Andreína Baduel, vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), sostuvo que la respuesta del régimen que lidera la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ante los reclamos de los presos por la desatención durante y después del doblete asimismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio fue la represión y opacidad.  

Baduel denunció que el domingo 5 y el lunes 6 de julio hubo una arremetida violenta en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda a cargo del GRIC (Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia). 

“Desde su inauguración, el Rodeo I, así como Guaicaipuro, se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante para perfiles que ellos (gobierno) quieren acabar y deshumanizar”. 

La activista aseguró que es la segunda vez que llevan a cabo este tipo de arremetidas en lo que va de año. 

“Les echaron gas pimienta, lacrimógeno, los golpearon y amenazaron con armas de fuego. Tanto es así que el sargento Evan Antonio Rincón (vinculado al caso Gedeón) fue a parar a una clínica en Caracas por un edema cerebral y mi hermano Josnars, quien padece una afección pulmonar crónica, duró 48 horas sin recibir atención médica especializada”, afirmó Baduel.    

La activista denunció además que debido a la opacidad en torno al tema carcelario, los familiares de los afectados por la arremetida en el Rodeo I se enteraron una semana después de los sucesos.

“No tenemos acceso a la información de ellos durante la semana, las visitas sólo son viernes, sábado y domingo, los vemos apenas 15 minutos a través de un vidrio con custodia alrededor y no tienen derecho a hacer llamadas”, añadió. 

Peor que antes 

Más de una decena de organizaciones no gubernamentales suscribieron a finales del mes de julio de este año un comunicado donde le solicitaron al gobierno nacional la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, luego de señalar el agravamiento de las condiciones de reclusión posterior al doblete sísmico del pasado 24 de junio, que provocó más de 6000 muertes de acuerdo a cifras oficiales.

De acuerdo con ONG como el Clippve; Justicia, Encuentro y Perdón, Provea, Acceso a la Justicia, Civilis, WOLA, Foro Penal, Cepaz, entre otras, cárceles como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) no han sido sometidas a evaluaciones técnicas independientes luego de los dos terremotos que devastaron al estado La Guaira y ocasionaron cuantiosos daños materiales en otras entidades del país. 

Aunado a eso, denunciaron que los presos políticos, cuya cifra manejada por Foro Penal es de 382 hasta este 3 de agosto, siguen siendo sometidos a hacinamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes y aislamiento.   

Según Baduel, los centros de reclusión que sufrieron mayor afectación fueron el Rodeo I y Ramo Verde, ambos ubicados en el estado Miranda.

Baduel relató que por intermedio de los propios presos políticos se enteraron de que durante el doblete sísmico no hubo protocolo de evacuación alguno. Fue después de casi una hora que los sacaron de sus respectivos cuartos de reclusión.

“Ellos estaban encerrados en sus celdas cuando sintieron los terremotos. Dijeron que caían pedazos de bloques y que luego de 45 minutos, fue que llegaron los custodios a sacarlos porque pegaban gritos. Después, los mantuvieron en el patio hasta las 2 o 3 de la mañana”, relató un familiar de un preso del Rodeo I al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La hija del fallecido exministro de Defensa, Raúl Baduel, denunció que las autoridades del penal no quisieron mantener los protocolos de prevención frente a las réplicas de los terremotos.

Debido a la presión ejercida por familiares y organizaciones civiles, Baduel relató que los presos políticos fueron sacados a los pasillos de la cárcel, en vista de que las camas en las que duermen son de cemento y temían por sus vidas.

“La segunda semana de julio fue alguien que se presentó como ingeniero, pero no tenemos la certeza de que  lo sea, y dijo que ‘no tenía otra opción’ que colocar en el informe que la estructura estaba apta para habitar, de lo contrario, podría representar un problema para él, incluso la cárcel”, dijo Baduel.

La miembro del Clippve aseguró que en Ramo Verde hubo un daño estructural en la torre del piso 5. Debido a ello, los presos que allí se encontraban, así como los de los pisos inferiores, fueron evacuados en una especie de campamento que hicieron en la cancha del centro reclusión, donde suelen llevar a militares y políticos.  

“Después de eso llegó una nueva directiva al penal que los amenazó con que si no regresaban a sus celdas, los iban a trasladar a otros centros. Esto hizo que los presos volvieran a sus cuartos sin conocer la magnitud del posible daño en la infraestructura”, añadió la activista. 

Sin plan de contingencia 

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, indicó que las réplicas y el impacto estructural en penales como Rodeo I, Rodeo II y Yare derivaron en medidas improvisadas, tales como la pernocta al aire libre en patios comunitarios bajo inclemencias climáticas. 

“La situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela tras los recientes eventos sísmicos en la zona norte del país se ha agravado significativamente, configurando un escenario de extrema vulnerabilidad y abandono institucional”, expresó la abogada. 

Baduel agregó que además del Rodeo, Ramo Verde y Yare, hicieron seguimiento a prisiones como Guaicaipuro, Las Crisálidas, Tocuyito, Tocorón y centros de detención preventiva o calabozos.   

El OVP informó que personas recluidas en la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del estado La Guaira, en Caraballeda, fueron evacuadas tras los movimientos telúricos y posteriormente 25 mujeres fueron reingresadas. De los hombres se desconoce el estatus luego del procedimiento.

Tineo expuso que la ausencia de planes de evacuación adecuados con perspectiva de derechos humanos expuso a la población penal a riesgos severos frente a eventuales colapsos o réplicas.

“Tal y como hemos mencionado, durante y después de los sismos, las personas detenidas carecieron de mecanismos mínimos de autoprotección, quedando confinados sin posibilidad de ponerse a resguardo de manera autónoma”, dijo la portavoz de JEP.

El OVP informó que luego de terremotos, los estándares internacionales de ingeniería establecen inspeccionar columnas, vigas, losas, muros portantes, cimentaciones, instalaciones eléctricas, sistemas hidráulicos y demás elementos estructurales. La organización agregó que el protocolo adquiere mayor relevancia cuando se trata de centros de reclusión, debido a que las personas encarceladas no tienen la posibilidad de abandonar el recinto por voluntad propia, ni tampoco pueden decidir permanecer fuera de una edificación potencialmente comprometida.

La organización indicó que antes de los terremotos, algunas cárceles y calabozos en Venezuela ya presentaban deterioro en sus estructuras, con grietas, filtraciones, fallas de mantenimiento y hacinamiento.

Asimismo, el informe del OVP correspondiente a 2025 determinó que en los centros de reclusión hubo 176,83% de hacinamiento y 158 personas murieron bajo custodia del Estado. 

Tineo indicó que la opacidad en el manejo de la información tras la contingencia natural incrementa la zozobra de los familiares de los detenidos.

“Los familiares han tenido dificultades para verificar el estado de salud, integridad física y condiciones de reclusión de sus allegados”, expresó la profesional del derecho. 

Baduel señaló que para los presos en Venezuela, los terremotos significaron una tragedia adicional a la que ya viven.

“Mientras el régimen habla de un nuevo momento político, de reconciliación y paz, no hacen otra cosa que revictimizar a detenidos y afectos y prolongar el dolor de cientos de familias que todavía seguimos esperando las excarcelaciones prometidas en enero de este año”, concluyó.

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