américo De Grazia, denunció que su padre lleva más de ocho meses “aislado, silenciado y sin ninguna fe de vida” para sus familiares..
En un video difundido en la red social X, Andreína De Grazia informó que su padre cumple hoy 267 días desde que se produjo por detención, situación a la que calificó de “secuestro” por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Hoy exigimos su pronta y justa libertad, que nos permitan verlo y constatar su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra Américo de Grazia en El Helicoide”, reclamó la hija del político.
Américo De Grazia, de 64 años, fue capturado y secuestrado el pasado 7 de agosto cuando salía de hacerse unos estudios médicos en una clínica en Caracas. Días antes de su detención, ya había recibido amenazas por su colaboración con los testigos de mesa el día de la elección, como ya lo habían hecho con otros políticos que respaldaron la lucha que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
El dirigente opositor enfrenta acusaciones de instigación al odio y rebelión. Además, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lo ha vinculado con un supuesto plan para asesinar a la alcaldesa del municipio Piar, en el estado Bolívar, Yulisbeth García.
Medidas ignoradas
El pasado 19 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas de protección que ya había emitido a favor de Américo De Grazia en 2016.
La petición de la CIDH exige al Estado que garantice su vida e integridad personal y que se implementen medidas para que tenga contacto con sus representantes y “pueda llevar a cabo sus actividades como dirigente de la oposición en Venezuela sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”; al igual que una investigación sobre las causas que motivaron su arresto.
El pasado 11 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció nuevamente a través de un comunicado exigiendo “comunicación y libertad inmediata” para todos los presos políticos en Venezuela que, según el último balance del Foro Penal Venezolano, la cifra de detenidos se ubica en 890.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia exigiendo comunicación y libertad inmediata para presos políticos en Venezuela. Entre ellos mi papá Américo De Grazia, quien hoy cumple 266 días secuestrado por el régimen. LIBERTAD YA! https://t.co/iy6seyTjVcpic.twitter.com/DS9bge89TJ
De acuerdo con la ONG Utopix, al menos 19 mujeres fueron víctimas de feminicidio entre enero y febrero de este 2025.
La organización no gubernamental dejó claro que esta cifra se trata de un subregistro porque no hay estadísticas oficiales de feminicidio y la recolección de datos se basa en reportes de prensa y redes sociales.
Informó que siete asesinatos de mujeres fueron cometidos en enero y doce durante el segundo mes del año, la mayoría de las víctimas tenían entre 31 y 35 años.
Igualmente, alertó que hubo 18 posibles feminicidios en grado de frustración o tentativa de homicidio.
Además de lo acontecido dentro del territorio nacional, la ONG se refirió a diez mujeres asesinadas en el exterior, específicamente en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guyana y Estados Unidos.
“Este año 2025, estamos contabilizando un femicidio consumado cada 73 horas y un femicidio en grado de frustración cada 45 horas”, precisó la organización.
En un reporte previo, Utopix aseveró que en 2024 hubo 185 feminicidios, lo que se traduce en un promedio de uno cada 47 horas.
De acuerdo a la ONG la cifra más elevada se produjo en plena pandemia del coronavirus durante 2020 con 256 asesinatos de mujeres; en 2021 hubo 239; 240 en 2022 y 201 en 2023. Muchas de las víctimas son madres y algunas niñas y adolescentes.
“Es imperativo visibilizar esta realidad y darle voz a esas mujeres, niñas y adolescentes asesinadas a manos de la violencia feminicida, así como exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general acciones urgentes y denunciar la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores”, alertó Utopix.
Según el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente y ratificado por la AN chavista, Tarek William Saab, un total de 68.899 personas fueron imputadas por violencia machista en Venezuela desde agosto de 2017 a febrero de 2025.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Francisco rompió los estándares pomposos de la Iglesia católica a través de detalles como el rechazo a usar la limusina papal y compartir el autobús que llevaba a otros cardenales de regreso a sus aposentos. Su muerte estuvo a un tris de coincidir con el Domingo de Resurrección de la Semana Santa
Sus últimas palabras públicas las pronunció en la Plaza de San Pedro este domingo 20 de abril.
“Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua”, se limitó a decir Francisco en una silla de ruedas.
Previo a la bendición urbi et orbi en el balcón de la Ciudad del Vaticano y recorrer las calles romanas a bordo del papamóvil, Francisco sostuvo su última reunión privada con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.
A las 7:35 de la mañana (hora de Italia) de este lunes 21, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida anunció la muerte del papa de 88 años.
Jorge María Bergoglio, nacido en la capital argentina de Buenos Aires en 1936 y surgió del seno de una familia cuyos padres huyeron de una Italia fascista. Fue líder de los jesuitas argentinos en 1973 y en 1990 fungió como arzobispo de Buenos Aires. En 2001, el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal.
En marzo de 2013 fue nombrado sucesor de San Pedro en la iglesia católica, luego de la renuncia de Benedicto XVI.
“Me gustaría tener una iglesia pobre y para los pobres”, dijo Francisco en una de sus primeras comparecencias públicas como papa.
Francisco rompió los estándares pomposos de la Iglesia católica a través de detalles como el rechazo a usar la limusina papal y compartir el autobús que llevaba a otros cardenales de regreso a sus aposentos.
Igualmente, no quiso vivir en el Palacio Apostólico, sino que se mudó a una modesta residencia en Santa Marta, donde vivía en un apartamento de apenas 40 metros cuadrados.
Su primer viaje como papa lo hizo a la isla italiana de Lampedusa, donde cada año llegan centenares de migrantes africanos.
“Para nosotros la muerte del papa representa algo doloroso, como católicos tenemos que orar por su eterno descanso, no tenemos que hacer juicios post mortem, cada uno debe mirar el tronco que tiene en el ojo y no la paja del otro. Un grupo queríamos que se pronunciara a nivel político, pero él fue un líder espiritual y de Estado y nos ve a todos como sus hijos. Ahora tenemos que evaluar cuál fue el legado de Francisco”, dijo a Runrunes Fray Luis Salazar, superior del convento de La Merced, en Caracas.
Intercedió en encuentro improductivo
Después de las protestas antigubernamentales de 2014, que según Runrunes dejó un saldo de 44 muertos y la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de llevar a cabo un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, en diciembre de 2016, con el auspicio del papa Francisco y a través del representante del Vaticano, Pietro Parolin -uno de los fuertes candidatos a convertirse en nuevo papa- el gobierno chavista y la oposición venezolana iniciaron un proceso de diálogo cuya conclusión fue infructuosa.
Posterior a las estériles reuniones, Francisco envió una misiva donde exhortaba al régimen madurista a implementar de forma inmediata “urgentes medidas” para paliar la crisis generada por el desabastecimiento de comida y medicinas en el país.
La carta firmada por Parolin abogó en la necesidad de trazar un camino electoral y liberar a los presos políticos para establecer una ruta democrática.
“Hubo intervención de la Santa Sede bajo pedido de cuatro presidentes que trabajan como facilitadores. Y la cosa no resultó, quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Tiene que ser con condiciones muy claras. Todos sabemos acerca de la difícil situación de Venezuela, un país que quiero mucho”, declaró el papa en abril 2017.
En el marco de una rueda de prensa ofrecida en el avión del Vaticano, el papa aseguró que uno de los problemas que impedía llegar a un acuerdo eran las divisiones dentro de la oposición.
“Parte de la oposición no quiere esto. Es curioso, la oposición está dividida y los conflictos se agudizan cada vez más. Pero hay algo en movimiento, muy en el aire todavía, todo lo que se pueda hacer por Venezuela, hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias”, expuso el sumo pontífice.
Ese mismo año y aprovechando una gira por Asia, Maduro se reunió por segunda vez en Roma con Francisco, quien insistió en la necesidad de sentarse en una mesa para conversar con sus adversarios políticos.
“Espero que se consolide el diálogo y se centre en la recuperación económica, que esta se coloque como punto central y se abandone el camino del golpismo”, dijo Maduro, quien ya había sido recibido por Francisco en 2013 recién llegado al poder.
“El papa ha continuado ofreciendo su contribución a favor de la institucionalidad del país y ayudando a resolver las cuestiones pendientes y a crear mayor confianza entre las partes. El sumo pontífice ha invitado a promover un clima de renovada cohesión social que permita mirar con esperanza el futuro de la nación”, agregó un comunicado del Vaticano luego de la reunión.
En febrero de 2019, en el marco de una agudización de la crisis política en Venezuela por la instalación de un gobierno interino, Francisco dirigió una carta a Maduro en la que se refirió a él como “excelentísimo señor” y no como presidente. En la misiva -que fue una respuesta a una nueva petición del mandatario venezolano al Vaticano para que aceptara mediar con la oposició- el papa recordó al gobernante venezolano que intentos anteriores para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana “desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos”. El fallecido sumo pontífice también le pedía a Maduro evitar un derramamiento de sangre en Venezuela.
Después de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, en rueda de prensa, el papa habló sobre la situación de Venezuela sin mencionar directamente al régimen madurista, pero con una sentencia muy clara:
“No he seguido la situación en Venezuela, pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces. Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia… Diré que el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz en Venezuela. No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y el mensaje de los obispos es bueno”, esbozó.
El Papa Francisco al ser consultado sobre la situación en #Venezuela:
A principios de 2025, envió un mensaje a las más de 2000 personas que fueron encarceladas en las protestas poselectorales del 28J, donde el CNE dio como ganador a Maduro sin mostrar datos desagregados.
“La grave crisis política podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, incluidos los de quienes han sido arrestados a causa de los sucesos de los últimos meses”, expresó entonces.
El papa de la inclusión
Desde permitir que los católicos divorciados tomen la comunión hasta abogar por la aceptación de gais en la Iglesia católica, el papa no tuvo una contención en su política de aceptación y tolerancia.
“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por esa causa. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente”, opinó.
Here is Pope Francis endorsing homosexual civil unions, in the new documentary 'Francesco' by Evgeny Afineevsky pic.twitter.com/Ptguo08iMX
“Toda persona es hijo de Dios, Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia, mi deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle las puertas a nadie”, comentó en otra oportunidad.
🌈 GRACIAS, FRANCISCO 😢🙏
Despedimos al Papa, quien defendió a la comunidad LGBTIQ+ con amor e inclusión. Respaldó uniones civiles, bautismos trans y gays, y dijo: "Todos son bienvenidos".
Celia, no binarie, lo desafió contra el odio. Él respondió: "Dios no rechaza a nadie". pic.twitter.com/IfrcBDkpQe
— make argentina gay again (@makearggayagain) April 21, 2025
Francisco fue la antítesis de su antecesor, Benedicto XVI. Se mostró abierto a las uniones civiles de personas del mismo sexo, el establecimiento de una familia homoparental y la bendición de estas y el resto de la comunidad LGBTQI.
“Si una persona es gay, busca al Señor y tiene voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, esbozó al respecto.
Francisco también se opuso al aborto, pero luchó para que los sacerdotes absolvieran a las mujeres de que se arrepintieran de haberse practicado uno.
Algunos le acusaron de haber hecho muy poco por investigar las denuncias de abuso sexual y pederastia por parte de clérigos, pero otros le agradecieron sus esfuerzos por esclarecer casos puntuales y de, al menos, hablar sobre el tema en las altas esferas de la iglesia.
“Los pueblos originarios sufren el sometimiento tanto de los poderes locales como de los externos. Las operaciones económicas que alimentan la devastación, los asesinatos, la corrupción, merecen el nombre de injusticia y crimen”, se desprende del documento.
Igualmente, apoyó a los migrantes venezolanos y dio palabras de aliento a quienes atraviesan inmensas distancias a pie en busca de una mejor calidad de vida: “No se olviden nunca de su dignidad humana. No tengan miedo de mirar a los demás a los ojos porque no son un descarte, sino que también forman parte de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios”.
Le dejó dos santos a Venezuela
Antes de su desaparición física, el papa autorizó la canonización de los dos primeros santos venezolanos en cuestión de apenas dos meses.
El 25 de febrero anunció la santidad del doctor José Gregorio Hernández y el pasado 31 de marzo le tocó el turno a la madre Carmen Rendiles.
“Era un médico lleno de ciencia y de fe que supo reconocer en los enfermos el rostro de Cristo y, como buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica”, dijo el papa sobre Hernández.
“Sin duda alguna, creo que el mayor regalo que nos dio a los venezolanos el papa Francisco fue la canonización de José Gregorio Hernández después de tanto tiempo, porque él quería esa canonización”, añadió Fray Luis Salazar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, fecha reconocida formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 para incentivar la movilización de conciencia respecto a medidas que aborden problemas ambientales de importancia críticaen pro de la protección del aire, océanos, suelos, ecosistemas, vida silvestre y salud humana.
La celebración de este año encuentra de nuevo a Venezuela con desafíos impostergables que enfrentar y que siguen desatendidos, en el marco de una crisis estructural -económica, política y social- compleja. Pero la crisis ambiental también lo es, y se acentúa a diario por la falta de políticas efectivas, corrupción, explotación descontrolada de recursos y los efectos del cambio climático.
A continuación, un resumen de los temas que mantienen a Venezuela en una crisis ambiental múltiple, con daños ecológicos irreversibles que ya el país empieza a experimentar y que serán más intensos en las próximas décadas.
Sin glaciares
Venezuela tenía seis glaciares hasta el año 1910. Para el 2011 ya cinco de ellos habían desaparecido. En 2024, se confirmó que elglaciar La Corona, en el Pico Humboldt de la Sierra Nevada de Mérida, había menguado tanto que perdería su condición y sería reclasificado como un campo de hielo, con lo cual, Venezuela pasaba a ser el primer país de la era moderna en quedarse sin glaciares, lista a la que después se unió Eslovenia.
La superficie del glaciar se redujo de 4.5 kilómetros cuadrados a dos hectáreas, según el informe que presentó en noviembre pasado la red de científicos de la Iniciativa Internacional sobre Clima y Criósfera (ICCI por sus siglas en inglés), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático número 29 (COP29). Ya la misma red había anticipado sobre esta situación en mayo del mismo año.
La pérdida de hielo más acelerada en el glaciar empezó a ocurrir a partir de 2016, cuando alcanzó un pico anual de 17%. Apenas en diciembre de 2023, el gobierno venezolano anunció que utilizaría una malla térmica para mantener la temperatura y evitar el derretimiento, en el marco de un plan de desaceleración del deshielo.
Un año después, el propio ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, dijo que lo inevitable ocurrirá en diciembre de 2025: se perderá la masa total del glaciar, aunque sostuvo que el plan aplicado habría logrado reducir el deshielo en 35%.
El aumento del cambio climático y fenómenos como El Niño, que provoca temperaturas más altas, se han vinculado con la desaparición de los glaciares tropicales.
Sin política nacional de cambio climático
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales advirtió en diciembre de 2024, en el marco de la presentación del Borrador Final del Segundo Reporte Académico de Cambio Climático, que las consecuencias de este fenómeno para el país “serán severas en el corto plazo”.
A esta conclusión llegaron los 51 expertos de quince centros educativos y de investigación tanto nacionales como extranjeros que trabajaron en la elaboración del reporte y que urgieron a “definir una institucionalidad enfocada en el desarrollo sostenible del país”.
Y es que las debilidades institucionales comprometen la lucha contra el cambio climático en Venezuela. Tres aspectos sobresalen: el Estado sigue sin formular una Política Nacional de Cambio Climático, tampoco hay una estrategia nacional, ni mucho menos un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, pese a que son compromisos de los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la que Venezuela es signataria. Desde 2009, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos establecía que en un plazo de un año debían elaborarse las directrices de ese plan nacional, algo que no se concretó.
A ello hay que sumarle la tardanza en la promulgación de una Ley de Cambio Climático, que permitiría fortalecer la lucha. En marzo de 2022, la Asamblea Nacional de corte oficialista anunció el comienzo de las consultas sobre el proyecto de ley en la Comisión de Ecosocialismo. En octubre de 2024, el presidente de la comisión, Ricardo Molina, anunciaba que los proyectos estaban “adelantados”y que se presentarían ante la secretaría de la AN para que se iniciara la primera discusión.
En paralelo, los efectos del cambio climático ya son visibles. Algunos de los identificados en el reporte de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales son un aumento de la temperatura de +0.22°C por década desde 1980, con proyecciones de mayor calor y sequía. Una reducción del 20% en precipitaciones anuales, que afecta cuencas clave y el suministro de agua en el país, pero también a la par un aumento de los eventos lluviosos extremos: entre 2000 y 2019 se contabilizan al menos veinte eventos de desastres naturales por inundaciones. Para 2030, se prevé que 40% de la población sufrirá inseguridad alimentaria moderada y 20% grave.
Sin firmar el Acuerdo de Escazú
Venezuela sigue en la lista de los países de América, junto a Cuba, Barbados, Bahamas, Surinam, El Salvador, Honduras y Trinidad y Tobago que no han suscrito el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que aborda aspectos integrales de la gestión y la protección ambiental desde una perspectiva regional.
Este acuerdo también contempla el respeto a los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
En febrero de 2025 cuatro relatores del sistema de las Naciones Unidas, volvieron a pedir información al Estado venezolano sobre los pasos adelantados para firmar y ratificar el tratado, así como para una futura implementación. Comunicaciones anteriores, como una remitida en 2019, recibió una respuesta tres años después.
Con deforestación y desertificación acelerada
Venezuela alberga una gran diversidad de ecosistemas, con más del 80% de su territorio cubierto por bosques tropicales, desde la Amazonía hasta las zonas semiáridas del occidente y las cordilleras costeras y andinas. Sin embargo, esta riqueza natural está bajo grave amenaza.
Según el Libro Rojo de Ecosistemas Terrestres de Venezuela (LRETV), 7 de los 18 ecosistemas catalogados son “vulnerables”, 3 están “en peligro de extinción”, y los bosques secos (Lara, Anzoátegui, Bolívar, Falcón) enfrentan un “peligro crítico” de desaparecer.
La ONG Provita señala que la principal causa de esta degradación es la deforestación, impulsada por la expansión urbana, agrícola y, especialmente, la minería ilegal. La transformación acelerada del uso de la tierra está llevando a la pérdida irreversible de hábitats únicos en el país.
El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021”, de la organización Clima21 confirmó la aceleración de la deforestación en Venezuela en ese período estudiado, lo que ubicaba al país como el que más bosques naturales perdió en toda la región.
Las consecuencias son la pérdida de la biodiversidad y suelo fértil, menor disponibilidad de agua -con nacientes y quebradas en riesgo- y violaciones a los derechos humanos, por el impacto en las comunidades que se quedan sin agua ni medios de vida sostenibles.
Por otra parte, la combinación de prácticas insostenibles y abandono institucional están convirtiendo el semiárido larense en un territorio en colapso ambiental.
El reciente informe “El clamor de los pueblos con sed” de Clima21denunció que la deforestación por extracción de madera utilizada en la producción de carbón, cocuy y artesanías, y la extracción de sílice que afecta los cuerpos de agua por empresas apoyadas por gobiernos locales que operan sin consideraciones ambientales están agravando el deterioro ambiental. Se calcula una deforestación masiva, con una pérdida del 60-70% del bosque xerofítico original (500.000 hectáreas afectadas).
Con devastación minera
La explotación del Arco Minero del Orinoco (creado en 2016) ha acelerado la deforestación, contaminación por mercurio y destrucción de ecosistemas en la Amazonía venezolana.
En junio de 2024, SOS Orinoco dio a conocer a través del informeWorld Heritage Watch Report 2024 que el Parque Nacional Canaima (Patrimonio de la Humanidad) enfrentaba una devastación acelerada:solo entre marzo y abril de 2024, las llamas arrasaron 38.483 hectáreas (384,83 km²) de este ecosistema único, hogar de tepuyes, el Salto Ángel y comunidades indígenas. Asimismo, desde 2018 hasta esa fecha, la actividad minera había destruido al menos 1.500 hectáreas (15 km²) adicionales.
En enero de 2025, la representante de la organización ambientalista SOS Orinoco, Cristina Burelli, estimó en 140 000 hectáreas de bosque se han perdido en la Amazonía venezolana por las actividades extractivas en el Arco Minero del Orinoco.
El 21 de abril de 2025, la ONG que representa alertó sobre la expansión de la minería intensiva en una isla del río Caroní dentro del Parque Nacional Canaima, que ha aportado grandes cantidades de sedimentos al río “que van a parar al Embalse de Guri, donde se localiza la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, afectando su capacidad de almacenamiento de agua y dañando las turbinas, lo que afecta el suministro de agua del país”.
Por otra parte, la minería ilegal ha disparado los niveles de mercurio en los ecosistemas. En ríos contaminados, los niveles pueden ser hasta 50 veces mayores de los considerados seguros, mientras que los vapores de mercurio liberados durante la quema de amalgamas “superan el límite recomendado de 1 μg/m³ (microgramos por metro cúbico), poniendo en riesgo comunidades enteras”, advirtió SOS Orinoco.
Un informe de Clima21 publicado en 2024 concluyó que el Estado venezolano ha cometido “graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de la Amazonía venezolana” al “permitir, ocultar y en algunos casos promover la contaminación por mercurio y no proteger a la población contra sus efectos”. Los expertos instaron a declarar una “emergencia nacional por la contaminación por mercurio en la Amazonía venezolana” para disponer recursos financieros, humanos y apoyo internacional que permita solucionar este problema.
Con derrames petroleros constantes
Solo en los dos últimos años el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales Clima21 ha documentado 144 derrames petroleros en Venezuela, eventos que generan violaciones a derechos en cadena, como el de disfrutar de un medio ambiente sano, derecho al agua potable, a la alimentación -por reducción de la pesca-, salud, trabajo, vivienda y cultura.
La ONG llamó la atención sobre el hecho de que estos incidentes parecen ser eventos continuos, es decir, el hidrocarburo es liberado al ambiente durante un período más o menos prolongado de tiempo meses después de que ocurran los derrames. Han insistido también en que el conteo de derrames se basa en lo reseñado por los medios de comunicación, puesto que la estatal Petróleos de Venezuela no suministra datos, por lo que se cree, la cifra es mayor.
Los especialistas denunciaron la presencia continua de hidrocarburo en las aguas costeras de la zona de Golfo Triste tras el derrame de julio pasado, y que la mancha se extendió a zonas como Maiquetía, Caraballeda y Cabo Codera (estado La Guaira) así como hacia el Parque Nacional Archipiélago Los Roques y la isla de la Orchila.
Lo grave es que estos eventos constantes y sin la debida atención pueden estar generando “impactos acumulativos sobre el ambiente que dificultará la recuperación de esas áreas”, además de afectación de la biodiversidad, perturbación de las interrelaciones de las especies y abandono de las especies de las áreas contaminadas.
Juan Carlos Rojas desearía que el agua que usa en su casa pudiera calentarse con un colector solar térmico, valorado en más de 2.000 dólares en el mercado venezolano. Por eso, tener un sistema de energías renovables en su propio hogar es, por ahora, solo un sueño.
“Lastimosamente, muchas de estas tecnologías son elitistas para la sociedad venezolana (…) Yo soy profesor universitario, categoría Agregado. Es decir, yo tengo 10 años al servicio del país, con doctorado, y no puedo comprarme un sistema de esos (…) Tendría que trabajar dos, tres años, y sin gastarme la plata en comer”, afirmó el ingeniero mecánico, Doctor en Energías Renovables y Eficiencia Energética y docente de la Universidad de los Andes (ULA), en el occidente del país.
El anhelo de Rojas habla de un país con salarios pulverizados por la crisis que lo golpea desde hace una docena de años –en 2024, la inflación cerró en 85%, mientras que el salario promedio es apenas de 241 dólares americanos, según cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas–, pero también de uno donde las energías limpias están lejos de ser accesibles. Mientras que la empresa pública mantiene estos sistemas fuera del alcance del ciudadano, las empresas privadas trabajan con múltiples limitaciones que les impiden expandirse y abaratar sus costos.
“Se requieren grandes inversiones de capital. Los paneles solares no son gratis, hay que ensamblarlos, porque se fabrican en China y se instalan aquí directamente. Entonces, aquí de lo que se habla, más que todo, es de islas eléctricas (…) Es decir, te venden un panel solar y lo montan en tu casa, pero nadie en su sano juicio está pensando montar un parque solar para conectarlo con la red nacional. El tema de las tarifas lo hace completamente inviable”. Así lo señaló Oswaldo Felizzola, ingeniero mecánico y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
Durante décadas, la electricidad en Venezuela se ha mantenido a precios muy bajos como consecuencia del subsidio del Estado.
Aunque la crisis económica y la baja producción de petróleo que sostiene la economía del país (hoy se venden poco más de un millón de barriles diarios, menos de un tercio de lo que se hacía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder), provocaron la disminución de las subvenciones y el incremento de las tarifas, estas últimas continúan muy por debajo de la media mundial. Mientras que para los hogares, el precio de cada kilovatio por hora es de 0.046 dólares americanos, el costo promedio en el mundo lo triplica: 0.151 dólares americanos (cifras para junio de 2024).
Ariadne Serrano, especialista en transición energética y directora del Consejo Venezolano de Energías Renovables, confirmó que las tarifas eléctricas no corresponden al costo del servicio eléctrico sino que el Ejecutivo nacional las aplica a discreción.
“Si (como empresa) haces la cuenta de recuperar la inversión en un tiempo determinado sin los costos operativos de lo que estás dejando de producir, quizás no te convenga seguir. A veces, por eso, no terminan de despegar algunos proyectos”, comentó Serrano.
“Hasta hace muy poco tiempo, las tarifas de electricidad estaban tan bajas que era más costoso para la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec, la estatal de electricidad) facturar que regalar la electricidad”, acotó Felizzola. Por eso, dijo que uno de los primeros retos de las empresas para expandirse pasa por el Estado: debe ser “sincerar” un esquema de precios que permita la viabilidad del suministro de electricidad en el formato renovable.
Una Cámara sin figura legal
En diciembre de 2023, dos grandes empresas privadas especializadas en la construcción de proyectos de electricidad en Venezuela, y con áreas de energías renovables, Otepi e Inversen, junto al Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), crearon la Cámara Venezolana de Energías Renovables (Cavener), que tiene como fin agrupar a las compañías que trabajan en el sector, cuyo número creció en medio de la pandemia y la crisis energética que afronta el país. Pero después de aquella fundación, nada más ha pasado.
Cavener no ha podido registrarse legalmente porque ha encontrado escollos en cuanto a la permisología que necesita, explicó Felizzola, quien es miembro de la Cámara. La amplia documentación que se exige está supeditada a la estatal Corpoelec que, de acuerdo con los artículos 4 y 28 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, es la única operadora y prestadora de este servicio en el país, y eso incluye la transmisión y distribución de la energía.
“Uno de los fines de la Cámara es justamente agrupar a todas estas empresas que hacen vida en este sector en Venezuela, para presionar al gobierno para que regule las tarifas e instauremos un mercado eléctrico como tienen todos los países desarrollados”, detalló Felizzola.
La Ley sobre Energías Renovables y Alternativas, que desde agosto de 2023 está a la espera de su segunda discusión en la Asamblea Nacional, apenas asoma que la generación de la energía será diversificada. Sin embargo, establece que el control pleno de todas las actividades (artículos 19, 20 y 21, referidos al uso de la tecnología, interconexión y normas técnicas) estarán bajo la supervisión del Ministerio de Energía Eléctrica.
De acuerdo con el artículo 25, todos los “profesionales y las personas jurídicas públicas y privadas, que prestan servicios de asesoría, consultoría, instalación, operación, y mantenimiento de proyectos relacionados con las energías renovables y alternativas”, deben estar inscritos y contar con una certificación de un Registro Nacional creado para este fin y que también será regido por el Ministerio de Energía Eléctrica.
La granja solar construida en el sector Bubuquí de El Vigía, en Mérida, se instaló gracias a una alianza con China. Foto: OCI Mérida.
En el articulado se indica que el Estado promoverá, junto con el sector privado, la conformación de “conglomerados industriales” que fabriquen partes y piezas para los sistemas de energías renovables.
Para Yarú Méndez, doctor en Ingeniería Eléctrica e investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB), esa propuesta es clave para el éxito y ve viable que se puedan producir baterías. Incluso va más allá: para él, Venezuela debería pensarse como un proveedor de materia prima para esas piezas en la región.
La ley señala, además, que las empresas que instalen estos sistemas “deberán priorizar la producción nacional en el uso de tecnologías, equipos, partes o piezas, salvo que se demuestre la no producción nacional de los bienes e insumos antes descritos”. La orden resulta curiosa si se toma en cuenta que, hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha preferido establecer alianzas con empresas chinas para la puesta en marcha de granjas solares en lugar de adecuar la Unidad de Energía Renovable Venezuela (Unerven), para que fabrique los paneles que se requieren.
Para Felizzola, Venezuela debería establecer un acuerdo con China para que se abarate la importación de equipos e insumos que no se produzcan en la nación.
La factura de la estatización
El 1 de febrero de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez anunció un conjunto de medidas económicas y subrayó que una de las prioridades de su gobierno era la nacionalización del sector eléctrico. “Fue un error garrafal haber privatizado” estas empresas, aseveró el mandatario justo antes de mencionar la lista de compañías que pronto pasarían al control del Estado.
“La medida de nacionalización requiere la promulgación de una ley específica y la modificación de la ley orgánica del sector eléctrico vigente”, señaló Chávez, quien para ese momento gobernaba por medio de una ley habilitante con la que aprobó, por decreto, decenas de leyes sin contar con el visto bueno del poder legislativo.
En julio de 2007, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, se crea Corpoelec, la empresa operadora estatal que desde entonces se encarga de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica, adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo (hoy es parte del Ministerio de Energía Eléctrica).
Con este decreto se inició el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en Venezuela, y dejó de existir la empresa privada como prestador del servicio luego de más de un siglo de actividad. Para entonces había seis compañías eléctricas que participaban en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía (EDC, Eleval, Elebol, Calife, Seneca y Caley).
Aquella estatización es considerada por los expertos consultados como un golpe letal para la industria eléctrica de la época.
“Las nacionalizaciones causaron mucho daño durante los 2000. Aunque no es que ahora no existan empresas privadas, lamentablemente, hoy son la sombra de lo que eran antes”, apuntó Felizzola y acotó que todas las compañías de energía con capital privado en Venezuela solo se dedican a la generación. Si quieren entrar en el mercado de energía, será prioritario que amplíen su rango de acción.
Las otras dificultades de las empresas privadas
A Méndez le impresionan los avances logrados por países como Colombia y Chile en cuanto a legislaciones referidas a energías renovables, al cálculo de sus tarifas, y a la instalación de paneles solares y aerogeneradores a gran escala.
La razón de esta evolución, señaló, tiene que ver con el alto costo de la electricidad en ambos países. “Allá la energía es costosa, la electricidad se paga cara y se hace interesante poder interactuar de forma comercial con el operador eléctrico”, apuntó. En Venezuela, en cambio, el bajo precio de la energía eléctrica no contribuye con la transición energética. “Estamos hablando de una tarifa de dos a cuatro dólares al mes por casa. Eso escapa a cualquier realidad del resto del planeta”, sentenció.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), institución privada, inauguró un aula abierta con tecnología de energía sustentable. Foto: Manuel Sardá/ UCAB.
El otro asunto que angustia a las empresas de energías renovables, según Felizzola, es el “robo de electricidad”. En las barriadas de todo el país es común que los vecinos hagan conexiones informales a los postes de electricidad, por eso, refirió el experto, hay zonas en las que el consumo eléctrico es mucho mayor del que se cobra a través de los medidores residenciales.
Aunque se ejecute un plan para perseguir y apresar a quienes hacen estas conexiones ilegales y se instalen medidores en los hogares que se benefician de la electricidad robada, Felizzola dudó que la situación se solucione. “¿Cómo incentivar a que la gente pague? Una vez que alguien se acostumbra a lo gratis, es rudo (difícil) que lo suelte”, agregó.
Los altos niveles de criminalidad en Venezuela pueden atentar contra estas tecnologías de otra forma. “Los equipos, una vez que tú los instalas, son de muy bajo mantenimiento, pero también son propensos a que se los roben”, insistió Felizzola, quien recordó que en Venezuela es común el hurto de cables de los postes de luz.
Ideas para una transición energética
Pese al rezago y el panorama gris que las empresas privadas de energías renovables tienen hoy día en Venezuela, los expertos consultados coincidieron en que la formación, competencia y comprensión de estos sistemas no puede detenerse.
“Hay que irnos preparando para estar, por lo menos, capacitados desde el punto de vista del conocimiento tecnológico, porque si se dan las condiciones óptimas a través de las nuevas políticas públicas que se decreten y se apoyan los cambios necesarios”, se abrirá paso a la transición energética, dijo Serrano.
En este punto coincidió Méndez, quien recordó que casas de estudios superiores como la USB, ULA, Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Metropolitana (Unimet) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), han implementado materias y cursos presenciales y online sobre las energías limpias.
“Me parece que en cuanto a recursos, nos faltaría gente (profesores) para seguir formando. Somos pocos los que estamos en este tema, pero estamos preparados para empezar”, acotó. Para Méndez, es fundamental “fomentar estas tecnologías y su investigación”.
Esa formación a través de las universidades debería recibir una compensación que provenga de las ventas de las energías renovables, sostuvo el académico. De esa forma, llegaría una ayuda a las instituciones que forman a estos profesionales, cuyos docentes apenas pueden subsistir con sus sueldos actuales.
El profesor universitario comentó que las empresas que opten por usar paneles solares, aerogeneradores o cualquier equipo que se alimente de energías renovables, deben obtener incentivos para hacerlo. Uno de estos, ya muy extendido en Europa, es la disminución de la carga impositiva, según explicó.
Para Felizzola, en cambio, sería ideal crear un mercado eléctrico en el que se pueda vender la energía, tal como ocurre en California, Estados Unidos, donde el exceso de electricidad por vía solar se exporta a otros estados que tienen déficit.
“Se podría hacer la sustitución que se hace en California cuando empieza a caer el sol, porque es ahí donde se encienden las plantas de gas. Eso es porque sale más económico producir electricidad con gas que con baterías”, explicó el experto, quien aseguró que el reemplazo en Venezuela se podría hacer con la energía hidroeléctrica que abastece actualmente a más del 80% del país.
Con un mercado eléctrico, incluso, se podría subastar el precio de la forma de energía, recalcó Felizzola, quien advirtió que este indudablemente subiría el costo actual de cada kilovatio.
Rojas, el profesor que ansía tener su panel solar para calentar el agua de su casa, espera más bien que el Estado se abra a opciones que permitan a los ciudadanos acercarse a las energías renovables. Habla, por ejemplo, de dar opciones de financiamiento para la adquisición de estos equipos que hoy son inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. Esa sería una idea para que las energías limpias entren a casa.
Nuestra industria petrolera fue malquerida por algunos cuando estuvo en manos de las transnacionales y también cuando fue estatizada. Por ignorancia o mala fe, predicaron que era indiferente a la situación del país. Pocos se preocuparon por enterarse y leer los informes anuales. Al llegar la marabunta roja, Pdvsa fue destruida al utilizarla para promover el llamado socialismo Siglo XXI. Hoy, la escasez de gasolina, de gas y de lubricantes, así como la drástica reducción de la producción de crudo ha logrado añorar el pasado meritocrático. Sin embargo, persiste la creencia de que en ese entonces nuestra principal industria no se preocupó por su entorno. Para contribuir a desvirtuar esa percepción, damos la bienvenida al libro ¡Petróleo sembrado!, del comunicador social Manuel Bermúdez Romero.
El autor nos ofrece un panorama de las actividades de apoyo a las comunidades por las compañías Creole y Shell hasta 1975, y desde esa fecha hasta el 2002 por la PDVSA meritocrática y sus filiales. Además de reseñar lo realizado en lenguaje ameno, identifica a los promotores y participantes.
El Reporter Esso y El Observador Creole fueron noticieros que marcaron un hito en la divulgación de información equilibrada. El Hospital Coromoto, en Maracaibo, construido con financiamiento de la Creole, fue ejemplo de buena administración y centro de referencia para tratar personas quemadas. Tanto la Creole, como la Shell construyeron campos deportivos y estimularon a jóvenes que representaron a nuestro país en competencias internacionales.
Después de la estatización, Pdvsa y filiales aumentaron las actividades en favor de las comunidades. Cabe citar la recuperación del río Morón por la asociación civil Palmichal, de Pequiven, que es uno de los pocos ejemplos de protección ambiental de una cuenca que logró aumentar el caudal del río para suministrar agua al complejo petroquímico y a las comunidades aledañas.
El trabajo de Intevep con las comunidades de los Altos Mirandinos y su apoyo al Hospital Santaella. Corpoven dio un gran impulso al programa Acude de alfabetización de adultos. Tanto Maraven, como Corpoven prestaron asistencia técnica a los agricultores a través de la Fundación Servicio para el Agricultor (FUSAGRI) y Lagoven apoyó las siembras de varios rubros en Oriente. Maraven, por iniciativa de Gustavo Rivera, estableció el Parque Botánico y Zoológico en Paraguaná.
Las publicaciones y videos tuvieron un gran impacto educativo. Cuadernos Lagoven trató temas culturales y educativos, Tierra Mágica de Corpoven mostró a los venezolanos y al mundo las bellezas de nuestro país, Maraven publicó El Pozo Ilustrado para divulgar la actividad petrolera a maestros y estudiantes, y produjo la serie Petróleo en gotas. PDVSA enfatizó en el mantenimiento por medio de su campaña Cuidar es querer.
En ¡Petróleo sembrado!, su autor proporciona en diecisiete páginas, de las 264 del libro, una lista de los aportes en las áreas de infraestructura, medio ambiente, sociocultural y divulgativo. Además, Bermúdez contribuyó con un capítulo al libro Responsabilidad social de la industria petrolera venezolana: apuntes y testimonios, en el que doce profesionales, y quien esto escribe, relatamos las actividades de apoyo a las comunidades en las que participamos. Invitamos a los venezolanos a leer ambos libros.
Como (había) en botica
Quizá algunos puedan entender que Manuel Rosales quiera mantener la gobernación del Zulia. En cuanto a Capriles, evidentemente pactó con Maduro para que le retirara la inhabilitación y así aspirar nuevamente a ser diputado y mantenerse en la palestra política en su objetivo de desplazar el liderazgo de María Corina Machado. El resto de los candidatos postulados por Un Nuevo Tiempo solo ambicionan que el régimen les otorgue una curul.
Los alacranes de Alianza Democrática desde hace tiempo disfrutan de los favores de Miraflores. No hay justificación alguna para votar en la farsa convocada por Maduro. Los candidatos solo ocuparían los espacios que les ceda Maduro para intentar taparear el golpe electoral del pasado 28 de julio para no reconocer el triunfo de Edmundo González.
Defensores de derechos humanos en Venezuela rechazaron este domingo, 20 de abril, la propuesta de “canje humanitario” que le hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele a Nicolás Maduro, que consistía en intercambiar a venezolanos deportados en Estados Unidos y en su cárcel de máxima seguridad por presos políticos dentro del país.
Uno de los primeros en manifestarse fue el activista Marino Alvarado quien calificó la propuesta como “lamentable”.
Alvarado, a través de su cuenta en X, señaló que la propuesta de Bukele es “lo mismo que hace el gobierno de Venezuela con muchos presos políticos”.
“No disfrace su ilegalidad con rostro falso de solidaridad”, enfatizó el defensor.
Por su parte, el defensor de derechos humanos de la ONG Provea, Inti Rodríguez, también utilizó su cuenta en X para rechazar la propuesta del mandatario salvadoreño.
“El canje de venezolanos privados de forma ilegal y sin respeto al debido proceso en El Salvador, por personas presas en Venezuela de forma ilegal y sin respeto al debido proceso, es una bajeza política que viola los principios básicos de DD.HH y pone a Bukele a la par de Maduro”, expresó Rodríguez.
Inti Rodríguez reiteró que en distintas ocasiones han comparado el autoritarismo de Bukele con el de Maduro y el resultado es que “los derechos humanos de millones en la región se ven seriamente amenazados”.
Otro defensor de derechos humanos que salió al paso para cuestionar la petición de Bukele fue el también periodista Luis Carlos Díaz.
Díaz, en su cuenta en X explicó que “los presos venezolanos en El Salvador y Venezuela no son equivalentes. No deberían ser intercambiables. Tampoco pueden ser fichas en un tablero tan discrecional y con altas posibilidades de que las cosas salgan mal, porque ya se están haciendo mal”.
El periodista afirmó que “plantear un intercambio de presos, como si fuesen rehenes, terminaría igualando a los negociadores”.
Insistió en que es necesario garantizar el debido proceso, liberar a los presos políticos sin condiciones y evitar manipulaciones políticas. Además, dejar a un lado la discrecionalidad política que afectan la justicia y los derechos humanos.
Los presos venezolanos en El Salvador y Venezuela no son equivalentes. No deberían ser intercambiables. Tampoco pueden ser fichas en un tablero tan discrecional y con altas posibilidades de que las cosas salgan mal, porque ya se están haciendo mal.
Veamos esto por partes.
Los…
— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) April 21, 2025
Bukele le ofreció a Maduro repatriar a 252 venezolanos, presuntos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, a cambio de la liberación de un número equivalente de opositores políticos encarcelados en Venezuela.
“Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene”, publicó Bukele.
El mandatario salvadoreño argumentó que los venezolanos detenidos en El Salvador son criminales peligrosos, acusados de asesinatos y violaciones, mientras que los presos políticos venezolanos son inocentes, encarcelados por oponerse al gobierno de Maduro.
Bukele mencionó específicamente a varios presos políticos venezolanos, incluyendo a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; y Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado. Además, incluyó en la propuesta a los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y la liberación de casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades.
Gobierno rechaza la “cínica” propuesta de Bukele
A través de un comunicado, el fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, rechazó la propuesta de Nayib Bukele de intercambiar a venezolanos detenidos en El Salvador por presos políticos y, además, la tildó como “cínica”.
En el comunicado Saab arremetió contra Bukele y señaló que la propuesta del mandatario solo “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral”.
Tarek William Saab pidió una “fe de vida” de los 252 migrantes detenidos en el Cecot y solicitó a las autoridades salvadoreñas “la lista completa con la identificación, su estatus judicial y el informe médico de cada uno”.
“Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el Cecot ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana”, expresó Saab.
El fiscal hizo un llamado a todas las organizaciones internacionales a que clamen la inmediata liberación por los venezolanos detenidos en El Salvador y que se proceda a sancionar el proceder criminal que “atenta contra los principios más sagrados de la convivencia internacional, la justicia y la paz”.
Saab también acusó a Bukele de usar el Cecot como “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana” y afirmó que “utiliza (a los migrantes) para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”.
El camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) cubrió una de las jornadas de la unidad de Salud Móvil de El Hatillo en el Sector La Unión. La actividad se desarrolló en el Polideportivo Jesús Rafaél Machado, donde se ofrecieron consultas de odontología, ginecología, medicina interna y pediatría. También se brindó vacunación a los niños de la comunidad y a los niños jugadores de béisbol que compitieron ese día.
Foto | Adriana Materano | Equipo preparatorio de Los Azulejos
La doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo, se montaron en el ARI Móvil y dieron detalles de esta y otras jornadas de salud que cada dos veces al mes se llevan a cabo en diversas comunidades.
Salud El Hatillo llega a comunidades lejanas
Eduardo Rengifo, explicó que la periodicidad de las jornadas de salud responde a una problemática de movilidad en el municipio. “Estas actividades son recurrentes porque hay muchas zonas del municipio donde trasladarse desde su sitio de residencia hasta nuestro principal centro de salud, que es nuestro ambulatorio Luis Reggeti, es muy complicado”.
Rengifo aseguró que el objetivo tanto de la administración municipal, como del equipo de Salud El Hatillo es acercar estos servicios a la mayor cantidad de comunidades. Es por ello que, el año pasado se hicieron “más de 36 jornadas” y atendieron al menos “4.000 personas”, informó Rengifo.
Embarazo en adolescentes: Salud El Hatillo incluye planes de formación ciudadana
La Dra. Ruíz compartió que gracias a una alianza con la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam), ofrecen anticonceptivos en sus jornadas de salud. “Plafam nos suministra los aparatos intrauterinos y los aparatos subdérmicos que nosotros damos en jornadas. Solo en el 2024 fueron más de mil aparatos subdérmicos que se colocaron”, comentó Ruiz.
Foto | Adriana Materano | La doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo compartiendo información en el Camión de Información
Por su parte, Eduardo Rengifo aseguró que más allá de los anticonceptivos, la dirección de Sectorial Social de El Hatillo se ha abocado a brindar formación a niños preadolescentes y adolescentes en el ámbito de educación sexual. “Ofrecemos un programa de planificación familiar que significativamente hemos ido atendiendo, porque además no solamente es que no queden embarazadas, si no es que luego no tengas enfermedades de transmisión sexual”.
Ambulatorio Jesús Reggeti: Una referencia en las unidades de salud
Jean Fernández, médico coordinador del ambulatorio Jesús Ragetti, informa que además de ofrecer un amplio servicio de atención en jornadas de salud, el municipio cuenta con un centro equipado y con personal capacitado para prestar una primera atención e incluso para brindar consultas médicas.
Foto | Adriana Materano | Jean Fernández, coordinador médico del ambulatorio Jesús Ragetti y Krisbel Ruiz, coordinadora general de gestión
“Se le ofrece al ciudadano de El Hatillo varias opciones, varios recursos para que esos habitantes que vienen de comunidades lejanas dentro del mismo municipio, puedan tener el recurso aquí mismo”. Además, Fernández añadió que, gracias a alianzas con hospitales, los casos que requieren de una atención más especializada y rigurosa son transferidos. “Nosotros trabajamos en alianzas con Protección Civil y con los hospitales cercanos a la comunidad”, añadió.
Krisbel Ruiz, coordinadora general de la gestión y Laura Villarreal, coordinadora de gestión operativa también del ambulatorio Jesús Ragetti, explican que mantener la operatividad del ambulatorio es un reto diario, pues para ellas, esta unidad médica incluso recibe pacientes de otros municipios del estado Miranda. “Hemos hecho remodelaciones en el área de emergencia, tenemos una sala de trauma shock muy actualizada”, compartió Ruiz.
Foto | Adriana Materano | Jean Fernández, coordinador médico del ambulatorio Jesús Ragetti y Krisbel Ruiz, coordinadora general de gestión y Laura Villarreal, coordinadora de gestión operativa.
Para finalizar la cobertura de la jornada, la doctora Francia Ruiz, directora de Salud El Hatillo y Eduardo Rengifo, director Sectorial Social de El Hatillo comunicaron al ARI Móvil de El Pitazo, Runrun.es y TalCual que la próxima actividad de salud se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la comunidad de El Cigarral, donde se ofrecerán servicios de odontología, medicina general, pediatría, inmunización y se obsequiaran medicinas a la gente.
Foto | Adriana Materano | Personas de la comunidad de la Unión esperando para ser atendidos en el Salud Móvil de El Hatillo
