“Sí, tía, no me voy a presentar a la cita porque sería como sabotearme”, le confesó Adrián* a un familiar en una conversación por Instagram.
Adrián formaba parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Venezuela, pidió la baja y decidió emprender un viaje por la selva del Darién y México que lo llevó a Estados Unidos. Se entregó a la patrulla fronteriza durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden y ahora teme ser regresado a Venezuela cuando le toque la cita con las autoridades migratorias para revisar su estatus de asilo político.
Así como el Servicio de Inmigación y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al expreso político Gregory Sanabria al abandonar su cita con un juez de migración, Adrián teme atravesar por la misma situación y ser devuelto a Venezuela o a otro destino como El Salvador, donde la administración del presidente Donald Trump envío a más de 230 presuntos miembros del Tren de Aragua.
“un compañero que vivía conmigo fue a su corte y cuando salió lo detuvieron, lo llevaron a un centro de procesamiento. se lo están haciendo a todos los que van a las cortes, él se comunica con nosotros a través de un teléfono celular público que tienen para todos. Yo estoy en contacto con un abogado a ver qué puedo hacer, porque tampoco quiero quedar ilegal. Ya tengo permiso de trabajo, seguro social y licencia de conducir, podría perderlo todo”, dijo el ex militar venezolano.
Sanabria fue detenido la segunda semana de junio y remitido a un centro de procesamiento de migrantes en Montgomery, ubicado en Conroe, Texas.
El activista oriundo del estado Táchira y militante del partido Voluntad Popular fue arrestado en octubre de 2014 por funcionarios venezolanos y posteriormente llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ubicado en El Helicoide, Caracas, donde según consta en registros fotográficos, fue golpeado. Fue liberado en junio de 2018 luego de un motín de presos políticos a raíz de torturas perpetradas por funcionarios policiales.
Según expuso su abogado Juan Molina a medios estadounidenses, Sanabria no ha cometido delito alguno, ni posee infracción dentro de los Estados Unidos, además se ha presentado rutinariamente a la corte para todos sus controles.
A juicio de Molina, actualmente Sanabria no está en proceso de deportación y si un juez ordena su salida inmediata de territorio estadounidense apelará.
Exprisionero político venezolano Gregory Sanabria, que denunció torturas en el Helicoide, se presentó voluntariamente a una audiencia de deportación en Texas, Estados Unidos y resultó detenido. Ahora, el congresista Mario Díaz-Balart advirtió que, si es devuelto a su país, corre… pic.twitter.com/HlwxO4cRVx
— NTN24 (@NTN24) June 16, 2025
En una entrevista a NTN24, Anthony Sanabria, hermano de Gregory, declaró que este le dijo que prefería morir antes de ser deportado a Venezuela.
“Es realmente devastador ver que incluso una persona que ha sido detenida, secuestrada y torturada no puede tener la protección que necesita”, dijo Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus.
“Es un caso sin duda emblemático y que preocupa mucho porque es un solicitante de asilo y corre el riesgo de deportación. Este es un caso que contraviene lo expuesto en la Convención Contra la Tortura, su libertad y seguridad pueden verse comprometidas al momento de ser retornado a Venezuela”, añadió Laura Dib, directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para America Latina (WOLA por sus siglas en inglés).
“Potencialmente criminales”
Para Javier*, otro venezolano en Estados Unidos con petición de asilo, para la actual administración de Trump, toda persona que ingresó por la frontera con México es considerada un criminal.
“Y si tiene menos de dos años en el país, que creo no es el caso de Sanabria, le pueden hacer una deportación exprés sin derecho a juicio ni abogado”, añadió.
Oliver*, quien entró con parole a Estados Unidos y posteriormente solicitó asilo, calificó como una especie de “trampa” la detención de migrantes venezolanos al momento de abandonar la corte después de haber comparecido ante un juez.
“La estrategia consiste en que el fiscal pide la desestimación del caso de asilo y el juez acepta, entonces, desestima el caso pero no ordena deportación ni detención. Y el fiscal, actuando en coordinación con los efectivos de ICE, aprehenden a la persona cuando está en la calle, esto sucede regularmente cuando la persona va sin abogado. El asunto era que antes cuando la persona no tenía un caso fuerte de asilo, esta aceptaba que se desestimara y después apelaba al Estatus de Protección Temporal (TPS), pero ahora que lo quitaron nos retiraron la escalera y quedamos agarrados de la brocha”, explica contrariado.
🇺🇸 | Así fue la detención de un migrante tras presentarte a la corte de migración en Estados Unidos: ICE lo esperó afuera para posteriormente arrestarlo. pic.twitter.com/Jfoo1Mz0ZV
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2025
Mónica* está en Oregon, uno de los estados santuarios en Norteamérica. Atravesó el Darién con su hijo pequeño y cruzó la frontera después de tres meses esperando en México por la cita del CBP One, una aplicación móvil creada por la administración de Biden para programar citas a fin de presentarse en puntos fronterizos en procura de solicitar asilo u otra alternativa de permanencia. Ella tomó la decisión de salir de México porque considera que es un país peligroso y más para una mujer con un menor de edad.
“Por supuesto que voy a acudir a una corte si me llaman para una comparecencia ante un juez, de lo contrario, estaría cometiendo un delito, expondría mi caso y las razones por las que estoy solicitando asilo. Las primeras citas suelen para verificar que en efecto te encuentres en territorio estadounidense, en el caso de una negativa siempre hay la opción de apelar”, comenta.
Según contó en el estado donde se encuentra no se ha enterado de la primera deportación. “Ni siquiera he visto patrullas de ICE, aquí está prohibido que si la policía te detiene se comuniquen con ICE”.
Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, expuso que el caso de Sanabria es la demostración más fehaciente de que la administración de Trump no está revisando los casos detalladamente.
“Eso solo indica el desprecio que siente el gobierno de Trump por los venezolanos”, opinó.
“Lo que estamos viendo es un profundo sentimiento antinmigrante, unas políticas que resultan discriminatorias, específicamente contra los venezolanos. La discrecionalidad tiene unos límites y no debe convertirse en arbitrariedad, las leyes contemplan el derecho a asilo y el principio de no devolución, en WOLA hemos reclamado el hecho de que una persona sea deportada a otro país donde no tiene vínculo alguno, si cometió un delito en Estados Unidos, debe ser investigado y procesado bajo las leyes estadounidenses”, agregó Laura Dib.
Como corolario de toda la situación, la Corte Suprema de Estados Unidos le permitió al gobierno de Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen.
Durante su segundo mandato, Trump ha alcanzado acuerdos para deportar extranjeros a El Salvador, Panamá, Costa Rica y más recientemente a Sudán del Sur, el país más nuevo del mundo y uno de los más pobres.
Según Los Angeles Times, a quienes se les envió al país africano, se les notificó apenas 16 horas antes.
A juicio de Dib, cada día se cierra más la frontera estadounidense.
“Ya van alrededor de 6000 deportaciones de venezolanos, se cancelaron el parole humanitario, el CBP one, el TPS y se puso en práctica una Ley de Enemigos Extranjeros que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial”.
La “cuota del millón” de Trump
Así como Nicolás Maduro prometió llenar las cárceles venezolanas con una cuota de 2 000 detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, anunció que iban a deportar a un millón de personas luego del primer año de gobierno de Trump.
“La meta de Trump es dejar a la mayoría de los venezolanos sin estatus para poder deportarlos porque ellos tienen una cuota que cumplir y porque no quieren venezolanos en Estados Unidos, estamos todos en un mismo caso, no están cazando como si fuésemos presas”, dijo Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus informó que actualmente el porcentaje de rechazo de solicitudes de asilo en Estados Unidos supera el 90%: “El solo hecho de pedir asilo te da la protección de no deportación, están eliminado los casos admisibles o no para dejarlos sin esa protección”.
Dib aseguró que la tasa de concesión de refugio es baja.
“Y eso es a nivel mundial. En Estados Unidos hay cerca de 600 000 venezolanos con TPS y 117 000 que ingresaron con parole humanitario. En enero, el gobierno estadounidense suspendió el programa de reasentamiento de refugiados, así como la posibilidad de pedir asilo en la frontera”.
Según WOLA, hasta diciembre de 2024, había 132.272 venezolanos con casos de asilo pendiente, la tasa de reconocimiento de asilo para venezolanos durante el año fiscal 2024 fue de 64,4% y los venezolanos admitidos como refugiados en el periodo fiscal 2021-2023 fue de 1340.
Dib apuntó que el año pasado, Estados Unidos financió más del 53% del plan de respuesta humanitaria para Venezuela y este 2025 tan solo ha financiado 4,4% de ese plan.
“La gente va a seguir saliendo de Venezuela, pero lo va a hacer en una situación de mayor vulnerabilidad y sin programas para su recepción en países de acogida como Colombia. El impacto de la revocación de las licencias petroleras deja a la gente a merced de economías ilícitas y grupos armados, no basta con ver el impacto de la migración venezolana en Estados Unidos, sino a nivel regional”, advirtió.
Entre la ambigüedad y silencio
Para Ferro es llamativo que el liderazgo opositor en Venezuela no haya efectuado mayor pronunciamiento en torno al caso de Gregory Sanabria.
“Algunos tuvieron que pronunciarse, pero lo cierto es que no tenemos representación política, somos una diáspora absolutamente vulnerable, víctimas de la xenofobia, el racismo y la discriminación”.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) donde expone que si Sanabria es devuelto a Venezuela su vida estaría en grave peligro.
“Me preocupa cada vez más el creciente número de casos en Estados Unidos de personas que han huido de regímenes opresivos y están siendo detenidas con miras a una posible deportación”, expuso en la misiva.
Ferro indicó que, al igual que Sanabria, hay otros expresos y perseguidos políticos venezolanos que están en centros de procesamiento o detención en Estados Unidos.
“Lo que pasa es que no son notorios como Gregory, pero igualmente corren el riesgo de ser deportados. Eso es un claro ejemplo de que a la administración de Trump no le importa la situación de Venezuela”, dijo.
A juicio de Ferro, Trump se saltó el debido proceso cuando envió a más de 230 personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
“Se están cometiendo abusos y violaciones a los derechos humanos y civiles todos los días”, denunció.
Asesorarse es la vía
Para Laura Dib, de WOLA, lo más razonable es que cada persona solicitante de asilo en Estados Unidos se asesore legalmente.
“Para ello hay servicios gratuitos porque el temor a ser detenidos a pesar de tener protección internacional es válido y creo que es importante buscar asesoría jurídica, antes de una eventual deportación”.
Oliver* no sale a la calle sin sus documentos y los tiene siempre al día.
“Estoy en permanente contacto con mi abogado, él tiene una programa en Youtube y suelo verlo, estoy pendiente de mi caso en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés). En el caso de una negativa, algunas personas pueden pedir una salida voluntaria e irse a un tercer país”, expresó.
Para Javier*, quien tiene siete años aguardando por la resolución de su caso de asilo político, durante el mandato de Trump la incertidumbre es la norma.
“Entiendo que actualmente están convocando a quienes recién acaban de pedir asilo y a los que tienen mucho tiempo esperando, veremos qué nos depara el futuro a nosotros”, manifestó.
*Nombres cambiados a petición de los entrevistados
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
