En el marco del Día del Periodista en Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) lanza la campaña “El periodismo cuenta”, una iniciativa que enfatiza el reclamo frente a las detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y que exige la libertad de quienes permanecen tras las rejas por contar y opinar en un país en el que se impone la censura y el silencio.
La campaña, según destacan en la nota de prensa compartida, “resalta el valor del periodismo como herramienta para contar historias, pero también como pilar fundamental para la defensa de la democracia, como garantía de derechos, el acceso a la justicia y la construcción de memoria, es decir, como forma de tener un impacto en la sociedad”.
Puntualizan que ante la “censura, desinformación, criminalización del ejercicio periodístico y las restricciones en el acceso a la información” la campaña permitirá recordar que el periodismo libre “sigue siendo indispensable para contar la verdad“.
La campaña contará con la participación de periodistas reconocidos, medios independientes y actores de la sociedad civil “que reconocen el valor del periodismo para el desarrollo de la educación, la salud, la justicia, la participación ciudadana y otros ámbitos clave para el país”.
El SNTP instó a los ciudadanos a participar de ella compartiendo los contenidos y utilizando el hashtag #ElPeriodismoCuenta, con lo que aseguran, se está defendiendo “el derecho a saber, la libertad de expresión y el valor de quienes arriesgan su seguridad por contar lo que otros quieren ocultar“.
Súmate y alza la voz porque sin memoria no hay justicia, y sin periodismo no hay democracia. #ElPeriodismoCuenta.
El impacto del periodismo en la sociedad
El SNTP precisa que la campaña se articula en torno a cuatro ejes temáticos que resumen el impacto del periodismo en la Venezuela actual. Estos ejes son:
El periodismo para exigencia de justicia y libertad
Este eje de la campaña pone el foco en la defensa activa del derecho a ejercer el periodismo en libertad y sin miedo. Destacan que en el país informar “se ha ha convertido en un riesgo” por el riesgo de censura, hostigamiento, detenciones arbitrarias, procesos judiciales, amenazas, cierre de medios y vigilancia.
El SNTP recuerda que, al presente, hay 20 periodistas y trabajadores de la prensa están detenidos y al menos 12 están sometidos “a procesos penales con medidas cautelares”, mientras que otros han tenido que exiliarse.
“Desde este eje, alzamos la voz para exigir la libertad plena de los periodistas detenidos injustamente, el cese inmediato de la judicialización del periodismo, el fin de la censura, las amenazas, los bloqueos y los cierres de medios, así como garantías para que la prensa pueda hacer coberturas de calle, acceder a la información pública y ejercer su labor sin represalias”, claman.
El periodismo como defensa de derechos
Este eje de la campaña resalta la doble dimensión del rol de la profesión: por una parte, ejercer el periodismo “es ejercer el derecho a expresarse, a investigar, a opinar. Y, al mismo tiempo, garantiza el derecho de la ciudadanía a estar informada, a conocer lo que ocurre en su entorno, a tener acceso a datos y conocer decisiones que afectan su vida”.
El SNTP destaca que el periodismo también visibiliza las violaciones a otros derechos, “como la salud, la educación, la vivienda, la justicia, el ambiente o la alimentación”.
“Cada reportaje que denuncia una crisis hospitalaria, una injusticia legal, un abuso policial o una comunidad sin agua, es un acto de defensa de derechos colectivos. Por eso, cuando el periodismo está bajo ataque, lo que está en riesgo no es solo el derecho a informar o ser informado, sino el acceso pleno a todos los demás derechos”, advierten.
El periodismo como memoria
Este apartado de la campaña enfatiza la importancia del periodismo para ampliar la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“A través de las historias contadas, el periodismo ha logrado que abusos y violaciones no queden en el silencio. Informar, en este contexto, es una forma de reparación y el periodismo, una herramienta de resistencia frente al olvido”, indican, al tiempo que ponen de relieve el rol del periodismo en la construcción de la memoria colectiva.
“Al contar lo que pasó y hacerlo con rigor, ayuda a no olvidar y a evitar que se repita. Cuando el periodismo registra y preserva los hechos, contribuye a la verdad histórica”, enfatizan.
El periodismo como esperanza
Este eje de la campaña del SNTP parte de la convicción de que “mientras exista alguien que cuente la verdad, existe esperanza”. Aquí se enmarca el papel del periodismo para dar cuenta de la resistencia, las soluciones, la reconstrucción y el esfuerzo de comunidades, organizaciones y personas “que no se rinden ante la adversidad”.
“En un país donde muchas veces se impone el silencio, contar lo que pasa, sigue siendo una forma de resistencia. Y cuando ese relato incluye experiencias que apuntan al cambio, que inspiran, que muestran caminos posibles, el periodismo se convierte en motor de esperanza colectiva. Este eje reconoce al periodismo como constructor de futuro y defensor del derecho a imaginar un país distinto, más justo, más libre, más democrático. Cuando el periodismo persiste, la esperanza también”, abundan.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Mañanero del jueves 27 de junio resume los titulares más relevantes de las noticias de la jornada anterior: A partir de la detención del ex preso político Gregory Sanabria por la policía migratoria a su salida de una corte, organizaciones civiles y venezolanos en Estados Unidos levantaron la voz. Denunciaron que emboscar a los solicitantes de asilo fuera de los juzgados es una práctica consecuente y violatoria de los derechos fundamentales.
#JusticiaYLibertad#ServicioPúblico Claudia Morillo es una madre valiente que, desde 2019, carga con el peso de una historia injusta y profundamente dolorosa: Su esposo, Jhon Hader Betancurt, fue condenado a 30 años de prisión por un acto sencillo de humanidad: dar la mano y… pic.twitter.com/MY4GorUtfM
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 26, 2025
“Estamos hablando de un país (venezuela) que está poniendo en peligro la integridad de sus vecinos, ¿entonces cuál es el fin de esta organización? Lo mismo ocurre con Haití”, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos en la oea
De acuerdo al Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa, 105 personas murieron durante el mes de mayo en Venezuela como consecuencia de accidentes de tránsito.
De acuerdo con el boletín del OSV, del total de las víctimas, 82 eran hombres y 23 mujeres.
La organización detalló que, del total de fallecidos, 44 eran motorizados, cuyas edades estaban comprendidas entre 20 y 29 años.
Entre los fallecidos, 16 eran pasajeros de autobús, 15 peatones y 12 acompañantes de motorizados.
“Un dato constante en toda la estadística presentada en lo que va de año es la muerte de motorizados, los peatones fallecidos en su mayoría fueron víctimas de arrollamiento”, destacó la ONG.
Aunado a esto, la organización no gubernamental documentó el caso de un ciclista que murió atropellado.
“La tasa de personas fallecidas fue de 37,5 personas por cada 100 accidentes de tránsito”, indicó la ONG, la cual recoge sus datos sobre la base de notas de prensa, redes sociales y grupos de auxilio vial.
Según la ONG hubo 280 siniestros de tránsito, de los cuales 89 fueron colisiones, 63 deslizamientos de motorizados, 41 arrollamientos, 39 choques con objetos fijos, 21 vuelcos de vehículos y 27 accidentes.
“Nuevamente el factor humano influyó en la mayoría de los hechos recopilados durante mayo, como el exceso de velocidad, impericia por parte del conductor e ingesta de alcohol”, puntualizó la ONG.
De acuerdo al fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en 2024 se registraron 1.924 accidentes de tránsito en el país.
“37 % corresponde a casos de choques entre vehículos, 27 % a arrollamientos, 18% a choques contra objetos fijos y el 18 % a motivos varios”.
El funcionario chavista anunció un plan para reducir la mortalidad asociada a los accidentes de tránsito.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Sí, tía, no me voy a presentar a la cita porque sería como sabotearme”, le confesó Adrián* a un familiar en una conversación por Instagram.
Adrián formaba parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Venezuela, pidió la baja y decidió emprender un viaje por la selva del Darién y México que lo llevó a Estados Unidos. Se entregó a la patrulla fronteriza durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden y ahora teme ser regresado a Venezuela cuando le toque la cita con las autoridades migratorias para revisar su estatus de asilo político.
Así como el Servicio de Inmigación y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al expreso político Gregory Sanabria al abandonar su cita con un juez de migración, Adrián teme atravesar por la misma situación y ser devuelto a Venezuela o a otro destino como El Salvador, donde la administración del presidente Donald Trump envío a más de 230 presuntos miembros del Tren de Aragua.
“un compañero que vivía conmigo fue a su corte y cuando salió lo detuvieron, lo llevaron a un centro de procesamiento. se lo están haciendo a todos los que van a las cortes, él se comunica con nosotros a través de un teléfono celular público que tienen para todos. Yo estoy en contacto con un abogado a ver qué puedo hacer, porque tampoco quiero quedar ilegal. Ya tengo permiso de trabajo, seguro social y licencia de conducir, podría perderlo todo”, dijo el ex militar venezolano.
Sanabria fue detenido la segunda semana de junio y remitido a un centro de procesamiento de migrantes en Montgomery, ubicado en Conroe, Texas.
El activista oriundo del estado Táchira y militante del partido Voluntad Popular fue arrestado en octubre de 2014 por funcionarios venezolanos y posteriormente llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ubicado en El Helicoide, Caracas, donde según consta en registros fotográficos, fue golpeado. Fue liberado en junio de 2018 luego de un motín de presos políticos a raíz de torturas perpetradas por funcionarios policiales.
Según expuso su abogado Juan Molina a medios estadounidenses, Sanabria no ha cometido delito alguno, ni posee infracción dentro de los Estados Unidos, además se ha presentado rutinariamente a la corte para todos sus controles.
A juicio de Molina, actualmente Sanabria no está en proceso de deportación y si un juez ordena su salida inmediata de territorio estadounidense apelará.
Exprisionero político venezolano Gregory Sanabria, que denunció torturas en el Helicoide, se presentó voluntariamente a una audiencia de deportación en Texas, Estados Unidos y resultó detenido. Ahora, el congresista Mario Díaz-Balart advirtió que, si es devuelto a su país, corre… pic.twitter.com/HlwxO4cRVx
En una entrevista a NTN24, Anthony Sanabria, hermano de Gregory, declaró que este le dijo queprefería morir antes de ser deportado a Venezuela.
“Es realmente devastador ver que incluso una persona que ha sido detenida, secuestrada y torturada no puede tener la protección que necesita”, dijo Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus.
“Es un caso sin duda emblemático y que preocupa mucho porque es un solicitante de asilo y corre el riesgo de deportación. Este es un caso que contraviene lo expuesto en la Convención Contra la Tortura, su libertad y seguridad pueden verse comprometidas al momento de ser retornado a Venezuela”, añadió Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para America Latina (WOLA por sus siglas en inglés).
“Potencialmente criminales”
Para Javier*, otro venezolano en Estados Unidos con petición de asilo, para la actual administración de Trump, toda persona que ingresó por la frontera con México es considerada un criminal.
“Y si tiene menos de dos años en el país, que creo no es el caso de Sanabria, le pueden hacer una deportación exprés sin derecho a juicio ni abogado”, añadió.
Oliver*, quien entró con parole a Estados Unidos y posteriormente solicitó asilo, calificó como una especie de “trampa” la detención de migrantes venezolanos al momento de abandonar la corte después de haber comparecido ante un juez.
“La estrategia consiste en que el fiscal pide la desestimación del caso de asilo y el juez acepta, entonces, desestima el caso pero no ordena deportación ni detención. Y el fiscal, actuando en coordinación con los efectivos de ICE, aprehenden a la persona cuando está en la calle, esto sucede regularmente cuando la persona va sin abogado. El asunto era que antes cuando la persona no tenía un caso fuerte de asilo, esta aceptaba que se desestimara y después apelaba al Estatus de Protección Temporal (TPS), pero ahora que lo quitaron nos retiraron la escalera y quedamos agarrados de la brocha”, explica contrariado.
🇺🇸 | Así fue la detención de un migrante tras presentarte a la corte de migración en Estados Unidos: ICE lo esperó afuera para posteriormente arrestarlo. pic.twitter.com/Jfoo1Mz0ZV
Mónica* está en Oregon, uno de los estados santuarios en Norteamérica. Atravesó el Darién con su hijo pequeño y cruzó la frontera después de tres meses esperando en México por la cita del CBP One, una aplicación móvil creada por la administración de Biden para programar citas a fin de presentarse en puntos fronterizos en procura de solicitar asilo u otra alternativa de permanencia. Ella tomó la decisión de salir de México porque considera que es un país peligroso y más para una mujer con un menor de edad.
“Por supuesto que voy a acudir a una corte si me llaman para una comparecencia ante un juez, de lo contrario, estaría cometiendo un delito, expondría mi caso y las razones por las que estoy solicitando asilo. Las primeras citas suelen para verificar que en efecto te encuentres en territorio estadounidense, en el caso de una negativa siempre hay la opción de apelar”, comenta.
Según contó en el estado donde se encuentra no se ha enterado de la primera deportación. “Ni siquiera he visto patrullas de ICE, aquí está prohibido que si la policía te detiene se comuniquen con ICE”.
Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, expuso que el caso de Sanabria es la demostración más fehaciente de que la administración de Trump no está revisando los casos detalladamente.
“Eso solo indica el desprecio que siente el gobierno de Trump por los venezolanos”, opinó.
“Lo que estamos viendo es un profundo sentimiento antinmigrante, unas políticas que resultan discriminatorias, específicamente contra los venezolanos. La discrecionalidad tiene unos límites y no debe convertirse en arbitrariedad, las leyes contemplan el derecho a asilo y el principio de no devolución, en WOLA hemos reclamado el hecho de que una persona sea deportada a otro país donde no tiene vínculo alguno, si cometió un delito en Estados Unidos, debe ser investigado y procesado bajo las leyes estadounidenses”, agregó Laura Dib.
Como corolario de toda la situación, la Corte Suprema de Estados Unidos le permitió al gobierno de Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen.
Durante su segundo mandato, Trump ha alcanzado acuerdos para deportar extranjeros a El Salvador, Panamá, Costa Rica y más recientemente a Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo y uno de los más pobres.
Según Los Angeles Times, a quienes se les envió al país africano, se les notificó apenas 16 horas antes.
A juicio de Dib, cada día se cierra más la frontera estadounidense.
“Ya van alrededor de 6000 deportaciones de venezolanos, se cancelaron el parole humanitario, el CBP one, el TPS y se puso en práctica una Ley de Enemigos Extranjeros que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial”.
La “cuota del millón” de Trump
Así como Nicolás Maduro prometió llenar las cárceles venezolanas con una cuota de 2 000 detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció que iban a deportar a un millón de personas luego del primer año de gobierno de Trump.
“La meta de Trump es dejar a la mayoría de los venezolanos sin estatus para poder deportarlos porque ellos tienen una cuota que cumplir y porque no quieren venezolanos en Estados Unidos, estamos todos en un mismo caso, no están cazando como si fuésemos presas”, dijo Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus informó que actualmente el porcentaje de rechazo de solicitudes de asilo en Estados Unidos supera el 90%: “El solo hecho de pedir asilo te da la protección de no deportación, están eliminado los casos admisibles o no para dejarlos sin esa protección”.
Dib aseguró que la tasa de concesión de refugio es baja.
“Y eso es a nivel mundial. En Estados Unidos hay cerca de 600 000 venezolanos con TPS y 117 000 que ingresaron con parole humanitario. En enero, el gobierno estadounidense suspendió el programa de reasentamiento de refugiados, así como la posibilidad de pedir asilo en la frontera”.
Según WOLA, hasta diciembre de 2024, había 132.272 venezolanos con casos de asilo pendiente, la tasa de reconocimiento de asilo para venezolanos durante el año fiscal 2024 fue de 64,4% y los venezolanos admitidos como refugiados en el periodo fiscal 2021-2023 fue de 1340.
Dib apuntó que el año pasado, Estados Unidos financió más del 53% del plan de respuesta humanitaria para Venezuela y este 2025 tan solo ha financiado 4,4% de ese plan.
“La gente va a seguir saliendo de Venezuela, pero lo va a hacer en una situación de mayor vulnerabilidad y sin programas para su recepción en países de acogida como Colombia. El impacto de la revocación de las licencias petroleras deja a la gente a merced de economías ilícitas y grupos armados, no basta con ver el impacto de la migración venezolana en Estados Unidos, sino a nivel regional”, advirtió.
Entre la ambigüedad y silencio
Para Ferro es llamativo que el liderazgo opositor en Venezuela no haya efectuado mayor pronunciamiento en torno al caso de Gregory Sanabria.
“Algunos tuvieron que pronunciarse, pero lo cierto es que no tenemos representación política, somos una diáspora absolutamente vulnerable, víctimas de la xenofobia, el racismo y la discriminación”.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) donde expone que si Sanabria es devuelto a Venezuela su vida estaría en grave peligro.
“Me preocupa cada vez más el creciente número de casos en Estados Unidos de personas que han huido de regímenes opresivos y están siendo detenidas con miras a una posible deportación”, expuso en la misiva.
Ferro indicó que, al igual que Sanabria, hay otros expresos y perseguidos políticos venezolanos que están en centros de procesamiento o detención en Estados Unidos.
“Lo que pasa es que no son notorios como Gregory, pero igualmente corren el riesgo de ser deportados. Eso es un claro ejemplo de que a la administración de Trump no le importa la situación de Venezuela”, dijo.
A juicio de Ferro, Trump se saltó el debido proceso cuando envió a más de 230 personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Se están cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos y civiles todos los días”, denunció.
Asesorarse es la vía
Para Laura Dib, de WOLA, lo más razonable es que cada persona solicitante de asilo en Estados Unidos se asesore legalmente.
“Para ello hay servicios gratuitos porque el temor a ser detenidos a pesar de tener protección internacional es válido y creo que es importante buscar asesoría jurídica, antes de una eventual deportación”.
Oliver* no sale a la calle sin sus documentos y los tiene siempre al día.
“Estoy en permanente contacto con mi abogado, él tiene una programa en Youtube y suelo verlo, estoy pendiente de mi caso en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés). En el caso de una negativa, algunas personas pueden pedir una salida voluntaria e irse a un tercer país”, expresó.
Para Javier*, quien tiene siete años aguardando por la resolución de su caso de asilo político, durante el mandato de Trump la incertidumbre es la norma.
“Entiendo que actualmente están convocando a quienes recién acaban de pedir asilo y a los que tienen mucho tiempo esperando, veremos qué nos depara el futuro a nosotros”, manifestó.
*Nombres cambiados a petición de los entrevistados
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Edmundo González Urrutia señaló que Venezuela no cuenta con la infraestructura necesaria para hacerle frente a las lluvias en los estados Mérida, Apure, Barinas, Táchira y Trujillo.
“Lo más doloroso es la fragilidad con la que muchas comunidades enfrentan estas emergencias, sin infraestructura adecuada, sin servicios públicos estables, sin acompañamiento oportuno de las instituciones”, señaló el exiliado en España desde septiembre pasado en un mensaje publicado a través de su cuenta de X.
Gonzalez Urrutia alabó la labor de los cuerpos de rescate y voluntarios.
El líder opositor expresó solidaridad con las familias afectadas y les extendió su afecto y respeto.
En un mensaje de Telegram, Nicolás Maduro informó sobre la activación del plan Fuerza de Tarea Andes 2025 para atender las emergencias generadas por las lluvias.
“Ante las emergencias por las fuertes precipitaciones, hemos tomado acción inmediata, en unidad gubernamental”, dijo Maduro, quien aseguró que tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como los gobiernos regionales y municipales están haciendo un esfuerzo por responder a la crisis.
El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, señaló vía telefónica por Venezolana de Televisión (VTV) que al menos 273 familias se han visto afectadas por las lluvias en la entidad.
Sánchez indicó que doce municipios de Mérida han sido perjudicados por las lluvias, seis de ellos con mayores afectaciones.
Por su parte, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, informó que seis municipios se encuentran afectados por los torrenciales aguaceros en la zona.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el economista Francisco Monaldi, experto en materia petrolera, el reciente alto al fuego en el Medio Oriente no garantiza estabilidad en la región y el conflicto entre Irán e Israel sigue siendo muy volátil.
En conversación con el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, el economista señaló que se trata de una situación “que puede volver a prenderse” porque Israel tiene un interés estratégico en evitar que los iraníes desarrollen un programa nuclear, y mientras no tengan la convicción de que lograron ese objetivo, el conflicto podría reactivarse.
Sin embargo, para el director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad Rice, esta situación es distinta a otras crisis del Medio Oriente.
“Si bien hubo un incremento importante el precio del petróleo que estaba a finales de mayo en unos $62 por barril y llegó a $77, pero si lo ves con respecto a otros episodios en la historia de la industria, el mercado petrolero ha estado relativamente calmado”, precisó.
Venezuela y el conflicto
Para Francisco Monaldi es claro que si el precio del petróleo sube por el escenario conflictivo en Medio Oriente eso sería positivo para los ingresos de Pdvsa, por más que el país tenga descuentos en la venta en el mercado negro
En la actualidad Venezuela exporta unos 800 000 barriles de petróleo al día, así que para Monaldi, resulta más importante el hecho de que Venezuela e Irán son competidores directos en el mercado negro de China.
“Y aunque Irán ha sido en el pasado facilitador de la venta de crudo venezolano en el mercado chino, también está esa rivalidad y si salen barriles de Irán en el mercado chino, el petróleo venezolano tiene mayor valor”. Sin embargo, al ser poco probable un cierre del estrecho de Ormuz con el que amenazara Irán en algún momento, no es factible que el precio del petróleo siga subiendo y en cualquier caso el impacto no va a ser importante en las finanzas de Venezuela.
Monaldi también recordó que por un tiempo Venezuela se abasteció de diluyentes provenientes de Irán para la industria petrolera , pero la situación actual no es la misma que hubo durante el período de la pandemia, cuando Irán fue un apoyo clave para que el país pudiera surfear la escasez de gasolina.
Por un lado, la industria venezolana se recuperó en estos años y por el otro, Chevron suministró se encargó de suministrar diluyentes necesarios, de los cuales “Venezuela todavía tiene un buen inventario”. Pero a medida que pase el tiempo, “va a tener que importar diluyentes y productos refinados, y eso va a ocurrir probablemente o de Irán o de Rusia, que son los dos principales potenciales suplidores de Venezuela”, señaló Monaldi.
La salida de Chevron
El economista experto en materia petrolera explicó que con la salida de Chevron, esos 250 000 o 300 000 barriles que estaba exportando Venezuela por esa vía no es que desaparecen, sino que se irán al mercado negro en China, fundamentalmente.
Sin embargo, en el corto plazo, lo primero es que se frena la inversión de Chevron -que tenía tres taladros o operando- y la producción, que venía subiendo de manera importante. Advirtió que también se sentirán los efectos en la declinación de la producción.
“Yo por eso estimo que va a haber una caída de producción a lo largo del próximo año. ya parece haber habido una caída pequeña, según las cifras de fuentes secundarias de la OPEP y todo indica que que va a seguir cayendo, pero nada parecido al colapso de producción que tuvimos en el año 2020. Alguna gente parece pensar que toda la producción que operaban estas empresas va a cerrar y eso no va a ocurrir”, dice Monaldi.
El entrevistado aseguró que no es probable que empresas chinas o rusas suplanten por los momentos las inversiones que venía realizando Chevron en Venezuela, aunque eso pudiera cambiar: Trump es tremendamente impredecible, la toma de decisiones en su administración es muy diferente de otras administraciones que era un proceso mucho más organizado y estructurado”.
Monaldi recordó las dos visiones diferentes que hay dentro de la administración Trump.
“Hay una visión, vamos a llamarla ‘América Primero’, que privilegia que las empresas americanas saquen los mayores beneficios y en ese sentido ven a Venezuela como una oportunidad tremenda de esa perspectiva. La otra visión más tradicional de los que llaman ‘los halcones republicanos’, encabezados por el secretario Rubio, es la que se impone hasta ahora y ven a Venezuela, Nicaragua y Cuba como adversarios de los Estados Unidos“, amplió.
Hay una percepción compartida por analistas y actores del sector que una administración Trump 2 podría ser más flexible, no por afinidad política, sino por una visión utilitaria de la relación con Venezuela. No obstante, para Monaldi esa posibilidad no es inmediata, y dependerá de cómo evolucionen los equilibrios internos del gobierno de EEUU y su política hacia América Latina.
La difícil situación de Citgo
Con respecto a la situación de Citgo, Monaldi recordó que es una “trágica circunstancia” que un país como Venezuela se endeudó de manera totalmente irresponsable, expropió empresas, no les pagó y todas estas empresas eventualmente empezaron a demandar en Estados Unidos para recuperar el dinero que le debía el gobierno de Venezuela.
“Lo más irresponsable que hizo el gobierno, cuando ya estaban raspando la olla y no tenían nada de dinero, fue poner en garantía las acciones para emitir bonos muy costosos y endeudar a la propia Citgo para pagarle dividendos a Venezuela. O sea, también rasparon la olla de todo lo que podían endeudar a la propia empresa”, indicó.
Monaldi opina que es un tema muy difícil, porque Venezuela debe 150 mil millones de dólares y tiene un único activo valioso fuera de los Estados fuera de Venezuela, que es precisamente la empresa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Entre los campos de cultivo de la ciudad de Canoabo y las colinas del Parque Municipal Casupo, ambos en el estado Carabobo, Fundación Tierra Viva, organización venezolana sin fines de lucro dedicada al desarrollo sostenible, acompañó a 81 estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Acuña Barreto y de la Unidad Educativa Colegio Padre Sejías a plantar 95 árboles autóctonos de la zona para continuar su formación como líderes ambientales.
El 13 y el 23 de junio, los adolescentes entre 14 y 17 años se reunieron en el colegio Francisco Acuña Barreto y en el Parque Municipal Casupo para aprender sobre la importancia del arbolado en zonas urbanas y rurales para la mitigación del calor, mejorar la calidad del aire y propiciar el turismo sostenible.
«Consideramos de gran importancia integrar a los niños, niñas y adolescentes en las acciones climáticas hiperlocales para fomentar su propio desarrollo, al brindarles una experiencia ambiental inmersiva y significativa para ellos», afirma Jordana Ayala, gerente de proyectos socioambientales de Fundación Tierra Viva.
Elestado Carabobo es una de las 10 entidades políticas venezolanas con mayor ocurrencia de incendios forestales y pérdida de cobertura arbórea en el paísen los últimos 10 años, según los datos satelitales del especial «Venezuela atraviesa la peor temporada de incendios en registro» de Prodavinci y la plataforma Global Forest Watch, respectivamente. Al menos 10 mil hectáreas de bosque se han perdido por actividades humanas como la agricultura y los incendios.
Sembrando un futuro sustentable
El equipo de biólogos y educadores de Fundación Tierra Viva se reunió con los jóvenes en visitas de campo y a través de actividades lúdicas como rompecabezas y nombrar las distintas especies de árboles que iban a plantar, los estudiantes sembraron plántulas de jacarandas, bucares velludos (Erythrina fusca), yacures (Pithecellobium dulce), apamates (Tabebuia rosea), cañafístolas (Cassia grandis), caobas (Swietenia macrophylla), entre otras.
Estas especies, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pueden contribuir al enfriamiento del aire entre 2 y 8 grados centígrados en las comunidades donde viven, cuando las estimaciones de la Unicef esperan que los niños, niñas y adolescentes en Venezuela sufran más de 100 días de calor extremo para el año 2050.
La gerente de proyectos socioambientales de la ONG reiteró la necesidad de inculcar la formación con perspectiva en derechos humanos y ambientales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados por las Naciones Unidas en el país para el año 2030.
«Nuestro objetivo es crear un sentido de responsabilidad hacia el ambiente local y ofrecer la oportunidad a los jóvenes de generar un impacto positivo y tangible en su entorno», agregó Ayala.
La actividad se enmarca dentro del proyecto Generación Sustentable, un programa de Fundación Tierra Viva junto a la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social (RedSoc) —con el cofinanciamiento de la Unión Europea— para promover el liderazgo juvenil sobre la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible en comunidades rurales, indígenas y urbanas de Venezuela junto con las organizaciones aliadas Esbatarao, Fundación Impronta, Ciudad Laboratorio, Todos por el futuro, Fundación Reusamas y Valencia la nuestra.
Mientras tanto, los jóvenes de Canoabo y Valencia mantendrán su formación sobre liderazgo ambiental hasta 2027 junto a Fundación Tierra Viva para seguir plantando árboles en sus comunidades.
La activista de derechos humanosAndreína Baduel, directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció este 25 de junio un alarmante incremento del hostigamiento en su contra y contra su familia, pocos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares de protección ante el riesgo que enfrenta por su labor de denuncia.
A través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, Baduel denunció que las acciones se han incrementado en los últimos días.
“Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) me otorgó medidas cautelares de protección, el hostigamiento contra mi familia y contra mí se ha intensificado de manera alarmante”, alertó.
La activista explicó que el acoso comenzó el pasado miércoles 18 de junio, justo después de que se hiciera pública la comunicación oficial de la CIDH. Desde ese día, patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) permanecieron durante horas frente a su vivienda sin explicación formal. “Cuando abordamos y consultamos a los efectivos del CICPC sobre este inusual despliegue, los funcionarios alegaron que se trata de un ‘operativo de seguridad’. Sin embargo, hasta la fecha, no he sido notificada formalmente sobre ninguna acción judicial”, denunció.
Este 25 de junio, Baduel reportó también la presencia de camionetas Toyota Fortuner sin placas estacionadas frente a su residencia, vehículos que, advirtió, han sido identificados en el pasado como usados por cuerpos de seguridad del Estado para operaciones de detención o desaparición forzada. “Todos en este país sabemos lo que eso significa”, dijo. “Esta situación es absolutamente irregular”.
Pero el patrón de hostigamiento no se limita a ella. La activista también denunció que su hermana Margareth Baduel fue perseguida por sujetos en moto que la grababan con sus teléfonos tras una actividad de fe por la libertad de los presos políticos. “La siguieron por varias calles y la hostigaron descaradamente. Esta situación no puede verse como protección sino como vigilancia ilegal, intimidación y persecución”, enfatizó.
Andreína Baduel responsabilizó directamente al Estado venezolano por lo que pueda sucederle a ella o a su familia. Recordó que su hermano, Josnars Adolfo Baduel, permanece detenido desde hace cinco años, y que ha sido víctima de torturas y tratos crueles, mientras que la muerte de su padre, el general Raúl Isaías Baduel, bajo custodia del Estado, sigue impune.
“Esto no es protección. Es intimidación. Es violencia. Es represalia”, expresó, al tiempo que exigió el cese “inmediato” del hostigamiento contra ella y su familia y que se les respete su integridad física y psicológica.
La activista cerró su comunicado asegurando que no se rendirá:
“No vamos a callar. No vamos a escondernos. Y si algo nos sucede, ya saben quiénes son los responsables”.
CIDH emitió medidas cautelares a su favor
A mediados de junio de 2025, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 44/2025, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de Andreina Baduel, defensora de derechos humanos venezolana.
La decisión de la CIDH responde a una evaluación que concluyó que Baduel enfrenta una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir “daños irreparables a sus derechos a la vida y a la integridad personal“, en el contexto de sus labores de denuncia sobre la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
Según la solicitud presentada ante la CIDH, Baduel ha sido objeto de “amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidaciones por parte de agentes estatales“. Esta situación, denuncian, se ha intensificado debido a su rol como vocera y representante de familiares de presos políticos.
En ese sentido, la CDIH instó al Estado a que adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de Andreina Baduel, garantice que pueda continuar su labor de defensa de derechos humanos sin sufrir amenazas o actos de violencia y asegure que agentes respeten sus derechos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
