La Cruz Roja Venezolana prevé mantener durante los próximos 24 meses un plan integral de respuesta a las comunidades afectadas por el terremoto del 24 de junio y proyecta la construcción de un centro logístico humanitario en La Guaira para fortalecer la atención ante futuras emergencias.
Así lo informó este 5 de agosto su director general, Simón Pestano, durante una edición de #EspacioRRes, moderada por Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.
Una respuesta pensada para dos años
Pestano explicó que el plan de respuesta de la institución contempla cuatro fases que abarcan desde la atención inmediata hasta el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.
La primera etapa se centra en la asistencia humanitaria directa, con servicios de alojamiento, salud, agua y protección. Posteriormente, la organización avanzará hacia la estabilización y recuperación temprana, seguida por una fase de recuperación prolongada para restablecer medios de vida y capacidades locales. Finalmente, el proceso concluirá con acciones orientadas a fortalecer la preparación de las comunidades frente a futuros desastres.
“Es así como nos planificamos dentro de la Cruz Roja Venezolana”, señaló.
La Guaira, eje del fortalecimiento humanitario
Como parte de ese plan, Pestano anunció que la institución trabaja en la construcción de un centro logístico humanitario en La Guaira, concebido para servir de apoyo no solo a la Cruz Roja Venezolana, sino también a otras organizaciones humanitarias que operan en el país.
Asimismo, confirmó que el hospital de campaña instalado tras la emergencia permanecerá operativo durante seis meses más y adelantó que la organización aspira a abrir un nuevo centro de salud en la entidad costera.
“Somos la red más grande del país y esperamos habilitar uno en La Guaira para apoyar a esa población”, afirmó.
Más de 12 500 personas atendidas
El director general detalló que la Cruz Roja Venezolana ha brindado acceso a agua segura a más de 12 500 personas, ha distribuido kits de ayuda humanitaria a unas .500 y ha ofrecido apoyo psicosocial a más de 2300 afectados.
Indicó que uno de los principales retos identificados por los equipos desplegados en terreno ha sido el impacto emocional que dejó el desastre.
“Estamos observando mucho duelo”, expresó, al explicar que la organización mantiene unidades móviles de salud y hospitales operativos junto con aliados especializados para ofrecer una respuesta integral.
Más voluntarios y una organización en transformación
Pestano destacó que la capacidad de respuesta de la institución ha mejorado significativamente en los últimos dos años gracias al fortalecimiento del voluntariado.
Actualmente, la Cruz Roja Venezolana cuenta con más de 4000 voluntarios activos y, tras el terremoto, más de 22 000 personas manifestaron su interés en incorporarse.
“Hace dos años teníamos capacidades insuficientes para atender emergencias como esta, pero actualmente ya hemos avanzado, especialmente con la captación de voluntarios”, recalcó.
Añadió que la organización atraviesa un proceso de transformación interna con énfasis en la digitalización de sus procesos, auditorías para garantizar la transparencia y mecanismos que permitan asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Según indicó, más de 60 000personas han realizado donaciones para apoyar la respuesta humanitaria y, cuando algún insumo supera las necesidades identificadas, la institución lo redistribuye hacia otras zonas del país donde sea requerido.
Pestano aseguró que la Cruz Roja Venezolana mantiene una coordinación permanente con Protección Civil desde las primeras horas de la emergencia y la definió como el principal socio humanitario del Estado en este tipo de contingencias.
Recordó que las primeras jornadas de atención estuvieron marcadas por las dificultades para acceder a las zonas más afectadas debido al nivel de destrucción, lo que obligó a movilizar personal desde las 41 filiales de la organización en todo el país, incluyendo equipos provenientes de Maracaibo.
Durante la conversación, Luis Ernesto Blanco destacó que la recuperación tras el terremoto trasciende la reconstrucción de la infraestructura.
“La recuperación va más allá de los escombros. Será lenta por su magnitud, pero será progresiva“, afirmó Blanco, quien también subrayó la necesidad de comenzar a elaborar un inventario de las necesidades de las comunidades para orientar de manera más efectiva la asistencia humanitaria.
Como parte de esa visión de largo plazo, Pestano señaló que la Cruz Roja Venezolana espera llegar a 2030 con una estructura más sólida: con nuevas capacidades operativas y un relevo de voluntarios que permita consolidar el legado construido durante la respuesta al terremoto y fortalecer la preparación del país frente a futuras emergencias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Directivos de Fe y Alegría exhortaron al Estado a mejorar las condiciones salarialesde los docentes y trabajadores de las escuelas para avanzar hacia la reconstrucción del país, tras los terremotos del 24 de junio pasado.
“No podemos decirles a nuestros docentes que sean el pilar de nuestra reconstrucción cuando no tienen para comer… cuando no tienen calma para acompañar a sus estudiantes porque su cabeza está en cómo llegar a final de mes. Es imperativo atender las condiciones socioeconómicas del personal educativo venezolano”, expresó el director general de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita José Gregorio Terán.
Actualmente, un docente VI con 27 años de servicio y que posee maestría devenga 797,64 bolívares de sueldo base más primas, es decir, alrededor de un dólar.
El director de la Escuela Técnica San José Obrero en Antímano, Rafael Peña, denunció que el Ministerio de Educación incumple el convenio vigente con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y excluyó a más de 20 000 docentes de escuelas subvencionadas del pago del bono de profesionalización que decretó el Ejecutivo en abril.
Agregó que tampoco se les ha cancelado el bono vacacional especial equivalente a unos 60 dólares que sí recibieron los maestros de las escuelas públicas.
Peña precisó que el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Educación afecta a las familias que tienen a sus hijos e hijas en escuelas subvencionadas, ya que son ellos quienes deben asumir los gastos adicionales.
“Para nosotros sostener la educación pasa mucho más que de paredes, que de bloques y de infraestructura, pasa por reconocer la dignidad del personal docente… Se habla de la vocación del personal docente, pero no podemos confundir vocación con sacrificio. Vocación es pasión, es convicción, es la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, por el futuro, por el presente de este país”, agregó.
Cierre del año escolar agridulce
La coordinadora nacional de Ciudadanía del Programa Escuelas de Fe y Alegría, Yameli Martínez, agregó que a pesar de las condiciones adversas, los docentes “han dado el todo por el todo”. Por eso, este año escolar 2025-2026 atendieron a más de 94 000 estudiantes en 176 escuelas.
Agregó que ya se encuentran en proceso de planificación de cara al próximo período académico. Reiteró que en el caso de las escuelas que resultaron con afectaciones importantes por los sismos van a evaluar si los estudiantes serán reubicados a otros planteles o si se les atenderá bajo una modalidad virtual.
El sacerdote jesuita José Gregorio Terán recordó que 32 miembros de su comunidad educativa fallecieron tras los terremotos: 29 estudiantes de la Escuela Técnica Simón Bolívar ubicada en Caraballeda (en La Guaira), un estudiante de una escuela en Aragua que estaba en la región por el asueto, y una docente del Instituto Universitario Jesús Obrero.
También mencionó que de las escuelas con afectaciones hay 31 espacios educativos priorizados, a las que deben buscarle arreglo antes del próximo mes de octubre. “Si no hacemos nada 18 000 estudiantes pueden quedar afectados, sin clases”, dijo y agregó que se encuentran en conversaciones con aliados de distintos sectores con el fin de recaudar fondos. El presupuesto para reparar solo 14 de estos centros afectados alcanza 1,25 millones de dólares.
El director general de Fe y Alegría enfatizó que actualmente se encuentran trabajando en cuatro líneas de acción: establecer espacios seguros, garantizar saneamiento y agua, el acompañamiento socioemocional y espiritual, y la búsqueda de apoyo económico para evitar la deserción de las familias afectadas.
Por su parte el director de la E.T. Simón Bolívar de Caraballeda, Leonardo Suárez, agradeció la ayuda que todos han dado a La Guaira durante la emergencia, pero aseguró que hay que seguir apoyando para quienes seguirán afectados en los próximos meses. “Es importante ver el proceso educativo para el crecimiento de nuestra región”, añadió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y la Red de Mujeres Constructoras de Paz presentan “Voces femeninas: ideas y acciones que rediseñan el rumbo de Venezuela”, un seriado de cinco entrevistas en profundidad dedicadas a visibilizar la labor, liderazgo y propuestas de cinco destacadas lideresas del país: Liz Hernández, Lety Tovar, Andreína Baduel, Yanny González y Mayda Hocevar.
Este proyecto nace con el propósito de explorar el liderazgo femenino en la Venezuela actual, mostrando los desafíos, pero sobre todo el rol fundamental de las mujeres en la reconstrucción del tejido social, la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Las cinco mujeres de esta serie de entrevistas fueron seleccionadas porque representan un liderazgo de resistencia, resiliencia y reconstrucción en el complejo contexto venezolano. Desde sus diversas trincheras, todas comparten una narrativa común: la capacidad de transformar el dolor, la persecución y las crisis sistémicas en acción colectiva con enfoque feminino.
Ellas desafían las estructuras dominantes (patriarcales, autoritarias o polarizadas) y posicionan a la mujer venezolana no solo como sostén en tiempos de adversidad, sino como agente indispensable para transformar la gobernabilidad, la memoria histórica y la sanación del país.
Liz Hernández abre el ciclo: la voz indígena que planta cara a la adversidad
La primera entrega está dedicada a Liz Hernández, una joven lideresa de origen pemón. Nacida en la comunidad de Maurak —un asentamiento de unos 3.000 habitantes ubicado en la Gran Sabana, al sur del país— Liz personifica el doble desafío que representa ser mujer e indígena en entornos históricamente dominados por hombres.
Hernández, quien cursó estudios de Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y canto en el marco del proyecto “Vuelta a la Raíz” de la UCAB-Guayana, trabaja activamente en la capacitación en derechos humanos y en la preservación del nicho lingüístico de su pueblo. Su trayectoria incluye haberse desempeñado como secretaria de la Capitanía de su aldea y como coordinadora de salud, roles desde los cuales ha confrontado estructuras tradicionales como el Consejo de Ancianos para defender el espacio y la valentía de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias.
A través de una conversación franca, la activista expone cómo la minería ilegal y el extractivismo exacerban la vulnerabilidad económica y sanitaria de las mujeres indígenas en el estado Bolívar, además de denunciar la falta de consultas previas y reales a los pueblos originarios respecto a las leyes que regulan sus territorios.
Liderazgo ante la emergencia
La entrevista también recoge el testimonio de Hernández tras la reciente crisis provocada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Frente a este escenario, detalla cómo las mujeres de Maurak ejercieron una respuesta humanitaria inmediata y coordinada, impulsando la iniciativa de acopio “Un granito de amor por Venezuela”. Asimismo, Liz reflexiona sobre el impacto psicológico y la urgencia de atender la salud mental en las familias tras los terremotos, reafirmando que las redes de apoyo locales y el talento femenino son pilares indispensables ante emergencias.
Yanny, la enfermera que no se rinde
En esta segunda entrega, presentamos la historia de Yanny González, enfermera y presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas. Yanny representa la voz firme de las trabajadoras del sector salud que, en medio de condiciones laborales adversas y la precarización de los servicios públicos, se han mantenido en la primera línea de la protesta pacífica y la exigencia de salarios y tratos dignos para el gremio.
Su testimonio refleja la perseverancia de una lideresa gremial que no se rinde frente a la intimidación y que aboga permanentemente por el respeto a los derechos laborales y el bienestar de los pacientes.
En la entrevista, también aborda la “doble emergencia” que atraviesa el gremio de la salud tras los terremotos del 24 de junio. Por un lado, sostener la atención médica y la logística de ayuda junto a organizaciones como Cáritas Barinas. Por el otro, atender la crisis psicológica y de salud mental de las propias enfermeras, quienes son a la vez jefas de hogar y primeras respondedoras en sus comunidades.
Las siguientes entregas del seriado continuarán con los perfiles y testimonios de Lety Tovar, Andreína Baduel y Mayda Hocevar.
Este miércoles, 5 de agosto, en la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el “Impacto de la minería y actividades extractivas en Venezuela”, organizaciones nacionales y extranjeras expusieron la consolidación del modelo extractivo en el sur de Venezuela y respondieron preguntas sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco.
Durante la sesión, SOS Orinoco, Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la Comisión Internacional de Juristas, señalaron que no ha habido cambios sustantivos en la gobernanza del territorio desde el 3 de enero y a firmaron que el gobierno de Delcy Rodríguez “ha permitido la consolidación del sistema de gobernanza criminal híbrido”.
Las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue otro punto denunciado durante la sesión. Las organizaciones advirtieron que las autorizaciones de la OFAC no exigen trazabilidad del mineral, ni verificaciones independientes que garanticen que el oro y otros recursos están libres de conflicto.
“Las licencias otorgadas no obligan a excluir áreas controladas por el ELN, disidencias de las FARC, sindicatos mineros, el Tren de Aragua o estructuras militares, ni incorporan salvaguardas ambientales o requisitos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas”, se lee en la denuncia realizada por la ONG SOS Orinoco.
SOS Orinoco incluyó los testimonios de dos líderes Pemón que hablaron desde el Arco Minero y Gran Sabana sobre los abusos de DDHH, contaminación por mercurio, violencia, tráfico de menores y mujeres e invasión por grupos armados organizados.
Hoy 5 de agosto en la Audiencia Pública de la@CIDH sobre “Impacto de la minería y actividades extractivas en Venezuela” con participación de @SOSOrinoco@WOLA_org@DPLF_info@_Provea@CDH_UCAB@ICJ_org explicamos y contestamos muchas preguntas (video completo ⤵️) Estos fueron…
Durante su intervención, Óscar Murillo, en representación de Provea, se refirió a la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026.
“la ley profundiza en un modelo de extractivismo que ignora la evidencia científica sobre la repercusión en la Amazonía, desatendiendo la obligación estatal de prevenir violaciones de derechos humanos y daños ambientales irreversibles”, indicó.
El coordinador general de Provea aseguró que los cambios legislativos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de respeto por la Constitución y la normativa ambiental venezolana, así como en el marco de un proceso de reconstrucción institucional.
Hoy, en #CIDHAudiencias, hablamos de los impactos de la minería ilegal en los derechos humanos y, en representación de @_Provea, me referí a la Ley Orgánica de Minas aprobada en abril de 2026:
Consideramos que la ley profundiza en un modelo de extractivismo que ignora la… pic.twitter.com/ytCGuGG1KR
Javier Palummo, Relator Especial sobre DESCA, señaló que la situación expuesta por las organizaciones “no puede analizarse únicamente como un problema de explotación minera o degradación ambiental”.
A través de su cuenta en X, Palummo señaló que la información presentada plantea posibles afectaciones interrelacionadas al ambiente, el agua, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y los derechos territoriales, culturales y colectivos de los pueblos indígenas.
Asimismo, subrayó que las autoridades de los pueblos indígenas y sus sistemas propios de vigilancia territorial deben ser reconocidos y fortalecidos, y no desplazados por respuestas exclusivamente militares o centralizadas.
#196PeriodoCIDH#Venezuela En el marco del 196.º Período de Sesiones de la CIDH, se celebró la audiencia pública “Venezuela: Impactos de la #minería y las actividades extractivas”. 🎙️El Relator Especial sobre DESCA, @jpalummo, señaló que la situación expuesta no puede analizarse… pic.twitter.com/6eHneUcCHN
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron ante la CIDH que la minería ilegal sigue expandiéndose en el sur de Venezuela bajo un esquema de gobernanza híbrida y sin controles ambientales.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH mantener el monitoreo sobre la situación y reiteraron que la ausencia de garantías, supervisión y transparencia en el sector minero venezolano profundiza la crisis humanitaria y ambiental en el sur del país.
Un nuevo intento de negociación política en Venezuela se abre paso bajo el impulso directo de Estados Unidos, encabezado esta vez por el secretario de Estado, Marco Rubio. En un escenario caracterizado por la reinstitucionalización del conflicto, la búsqueda de garantías democráticas y el manejo de los activos en el exterior, ambas partes han configurado sus equipos de trabajo.
La mesa reúne, por un lado, a la maquinaria política e institucional del chavismo desde el área legislativa y, por el otro, a la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, la cual cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.
Según los comunicados difundidos en días pasados por ambas delegaciones, tras sostener una conversación telefónica, este proceso busca fijar una agenda de trabajo con tres ejes centrales de discusión: la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia, y el debate sobre los derechos y garantías políticas.
A pesar de que figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han marcado distancia de esta instancia, han asegurado que no obstaculizarán iniciativas que generen avances reales.
Para comprender el alcance de estas conversaciones, es indispensable revisar el perfil, la trayectoria y el historial de cada uno de los integrantes de ambas delegaciones.
Delegación oficialista: Experiencia de mando, control parlamentario y relevo generacional
El equipo designado por el gobierno está integrado en su totalidad por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su conformación combina operadores políticos con amplio rodaje en mesas de negociación previas, figuras clave del Gabinete Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como representantes de la estructura juvenil del partido.
Jorge Rodríguez: el eterno negociador del chavismo
Atornillado en la presidencia de la Asamblea Nacional desde el año 2020, Jorge Rodríguez ha sido el jefe de todos los procesos de diálogo de la última década, en su mayoría cerrados de forma unilateral o con acuerdos incumplidos por el oficialismo.
Desde el Parlamento, ejerce un control absoluto sobre la agenda legislativa y ha liderado en 2026 la aprobación expedita de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Amnistía y la reestructuración de códigos legales en el marco del reordenamiento institucional bajo el interinato tutelado de Delcy Rodríguez.
Sin embargo, ONG como Acceso a la Justicia advirtieron que la reinstitucionalización del TSJ carece de independencia y mantiene al sistema penal subordinado al Ejecutivo, mientras que Provea denunció que la amnistía es restrictiva y que la estructura represiva continúa intacta.
Un rosario de diálogos fallidos
Además de su abultado currículo parlamentario en favor de las directrices emanadas desde la jerarquía chavista, Rodríguez ha sido figura clave de intentos de diálogo sin efecto en la reconducción política del país:
Santo Domingo (2017-2018): El proceso colapsó cuando la oposición rechazó firmar un acuerdo por considerarlo una imposición electoral sin garantías.
Oslo / Barbados (2019): Rodríguez retiró unilateralmente al gobierno tras la congelación de activos estatales por parte de Estados Unidos.
México (2021-2023): Suspendido dos veces por el oficialismo: primero tras la extradición de Alex Saab y luego tras exigir el fin de las sanciones y de las investigaciones de la CPI.
Acuerdo de Barbados (2023): Pese a fijar pautas electorales a cambio de alivio petrolero, el pacto naufragó tras la ratificación de inhabilitaciones políticas y la ola de persecución durante los comicios de 2024.
Jorge Arreaza: la diplomacia ideológica
Internacionalista, diputado y excanciller, Jorge Arreaza ha sido una de las fichas institucionales de mayor peso en el chavismo, habiendo ejercido también como vicepresidente ejecutivo y ministro. Durante su gestión diplomática articuló la defensa internacional de Nicolás Maduro frente a las sanciones y al Grupo de Lima, afianzando alianzas con Rusia, China e Irán.
Aunque la vocería de las negociaciones ha recaído en Jorge Rodríguez, Arreaza ha actuado como enlace diplomático clave en escenarios multilaterales. En 2026 integró las comisiones de la AN que evaluaron la Ley de Amnistía y la revisión de causas políticas, donde ejerció como interlocutor oficialista, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la exclusión de numerosos presos políticos en este mecanismo.
Ana María Sanjuan: la ministra que choca con el sistema universitario
Ana María Sanjuan es socióloga, académica y actualmente ministra de Educación Universitaria. Su trayectoria previa se concentró en la investigación sobre sistemas políticos y resolución de conflictos, pero su gestión al frente del ministerio ha estado marcada por una relación compleja y de alta fricción con los sectores gremiales y estudiantiles del país.
Durante su ejercicio ministerial, Sanjuan ha encabezado mesas de trabajo con representantes de distintas casas de estudio, aunque varias de estas reuniones derivaron en polémicas públicas. Voceros y dirigentes estudiantiles de las principales universidades autónomas han cuestionado su gestión por la asignación presupuestaria, las condiciones de la infraestructura universitaria y el presupuesto para sueldos y becas.
Pedro Infante: segundo al mando en el Parlamento
Es profesor de Educación Física, diputado a la Asamblea Nacional y ejerce como primer vicepresidente del Parlamento. Es una de las figuras con mayor peso en el control político y la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Infante ha sido uno de los voceros principales en la difusión e implementación de la Ley de Amnistía y en las comisiones de seguimiento al sistema judicial. Mientras el discurso oficial presenta estas gestiones como un esfuerzo institucional por la “paz y la convivencia”, ONG de derechos humanos y defensores de presos políticos han cuestionado la actuación de la directiva parlamentaria.
Organismos como Foro Penal y Provea han denunciado que el manejo del tema de las excarcelaciones desde la Asamblea Nacional se ejecuta de manera discrecional y condicionada, señalando la existencia de un patrón de “puerta giratoria” donde las medidas de liberación se utilizan como fichas de negociación política.
América Pérez y Génesis Garvett: representación de la juventud chavista
Ambas son diputadas a la Asamblea Nacional y dirigentes de la Juventud del PSUV (JPSUV). Son las representantes de las “nuevas generaciones” dentro del oficialismo.
Génesis Garvett es parlamentaria desde 2021 y destacó inicialmente por ser la parlamentaria más joven de la legislatura. También es profesora de Historia, dirigió la Misión Venezuela Joven hasta el nombramiento de Rosinés Chávez; e integró el Programa para la Convivencia y la Paz.
Por su parte, la diputada América Pérez fue primera vicepresidenta del Parlamento durante parte del período 2020-2025. Ha liderado las consultas y discusiones del Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, recientemente sancionado por la AN.
Delegación Opositora: Legitimidad en el exilio y respaldo de Washington
La representación de la oposición está articulada alrededor de la estructura de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional, electa en 2015. Está compuesta principalmente por dirigentes de partidos tradicionales como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), que se exiliaron por persecución política. Esta delegación centra su peso en el reconocimiento internacional, la protección y gestión de activos del Estado en el extranjero y la asesoría jurídica para abordar la reinstitucionalización del país.
Dinorah Figuera: la ficha de Estados Unidos
Es médica cirujana y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, comisión que preside de forma paralela desde el exilio desde el año 2023 –siendo la última electa para ocupar ese rol– tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. Integrante del partido Primero Justicia. Figuera cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y cumple el rol de enviada del país norteamericano –a través del secretario de Estado, Marco Rubio– para coordinar las mesas técnicas presenciales.
Ha sido la encargada de la interlocución diplomática en el exterior y de la administración de activos estatales venezolanos congelados en el extranjero como Citgo Petroleum en Estados Unidos y las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, activos de suma importancia para el chavismo a los cuales desea acceder.
Juan Miguel Matheus
Es abogado, constitucionalista y diputado de la Asamblea Nacional electa 2015. Fue integrante del equipo asesor y negociador de la oposición en el proceso fallido de Santo Domingo.
Fue elegido candidato a diputado en las primarias de la MUD en 2015 por el circuito lista, y en las elecciones del 6 de diciembre del mismo año, resultó ganador para el período 2016-2021, donde se convirtió en uno de los principales dirigentes de Primero Justicia.
Matheus ha sido blanco constante de ataques por parte del oficialismo. Ha enfrentado acusaciones públicas de “conspiración” y amenazas de prisión promovidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente tras votar a favor de la responsabilidad política de Nicolás Maduro en el año 2017.
El experto constitucional fue el redactor del Estatuto de Transición que fundamentó la presidencia interina de Guaidó desde la Asamblea Nacional. Su exilio se produjo en 2019 tras aumentar la persecución contra diputados opositores. Vive en Estados Unidos, donde ha cultivado su perfil académico y como conferencista.
Jorge Millán
Es ingeniero industrial y administrador egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar, y tiene especializaciones en Gerencia Municipal por la Universidad Santa María.
Electo diputado de la AN por Distrito Capital, abanderado por la MUD, para el periodo 2016-2021, por el circuito 2. Fue concejal del municipio Libertador, electo por voto lista el 8 de diciembre de 2013 hasta su postulación como candidato a legislador. Anteriormente, de 1992 a 1999, también ocupó el mismo cargo. Es coordinador del partido Primero Justicia en el Distrito Capital y jefe de fracción de ese partido en el Parlamento.
En 2020, por petición de la extinta constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enjuiciar a cuatro diputados, incluyendo a Millán. Se le imputaron los cargos de “traición a la patria, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, asociación para delinquir”, entre otros. En el año 2020 recibió un indulto por parte del gobierno de Maduro, que rechazó Millán alegando que Maduro no era legítimo y que no había cometido ningún crimen.
Sergio Vergara
Es abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) y diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 del estado Táchira por la MUD, electo en los comicios de 2015. Es coordinador regional electo de Voluntad Popular en Táchira.
Desde el cierre de RCTV en 2007 se fue involucrando en la política junto a Daniel Ceballos (excandidato presidencial 2024) y Leopoldo López. En 2009 participó en la creación del partido Voluntad Popular.
Durante el Gobierno Interino de Juan Guaidó fue secretario del Despacho de la Presidencia. En marzo de 2019, su residencia en Caracas fue allanada en el operativo en el que fue detenido Roberto Marrero, hecho que lo llevó posteriormente al exilio.
Marco Aurelio Quiñones
Fue electo como parlamentario en representación del estado Anzoátegui, representando al partido Voluntad Popular y ha mantenido su activismo dentro del Parlamento de 2015, en el cual cumple el rol de vicepresidente.
Durante la gestión de Juan Guaidó, fungió como uno de sus aliados políticos más cercanos en el plano parlamentario y defendió activamente la protección de activos en el exterior como Citgo.
Tras un periodo de exilio forzado, viajó de regreso a Venezuela desde España junto a Dinorah Figuera, con el fin de instalar formalmente el proceso de conversaciones.
Ramón López
Fue electo como diputado suplente por el estado Carabobo para el periodo legislativo 2016-2021. En 2023 asumió la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional electa en 2015 por el partido Primero Justicia.
Comisión de apoyo: respaldo parlamentario y dirigencia regional
Junto a la comisión técnica principal, la representación opositora cuenta con un equipo de apoyo parlamentario. Esta comisión la integra Macario González, abogado, exalcalde del municipio Iribarren (Lara), exdiputado de la AN de 2015.
El 12 de septiembre de 2025 fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Sebin en Barquisimeto. Fue sometido a desaparición forzada por casi 70 días y su excarcelación se produjo el 17 de noviembre de ese año, horas después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a su favor.
A González se le suman los diputados electos en 2015 Julio César Moreno, Desiree Barboza y Elimar Díaz, figuras vinculadas a la articulación parlamentaria en el exilio y al trabajo político territorial en estados clave como Zulia y la región centro-occidental.
Las notables ausencias en el nuevo tablero
El diseño de ambas delegaciones también destaca por las corrientes políticas que quedaron fuera de la mesa. En el bloque opositor no participan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, tampoco otros miembros del Comando ConVzla. También están ausentes dirigentes que hacen vida política dentro del país como Juan Pablo Guanipa.
Por el lado del oficialismo, la alineación responde estrictamente al esquema de la administración de Delcy Rodríguez, pues no figuran fichas clave del ala dura del PSUV ligadas a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El doblete sísmico del pasado 24 de junio —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— dejó una huella profunda en la infraestructura social del estado La Guaira. De acuerdo con un estudio elaborado por Anova Policy Research, basado en cuatro capas de evaluación (óptica satelital, radar, validación humana y verificación en terreno) 107 establecimientos educativos y sanitarios resultaron afectados, de 490 analizados.
“Uno de cada cinco establecimientos de infraestructura social resultó afectado, y uno de cada catorce quedó gravemente comprometido”, se lee en el informe.
Anova estimó la evaluación de costos y la reposición de la infraestructura en más de 178. 1 millones de dólares, incluyendo obra, equipamiento y remoción de escombros.
A continuación, las claves más relevantes del informe:
Catia La Mar: epicentro del desastre
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) recientemente corrigió la localización del segundo sismo y precisó que el epicentro del segundo terremoto se originó en Catia La Mar, a solo 10 km de profundidad.
Esta precisión explica el por qué la magnitud del daño se concentró en dicha zona. Según el estudio de Anova, 57 de 107 establecimientos resultaron dañados 36 de estos con daños severos.
El estudio determinó que la tasa de afectación en Catia La Mar es cinco veces mayor que en Maiquetía (37 %).
En esta sola parroquia, al menos 12 290 estudiantes vieron sus planteles comprometidos. Macuto registra el segundo perfil más crítico, con una tasa de daño severo del 20% en su red educativa. De acuerdo con ANOVA, en Catia La Mar coinciden tres capas críticas de vulnerabilidad: “El daño a la vivienda, la vulnerabilidad social previa y ahora el daño a la infraestructura social, una convergencia que agrava el riesgo de una recuperación desigual”.
Daño educativo
Anova contabilizó que 62 escuelas presentaron daños en sus infraestructuras luego de los terremotos. De los 21 centros educativos y los 15 centros sanitarios, 36 presentan riesgo severo o colapso. Los estudiantes afectados son aproximadamente 21 950.
El impacto recayó de forma desproporcionada sobre la educación pública: 16 de los 21 planteles destruidos o gravemente dañados pertenecen al Estado.
Adicionalmente, el informe identifica que nueve escuelas que no sufrieron daños estructurales están siendo utilizadas como refugios para alojar a damnificados. Esas instituciones albergaban a 4756 alumnos, cuya actividad escolar se vería en riesgo de estar paralizada a indefinidamente. Al respecto, el centro de investigación enfatiza que “mientras no exista una solución de alojamiento transitorio distinta de la escuela, cada plantel utilizado como refugio equivale, para efectos de la escolaridad de sus alumnos, a un plantel destruido”.
La atención primaria en ruinas y hospitales saturados
El análisis sectorial en salud revela un patrón alarmante para la respuesta humanitaria: la red primaria de atención —consultorios populares y ambulatorios urbanos o rurales— fue la que peor resistió el sismo. De los 15 centros de salud con daño severo o colapso, 9 corresponden a la atención primaria y ambulatoria.
El informe de Anova contabilizó que tres centros de salud en el estado La Guaira presentan daños. Esto se traduce en que 59 % de las camas para pacientes están comprometidas.
El estudio recalcó que en un contexto de más de 60 000 atenciones hospitalarias tras el 24 de junio, esta merma es “crítica”.
El costo de la reconstrucción
El estudio realizado por Anova indicó que la reconstrucción en La Guaira debe priorizar la atención primaria debido a que es la red más dañada y la primera línea de contacto en emergencias. Además, porque la reposición es más rápida y crítica para evitar colapsos epidemiológicos.
En educación, la organización estimó el costo de la reconstrucción en materia de educación en 119,4 millones de dólares, mientras que en materia de salud, el costo se ubica en 56,3 millones.
La remoción de escombros, por su parte, podría requerir una inversión de 2,3 millones de dólares.
Reconstruir sin datos previos
El estudio resalta una falla estructural previa al desastre: la ausencia de un catastro oficial georreferenciado e integrado de instituciones públicas en Venezuela. Durante el levantamiento de información, Anova identificó 41 escuelas con código DEA activo que no aparecen en ningún mapa oficial, mientras que 42 planteles hallados en terreno ni siquiera figuraban en los registros del Ministerio de Educación.
Ante esta opacidad y el vacío informativo oficial —que incluye la falta de una lista pública de personas desaparecidas tras el terremoto—, Anova subraya la urgencia de construir registros independientes auditables. “Un Estado que no puede localizar sus propias escuelas no puede planificar su reconstrucción”, sentencia el documento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A pesar de que hace poco más de un mes un doble terremoto causó más de 6000 muertos, el dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) va en vía a los 800 bolívares, los cortes del suministro eléctrico son cada vez más constantes, el sistema represivo del Estado no ha sido desmantelado y aún hay más de 500 presos políticos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en la tesis de que los venezolanos son ahora más felices.
“Tuvieron la tragedia el otro día, un terremoto, supongo que así se le llamaría. Fue uno muy malo, pero aparte de eso, tienen un país que es muy feliz de nuevo”, dijo el mandatario estadounidense en el marco de una entrevista con el periodista Trace Gallagher de la cadena Fox News.
Durante la entrevista, el presidente republicano sostuvo que sus decisiones luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, han traído beneficios económicos tanto para Washington como para Caracas.
“La gente se oponía a lo que hice en Venezuela. Eso duró un día. Ahora estamos ganando cientos de millones de dólares y ellos también”, aseguró.
Trump indicó que Venezuela es un lugar diferente después de la operación que llevó a Maduro y a Flores a una cárcel en los Estados Unidos a la espera de un juicio por supuesto tráfico de drogas, terrorismo y manejo de armas de guerra.
“Venezuela es como un lugar diferente, estamos sacando cientos de millones de dólares y ellos también están haciendo lo mismo. Es un lugar diferente”, afirmó el mandatario.
Trump hizo un paralelismo de Venezuela con su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
“Todos estaban en contra y luego cuando gané, todos piensan que fue genial. Pero nadie habla de eso, así que tengo que recordarles”, sentenció.
La realidad post-sismo es menos feliz aún
De acuerdo con el más reciente balance oficial, el doblete sísmico del pasado 24 de junio dejó 6125 muertos y más de 40 000 viviendas afectadas, además de miles de desaparecidos, pese a que el gobierno chavista mostró esta estadística hasta un día después de la tragedia y la mantiene estacionada en 127 personas.
Según el Banco Mundial, los daños físicos directos alcanzan los 19 600 millones de dólares, 47% en viviendas residenciales, 27% en infraestructura y 26% en edificios no residenciales. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar una eventual recuperación económica del país durante la próxima década.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) trabaja de la mano con otras instituciones para brindar asistencia en cuanto a reconstrucción de infraestructura, restitución de servicios básicos como agua y electricidad y fortalecimiento de la asistencia humanitaria para más de un millón de personas.
Inflación imparable
Mientras Trump dice que los venezolanos danzan de felicidad en calles y avenidas, el economista Luis Oliveros sentenció en una entrevista radial que luego de un primer semestre con 130 % de inflación, el año 2026 posiblemente termine en 300 %.
Oliveros manifestó que una devaluación mensual de entre 15 % y 17 % de su moneda nacional “es una tragedia en cualquier país”.
A pesar del impacto del doble terremoto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana manifestó que la economía crecerá entre 8 % y 9 %, frente al 10 % y 12 % previsto inicialmente.
Haciendo caso omiso al constante incremento de la tasa oficial del BCV, el salario mínimo se mantiene estancado en 130 bolívares, es decir, 0,17 centavos de dólar mensual, una cifra que es paliada con tibios aumentos de bonos que no poseen incidencia en los pasivos laborales del trabajador.
Aunado a la precariedad económica, los venezolanos se han visto severamente afectados por los cortes del suministro eléctrico, especialmente en el interior, donde suelen pasar entre cuatro y ocho horas sin luz. La situación ha acarreado una serie de protestas, especialmente en los estados Táchira, Portuguesa, Barinas, Zulia, Monagas, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Apure y Mérida. En esas manifestaciones, a la gente que ha salido a la calle no se le percibe muy feliz como dice Trump.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El manejo de los desechos generados por eventos naturales como un desastre sísmico de gran escala requiere de un abordaje profesional y de una planificación rigurosa, ya que el peso y la cantidad de material no pueden gestionarse como desechos comunes.
Ante lo ocurrido en el estado La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) firmaron una solicitud urgente para exigir que la recolección de restos se ejecute bajo metodologías técnicas y protocolos de ingeniería forense.
La advertencia de estos gremios apunta a que una recolección apresurada o improvisada destruirá evidencias técnicas, puesto que estos elementos resultan indispensables para que los especialistas puedan evaluar las fallas en el terreno y determinar, con precisión, las causas físicas y materiales que provocaron el colapso de las estructuras durante el sismo.
Planeación y evaluación
El presidente de la CVC, Gustavo García Carrasquero, detalló en una entrevista a Unión Radio que el abordaje en esta contingencia debe construirse en tres etapas para poder garantizar tanto la seguridad como la validez del análisis posterior a los colapsos.
La primera fase de este plan, enfocada en la búsqueda y rescate de sobrevivientes mediante extracciones controladas por parte de los cuerpos de ayuda y bomberos, quedó concluída en la zona.
La segunda etaparequiere de la presencia determinante y prioritaria de especialistas para aplicar el análisis técnico necesario sobre las edificaciones antes y durante el movimiento de los restos, mientras el personal calificado procede a despejar la zona con maquinaria pesada.
“Consiste en aplicar los conocimientos técnicos post-colapso para determinar físicamente en las estructuras por qué han colapsado. Es una evaluación que hay que hacerla conjuntamente con la remoción”, detalló el ingeniero García Carrasquero sobre la función que cumple la ingeniería forense en la zona de desastre.
Esta fase incluye implementar maquinarias específicas para permitir que los ingenieros y peritos puedan entrar a las zonas afectadas de forma segura, para inspeccionar mientras se movilizan grandes cantidades de desechos, estimados preliminarmente como 2.5 millones de toneladas en todo el estado La Guaira. A esa cantidad se le sumará el peso de los inmuebles que necesiten demoliciones.
Reciclaje y procesamiento
La tercera etapa del plan implica el retiro, corte y traslado final del material hacia sitios temporales o vertederos permanentes donde los desechos serán sometidos a procesos industriales de trituración. Para poder garantizar este proceso, se requiere el acondicionamiento de las vías de acceso exclusivas hacia el vertedero de La Guaira para evitar que se entorpezca el traslado de la población.
Cuando el material es procesado por medio de maquinaria especializada, los expertos procederían a la separación sistemática de los componentes para posteriormente reutilizarlos en tareas de infraestructura y construcción.
“Estas trituradoras separan el material ferroso del material ceméntico… El material ferroso se utiliza, se recicla como chatarra para la producción de cabilla, oproducción de acero. El otro material se utiliza para la producción de bloques”, precisó el especialista.
Según el presidente de la CVC se prevé el funcionamiento progresivo de cuatro a cinco trituradoras industriales, de las cuales algunas ya se encuentran operando y otras serán instaladas en el vertedero principal. Los productos obtenidos en este proceso se comercializarán posteriormente, pero la totalidad del material permanecerá dentro de La Guaira para cubrir las necesidades de la zona.
Proyección e impacto
El gremio señala que las labores podrían extenderse por todo un año continuo debido al volumen y la necesidad de demoler de forma controlada alrededor de 200 edificaciones comprometidas de inmuebles individuales o conjuntos residenciales.
La viabilidad del plan dependerá de la disponibilidad de maquinaria pesada, de la logística de transporte y de la capacidad del talento humano disponible. García Carrasquero reconoció que el fenómeno migratorio ha disminuido en el sector construcción, pero al mismo tiempo considera que la capacidad de las empresas nacionales, la experiencia en proyectos y la disposición del personal calificado permitirán hacer frente a la reconstrucción.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
