Juan Carlos Rojas desearía que el agua que usa en su casa pudiera calentarse con un colector solar térmico, valorado en más de 2.000 dólares en el mercado venezolano. Por eso, tener un sistema de energías renovables en su propio hogar es, por ahora, solo un sueño.
“Lastimosamente, muchas de estas tecnologías son elitistas para la sociedad venezolana (…) Yo soy profesor universitario, categoría Agregado. Es decir, yo tengo 10 años al servicio del país, con doctorado, y no puedo comprarme un sistema de esos (…) Tendría que trabajar dos, tres años, y sin gastarme la plata en comer”, afirmó el ingeniero mecánico, Doctor en Energías Renovables y Eficiencia Energética y docente de la Universidad de los Andes (ULA), en el occidente del país.
El anhelo de Rojas habla de un país con salarios pulverizados por la crisis que lo golpea desde hace una docena de años –en 2024, la inflación cerró en 85%, mientras que el salario promedio es apenas de 241 dólares americanos, según cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Finanzas–, pero también de uno donde las energías limpias están lejos de ser accesibles. Mientras que la empresa pública mantiene estos sistemas fuera del alcance del ciudadano, las empresas privadas trabajan con múltiples limitaciones que les impiden expandirse y abaratar sus costos.
“Se requieren grandes inversiones de capital. Los paneles solares no son gratis, hay que ensamblarlos, porque se fabrican en China y se instalan aquí directamente. Entonces, aquí de lo que se habla, más que todo, es de islas eléctricas (…) Es decir, te venden un panel solar y lo montan en tu casa, pero nadie en su sano juicio está pensando montar un parque solar para conectarlo con la red nacional. El tema de las tarifas lo hace completamente inviable”. Así lo señaló Oswaldo Felizzola, ingeniero mecánico y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
Durante décadas, la electricidad en Venezuela se ha mantenido a precios muy bajos como consecuencia del subsidio del Estado.
Aunque la crisis económica y la baja producción de petróleo que sostiene la economía del país (hoy se venden poco más de un millón de barriles diarios, menos de un tercio de lo que se hacía en 1998, antes de la llegada del chavismo al poder), provocaron la disminución de las subvenciones y el incremento de las tarifas, estas últimas continúan muy por debajo de la media mundial. Mientras que para los hogares, el precio de cada kilovatio por hora es de 0.046 dólares americanos, el costo promedio en el mundo lo triplica: 0.151 dólares americanos (cifras para junio de 2024).
Ariadne Serrano, especialista en transición energética y directora del Consejo Venezolano de Energías Renovables, confirmó que las tarifas eléctricas no corresponden al costo del servicio eléctrico sino que el Ejecutivo nacional las aplica a discreción.
“Si (como empresa) haces la cuenta de recuperar la inversión en un tiempo determinado sin los costos operativos de lo que estás dejando de producir, quizás no te convenga seguir. A veces, por eso, no terminan de despegar algunos proyectos”, comentó Serrano.
“Hasta hace muy poco tiempo, las tarifas de electricidad estaban tan bajas que era más costoso para la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec, la estatal de electricidad) facturar que regalar la electricidad”, acotó Felizzola. Por eso, dijo que uno de los primeros retos de las empresas para expandirse pasa por el Estado: debe ser “sincerar” un esquema de precios que permita la viabilidad del suministro de electricidad en el formato renovable.
Una Cámara sin figura legal
En diciembre de 2023, dos grandes empresas privadas especializadas en la construcción de proyectos de electricidad en Venezuela, y con áreas de energías renovables, Otepi e Inversen, junto al Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), crearon la Cámara Venezolana de Energías Renovables (Cavener), que tiene como fin agrupar a las compañías que trabajan en el sector, cuyo número creció en medio de la pandemia y la crisis energética que afronta el país. Pero después de aquella fundación, nada más ha pasado.
Cavener no ha podido registrarse legalmente porque ha encontrado escollos en cuanto a la permisología que necesita, explicó Felizzola, quien es miembro de la Cámara. La amplia documentación que se exige está supeditada a la estatal Corpoelec que, de acuerdo con los artículos 4 y 28 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, es la única operadora y prestadora de este servicio en el país, y eso incluye la transmisión y distribución de la energía.
“Uno de los fines de la Cámara es justamente agrupar a todas estas empresas que hacen vida en este sector en Venezuela, para presionar al gobierno para que regule las tarifas e instauremos un mercado eléctrico como tienen todos los países desarrollados”, detalló Felizzola.
La Ley sobre Energías Renovables y Alternativas, que desde agosto de 2023 está a la espera de su segunda discusión en la Asamblea Nacional, apenas asoma que la generación de la energía será diversificada. Sin embargo, establece que el control pleno de todas las actividades (artículos 19, 20 y 21, referidos al uso de la tecnología, interconexión y normas técnicas) estarán bajo la supervisión del Ministerio de Energía Eléctrica.
De acuerdo con el artículo 25, todos los “profesionales y las personas jurídicas públicas y privadas, que prestan servicios de asesoría, consultoría, instalación, operación, y mantenimiento de proyectos relacionados con las energías renovables y alternativas”, deben estar inscritos y contar con una certificación de un Registro Nacional creado para este fin y que también será regido por el Ministerio de Energía Eléctrica.
La granja solar construida en el sector Bubuquí de El Vigía, en Mérida, se instaló gracias a una alianza con China. Foto: OCI Mérida.
En el articulado se indica que el Estado promoverá, junto con el sector privado, la conformación de “conglomerados industriales” que fabriquen partes y piezas para los sistemas de energías renovables.
Para Yarú Méndez, doctor en Ingeniería Eléctrica e investigador de la Universidad Simón Bolívar (USB), esa propuesta es clave para el éxito y ve viable que se puedan producir baterías. Incluso va más allá: para él, Venezuela debería pensarse como un proveedor de materia prima para esas piezas en la región.
La ley señala, además, que las empresas que instalen estos sistemas “deberán priorizar la producción nacional en el uso de tecnologías, equipos, partes o piezas, salvo que se demuestre la no producción nacional de los bienes e insumos antes descritos”. La orden resulta curiosa si se toma en cuenta que, hasta ahora, el gobierno de Nicolás Maduro ha preferido establecer alianzas con empresas chinas para la puesta en marcha de granjas solares en lugar de adecuar la Unidad de Energía Renovable Venezuela (Unerven), para que fabrique los paneles que se requieren.
Para Felizzola, Venezuela debería establecer un acuerdo con China para que se abarate la importación de equipos e insumos que no se produzcan en la nación.
La factura de la estatización
El 1 de febrero de 2007, el entonces presidente Hugo Chávez anunció un conjunto de medidas económicas y subrayó que una de las prioridades de su gobierno era la nacionalización del sector eléctrico. “Fue un error garrafal haber privatizado” estas empresas, aseveró el mandatario justo antes de mencionar la lista de compañías que pronto pasarían al control del Estado.
“La medida de nacionalización requiere la promulgación de una ley específica y la modificación de la ley orgánica del sector eléctrico vigente”, señaló Chávez, quien para ese momento gobernaba por medio de una ley habilitante con la que aprobó, por decreto, decenas de leyes sin contar con el visto bueno del poder legislativo.
En julio de 2007, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, se crea Corpoelec, la empresa operadora estatal que desde entonces se encarga de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de potencia y energía eléctrica, adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo (hoy es parte del Ministerio de Energía Eléctrica).
Con este decreto se inició el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en Venezuela, y dejó de existir la empresa privada como prestador del servicio luego de más de un siglo de actividad. Para entonces había seis compañías eléctricas que participaban en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía (EDC, Eleval, Elebol, Calife, Seneca y Caley).
Aquella estatización es considerada por los expertos consultados como un golpe letal para la industria eléctrica de la época.
“Las nacionalizaciones causaron mucho daño durante los 2000. Aunque no es que ahora no existan empresas privadas, lamentablemente, hoy son la sombra de lo que eran antes”, apuntó Felizzola y acotó que todas las compañías de energía con capital privado en Venezuela solo se dedican a la generación. Si quieren entrar en el mercado de energía, será prioritario que amplíen su rango de acción.
Las otras dificultades de las empresas privadas
A Méndez le impresionan los avances logrados por países como Colombia y Chile en cuanto a legislaciones referidas a energías renovables, al cálculo de sus tarifas, y a la instalación de paneles solares y aerogeneradores a gran escala.
La razón de esta evolución, señaló, tiene que ver con el alto costo de la electricidad en ambos países. “Allá la energía es costosa, la electricidad se paga cara y se hace interesante poder interactuar de forma comercial con el operador eléctrico”, apuntó. En Venezuela, en cambio, el bajo precio de la energía eléctrica no contribuye con la transición energética. “Estamos hablando de una tarifa de dos a cuatro dólares al mes por casa. Eso escapa a cualquier realidad del resto del planeta”, sentenció.
La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), institución privada, inauguró un aula abierta con tecnología de energía sustentable. Foto: Manuel Sardá/ UCAB.
El otro asunto que angustia a las empresas de energías renovables, según Felizzola, es el “robo de electricidad”. En las barriadas de todo el país es común que los vecinos hagan conexiones informales a los postes de electricidad, por eso, refirió el experto, hay zonas en las que el consumo eléctrico es mucho mayor del que se cobra a través de los medidores residenciales.
Aunque se ejecute un plan para perseguir y apresar a quienes hacen estas conexiones ilegales y se instalen medidores en los hogares que se benefician de la electricidad robada, Felizzola dudó que la situación se solucione. “¿Cómo incentivar a que la gente pague? Una vez que alguien se acostumbra a lo gratis, es rudo (difícil) que lo suelte”, agregó.
Los altos niveles de criminalidad en Venezuela pueden atentar contra estas tecnologías de otra forma. “Los equipos, una vez que tú los instalas, son de muy bajo mantenimiento, pero también son propensos a que se los roben”, insistió Felizzola, quien recordó que en Venezuela es común el hurto de cables de los postes de luz.
Ideas para una transición energética
Pese al rezago y el panorama gris que las empresas privadas de energías renovables tienen hoy día en Venezuela, los expertos consultados coincidieron en que la formación, competencia y comprensión de estos sistemas no puede detenerse.
“Hay que irnos preparando para estar, por lo menos, capacitados desde el punto de vista del conocimiento tecnológico, porque si se dan las condiciones óptimas a través de las nuevas políticas públicas que se decreten y se apoyan los cambios necesarios”, se abrirá paso a la transición energética, dijo Serrano.
En este punto coincidió Méndez, quien recordó que casas de estudios superiores como la USB, ULA, Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Metropolitana (Unimet) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), han implementado materias y cursos presenciales y online sobre las energías limpias.
“Me parece que en cuanto a recursos, nos faltaría gente (profesores) para seguir formando. Somos pocos los que estamos en este tema, pero estamos preparados para empezar”, acotó. Para Méndez, es fundamental “fomentar estas tecnologías y su investigación”.
Esa formación a través de las universidades debería recibir una compensación que provenga de las ventas de las energías renovables, sostuvo el académico. De esa forma, llegaría una ayuda a las instituciones que forman a estos profesionales, cuyos docentes apenas pueden subsistir con sus sueldos actuales.
El profesor universitario comentó que las empresas que opten por usar paneles solares, aerogeneradores o cualquier equipo que se alimente de energías renovables, deben obtener incentivos para hacerlo. Uno de estos, ya muy extendido en Europa, es la disminución de la carga impositiva, según explicó.
Para Felizzola, en cambio, sería ideal crear un mercado eléctrico en el que se pueda vender la energía, tal como ocurre en California, Estados Unidos, donde el exceso de electricidad por vía solar se exporta a otros estados que tienen déficit.
“Se podría hacer la sustitución que se hace en California cuando empieza a caer el sol, porque es ahí donde se encienden las plantas de gas. Eso es porque sale más económico producir electricidad con gas que con baterías”, explicó el experto, quien aseguró que el reemplazo en Venezuela se podría hacer con la energía hidroeléctrica que abastece actualmente a más del 80% del país.
Con un mercado eléctrico, incluso, se podría subastar el precio de la forma de energía, recalcó Felizzola, quien advirtió que este indudablemente subiría el costo actual de cada kilovatio.
Rojas, el profesor que ansía tener su panel solar para calentar el agua de su casa, espera más bien que el Estado se abra a opciones que permitan a los ciudadanos acercarse a las energías renovables. Habla, por ejemplo, de dar opciones de financiamiento para la adquisición de estos equipos que hoy son inaccesibles para la mayoría de los venezolanos. Esa sería una idea para que las energías limpias entren a casa.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina
