Si se tuviera que hacer un podio para los países que más irregularidades cometen en los procesos electorales, en un vano intento por demostrar a la comunidad internacional un mínimo de pluralidad social, tendríamos a Venezuela, Bielorrusia y Nicaragua en una encarnizada lucha por el segundo lugar. Porque el primero, y desde hace tiempo, le pertenece a Rusia.
La receta es conocida: dominio del propio ente rector que coordina las elecciones y da los resultados, aniquilación de la disidencia, escogencia a dedo de los participantes y represión de cualquier intento de protesta. Con estos tres ingredientes, Nicolás Maduro, Aleksandr Lukashenko y Daniel Ortega han conseguido perpetuarse en el poder.
No es casual que estos “presidentes”, escogidos por votaciones amaňadas, tengan como líder espiritual a Vladimir Putin, el hombre que logró capitalizar el inconformismo en Rusia tras la caída en desgracia de Boris Yeltsin a finales de los años 90 para usar su experiencia como exagente de inteligencia ruso y abogado para eliminar cualquier competidor y manejar a Rusia a su antojo desde principios de 2000 hasta el presente.
En el siguiente trabajo y a propósito de las elecciones del 25 de mayo, promovidas por el chavismo, se analizan las características de los procesos electorales que unen a estos países que han convertido el voto en un fetiche. Y se cierra con una entrevista a David Kankiya, experimentado observador electoral ruso y miembro de la organización Golos, hoy considerada por el Estado como “agente extranjero”, para encontrar los paralelismos con la realidad venezolana.
Nicolás Maduro y Aleksandr Lukashenko | Foto: AFP
Bielorrusia: tan lejos y tan cerca
A Venezuela y Bielorrusia los separan casi 10.000 kilómetros, pero los une el autoritarismo de sus gobernantes.
Las últimas elecciones en Bielorrusia fueron en enero de 2025. Aleksandr Lukashenko se impuso de nuevo como presidente en medio de un cuestionado proceso en el que la oposición no pudo participar. El contexto de estos comicios ya es una fórmula conocida: represión política, polarización y sanciones. Todo bajo el aura del dominio ruso.
El proceso electoral fue precedido por una ola de protestas en 2020 que fueron reprimidas con mano dura, una constante en este país y que los venezolanos conocen al detalle.
En 2020, Svetlana Tijanóvskaya fue inscrita como opción de última hora. Esposa de Serguéi Tijanóvskaya, un líder político que había sido detenido días antes de los comicios, esta candidatura ganó popularidad rápidamente. Si bien los resultados dieron como ganador a Lukashenko, crecieron las denuncias de fraude electoral, miles de personas salieron a las calles y se produjeron detenciones.
Repasemos: una candidatura opositora de último momento, de amplio respaldo popular, un resultado favorable al candidato a la reelección, denuncia de fraude, protestas en las calles y una ola de detenciones arbitrarias; la realidad de Bielorrusia en 2020 recuerda, casi paso a paso, lo vivido en Venezuela en 2024.
Con miles de presos políticos y líderes de oposición en el exilio, en 2025 se desarrollaron en Bielorrusia los comicios presidenciales, resultando reelecto Lukashenko. El contexto de esta elección evoca el nuevo proceso electoral que se realizará en Venezuela, el próximo 25 de mayo.
La oposición aún reclama el triunfo de Edmundo González Urrutia, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no presenta las actas que demuestran el supuesto triunfo de Maduro, reconocido y aplaudido 24 horas después por Lukashenko. Peor aún, para las elecciones de esta semana se espera que se elimine de las nuevas actas el código QR que permite la verificación rápida de los resultados y representa una garantía del proceso.
Otro rasgo común en las elecciones con gobiernos autocráticos es contar con candidatos hechos a la medida de este poder. En este punto, resalta la habilitación de Henrique Capriles Radonski, quien fue candidato presidencial en 2012 y 2013 y uno de los líderes opositores con amplio respaldo en el pasado. Ahora se ha separado de la línea abstencionista de María Corina Machado para postularse como diputado de la Asamblea Nacional.
“Maduro lo escogió al quitarle la inhabilitación”, dijo en una reciente entrevista Roberto Enríquez, secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela que respaldó a Edmundo González en la presidencial. Mientras Capriles dice que su habilitación fue “un dedazo”, voceros del oficialismo como Diosdado Cabello asegura que el dirigente miente, pues “él mismo pidió participar”.
Las irregularidades
En las últimas elecciones en Bielorrusia, de enero de 2025, Alexandr Lukashenko fue reelecto presidente por séptimo período consecutivo, perpetuándose así en el poder hasta 2030. Inició su mandato en 1994, cuando este país se independizó completamente de Rusia.
Durante su gobierno, destaca la restricción de libertades y la eliminación de la disidencia. Es una constante el exilio o cárcel de los principales dirigentes opositores.
Svetlana Tijanóvskaya es la principal líder de la oposición bielorrusa; fue quien obtuvo más votos en la elección de 2020 y se encuentra en el exilio. En la pasada elección presidencial, la dirigente demostró una serie de irregularidades ocurridas durante el proceso electoral que llevó a Lukashenko a su sexta reelección.
La organización Freedom House señala que, en esos comicios, “un recuento de votos paralelo e independiente realizado con la aplicación móvil Golos, que extrajo datos de casi el 23 % de los colegios electorales, sugirió que Sviatlana Tsikhanouskaya probablemente había recibido 13 veces más votos de los que se habían informado”. Para contabilizar los votos se valieron de fotografías a las papeletas, mecanismo que fue prohibido posteriormente.
Esta es la principal razón por la cual en los últimos comicios (presidenciales de 2025 y parlamentarios del 2024), Bielorrusia omitió las invitaciones a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
En un informe de enero de este año, el Parlamento Europeo contabilizó 1.249 presos políticos y un aumento de las acciones represivas el año pasado, con un 50 % más juicios políticos, los cuales llegaron a 5.890 casos.
“El número de periodistas encarcelados aumentó y pasó de 32 a finales de 2023 a 45 a finales de 2024. La represión incluyó oleadas de detenciones masivas en ciudades pequeñas, despidos por motivos políticos de grandes empresas y detenciones de antiguos presos políticos y de quienes regresaron al país. Se mantiene a los reclusos en condiciones inhumanas, hacinados en celdas, durmiendo en el suelo y sin acceso a ropa de abrigo, productos de higiene, duchas y agua potable”, dice el informe del Parlamento Europeo.
El Centro de Derechos Humanos “Viasna” y el Comité de Helsinki de Bielorrusia consideraron que todavía existía un ambiente represivo de amenazas, presiones y persecución. Destaca que las personas que estuvieron activas en la campaña electoral de 2020 fueron llamadas a “conversaciones preventivas” y reiteradas detenciones.
“Esta vez Lukashenko no ha autorizado candidatos reales de la oposición, solo cuatro candidatos ‘de papel’ que se presentan junto a él. Las fuerzas democráticas de Bielorrusia califican estas elecciones de ‘autoreelección de Lukashenko’ e instan a la comunidad internacional a no reconocerlas”, dice el documento del Parlamento Europeo.
“Sergei Syrankov, que quedó en segundo lugar con el 3,2 % de los votos, respaldó a Lukashenko antes de las elecciones e hizo campaña en su nombre. Otros tres candidatos obtuvieron entre el 1,8 % y el 2,0 % de los votos. Los observadores no han determinado que ninguna elección en Bielorrusia desde 1994 haya sido libre o justa”, dice un reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Solo la abogada Anna Kanopátskaya, que participó hace cinco años, se atrevió a criticar la gestión de Lukashenko, aunque la oposición también cuestiona esta candidatura.
Entre las irregularidades de los procesos electorales de Bielorrusia destaca la ausencia de organismos de observación electoral independiente. Desde los comicios anteriores a la presidencial de 2025, el gobierno les había negado la invitación.
“Tras las elecciones presidenciales de 2020, las elecciones parlamentarias del 25 de febrero de 2024 serán la segunda vez que la OIDDH no pueda observar elecciones en Bielorrusia debido a la falta de una invitación oportuna de las autoridades nacionales”, dijeron en 2024 la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y la Asamblea Parlamentaria (AP de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE).
En este contexto, dice mucho que un grupo de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sí participó el pasado mes de enero como observador en las presidenciales de Bielorrusia. La comitiva de Venezuela estuvo integrada por la auditora interna del CNE, Neldys Alayón, la asesora de la presidencia del CNE; Esthela María Rincones, y el analista internacional Carlos Vigil.
Finalmente, y como ha sido la constante en Venezuela (salvo unos pequeños centros en las elecciones de 2024), para estos comicios tampoco se habilitaron colegios electorales en el extranjero, por lo que los bielorrusos en el exilio no pudieron participar.
La última reunión entre Nicolás Maduro y Alexandr Lukashenko fue en octubre de 2024, durante la cumbre de los Brics | Foto: VTV
Si bien en Venezuela el proceso electoral es automatizado desde 2004, y expertos y grupos especializados han avalado la seguridad, transparencia y confiabilidad de este sistema, han surgido cuestionamientos a la manera en la que se llevan a cabo los procesos en los últimos años.
Ya desde 2017 se presentaron dudas con respecto a los resultados electorales, luego de que la empresa Smarmatic, primera encargada de las máquinas electorales del país, asegurara que hubo una manipulación a los datos de participación de al menos un millón de electores. Esta empresa dejó de trabajar con el sistema electoral venezolano y ahora la proveedora de las máquinas es la argentina Exclé.
En la elección presidencial de 2024, el CNE anunció resultados con un 80 % de las actas escrutadas, y proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin presentar estos documentos. Según las cifras ofrecidas por Elvis Amoroso la madrugada posterior a la jornada electoral, Maduro ganó con 5.150.092 votos, un 51,20 %, mientras que Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos, un 44,2 %.
Por su parte, el comando de campaña de González digitalizó el 81 % de las actas de escrutinio, las cuales habrían arrojado una victoria del opositor con el 67 % de los votos.
El CNE justificó la falta de publicación de las actas y el incumplimiento de auditorías posteriores, con un supuesto hackeo dirigido desde Macedonia del Norte.
El 28 de julio de 2024 los venezolanos acudieron masivamente
a los centros de votación | Foto: Reuters
Bielorrusia y Venezuela en un espejo
Las irregularidades de Bielorrusia recuerdan las críticas al sistema electoral venezolano, a propósito de las nuevas elecciones de gobernadores y legisladores previstas para el 25 de mayo. Específicamente tras las sospechas de fraude presentadas luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
Algunas de las similitudes entre ambos países son:
Interferencia del grupo de poder en la elección de candidatos
- Así como en las últimas elecciones de Bielorrusia, Lukashenko no permitió la participación de la verdadera oposición y compitió con candidatos que lo respaldan, en la pasada elección presidencial venezolana la oposición tuvo problemas para presentar una candidatura. Ante la imposibilidad de postular a María Corina Machado, se tuvo que optar por un nombre hasta el momento desconocido por los votantes: Edmundo González Urrutia. Ahora, para las regionales y parlamentarias del 25 de mayo, la administración de Maduro permitió la habilitación y candidatura de dirigentes que en el pasado le fueron adversos, casualmente ahora que estos dirigentes contradicen la línea abstencionista de la principal coalición opositora.
Falta de observación independiente
- Una de las coincidencias en las elecciones de Bielorrusia y Venezuela es la falta de observadores independientes. En el caso de Bielorrusia, en las pasadas elecciones parlamentarias de 2024 y presidencial de 2025, la autoridad electoral no invitó a organismos independientes. En Venezuela, representantes del Centro Carter y el panel de expertos de la ONU estuvieron en las elecciones presidenciales de 2024. Ambos denunciaron irregularidades y tuvieron que dejar el país. Fueron acusados por funcionarios del gobierno de Maduro como parcializados y hasta el momento no hay confirmación de observadores independientes para el proceso del 25 de mayo.
Denuncia de fraude electoral
- Tal como pasó en Bielorrusia en 2020, donde un conteo paralelo basado en fotos de las papeletas permitió determinar la ventaja de la candidata opositora, no reconocida por Lukashenko ni por la autoridad electoral; en la pasada presidencial de Venezuela la digitalización de las actas por parte del equipo de Maria Corina Machado determinó el triunfo de Edmundo González Urrutia. Estos resultados no fueron reconocidos por el CNE, que proclamó ganador a Nicolás Maduro y hasta la fecha no presenta las actas que respalden sus cifras.
Protestas masivas tras la elección
- En Bielorrusia se desarrollaron en 2020 fuertes protestas masivas tras la elección presidencial, en las que se registraron unas 65.000 detenciones, según algunos informes de organizaciones defensoras de derechos humanos. En Venezuela unas 2.000 personas fueron detenidas en el contexto de protestas postelectorales, incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos.
Persecución política, eliminación de la disidencia y restricción de libertades
- Otro punto en común entre Venezuela y Bielorrusia es el esquema de persecución y eliminación de la disidencia. En el caso del país europeo, con los principales líderes opositores en el exilio; en el caso de Venezuela, con Machado, la principal dirigente en la clandestinidad, al igual que muchos de sus colaboradores, otros en el exterior o tras las rejas. En los dos países destaca el control a los medios de comunicación masivos, así como la persecución a los medios independientes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Nicaragua: elecciones entre zancudos
La figura de Ortega rara vez aparece en solitario. Rosario Murillo, su esposa, siempre está a su lado y algunas veces adelante | Foto cortesía diariolasamericas.com
Luego de su reelección como presidente de Nicaragua en 2021, Daniel Ortega, el líder histórico de la revolución sandinista de los años setenta, terminó de consolidar su control absoluto del poder con reformas legales a su antojo, la liquidación de la oposición y el espacio cívico nicaragüense.
Nicaragua es un país centroamericano de alrededor de 6.8 millones de habitantes. Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990, luego del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y volvió al poder en enero de 2007 tras ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, poniendo fin a los diecisiete años de gobiernos no sandinistas.
Desde entonces, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido reelegido cuatro veces consecutivas (2011, 2016 y 2021), en procesos considerados cada vez más autoritarios y cuestionados por la comunidad internacional. Además de un férreo control de las instituciones, Ortega también contó con la complicidad de muchos políticos que se dicen de oposición.
La figura de Ortega rara vez aparece en solitario. Rosario Murillo, su esposa, siempre está a su lado y algunas veces adelante. Aunque formalmente es vicepresidenta, ella dirige el aparato de propaganda del gobierno, especialmente desde su rol como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y desde marzo de 2025 es jefa suprema del ejército nicaragüense. Su estilo de comunicación diaria y su presencia constante en los medios estatales ha sido característico de una gestión que controla el poder sostenido por la ausencia de competencia real, represión sistemática y control absoluto de las instituciones del Estado.
Ortega fue reelecto presidente en medio de un proceso ampliamente criticado a nivel nacional e internacional por su falta de transparencia y represión sistemática contra la oposición. El Consejo Supremo Electoral (CSE), encargado de organizar las elecciones, está compuesto por miembros leales al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En los meses previos a las elecciones, el gobierno arrestó al menos a siete precandidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz y Noel Vidaurre, todos bajo cargos como “traición a la patria” . Al mismo tiempo, se canceló la personalidad jurídica de varios partidos opositores, limitando severamente la competencia electoral.
Ortega también impidió la presencia de observadores internacionales independientes, restringió el acceso de medios de comunicación críticos y solo permitió la comparecencia de una oposición que ha sido cuestionada por el resto de los partidos y buena parte de la sociedad nicaragüense.
Junto al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), participaron partidos como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre) y Yatama, entre otros. Estos partidos, denominados “zancudos”, han sido señalados por su falta de confrontación real al régimen y, en algunos casos, por mantener alianzas o votaciones favorables al FSLN en la Asamblea Nacional.
Los “zancudos” no critican las posiciones del partido de gobierno, suelen tener una presencia limitada en redes sociales y escasa actividad pública, lo que refuerza las críticas sobre su papel en el proceso electoral. Para muchos analistas, son utilizados para simular pluralismo político y dar una apariencia de legitimidad a las elecciones, una estrategia que buscaba confundir al electorado y debilitar a la oposición real, que ha sido desarticulada mediante represión, exilio y cancelación de su personería jurídica.
”El Frente Sandinista no solo lo usa para legitimar su proceso de votación, sino que también lo usa para tener cupos y poner a sus militantes a cuidar el voto supuestamente en nombre de los opositores”, advierte Alvaro Navarro, periodista nicaragüense y editor del medio Artículo66, quien reside en Costa Rica luego de que fuese despojado de su nacionalidad y tuviese que salir al exilio.
Según el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue reelegido con el 74.99% de los votos. El segundo lugar lo ocupó Walter Espinoza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el 14.4%. Otros candidatos, como Guillermo Osorno (CCN) y Marcelo Montiel (ALN), obtuvieron porcentajes menores. En la Asamblea Nacional, el FSLN obtuvo 75 de los 90 escaños en disputa, consolidando su control legislativo.
El observatorio independiente Urnas Abiertas estimó una abstención del 81.5% y organismos como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU denunciaron que las elecciones carecieron de legitimidad democrática debido a la represión de la oposición y la falta de garantías electorales. Más de 50 países, incluidos Estados Unidos y miembros de la UE desconocieron los resultados.
Un régimen sostenido por la represión
En noviembre de 2024 se aprobó una reforma que designa a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como “copresidenta”, otorgándole iguales facultades que al presidente. De igual modo, la duración del mandato presidencial se amplió de cinco a seis años, postergando las próximas elecciones hasta 2027. Además, se eliminó cualquier límite a la reelección, permitiendo a Ortega y Murillo mantenerse en el poder indefinidamente.
Otras reformas le otorgan al presidente la facultad de coordinar los otros poderes del Estado, eliminando la separación de poderes y subordinando al Legislativo y al Judicial al control del Ejecutivo.
Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos, el régimen ha intensificado la represión. Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y despojo de nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
El régimen ha intensificado su represión desde 2018, cuando más de 350 manifestantes murieron a manos de la fuerza pública | Foto cortesía Forbes México
Buena parte del liderazgo opositor ha sido encarcelado, despojado de su nacionalidad y forzados al exilio. A pesar de estos desafíos, algunos continúan su labor desde el extranjero, buscando reorganizarse y mantener viva la lucha por la democracia a pesar de la fragmentación interna, la falta de liderazgo unificado, y el trabajo desde el exilio.
El marco jurídico es el otro gran obstáculo para la organización del trabajo político y social. Instrumentos como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, obliga a personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, restringiendo su participación en asuntos políticos y permitiendo al gobierno congelar sus activos.
La Ley de Ciberdelitos (Ley 1042), apodada como en Venezuela, “Ley Mordaza”, criminaliza la difusión de información que el gobierno considere falsa o que incite al odio, siendo utilizada para silenciar a periodistas y críticos del régimen.
Adicionalmente está la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia y Soberanía (Ley 1055), que permite acusar de “traición a la patria” a quienes el gobierno considere que incitan a la injerencia extranjera o apoyan sanciones contra Nicaragua, facilitando la detención de opositores.
La represión también se extiende al resto de la sociedad civil y este año se creó la figura de la Policía Voluntaria, un cuerpo auxiliar de la policía compuesto por 30,000 civiles, muchos de ellos empleados públicos, que son utilizados para reprimir manifestaciones y controlar a la población.
Estas reformas y leyes han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes señalan que Nicaragua se ha convertido en un régimen autoritario que viola sistemáticamente las libertades fundamentales y los principios democráticos. El Índice de Democracia 2024, elaborado por The Economist Intelligence Unit, clasificó a Nicaragua como uno de los regímenes más autoritarios de América Latina, junto con Cuba, Haití y Venezuela .
En los últimos años, el régimen intensificó su control mediante arrestos arbitrarios, juicios sin garantías y condenas por delitos como “traición a la patria”. En febrero de 2022, al menos 222 presos políticos, incluidos todos los precandidatos presidenciales opositores, fueron desterrados y despojados de su nacionalidad. “El espacio cívico en Nicaragua está absolutamente colapsado, bloqueado. La dictadura ha ido por etapas para capturar todo el proceso institucional del país y no hay manera de que la gente pueda organizarse ni siquiera en ONG, ni siquiera en grupos vecinales”, señala Navarro.
Sin embargo, y a pesar de la represión y la confiscación del espacio cívico, persisten formas de resistencia dentro de Nicaragua. Activistas y líderes locales mantienen una “clandestinidad democrática no violenta” con la que intentan salvaguardar la red de resistencia interna.
El periodismo independiente en el exilio o clandestino; las iglesias y espacios religiosos; las redes ciudadanas de apoyo y solidaridad; la resistencia digital, así como arte, música y literatura de protesta han sido formas de resistencia no violenta que buscan mantener viva la conciencia democrática, incluso en un contexto de represión severa. Aunque muchas de estas acciones son de muy bajo perfil para evitar represalias, han representado una forma de persistencia ética y cultural frente al autoritarismo del tándem Ortega-Murillo.
Resultados presidenciales 2024 | Foto cortesía TVP Info
Seguid el ejemplo que Rusia dio: “Ya no importa el voto”
Durante más de dos décadas, Rusia ha transitado un camino de desmantelamiento progresivo de sus instituciones democráticas. En ese proceso, el voto, tradicional símbolo de soberanía popular, ha perdido toda eficacia real. Las elecciones se celebran, pero los resultados están definidos de antemano. Los candidatos opositores están inhabilitados, exiliados o presos. La observación electoral ha sido criminalizada. El régimen ha convertido el sufragio en una ceremonia vacía.
David Kankiya, experimentado observador electoral ruso y miembro de la organización Golos, hoy considerada por el Estado como “agente extranjero”, ha documentado paso a paso cómo se perdió la democracia electoral en su país. La historia de los últimos 25 años está plagada de paralelismos con Venezuela.
“En la antigua Unión Soviética había elecciones, pero eran con un solo candidato, con un solo partido político, sin ninguna alternativa. Siempre eran con un 99% de apoyo y 99% de participación. Así que las primeras elecciones libres en tiempos modernos comenzaron al final del período soviético. En las elecciones de 1989 y 1990 al Parlamento de la Unión Soviética, durante la perestroika, la era de Gorbachov, empezaron a aparecer libertades como la de expresión y de asociación. Así que los cambios comenzaron incluso antes del colapso de la Unión Soviética”, dice Kankiya.
Recuerda cómo en los años 90, mientras ocurría “el nacimiento de un nuevo país”, llegó una nueva constitución, nuevas leyes y libertades. Entonces ocurrieron elecciones en las que sí había competencia, pero también uso de recursos públicos para hacer campaña, especialmente a niveles locales. “Todo empezó a cambiar cuando Vladimir Putin se convirtió en presidente. Las últimas elecciones verdaderamente competitivas fueron en 1999 y 2000: las elecciones parlamentarias y las primeras presidenciales de Putin. Desde entonces comenzó a construir un sistema autoritario, incluso totalitario”, contó.
Quien todavía gobierna Rusia subió al poder luego de una década de reformas y refundaciones que todavía no mostraban resultados palpables a los ciudadanos. “La situación económica era muy crítica. Boris Yeltsin estaba débil, enfermo y era impopular. La gente estaba esperando a alguien que pudiera traer orden. Cuando Putin llegó a la presidencia el precio del petróleo subió, y también hubo resultados de las reformas económicas de los años anteriores. Así que cosechó los frutos de reformas que él no había iniciado”.
Kankiya apunta que “las elecciones en Rusia no se degradaron de golpe” sino que “fue un proceso meticuloso, una construcción paso a paso. Desde que Putin llegó al poder, cada cambio legal, cada reforma, fue orientada a restar competitividad al sistema. Hoy, incluso si un candidato logra ser elegido, el Estado tiene los mecanismos para despojarlo del cargo sin consecuencias”.
Grigory Melkonyants observador electoral de Rusia preso desde 2018 Cortesía | Blue News
—¿Cuándo comenzó a desmontarse el sistema electoral?
—Cuando Vladimir Putin llega al poder su prioridad fue tomar el control de las regiones, los medios y las estructuras administrativas. Puso a sus antiguos colegas del servicio secreto y la alcaldía de San Petersburgo en cargos estratégicos. Así construyó su red de lealtades. Fue un proceso largo que tomó casi ocho años. Entonces ya ocurría manipulación electoral, pero no era algo masivo ni sistemático. Eso cambió después del atentado de Beslán, en 2004.
Putin usó esa tragedia como pretexto para eliminar las elecciones de gobernadores. Desde entonces, él decide quién gobierna cada región. Su argumento fue que los gobernadores no habían podido proteger la seguridad en sus regiones. Ese cambio alteró completamente el sistema de poder en el país, porque antes los gobernadores eran independientes, tenían sus propios recursos y podían discutir con Moscú. También creó una estructura administrativa vertical, cerró medios de comunicación de alcance y tomó control de aquellos que se mostraban independientes que pasaron a estar afiliados al Estado.
—¿Qué pasaba con los partidos políticos?
—En 2003 tuvimos elecciones parlamentarias y los partidos democráticos Yabloko y la Unión de Fuerzas de Derecha —otro partido liberal— no fueron elegidos al Parlamento (no alcanzaron el 5% mínimo). Esa fue la última vez que tuvimos partidos liberales, y desde ese momento, solo partidos pro-gobierno, comunistas y populistas han sido elegidos. Ningún partido democrático, pro-europeo o pro-occidental, ha ganado representación desde entonces.
—¿Los prohibieron, no tenían apoyo o las elecciones ya no eran libres?
—Ellos cometieron muchos errores y Putin era muy popular en ese momento, porque el nivel de vida estaba creciendo rápidamente. Esos partidos liberales hablaban de cosas que la gente no entendía o no quería oír. Pero también hubo indicios de fraude electoral. Por ejemplo, el partido Yabloko, durante el recuento de votos, superó el 5% necesario. Incluso Putin llamó a su líder, Grigory Yavlinsky, para felicitarlo por haber sido elegido. Pero durante la noche algo cambió y oficialmente Yabloko obtuvo 4,97%, quedando por fuera. Todo indica que cambiaron los resultados, pero en ese momento no teníamos un sistema de monitoreo para recolectar pruebas de fraude electoral.
—Decía que la destrucción devoto fue paso a paso, ¿qué otros puede mencionar?
—Han ido cambiando el sistema electoral cada vez: en cada elección tenemos procedimientos diferentes. Cambian las reglas en cada elección para hacer el sistema más cómodo para ellos, incluso cuando lo controlan todo. Tampoco se permiten candidatos de oposición real. En Rusia hay 109 millones de votantes, y más de 10 millones de personas no tienen derecho a postularse ni a hacer campaña. Esto se debe a diferentes tipos de inhabilitaciones. Todos los políticos populares están fuera del sistema.
Luego de la invasión a Ucrania tenemos casi un sistema totalitario, en el que incluso si logras entrar a una lista de candidatos y llegas a ser electo, el Estado tiene muchas maneras de quitarte tu mandato. Pueden declararte “agente extranjero” mediante una decisión del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Tenemos decenas de casos de diputados regionales que fueron declarados agentes extranjeros y luego expulsados de sus cargos. También ha pasado con alcaldes independientes electos en distintas ciudades. Por ejemplo, en Khabarovsk fue electo Sergey Furgal como gobernador en 2018. Era pro-gobierno, pro-Putin, de otro partido, pero estaba alineado. Cuando empezó a actuar de forma más independiente, lo encarcelaron por casi 15 años. Ese tipo de situaciones son típicas. En Golos hicimos una investigación y descubrimos que el 75% de los candidatos que perdieron su mandato lo hicieron por decisiones judiciales.
—¿Cuándo se rompió el vínculo entre voto y representación?
—En 2011. Hubo elecciones legislativas y la falsificación fue tan descarada que miles de personas salieron a protestar. Fue la mayor manifestación política en la historia moderna de Rusia. Se registraron manipulaciones en actas, relleno de urnas, todo. Nosotros en Golos ya hacíamos observación, pero ese año la oposición movilizó a decenas de miles de ciudadanos. Alexei Navalny, quien ya era un político muy conocido, convocó a la gente a observar las elecciones. La indignación fue masiva. Vieron relleno de urnas, reescritura de actas. El partido Rusia Unida (de Putin) en Moscú obtuvo un 25% de los votos pero luego, en el sitio web de la Comisión Electoral Central, los resultados oficiales mostraban más de 50%. En Mordovia, una pequeña región en el centro del país, el resultado oficial mostró una participación del 104%.
—¿Qué hizo Putin? En 2012 hubo elecciones presidenciales.
—Mucha gente estaba insatisfecha y hubo protestas fuertes. Pero la oposición no tenía una estrategia clara, ni había un candidato único. Putin fue electo aunque con un gran escándalo. Ordenó instalar cámaras en todos los centros de votación para transmitir el proceso en vivo. Creía de verdad que tenía apoyo mayoritario y que los observadores mentían. Pero lo que ocurrió fue lo contrario: tenemos grabaciones de cómo cambiaban boletas. Calculamos que solo en 2012 se falsificaron al menos 10 millones de votos. En las elecciones más recientes de 2024, fueron más de 22 millones de votos falsificados. Como ves, va en aumento.
—¿Qué consecuencias tuvo esa revelación en 2012?
—Las elecciones de 2011 y 2012 fueron cruciales. Probablemente fue la última vez que pudieron producirse cambios en Rusia a través de las urnas. Luego el régimen se volvió más agresivo. Invirtió muchos recursos en los servicios secretos, en la policía, en la propaganda. Empezó la criminalización de las ONG, el bloqueo de medios independientes, la represión sistemática de candidatos y observadores. Hoy la gente teme hablar incluso con sus familiares sobre política.
Conteo de votos eleciones Rusia | Cortesía Infobae
—¿Desde entonces el voto dejó de tener sentido?
—Después de que comenzó la guerra con Ucrania, ya ni siquiera intentan aparentar que hay procedimientos. Antes trataban de mantener alguna fachada. Ahora tenemos un sistema más duro incluso que en tiempos soviéticos. El Código Penal prohíbe criticar al ejército, a las autoridades, al Estado. El sistema ahora es completamente represivo. Ahora todos los medios independientes están bloqueados o prohibidos dentro de Rusia. Todas las ONG están bloqueadas.
—¿Qué pasa con la oposición?
—Tenemos dos tipos de oposición en Rusia. La llamamos la oposición del sistema y la oposición “no del sistema”; es decir, oposición legal y oposición ilegal. Los que están permitidos por el sistema pueden participar en los procesos electorales oficiales. Por ejemplo, el Partido Comunista o el Partido Liberal Democrático de Rusia —aunque en realidad es un partido nacionalista y populista, a pesar del nombre histórico. Participan pero nunca critican a Putin. Los demás no tienen permitido registrar partidos siquiera. Siempre encuentran alguna “falla” en tus documentos. Les hacen repetir el trámite una y otra vez. Alexei Navalny intentó registrar su partido más de 20 veces, y nunca se lo permitieron. Además tampoco podía postularse a ningún cargo, como ninguno de su entorno.
—A esa oposición “aprobada por el sistema”, ¿se le permite ganar elecciones?
—Eso también ha cambiado. Hace cinco o diez años sí se permitía en contiendas locales, pero ya no. También hemos visto que el número de candidatos ha disminuido drásticamente, porque ya hay quienes ni siquiera lo intentan. Es típico, por ejemplo, que en unas elecciones locales los candidatos sean el jefe del pueblo, su asistente y su chofer, que lo ponen como de otro partido. Hacen lo mismo con los familiares de políticos.
—Esa oposición “aprobada por el sistema” se reduce al rol parlamentario?
—Sí. Y la que no está aprobada por el sistema, está en el exilio, considerada criminal, y si alguien se relaciona con sus organizaciones, también va a la cárcel.
—¿Qué ha pasado con Golos y con la observación electoral?
—Estamos perseguidos. Golos fue clasificada como “agente extranjero”. No podemos postularnos, ni enseñar, ni cooperar con organismos del Estado. A mí me encarcelaron dos veces en 2018 por entrenar observadores. A nuestro coordinador lo van a condenar a seis años por supervisar una elección. Vivimos en un sistema que ya ni pretende ser democrático.
—¿Putin sigue teniendo apoyo real?
—No lo sabemos. Las encuestas están permitidas, pero están bajo control estatal. No hay encuestas independientes posibles. Pero además hemos tenido casos de encuestas callejeras de Radio Free Europe sobre la guerra en Ucrania, y quienes respondieron luego podían ser condenados a cinco años de prisión si dijeron que apoyaban a Ucrania. Hace unos días, en una ciudad llamada Ekaterimburgo, arrestaron a una mujer por llevar una camiseta de Mickey Mouse con los colores azul y amarillo, como la bandera de Ucrania. Entonces la gente tiene miedo de hablar.
—¿Hubo un momento en que se pudo revertir el rumbo?—Sí. En 2011 y 2012 hubo una oportunidad real. Pero la oposición estaba dividida y sin estrategia. En 2018 también hubo un momento de tensión, sin embargo ya era tarde. Hoy, solo un conflicto dentro del poder, una fractura interna en el Kremlin, podría cambiar algo.
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