Luis López, un adulto mayor de 82 años, salió de su casa el 21 de enero con un pequeño panfleto que contenía los resultados electorales de su centro de votación de las presidenciales del pasado 28 de julio. También, llevaba consigo un ejemplar de la Constitución. Llegó hasta el peaje de Tapa Tapa en Maracay, estado Aragua, donde, sin ningún tipo de explicación, funcionarios policiales se lo llevaron detenido.
Tras llegar al lugar con el panfleto, un funcionario policial lo detuvo en el sitio y fue entregado al centro de resguardo de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) en la Urbanización Caña de Azúcar. Allí lo tuvieron varios días hasta que lo presentaron de forma telemática ante los tribunales. Le dictaron privativa de libertad el 27 de enero, día en que se le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo.
Después de 12 días, el adulto mayor fue trasladado al centro de resguardo de La Morita. Según declaró una de sus hijas, allí estuvo detenido unos 26 días, hasta que lo trasladaron a Caracas sin ninguna notificación previa a sus familiares.
“Antes de trasladarlo pasaron por el Senamecf, que eso ha sido una piedra de tranca con esos benditos exámenes, porque el juez cuando le dio la privativa de libertad le mandó a hacer exámenes psiquiátricos y todos se los hicimos. Los exámenes nunca llegaron a Caracas”, denunció una de las hijas de López en entrevista exclusiva con Runrun.es.
Los familiares del señor López llegaron a la ciudad capital desorientados, pues cuando les informaron que lo trasladaron a la capital, solo les dijeron que estaba en Boleita, una zona que desconocen. Recorrieron todo el sector hasta que llegaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7. Una vez en el punto, les mostraron una foto del señor López para confirmar que estaba allí recluido.
“Cuando lo veo, mi papá venía llorando y temblando y me decía ‘no me vayan a dejar aquí’’. ¿Te imaginas el dolor inmenso que sintió mi corazón en ese momento, y yo haciéndome la que tenía mucha fuerza para que no se sintiera mal?”, contó la hija del señor López.
Condiciones precarias de reclusión
López fue recluido inicialmente en una celda con unas 60 personas en la Zona 7 de Boleíta. Su hija relató que allí no había siquiera espacio para la colchoneta que él utilizaba. “Dormía con la cabeza casi metida debajo de un televisor porque no había espacio”, dijo su hija.
López empezó a presentar problemas respiratorios, calambres y dolores en el pecho. A pesar de que siempre ha sido una persona sana, desde su reclusión, su salud se ha deteriorado.
“Como mi papá es un sobreviviente de COVID-19 estaba trancado, lo tuvieron que nebulizar. Tuve que conseguir un equipo prestado para llevárselo y que se nebulizara allá”, contó su hija.
A raíz de esos problemas de salud, López fue trasladado a otra celda donde solo había tres personas. La orden la dio el director del centro de reclusión, a quien ella agradece esta acción. “Hasta el sol de hoy está ahí metido con ellos, y como él es el más viejito de todo el penal, no nos podemos quejar porque dentro de todo lo han tratado bien”, contó la hija.
Sin embargo, sigue teniendo otros problemas de salud como artritis, incontinencia urinaria, dolores en el pecho y pérdida de la memoria.
“Me dice que tiene un dolor en el pecho permanente que no se le quita, en los pulmones, y debido a su mala circulación, que le quedó por el COVID-19, le dan muchos calambres. En estos días fui a visitarlo y de repente me asustó. Yo pensé que tenía un dolor en el pecho y se puso como un tomate rojo y era un calambre, pero que no lo dejaba ni hablar. Primera vez que veía a mi papá así”, relató su hija.
Una boleta de excarcelación que no se cumple
Como en la mayoría de estas detenciones arbitrarias, al señor López no se le permitió acceder a una defensa privada y se le asignó un defensor público. Inicialmente, le asignaron el caso a un defensor público de apellido Marcano quien, por problemas familiares, estuvo casi dos meses de permiso. Posteriormente, le asignaron otro, quien admite no entender por qué el adulto mayor sigue preso.
El 28 de febrero, recibieron una llamada en donde les notificaron que se otorgó una medida de excarcelación, pero su liberación aún no se ha ejecutado. Ese día la familia llegó a los tribunales, pero les indicaron que para poder excarcelar al señor López necesitan un correo institucional en el que envíen los resultados de los exámenes hechos en el Senamecf meses antes.
La familia de López se sintió engañada. Cuando iban de camino a Caracas, en la camioneta de uno de sus hijos lloraron y se arrodillaron dando gracias a Dios. Pero el señor Luis López no fue excarcelado. “Fue una burla. Yo siento que los de los tribunales se han burlado de nosotros como les ha dado la gana”, condenó su hija.
Más adelante, el pasado 8 de abril, López tenía que acudir al tribunal, pero debido al ahorro energético decretado por el gobierno de Nicolás Maduro, esa audiencia no se pudo celebrar. La próxima está programada para el 6 de mayo. La familia está a la espera de una resolución del caso ese día.
“A mi papá le imputaron los cargos de instigación al odio y terrorismo. Yo le digo, ¿Terrorismo por qué? ¿Porque iba armado con la Constitución de Venezuela? Esa era la única arma que llevaba mi papá y el panfleto”, señaló su hija, quien condenó la mala atención que reciben en los tribunales. “Nosotros somos unos fastidiosos para ellos y no entiendo por qué. Si somos fastidiosos es porque todavía lo tienen preso ahí”, dijo.
Incluso, un día en el que la esposa del señor López fue a los tribunales la señora le preguntó a la secretaria del juez: “Ay, hija, ¿hasta cuándo me tienen a mi viejito encerrado? ¿Cuándo me lo van a mandar para mi casa?”. La hija de López lamentó la falta de sensibilidad de la secretaria ante el planteamiento de su madre y cuestionó: “La piedra de tranca han sido los tribunales. Ya mi papá no es un preso, mi papá es un secuestrado. Mi papá está secuestrado desde el 28 de febrero”.
Una familia severamente afectada
El señor Luis López tiene siete hijos, de los cuales cuatro ya son de la tercera edad. Él ya es un adulto mayor y se dedicaba a estar en su casa con sus nietos, especialmente con el más pequeño, muy apegado a él, a quien le dice que es “su asistente”.
Por otra parte, tiene más de seis décadas casado y su esposa es quien más afectada ha resultado por la reclusión del señor. La señora tiene 80 años y padece hipertensión, diabetes y problemas coronarios. Ha vivido meses de angustia. La separación forzada ha sido devastadora para ambos.
“Mi mamá ha rezado mucho, ahorita en Semana Santa la llevamos poco a poco a ver al Nazareno. Hace el rosario a las 3 de la tarde todos los días. Eso es un rosario a la misericordia divina, porque nosotros somos católicos”, relató la hija del señor López.
A pesar de que describe a su madre como una mujer sumamente fuerte, lamentó que todos los días llora esperando a que su esposo vuelva a casa. “Yo le digo: ‘Mamá, aférrate a Dios, que Dios tiene un propósito con mi papá, por algo mi papá está allí’”, expresó su hija.
La señora no quería verlo en la cárcel, pero el señor López ansiaba ver a su esposa. En la oportunidad en que la familia la llevó hasta la Zona 7 de la PNB en Boleíta, el ambiente fue sumamente conmovedor. “Cuando se vieron, se abrazaron de una manera en la que todo el mundo lloró y se besaron como si fueran unos noviecitos”, recordó su hija.
“Eso nos partió el corazón, de verdad que sí. Definitivamente, son 62 años viviendo juntos, casados por la iglesia y todo. Hace 63 años juraron amarse hasta que la muerte los separe. Y resulta que viene este gobierno por una estupidez a separarlos. Ya tienen 3 meses separados”, lamentó.
La hija de Luis López describe a su padre como un “hombre demasiado ejemplar y correcto”, quien es muy respetado en su comunidad. Crió a todos sus hijos con valores. “Mi papá fue tan recto en su vida que le decía a mis hermanos que si ellos caían presos, que vieran cómo los sacaban porque él no estaba criando vagos. Nosotros somos siete hermanos y gracias a Dios ninguno agarramos el mal camino”.
Pero esta situación también ha causado estragos económicos en la familia. Han tenido que hacer rifas y recibir aportes de otros familiares para poder visitarlo y llevarle la comida. Tienen planeado ahora hacer una vendimia familiar, para recoger fondos.
El caso del señor Luis López no solo evidencia las fallas estructurales del sistema judicial venezolano, sino también el profundo impacto humano que una detención injusta puede generar en una familia. A sus 82 años, con una salud deteriorada y una boleta de excarcelación ignorada desde hace más de dos meses, este adulto mayor continúa privado de libertad sin justificación legal ni compasión institucional.
“No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada.
En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado”, establece el artículo Nº 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que está siendo ignorado en este caso.
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