La líder opositora María Corina Machado aseguró este sábado, 14 de junio, que “denunciará cualquier atropello” incluso contra aquellas personas que no comparten sus ideas. Esto lo dijo a propósito de la detención del exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, quien fue detenido el pasado 12 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Maracaibo, estado Zulia.
“Uno de los daños más graves que le hizo el chavismo a Venezuela fue buscar dividirnos en todos los planos: entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha”, reflexionó Machado agregando que el oficialismo buscó incluso enfrentar a la gente por el lugar en el que viven: “los del este contra los del oeste, o los que estamos en Venezuela con los que se han ido”.
Durante años ha visto de todo, dijo Machado. Allí se refirió “a quienes se hacen llamar opositores y por debajo de la mesa tranzan con el régimen, y también a muchos que creyeron en Chávez -incluso cercanos a él- y que asumieron públicamente su equivocación, y lo enfrentaron”.
“Yo defiendo y defenderé siempre la verdad y denunciaré cualquier atropello e injusticia, incluso contra aquellos que no compartan mis ideas”, manifestó Machado.
En cuanto al caso de Rodrigo Cabezas, dijo que lo conoció en 2023 durante la campaña de la primaria opositora, cuando él apoyaba a Henrique Capriles Radonski. Después del 22 de octubre de 2023, agregó, Cabezas se integró al Comando Con Venezuela en el Zulia “e hizo un trabajo increíble, involucrando a personas de diversos movimientos sociales a nuestro enorme equipo”. A partir del 28 de julio, sumó Machado, Cabezas “no ha dejado de defender la soberanía popular con fuerza y valentía”.
“Le tengo un gran respeto y aprecio. Es un hombre austero y justo. Su familia y amigos deben sentirse orgullosos y tener la seguridad que lograremos su Libertad como la de 30 millones de venezolanos”, expresó.
En este momento “de una persecución desenfrenada del régimen, contra economistas, maestros o buhoneros, es que más firmes y unidos debemos avanzar”. Consideró, además, que “estas reacciones del régimen son la prueba de su propio terror”.
A propósito de este mensaje, de Rodrigo Cabezas y de algunas inquietudes que me han enviado al respecto, quiero compartir estas reflexiones con ustedes.
Uno de los daños más graves que le hizo el chavismo a Venezuela fue buscar dividirnos en todos los planos: entre ricos y… https://t.co/MwJVDmCGHF
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 14, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Gran Polo Patriótico (GPP) anunció su listado parcial de 86 candidatos para las próximas elecciones municipales que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), se celebrarán el próximo 27 de julio.
Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz y uno de los líderes de la tolda roja, refirió que estos candidatos corresponden a “las ciudades de mayor población por cada estado, no las más importantes, sino la de mayor población electoral”. Los aspirantes que faltan en el listado se anunciarán posteriormente desde cada equipo político de los estados.
Según Cabello, para el proceso de selección de los candidatos por parte de la dirigencia del GPP se respetó en “la mayoría de los casos las postulaciones hechas por la base”, así como la consulta de personas no postuladas ni con intereses para obtener información que ayudara con la mejor elección.
El oficialista advirtió a los aspirantes que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actuará “en caso de que alguien se desvíe del camino”. Asimismo, dijo que se la persona que lo haga “se le exigirá que se retire y ponga el cargo a la orden”.
Conozca a continuación la lista parcial de candidatos del GPP a las elecciones municipales:
Caracas
Municipio Libertador: Carmen Meléndez.
Estado Amazonas
Atures: Quisi Alexandra Amaro de Rumbos.
Estado Anzoátegui
Anaco: Jesús David Ríos Castellanos.
Barcelona: Sugey Yolani Herrera Mogollón.
Cantaura: Gabriel Antonio Hernández Trillo.
Guanipa: Pedro Luis Martínez López.
El Tigre: Alberto José Gago Betancourt.
Sotillo, Puerto La Cruz: Jesús Rafael Marcano Tábata.
Estado Apure
Guasdualito: José Angel Ramirez Segura.
Achaguas: José Gregorio Rebolledo Juarez.
San Fernando: Joel Lisandro Solórzano Solórzano.
Estado Aragua
Girardot: Rafael José Morales Cazorla.
José Felix Ribas: Juan Carlos Sánchez campos.
Santiago Mariño: Carlos Eduardo Guzmán.
Villa de Cura: Anaís del Valle Palacios Pantoja.
Estado Barinas
Antonio José de Sucre, Socopó: Salvador Guerrero Márquez.
Barinas: Argenis José Aldasoro Freites.
Pedraza: Jessica Geraldin Lalama Milán.
Alberto Arbelo Torrealba: Alexandre José Camacho Díaz.
Estado Bolívar
Ciudad Piar: Nairobi Jakeline Abreu.
Caroní: Janial Alí Alonso Vivas.
Angostura del Orinoco: Sergio de Jesús Hernández.
Upata: Ornela Valentina Arvelaes.
Estado Carabobo
Carlos Arvelo: Ángel Daniel Bilbao Santollo
Guacara: Johan Manuel Castañeda Calderón.
Libertador: Óscar Santiago Orsilli Pelgrón.
Los Guayos: Marbelis Johannis Moreno Caldera.
Naguanagua: Elizabeth Arianna Niño Arteaga.
San Diego: Marcos Antonio Campos Flores.
Puerto Cabello: Juan Carlos Betancourt Uribe.
Valencia: Dina Andreína Castillo Ortega.
Estado Cojedes
Zamora: Jeanette Catherine Laya.
Tinaquillo: Jose Antonio Mujíca Parraga.
Tucupita: Asnardo José Rodríguez Santaella.
Estado Falcón
Punto Fijo: Luis Manuel Piña Peña.
Tucacas: Ibes José Marcano Salgado.
Miranda: Henry Josué Hernández Hernández.
Estado Guárico
Calabozo: Jany Alfreina Álvarez Mirabal.
San Juan de los Morros: Katherine Hellen Guanipa Miranda.
Pedro Saraza: Carlos Enrique Castillo.
Leonardo Infante: Cristian José Norato.
Estado La Guaira
Vargas: José Manuel Suárez Maldonado.
Estado Lara
Iribarren: Yanez Enrique Agüero
Morán: Félix Ramón Linares Pérez.
Cabudare: Derbi José Guedez Torres.
Carora: Lasmik Leonor Verde Medina.
Estado Mérida
El Vigía: Miguelangel Reyes Herrera.
Campo Elías: Jesús Alberto Rodríguez Velásquez
Mérida : Nelson Leandro Álvarez León.
Estado Miranda
Charallave: Yuismar Coromoto Hernández Pérez.
Guaicaipuro: Farid Eduardo Fraija Norwood.
Santa Teresa: Frainer Jesús Pulido Fuentes.
Ocumare: Dayana Báez Báez.
Santa Lucía: Omar José León
Guarenas: Antonio José Galíndez Ballester.
Sucre: Diógenes Lara.
Higuerote: Olga Josefina Pacheco Casañe.
Cúa: Jonathan Alexander Herrera Campos.
Guatire: Hugo Ramón Martínez Pateti.
Estado Monagas
Zamora: Óscar Cedeño Febres.
Maturín: Ana Michelle Fuentes Morfe.
Estado Nueva Esparta
San Juan: Kendy Manuel Graterol cordero.
Arismendi: Alí Jesús Romero Farías.
Maneiro: Alejandro Ramón Navarro Velasquez.
Mariño: Eneas Rafael González Rodríguez
Estado Portuguesa
Araure: María Celeste Rodríguez
Guanare: Óscar Enrique Noboa Crespo.
Páez: José Ángel López García.
Estado Sucre
Carúpano: Julio César Rodríguez Millán.
Cumaná: Pedro Germán Figueroa Medina.
Estado Táchira
San Antonio: Sandra Milena Sánchez Prada.
Cárdenas: Marta Rosa Gallo Torres.
Rubio: Neliber Josefina Lugo Torres.
San Cristóbal: Silfredo Gregorio Zambrano Vásquez.
Estado Trujillo
Boconó: Alejandro Alfonzo García Castellanos.
Trujillo: Carlos Alberto Terán Montilla.
Valera: Alfreddy José Moreno Silva.
Estado Yaracuy
Chivacoa: Carlos Aberto González Viscaya.
Nirgua: Miguel José César Sánchez.
Yaritagua: Giovanni Rafael Parra.
San Felipe: Roger Antony Dasa Acosta.
Estado Zulia
Cabimas: Fran Jaguar Cabello Castro.
Ciudad Ojeda: Misiel Xavier Dominguez.
San Rafael del Moja: Edgar Segundo Labarca Manarez.
La firma por Gustavo Petro, presidente colombiano, de un decreto para convocar a la consulta popular que le negara el Senado de la República, está violentando el orden constitucional y democrático: pues la democracia no es solo el uso de mayorías, sino el hacerla valer a través del Estado de derecho y con fines legítimos; lo que reclama de la república y sus instituciones una reacción severa y en contra. De no haberla, ni qué dudarlo, Colombia se habrá montado sobre la deriva trágica de la que no alcanza a salir su vecina, Venezuela.
Se dice y repite, no por azar, que los venezolanos venimos del futuro. Y es que, ciertamente, tenemos nosotros a la vista esa guía de navegación aleccionadora que se ha tragado y ya frisa 26 años. La ausencia de reacción institucional en 1999 permitió que la democracia venezolana se acabase. Tras el golpe constitucional que significó la instalación y desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, no prevista ni autorizada por la Constitución de 1961 que rigiese durante la república civil de partidos y le gano al país su modernidad, hizo una caricatura de ambas. Desde ese punto liminar, en efecto, se fue desmaterializando al orden constitucional y a la nación se la pulveriza, se le rompen sus raíces antes de transformársela en diáspora hacia adentro y hacia afuera.
El territorio de lo que otrora fuese la Pequeña Venecia, es ahora un espacio vuelto camposanto y campo de concentración de secuestrados por el crimen organizado trasnacional y sus redes narcoguerrilleras y de terrorismo.
Lo peor de todo es que la comunidad internacional democrática, la de hace tres décadas, no la de ahora que es suerte peor de lo que con dejo de cinismo llama la academia anglosajona autoritarismos electivos o iliberales –reales satrapías y no simples dictaduras militares a pesar de la colusión de estos con aquellas– optó por normalizar al emergente déspota Hugo Chávez Frías. Es el ejemplo que, si bien con retraso, plagia el exguerrillero y gobernante Petro, vecino de Nicolas Maduro.
De allí que reavivar la memoria del pasado constituyente venezolano es útil y cada vez más urgente frente a las actuales generaciones, hijas de la deslocalización y la instantaneidad digital; residentes dentro de un ecosistema global donde todo queda en manos del doctor Google y la IA y se prosterna a la memoria viva. Las generaciones de Venezuela, por lo demás, son explicablemente ajenas a los orígenes de su actual tragedia, pues les dura casi dos generaciones. La mayoría de los venezolanos solo sabe de emigración, sin preguntarse sobre su porqué y verdadera realidad, pues le basta como justificación sobrevivir a la miseria patente y ante la expectativa de un futuro radicalmente rectificador que no les llega.
Lo primero de recordar es que, así como Petro sigue adelante en su empeño por sobre la gravedad del atentado sufrido por Miguel Uribe Turbay –senador y dirigente del Centro Democrático que le controvierte desde cuando aquel fuese alcalde de Bogotá y este concejal y presidente del Concejo Municipal, y que ayer no más se le atraviesa desde el Senado con lo de la manida consulta popular–, otro tanto hizo Chávez en 1999.
Forzó la realización del referendo aprobatorio de su Constitución, en una hora de luto nacional. Entre 30.000 a 50.000 muertos se iban acumulando tras el deslave natural de Vargas, en el litoral central, mientras el país lloraba la más grave catástrofe que acusaba la nación en su historia: “Las montañas del estado Vargas, que llevaban semanas empapándose bajo unas lluvias de una intensidad inusual, comenzaron a vomitar ríos de agua, lodo y piedras hacia la costa”, recuerda la prensa escrita.
Entre tanto, este personaje, especie de animal político irracional que alcanzara a descender más abajo del nivel de la maldadhaciéndola absoluta –los animales se protegen al advertir hasta los resfríos de la naturaleza– se ocupaba solo de alcanzar su ruptura con la democracia, a costa de lo que fuese. Los muertos podían esperar, pues muertos estaban. Y una parte del pueblo le seguía mientras miraba la tragedia a distancia y cuando las instituciones de entonces –la Corte Suprema de Justicia y el Congreso bicameral electo en 1998– se solazaban con el «sueño de la razón».
Hubo lugar, incluso, al desencuentro suyo con el fallecido e institucional general Raúl Salazar Rodríguez, su ministro de Defensa, a quien desautoriza por haberle solicitado auxilio inmediato y de emergencia a Estados Unidos, para que ayudase en la contención y morigeración de la hecatombe humanitaria y atendiese a los otros miles de víctimas sobrevivientes, ayudando, además, al encuentro de los desaparecidos.
Fidel Castro exigió evitar el auxilio norteamericano y el presidente venezolano asintió, sin titubear. Hasta el ministro del Interior, Ignacio Arcaya, recién fallecido y emblemático diplomático de la democracia, entro en crisis, dadas las gravosas circunstancias. El gendarme emergente y su tutor, ciertamente, se mostraban como lo que fueron, personajes sin alma ni espíritu. La muerte de inocentes no les arredraba, la sangre les estimulaba en la búsqueda del poder que les servía sin obligarles a servir.
El desmantelamiento democrático
Pero volvamos a lo central. En 1998, los partidos democráticos venezolanos vivían su crisis, pero no habían desaparecido de la escena. En la elección parlamentaria de ese año, previa a la de Chávez como candidato presidencial, el movimiento político de este alcanzó a ser una primera minoría. El resto de los diputados y senadores de las otras varias minorías –los del Pacto de Puntofijo y sus desprendimientos– tenían los votos suficientes para controlar las Cámaras y defender la existencia del Congreso de la Republica como institución representativa de la soberanía popular. Prefirieron no hacerlo.
La Constituyente se autodeclara titular del poder soberano originario y elimina al Congreso. Instala en su defecto un «congresillo» integrado por diputados escogidos a dedo por el mismo Chávez y sus constituyentes. Entre tanto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia optan por no confrontar la Constituyente. Y esta, antes bien, procedió a destituir a todos los jueces de Venezuela sin que pudiesen ejercer sus derechos a la defensa. Los sustituyó por jueces nombrados a dedo, provisionales, afectos a la revolución, nombrados para legalizar las ilegalidades de la naciente dictadura.
Que, si Chávez y el chavismo eran una mayoría, y como mayoría cabía respetarla en su voluntad por ser regla de la democracia, se decían para sí los gobiernos extranjeros, tolerantes y hasta cómplices, en esa la época, incluidos los democráticos. Pero era falsa la consideración y lo sabían, incluso Estado Unidos. Pero resumamos esta perorata.
En 1999 se forma la constituyente con el voto de 5 millones de venezolanos por sobre un registro poblacional de 23 millones. Vota a favor de esta el 46 %. El chavismo obtiene el 65 % de los votos y se queda con 121 escaños, dejándole a la oposición y otros partidos no alineados, solo 7 escaños. La correlación de 1998 desapareció, extrañamente.
Sucesivamente, la Constitución que se aprobara en dicho seno contó con la aprobación popular del 71% de votos, pero del magro 44 % de la población que acudiera a votar para constituirse como república ex novo; luego de lo cual Chávez se llevó el texto hasta su escritorio, suspendió su publicación inmediata, dejó derogada a la anterior Constitución para que gobernase de facto su constituyente. Reconstituyó todos los poderes públicos para que estuviesen en sincronía con la revolución, mientras se encargaba de ajustar el documento introduciéndole más de un centenar de modificaciones. Lo hace publicar en 2000.
Al termino nos quedó a los venezolanos una Constitución que le permite al presidente ser legislador por decreto; cuya Justicia pasa a depender de los poderes a los que esta debe controlar; se le retiran las autonomías a los estados y municipios; se transversaliza a la Constitución con el elemento militar y de la seguridad nacional; y el venezolano común quedó en lo adelante sujeto, para desarrollar su personalidad, al criterio del Estado distribuidor de derechos a su arbitrio. Por si fuese poco, se ha de leer el texto constitucional en consonancia con la doctrina de Simón Bolívar: ¿la del poder vitalicio boliviano de 1826?
Así se transformó Venezuela en una dictadura despótica criminal, de falsas mayorías, que no cesa pasados más de cinco lustros, y que las democracias de Occidente han aceptado en proporción a sus posibilidades petroleras y los negocios que pudo impulsar, corrompiendo a no pocos actores externos. Nadie se quejaba hasta ayer, cabe decirlo, mientras Chávez y Maduro expandían su modelo hacia la región, para que sus gobernantes permaneciesen en el poder alegando el «derecho humano» a la reelección perpetua.
La consecuencia ominosa está a la vista. La conoce el mundo. Venezolanos emigrando por el planeta y tocando a puertas que no se les abren esta vez es lo común, mientras el terrorismo de Estado y los carteles siguen luchando por los espacios de impunidad. Poseen a Venezuela y van por Colombia. Los venezolanos venimos del futuro, cabe machacarlo.
correoaustral@gmail.com
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Cada tercer domingo de junio se celebra en Venezuela el Día del Padre, una fecha en la que cientos de familias venezolanas no podrán reunirse para congratular a la figura paterna del hogar como quizás sí lo hacían en el pasado.
La organización Penal Reform International (PRI) advierte que los niños cuyos padres están detenidos o encarcelados son un “grupo invisible y altamente vulnerable” y sus derechos y bienestar se ven afectados en cada etapa de los procesos penales contra sus padres.
Cuando un padre está ausente por causas forzadas, como la prisión política, no sólo se priva a ese hombre de estar con su familia, también se le arrebata a sus hijos la oportunidad de crecer acompañados por su guía, su amor y su ejemplo diario.
Por los padres encarcelados
Este domingo 15 de junio, muchos padres venezolanos detenidos por motivos políticos no podrán recibir un abrazo, una carta escolar o compartir la misa en el colegio, como ocurre tradicionalmente en estas fechas. Sus familias, marcadas por la ausencia forzada, enfrentan no solo el dolor del encierro injusto, sino también el impacto emocional que recae sobre sus hijos e hijas.
Uno de esos casos es el de Freddy Superlano, dirigente político encarcelado desde el 30 de julio de 2024. Su esposa, Aurora Silva de Superlano, relató a Runrun.es lo mucho que sus dos hijas -aún unas niñas pequeñas- extrañan a su papá y quieren poder reencontrarse con él y estar juntos como familia. Él también tiene otros cuatro hijos -tres adultas y un adolescente de 14 años- quienes, en medio de esta tempestad, se mantienen cercanos a través del amor fraternal.
Lo que más les afecta a las hijas más pequeñas de Freddy Superlano es no tenerlo en los momentos cotidianos: cuando las buscaba en el colegio, les hablaba de historia durante el almuerzo o cuando salían juntos a pasear a su perrito. “Desde lo más mínimo hasta lo más grande”, repite Aurora Silva, y cuenta cómo sus hijas rezan por él cada noche y preguntan constantemente: “¿Cuándo sale papi?”.
En el colegio, la hija más grande de Silva con Superlano, que tiene siete años, hizo una exposición hablando sobre su papá en la que expresó lo “muy orgullosa” que está de él “lo que significa su papá y que su papá va a lograr la libertad de Venezuela”. Esas son las cosas que le dan fuerza a Aurora Silva para seguir adelante.
Como Superlano, muchos padres tampoco podrán celebrar el ‘Día del Padre junto a sus hijos. Dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa se sumaron recientemente a la lista de esos padres alejados de sus hijos por la prisión política. En redes sociales uno de ellos, Ramón Guanipa, recordó este jueves 12 de junio que su papá cumplió 20 días detenido.
“Mi papá es un hombre probo, un servidor público que ha dedicado su vida al país y a su familia. Siempre ha actuado con principios, con una firmeza que nace de la convicción de que Venezuela será libre”, señaló Ramón Guanipa en una publicación hecha en Instagram.
Juan Pablo Guanipa tiene cinco hijos que no podrán compartir con él en esta fecha especial. Ellos también se quedaron sin su madre el año pasado, luego de que la señora falleciera a causa de un cáncer de mama.
Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad también promueven una campaña por un “Día del Padre sin presos políticos”. Madres e hijos claman por la liberación de sus parientes injustamente detenidos.
Familias como la del exalcalde Carlos Chancellor, el abogado Perkins Rocha, los dirigentes políticos Biagio Pilieri, Américo De Grazia, entre muchos otros no podrán celebrar este Día del Padre. En muchos de estos casos, sus hijos han asumido la vocería pública para denunciar las condiciones de reclusión, pedir que se les brinde atención médica por sus situaciones particulares de salud e insistir en el clamor conjunto: libertad.
Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, tiene a su esposo, Rafael Tudares, preso desde enero de 2025. A propósito del ‘Día del Padre’, ella dedicó una carta a su esposo a con la esperanza de que alguien se la lea:
“Este es el primer Día del Padre que Ignacio y Martina pasarán sin ti, separados a la fuerza por una desaparición que jamás debió ocurrir. Son ya 157 días sin saber de ti, sin una señal, sin una palabra, sin una fe de vida. 157 días de incertidumbre, de angustia, de dolor”, se lee en la misiva publicada este 13 de junio enl a red social X.
Rafa, escribí una carta que me nace publicarla por esta vía porque, a pesar que no sé dónde te tienen realmente y se me niegue todo tipo de comunicación contigo, tengo la esperanza que alguien con algo de humanidad te la relate, por ser este próximo domingo 15, el día del Padre: pic.twitter.com/JPdrpBWaoy
— Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) June 13, 2025
Por los padres cuyos hijos están encarcelados
En Venezuela hay más de 900 presos políticos, según las cifras más recientes del Foro Penal Venezolano. Muchos de esos son hijos que, incluso algunos siendo adolescentes, no pueden estar en sus hogares para darle un abrazo a papá en su día especial, ni compartir los momentos cotidianos de una vida tranquila.
El señor Franklin Caldera lucha por la libertad de su hijo Franklin Caldera Martínez desde hace más de cuatro años. Su hijo es primer teniente del Ejército y fue detenido en 2021 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acompañados de supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), desde un sector apartado de Cúcuta (Colombia), por una trocha y bajo amenazas lo trasladaron a Venezuela.
La lucha del señor Caldera lo llevó a crear la organización Familia SOS Libertad, que denuncia los injustos encarcelamientos de Venezuela y promueve la defensa de los derechos humanos. Por esto, ha sido víctima de persecución e intimidación, actos que se han trasladado incluso hacia la madre de su hijo.
Para el señor Caldera, “ser padre de un digno oficial que fue secuestrado en territorio colombiano por funcionarios de la Dgcim y el ELN, implica una situación de gran dificultad y desafíos, tanto a nivel personal como social”.
“Mi hijo fue encarcelado no por haber cometido un delito, sino por sus ideas de querer un mejor vivir para todos los venezolanos. Además esto significa que no solo debo lidiar con la ausencia de mi amado hijo, sino también con la injusticia que representa el régimen”, declaró en entrevista con Runrun.es.
Para Franklin Caldera, el Día del Padre es una fecha de “reflexión sobre la falta de libertad y la injusticia que comete el Régimen hacia todos los que deseamos un cambio”. Añadió que este será otro año donde experimentará una “profunda tristeza, frustración, preocupación, rabia, impotencia y dolor” porque su hijo no podrá celebrar este día junto a él.
La posición que tenemos los Familiares de los que se encuentran injustamente Privados de Libertad es muy clara, no abandonaremos esta dura lucha que llevamos a diario, hasta lograr LIBERTAD y JUSTICIA. Hoy suma 1581 días Privado de Libertad Injustamente. No más!!!
Así como el señor Caldera, muchos padres tienen a sus hijos encarcelados y solo claman por su libertad. A través de un video difundido por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, el señor Ebert Sirit, padre de Emer Sirit detenido después del 28 de julio de 2024 pide pasar un ‘Día del Padre’ sin presos políticos.
Por los padres que fallecieron bajo custodia del Estado
Desde el año 2015, al menos 15 presos políticos fallecieron bajo custodia del Estado venezolano. En la mayoría de los casos, las familias han denunciado negligencias por parte del gobierno, problemas de salud que no fueron atendidos y torturas que desencadenaron en la muerte.
Uno de los presos políticos que murió bajo custodia del Estado fue Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del gobierno de Hugo Chávez. Su hija, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, lo recuerda como un hombre “maravilloso, bondadoso, noble, respetuoso, digno y sumamente creyente y espiritual”. Para ella, el mejor recuerdo que tiene de su papá es la “entereza con la cual se manejó toda su vida y que se fortaleció durante todos los procesos de persecución que transitó en vida”.
Baduel estuvo 12 años encarcelado. Desde 2009 cumplía una condena de casi ocho años y en 2015 recibió libertad condicional. Pero en 2017 fue encarcelado nuevamente y falleció el 12 de octubre de 2021. Murió en El Helicoide en los brazos de su hijo Josnars Baduel, quien está encarcelado desde el año 2020.
“Hay días en los que aflora la fragilidad humana, pero me permito fluir, también hay acompañamiento psicológico y asimismo procuro formarme cada día para contribuir a que haya justicia”, señaló Andreína Baduel a este medio.
Hay otros hijos que también perdieron a sus padres mientras estos estaban recluidos por razones políticas y sus vidas eran responsabilidad del Estado. Hoy, Runrun.es recuerda sus nombres:
Rodolfo Pedro González Martínez, piloto de aviación fallecido en 2015 en El Helicoide
Salvador Franco Pérez, indígena de la etnia pemón fallecido en 2021 en El Rodeo II
Jesús Rafael Álvarez, preso político poselectoral fallecido en 2024 en Tocuyito
Osgual González Pérez, preso político poselectoral fallecido en 2024 en Tocuyito
Lindomar Jesús Amaro Bustamante, preso político poselectoral fallecido en 2025 en Tocorón
Presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano y que dejaron hijos sin padre
Tampoco se pueden olvidar los casos del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y el exconcejal Fernando Albán, pues son memoria histórica del dolor que representa para una familia que su pariente muriera en prisión como consecuencia de la tortura y la impunidad. Ambos eran padres.
Hoy recordamos a Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado cuando se encontraba injustamente tras las rejas. Era un líder político y social que luchaba por sus ideales. A la fecha no hay justicia en su caso. #JusticiaYLibertadpic.twitter.com/6bBpyYgCyq
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 8, 2025
La muerte de Rafael Acosta Arévalo bajo custodia del Estado venezolano conmocionó a propios y extraños. La tortura desmedida acabó con su vida y puso los ojos del mundo en su caso, que se encuentra siendo investigado en instancias de justicia internacional. #JusticiaYLibertadpic.twitter.com/tR0yiKvanS
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 28, 2025
Durante años, organizaciones que defienden los DDHH han denunciado patrones de negligencia médica, condiciones inhumanas de reclusión y falta de acceso a la justicia, así como el uso sistemático de la detención arbitraria y la tortura como herramientas de persecución política. Estos casos no solo representan una violación del derecho a la vida, sino también una herida profunda para las familias que, en medio del dolor, siguen exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este sábado, 14 de junio, se cumple un año de la detención de Jeancarlos Rivas, coordinador juvenil de Voluntad Popular en el estado La Guaira. Su arresto ocurrió días después de que participara en la organización de un acto político en apoyo a Edmundo González Urrutia.
De acuerdo con su familia, Rivas fue detenido por funcionarios armados que no se identificaron ni presentaron orden judicial. Desde entonces, permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Rivas fue acusado por el Ministerio Público de “instigación al odio y terrorismo”, cargos que organizaciones de derechos humanos han considerado como parte de un patrón de criminalización del activismo político. Desde su audiencia de presentación, su defensa ha denunciado irregularidades procesales, incluyendo la imposición de una defensa pública y la falta de acceso al expediente por parte de su abogado privado.
La familia de Rivas ha denunciado públicamente las condiciones de detención, así como el impacto emocional que ha tenido su encarcelamiento, especialmente en su madre, su padre y su hermano menor, a quienes solo puede ver en visitas limitadas cada semana.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado el caso y lo han incluido entre los de jóvenes detenidos por motivos políticos en Venezuela. La ONG Foro Penal ha advertido que la utilización de figuras penales como el terrorismo para judicializar la protesta y el disenso vulnera estándares internacionales.
Antes de su detención, Jeancarlos Rivas cursaba estudios de Comunicación Social y participaba activamente en actividades comunitarias y políticas en su estado natal. Su entorno lo describe como un joven comprometido con la democracia y con el futuro del país.
“Hoy cumple un año injustamente detenido por querer un mejor futuro para los jóvenes. Es parte de nuestra familia, y lo vamos a seguir gritando: ¡No está solo!”, señaló VP en X al exigir la liberación de Rivas.
Te uniste a nuestra familia de VP a los 14 años y nos deslumbraste con tu carisma y pasión. Te hemos visto crecer, formarte, inspirar.
Eres el futuro de este país. Y por eso el régimen te quiere silenciar. ¡No lo lograrán! Vamos a verte libre, hermano. #LiberenAJeancarlos
Jeancarlos sueña con estudiar, con cambiar Venezuela desde la comunicación y el activismo. Hoy cumple un año injustamente detenido por querer un mejor futuro para los jóvenes. Es parte de nuestra familia, y lo vamos a seguir gritando: ¡No está solo!#LiberenAJeancarlos
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Gregory Sanabria Tarazona es un activista y ex-preso político venezolano que estuvo varios años encarcelado en El Helicoide y buscaba asilo en Estados Unidos, pero fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dos semanas antes de su audiencia preliminar.
De acuerdo con información que publicó The Washington Post, Sanabria tenía previsto comparecer a su audiencia preliminar el próximo 1 de julio, pero este jueves, 12 de junio, fue puesto bajo custodia cuando se registraba en el ICE de Houston.
El medio estadounidense refirió que a Sanabria se le permitió realizar una llamada telefónica a un amigo, donde dijo que un funcionario de inmigración le dijo que podría ser deportado a El Salvador.
Un abogado que trabaja con la familia de Gregory Sanabria, de 31 años, teme que la amenaza de deportación a El Salvador tenga como objetivo generar angustia para obligarlo a firmar una orden de autodeportación a Venezuela. Su familia y abogados temen que si es deportado a Venezuela podría enfrentar amenazas a su seguridad y una posible persecución por parte de las fuerzas de seguridad que lo encarcelaron durante años.
Ante esta situación, el Secretariado de Amnistía Internacional para la región de las Américas enfatizó que las políticas migratorias de Estados Unidos “no pueden ignorar el riesgo real de que Gregory y miles de personas más sean devueltas a un país donde podrían ser torturadas”. En ese sentido, exigieron que se otorgue “protección internacional” a Sanabria “y que se respete su derecho a solicitar asilo”.
🧵2/2 ❌ The U.S.’s racist immigration policies cannot ignore the real risk that Gregory and thousands of others could be returned to a country where they may face torture.
✊We demand that Gregory be granted international protection and that the right to seek asylum be upheld.
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) June 14, 2025
¿Quién es Gregory Sanabria Tarazona?
Gregory Antonio Sanabria Tarazona, de 31 años, nació en el estado Táchira. Estudiaba Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) en 2014 y participó activamente en protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Ese año, Sanabria fue acusado de “conspiración para la rebelión” por supuesta vinculación con figuras opositoras como Lorent Saleh y detenido el 7 de octubre de 2014. Durante más de cuatro años estuvo recluido en El Helicoide, lugar en el que según organizaciones internacionales fue víctima de torturas y tratos crueles.
En el año 2018, Sanabria fue atacado en las instalaciones del Sebin por presuntos presos comunes de El Helicoide. Según Amnistía Internacional, esa agresión le causó fractura de cráneo y nariz. Ese mismo año fue excarcelado de la prisión, pero tenía prohibición de salida del país.
Llegado 2022, huyó hacia Colombia y luego cruzó la ruta del Darién para llegar a Estados Unidos, donde solicitó asilo y recibió permiso para trabajar en construcción en Texas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Que si no me van a dejar entrar, que si me van a anular la visa, que si me van a mandar al “cuartico”...
Una permanente tensión se ha vivido desde el pasado lunes 9 de junio cuando entró en vigencia otra de las órdenes ejecutivas rubricadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en esta oportunidad para impedir o restringir el acceso de ciudadanos de 19 países a territorio americano, entre ellos venezolanos.
Una abogada cuya labor es asesorar a personas para tramitar visas americanas comentó que fuentes allegadas a agencias de viajes y aerolíneas informaron que los venezolanos que se presentaron a puertos de migración a partir del 9 de junio lograron ingresar al territorio estadounidense, algunos con restricciones.
“La información que manejo es que a todos los dejaron entrar, pero a algunos les dan un lapso de permanencia de incluso 15 días”, dijo la profesional del derecho que prefirió preservar su identidad.
La abogada manifestó que la barrera infranqueable fue colocada frente a quienes ya tenían una cita para obtener una visa a partir del 9 de junio.
“En los últimos días la negativa ha sido completa, todavía no ha habido una visa aprobada para un venezolano”, reveló.
Informó que durante la comparecencia en la embajada de un tercer país, porque Caracas no cuenta con servicio consular estadounidense desde marzo de 2019, a los venezolanos les entregan un papel con la razones por las cuales no pueden otorgarles visas.
Para la experta, la proclama presidencial coloca a quienes ya tienen una cita agendada en un encrucijada: están los que se encuentran en el extranjero e hicieron una inversión de trámite consular, traslado y estadía y quienes no saben para cuándo reprogramar el encuentro con los funcionarios diplomáticos estadounidenses.
“Aquellos que ya cancelaron los 185 dólares del trámite consular o la cita no tienen idea para cuándo pueden reprogramar otra”, puntualizó.
La abogada dijo que, por otro lado, se encuentran aquellos cuya visa está por vencerse y no saben si pedir una renovación del documento, que para algunos venezolanos se ha convertido en un bien preciado.
“Muchas de esas personas tienen familiares en Estados Unidos en estado legal, incluso, son ciudadanos americanos o incluso tienen que hacer trámites bancarios, es algo que va más allá del turismo”, expuso.
Reina la incertidumbre
De acuerdo a la orden ejecutiva, la medida será revisada en un lapso de 90 días, pero el panorama es tan incierto e impredecible como la política interna e internacional de Trump.
“La orden dice que va a ser revisada en tres meses, pero particularmente, no veo que vaya a haber muchas alteraciones porque uno de los puntos es la falta de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos para revisar posibles antecedentes penales y esto puede pasar solo si hay un cambio político”, opinó la abogada experta en migración, Jennifer Ibañez Whitlock.
Ibañez Whitlock advirtió que si bien otra de las razones para restringir el acceso de venezolanos a territorio estadounidense es el porcentaje de permanencia con visa una vez terminado el periodo otorgado por el oficial de inmigración (9,83), hay otros países que sobrepasan esa cifra.
“Si bien los canadienses no necesitan visa para ingresar a Estados Unidos, su porcentaje de permanencia es muy alto”, indicó.
A juicio de Ibañez Whitlock, las elecciones del Congreso de los Estados Unidos en noviembre de 2026 podrían traer un viraje en la política migratoria de Trump.
De acuerdo al director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez Bravo, en Estados Unidos hay alrededor de un millón de venezolanos.
“Lo de las visas va a impedir que los familiares visiten a sus afectos que son muchos, eso va a impactar negativamente en los viajes y el consumo”, estimó.
No todos alineados
Para la abogada que prefirió omitir su nombre, no todo el personal consular está de acuerdo con la medida y puso como ejemplo el caso de una persona que fue recientemente a una entrevista por visa en Curazao.
“Esta persona venezolana tiene nacionalidad europea también, el funcionario le aprobó la visa y la estampó en el pasaporte europeo, algo curioso, porque el trámite o la planilla DS-160 la había llenado con datos de su documento de identidad venezolano”.
La asesora expuso que Curazao suele ser una sede consular donde hay un elevado índice de rechazos para peticiones de visa estadounidense y curiosamente jueves y viernes antes que entrara en vigencia la proclama esta tendencia se revirtió.
“La cantidad de aprobaciones fue enorme, eso nos hace pensar que el personal consular no está de acuerdo con esta medida, que, en lo personal, me parece radical”, expresó.
A juicio de la abogada, los funcionarios de embajadas estadounidenses han gozado de autonomía a la hora de aprobar o rechazar una visa: “Esa autonomía se la están quitando, el personal se está sintiendo afectado y han mermado su autoridad”.
La profesional del derecho dijo que dentro y fuera del país son muchas las personas que hacen trabajo de asesoría para gestionar visas estadounidenses para venezolanos.
“En mi caso me veo afectada directamente, tengo una merma de trabajo importante, tenía 30 personas para pautar cita y con ello mi comisión de 50% queda en el aire. No pienso tomar nuevos clientes porque me parece irresponsable, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto”, sumó.
La abogada apostó porque la medida sea evaluada en 90 días y revertida: “Esperemos que esto cambie y tengamos de vuelta nuestra fuente de ingreso y, por el lado de las personas, es probable que cuando se reanuden las entrevistas para las visas sean más radicales”.
Pánico entre los que están adentro
Operativos y alertas de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han creado zozobra no solo en la comunidad venezolana sino también extranjera.
Denuncias de personas que asisten a citas en ICE y son detenidas, como la hecha por el exdiputado de la Asamblea Nacional, Renzo Prieto, son frecuentes en redes sociales.
“Al presentarse voluntariamente a su audiencia en la Corte de Inmigracion en Estados Unidos, Gregory Sanabria, ex preso político venezolano y perseguido por el régimen de Maduro, fue detenido”, escribió el exparlamentario en su cuenta de X.
A raíz de la amenaza, miles de manifestantes se han lanzado a las calles en una ola de indignación que comenzó en Los Ángeles y se ha extendido a otros estados.
Como represalia, Trump envió a la Guardia Nacional y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem se limitó a escribir en sus redes sociales que “ICE seguirá aplicando la ley”.
“El actual gobierno de Estados Unidos necesita presentar una imagen negativa de los venezolanos porque es un tema político, quieren vender la idea de que la mayoría son perjudiciales y una amenaza, están en la necesidad de decirle a los estadounidenses que los están protegiendo”, sostuvo Ibañez Whitlock.
La abogada experta en migración indicó que el gobierno de Trump desestima los casos de peticiones de asilo.
“Consideran que la mayoría de quienes apelaron a ese derecho internacional solo va a trabajar, hay gente que tiene casos fuertes, pero ellos ven esas aplicaciones como fraudes”.
Pese a ello, Ibañez Whitlock no considera que las peticiones de asilo en Estados Unidos hayan bajado porque es mucha la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad en el mundo.
“Estados Unidos tiene 13 millones de indocumentados, y de ellos, el 80% tiene más de 12 años en esa situación, desde su mandato anterior Trump ha venido anunciado una deportación masiva, se ha vendido como el gran deportador”, sentenció Páez Bravo.
En diversas ciudades, venezolanos junto a otros extranjeros así como ciudadanos estadounidenses se han organizado para alertar sobre redadas repentinas y alcabalas.
“Los costos para hacer una deportación masiva y sus efectos no son los más positivos, esto va a tener un impacto sobre la economía, sectores agrícolas y servicios se van a ver afectados, en el sector construcción se ha perdido la mano de obra por el tema de las redadas, la gente tiene miedo de salir…esa misma gente es la que usa tarjetas de créditos, compra casas, carros y tiene un nivel de consumo, especialmente en Florida donde hay más del 50% de la diáspora venezolana en Estados Unidos”, dijo el sociólogo y experto en migraciones, Tomás Páez Bravo,
Ibañez Whitlock, por su parte, comentó que los propios miembros del partido de Trump son testigos del impacto que está teniendo la actual política migratoria.
“Si el precio de la comida sube se van a dar cuenta del efecto que puede tener las deportaciones y la escasez de mano de obra. Todas estas políticas que vemos vienen de la Casa Blanca y especialmente del subjefe de gabinete de estrategia política y asesor de seguridad, Stephen Miller”, advirtió-
Páez Bravo coincidió en que Trump ha conseguido oposición a su política migratoria entre sus aliados.
“Hay una confrontación entre el gobierno y la sociedad civil. Diputados de su partido en Florida se han opuesto, porque en ese estado se encuentra buena parte de su electorado”, precisó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La tarde de este jueves, 12 de junio, fue detenido Rodrigo Cabezas, exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, según denunciaron en redes sociales periodistas y organizaciones que defienden los derechos humanos.
Inicialmente, la denuncia fue hecha por el periodista Vladimir Villegas, quien informó que Cabezas fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Llegado el viernes, el comunicador señaló que la hija del exministro informó que su padre fue trasladado vía aérea hacia Caracas “en calidad de detenido”.
Familiares de Rodrigo Cabezas, ex ministro de Finanzas y ex parlamentario, denuncian que hace una hora fue detenido por el SEBIN .
— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) June 12, 2025
Fue trasladado vía aérea a Caracas en calidad de detenido el economista Rodrigo Cabezas, ex parlamentario, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez y profesor de la Universidad del Zulia, según me acaba de informar su hija Rodna.
— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) June 13, 2025
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó vía X que, según allegados a Cabezas, cortaron el servicio eléctrico en su residencia y le indicaron que debía presentarse a la sede de Corpoelec en Las Delicias, Maracaibo, estado Zulia. “Una vez allí, fue detenido por funcionarios del Sebin. El propio Cabezas alcanzó a informar telefónicamente sobre su aprehensión”, alertó el Comité.
El Comité recordó que Rodrigo Cabezas es “un académico respetado, con amplia trayectoria en el ámbito económico y fiscal del país”. Resaltaron también que su “participación activa en el Observatorio Venezolano de Finanzas y sus posturas críticas en defensa de la democracia y la institucionalidad lo han convertido en una voz clave frente a la crisis nacional”.
“Su detención representa una grave violación a sus derechos fundamentales y un nuevo episodio de persecución contra el pensamiento independiente en Venezuela”, denunció el Comité.
📢 URGENTE | Denunciamos la detención arbitraria de Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas
Rodrigo Cabezas, economista, exparlamentario, profesor de la Universidad del Zulia y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, fue detenido este jueves #12Jun por el Servicio… pic.twitter.com/GYfMqwPrw8
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) June 12, 2025
“Usan los organismos de seguridad para perseguir“
La activista Sairam Rivas condenó la detención de Cabezas, señalando el hecho “como parte del patrón sistemático de persecución contra la disidencia”. Ante eso, exigió la liberación inmediata del exministro y economista.
Condeno la detención del profesor y dirigente político Rodrigo Cabezas, quien hoy ha sido arrestado de forma arbitraria como parte del patrón sistemático de persecución contra la disidencia.
Rodrigo es economista, profesor, exministro y exparlamentario. En los últimos años ha… https://t.co/HyXiFgIDop
También, el diputado de la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, rechazó la aprehensión del exministro. “¿De qué se le acusa? ¿Haber militado en sus filas y hoy ser disidente del gobierno es delito? ¿Y la Constitución y el debido proceso? Nuevamente, usan los organismos de seguridad para perseguir, encarcelar y violar todos los DDHH”, señaló.
Rechazamos la detención de Rodrigo Cabezas, economista, profesor, fundador del movimiento Zulia Humana y ex ministro de Economía y Finanzas.
¿De qué se le acusa? ¿Haber militado en sus filas y hoy ser disidente del gobierno es delito? ¿Y la Constitución y el debido proceso?…
Rodrigo Cabezas Morales es un economista y exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez. Nacido en Valera, estado Trujillo, y criado en Maracaibo, Cabezas es egresado de la Universidad del Zulia donde más tarde se convirtió en profesor titular en la Escuela de Economía, con casi 40 años de experiencia.
En el año 1990 fue electo como diputado por el estado Zulia en 1990 en el Congreso Nacional y luego diputado en la II Legislatura de la Asamblea Nacional (2000–2005), donde presidió comisiones de Finanzas.
Fue militante del Movimiento V República y luego del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual fue miembro de la Dirección Nacional del partido hasta 2017, año en que se distanció del chavismo oficial.
Asumió la cartera de Economía y Finanzas en 2007, sucediendo a Nelson Merentes, y permaneció hasta principios de 2008. Durante su gestión participó en políticas económicas del chavismo, aunque años después criticó su rumbo, especialmente la emisión monetaria excesiva y la hiperinflación bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Es cofundador y coordinador político del movimiento “Zulia Humana” junto al diputado Eduardo Labrador, otro exmilitante chavista que fue detenido en octubre de 2024. Desde este movimiento respaldó el proceso de primarias opositoras de 2023 y la candidatura de Henrique Capriles, quien luego se retiró de la contienda. El año pasado apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
