“Soy chavista, pero no madurista”. La frase resume la escisión dentro de la llamada “revolución bolivariana” tras el afianzamiento del autoritarismo por parte de Nicolás Maduro, quien echó mano –junto a sus aliados– de la represión en todos los niveles de la sociedad y la cooptación del poder a través de cuestionados procesos electorales. 

La detención y posterior excarcelación de Martha Lía Grajales, una reconocida activista de derechos humanos que viene de las propias bases del chavismo, plasmó esa ruptura de Maduro contra sus críticos y parte de la izquierda venezolana que ha denunciado (en algunos casos de forma tímida) la deriva autoritaria del proyecto fundado por Hugo Chávez.  

Grajales permaneció 48 horas desaparecida y fue imputada por supuesta conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio. El propio Maduro la señaló como parte de grupos de «infiltrados» que tienen «años simulando ser chavistas» para destruir, desde adentro, su administración. Todo esto, por supuesto, orquestado por Estados Unidos con apoyo de la “extrema derecha venezolana” y organizaciones internacionales. 

Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), asegura que la “arremetida gubernamental contra activistas y organizaciones del movimiento popular y revolucionario confirma al menos dos cosas: en primer lugar, la naturaleza reaccionaria de la cúpula del PSUV y su viraje autoritario; en segundo lugar, su intento por sustituir la legitimidad perdida con un sistema de lealtades basado en el miedo”.

Para la politóloga Marisela Betancourt, la detención arbitraria de Grajales “es el comienzo de un divorcio oficial entre el chavismo y el madurismo, y su excarcelación fue producto de una clara presión interna e internacional de fuerzas progresistas, especialmente de Colombia y países como Argentina donde la izquierda, no el kirchnerismo, tuvo una posición muy firme”. 

Considera que el arresto “fue un globo de ensayo para medir la reacción del chavismo militante organizado, y la excarcelación fue una rendición. Eso sí, fue una rendición momentánea que va a traer cola. El proceso represivo no termina allí”. 

Mientras, la dirigente del PCV insiste en que a través de la detención selectiva de activistas, así como los cientos de arrestos arbitrarios tras las elecciones presidenciales de 2024, “pretenden instaurar un estado general de zozobra y quebrar la resistencia legítima frente a las violaciones de la Constitución. No es casual que, en esta nueva etapa y sin ruborizarse, se presenten como un Gobierno policial y que la criminalización de la protesta pacífica sea una de las líneas centrales de trabajo de sus laboratorios de propaganda”. 

Esos laboratorios de propaganda, justamente, se activaron antes que la cúpula gobernante para dar un barniz de justificación a la detención de Grajales, quien días antes había sido agredida junto a un grupo de madres durante una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia. 

Desde esos portales oficialistas, en paralelo, también se dirigieron ataques hacia la Fundación Rosa Luxemburgo –radicada en Alemania y que ha apoyado a Surgentes, el colectivo de Grajales– y un grupo de académicos por sus denuncias sobre la depredación ambiental en el Arco Minero del Orinoco. 

“El propósito de la cúpula del PSUV es claro: que dejemos de luchar por nuestros derechos. Además, con esta ofensiva contra los sectores populares y revolucionarios, también se busca impedir la consolidación de una oposición de izquierda que rompa con los dos bloques que hegemonizan la disputa política en el país y que, en nuestra opinión, son abiertamente reaccionarios: tanto el que encabeza Nicolás Maduro, como el que lidera María Corina Machado”, afirma Neirlay Andrade.

Chavismo vs izquierda

La politóloga Marisela Betancourt señala que para entender estos ataques a la izquierda hay que remontarse a los principios de la llamada “revolución bolivariana”. 

“El proyecto político que comienza con Hugo Chávez fue populista, pero fue un proyecto totalmente democrático, con altísimos niveles de popularidad y con altísima movilización de masas”, recuerda.

Sin embargo, esa “movilización” empezó a menguar desde el primer gobierno de Maduro. A partir de 2015 se deslindó un sector, que se hizo llamar el “chavismo originario” o disidente y estaba compuesto por emblemáticas figuras como Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Jorge Giordani o Miguel Rodríguez Torres. La exfiscal Luisa Ortega Díaz también dio un viraje a su lealtad luego de las protestas de 2017.

“Está a la vista de todos. Un gobierno que comienza en el 2013 siendo movilizado, en ese momento teníamos un autoritarismo competitivo con márgenes de participación, y hoy tenemos un autoritarismo sin competitividad y es completamente desmovilizado”, indica la politóloga.

Explica que, en la teoría, los autoritarismos con alta movilización de masas se asocian a una perpetuidad del sistema. “Por eso vemos la urgencia de movilizar masas, electores, movilizar milicias. Aquí entra el papel clave de la izquierda venezolana. Esta base de la que hablamos ha ido mutando”. 

Ese cambio pasó por el repliegue durante los primeros años de la administración Maduro, afirma Betancourt. “A partir del fraude del 28 de julio, esa base no solo se repliega sino que comienza a movilizarse contra el gobierno, es decir, no solo empiezan a perder una base de adherencia sino que esta comienza a movilizarse en contra”. 

Este cambio incidió en el margen de tolerancia desde el poder. A juicio de la politóloga, el chavismo acalla más rápido las movilizaciones de sectores relacionados a la izquierda que aquellas convocadas por la oposición tradicional. “Ante los primeros asomos de movilización en su contra, la represión es inmediata”, reitera.

Por su parte, el politólogo Sergio Sánchez, exconcejal del PSUV y parte del chavismo disidente, ha afirmado que la administración Maduro “quizá no lo sepa o no le importe, pero está rompiendo la lógica tribal que lo ha sostenido” desde sus inicios.

“Si el debate persiste y el gobierno no logra sofocarlo, llegará una encrucijada: unos tendrán que decidir si continúan apoyando y otros deberán decidir si prescinden de esos sectores de base del chavismo, acusándolos a todos de traidores”, aseguró.

Contra la izquierda internacional

El pasado 18 de agosto, Nicolás Maduro se refirió a la Fundación Rosa Luxemburgo, una institución de formación política de origen alemán y fundada en 1990, justamente inspirados en las ideas de una de las fundadoras de la corriente de pensamiento del socialismo democrático. 

«Las fundaciones alemanas han financiado durante décadas a sectores de derecha, como la Konrad Adenauer. Pero también crearon una llamada Rosa Luxemburg, nuestra heroína de los socialistas auténticos, que hoy usan para captar y financiar gente que alguna vez fue de izquierda o que simula serlo, para atacar desde adentro y destruir al gobierno revolucionario«, dijo Maduro.

Sostuvo entonces que existe una investigación con “demasiadas pruebas” sobre la actuación de esta fundación en Venezuela, al tiempo que advirtió a sus bases sobre los intentos de “horadar la unión popular” con discursos críticos hacia su gestión.

Para Marisela Betancourt, Maduro no obtiene ninguna ganancia, sino pérdidas, al atacar a esta institución. 

“La Fundación Rosa Luxemburgo ha sido aliada histórica del chavismo. De hecho, el gobierno venezolano constantemente ha enviado delegaciones a Berlín a participar en eventos sobre Venezuela promovidos por la fundación, a lo que llaman la defensa de Venezuela. Esa ha sido una relación fluida, constante, durante los últimos años. Además, la Fundación Rosa Luxemburgo funge como un soft power del progresismo, y la fundación tiene una reputación en la izquierda internacional que Maduro no tiene”, señala. 

Sergio Sánchez destaca por su parte que la fundación tiene relación con sectores muy representativos de la izquierda latinoamericana, la misma que criticó la detención de Grajales. “¿Acaso se les olvidó el internacionalismo proletario del que hablaba Marx? Es precisamente el apoyo internacional y ellos lo están criticando aunque dicen ser de izquierda”. 

Consideró que Maduro, en estos momentos, ha subido la apuesta a sus bases y exige una lealtad que, en realidad, se trata de «exigiendo silencio y complicidad con todo el desastre que hay en Venezuela». Asimismo, planteó que esta estrategia del madurismo no parece rendir los frutos que se esperan. 

«Cada vez que ocurren estas cosas, sectores se desprenden. Con el agravante en este caso que son sectores organizados de la izquierda», comentó.

Mayor represión

El proceso de moldear la izquierda a conveniencia inició, desde el punto de vista partidista, a partir de 2012 con la intervención judicial de Podemos. Luego le siguieron Bandera Roja, el Movimiento Electoral del Pueblo, Patria Para Todos, Tupamaro y el Partido Comunista de Venezuela. En todos se cambiaron a directivas afines, que asumieron las tarjetas, siglas y colores de las organizaciones.

En tanto, el hostigamiento alcanzó a figuras como el exalcalde Juan Barreto o los exministros Giordani, Navarro y Osorio, quienes hace nueve años debieron correr por el centro de Caracas tras ser agredidos por colectivos. El chavismo mantiene sus acusaciones de corrupción contra Rafael Ramírez, el otrora “zar petrolero” y quien ha dicho que el “madurismo” es el principal enemigo del proyecto de Chávez. 

Además, se han registrado detenciones como la de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, dos exgerentes de Pdvsa chavistas quienes fueron apresados tras denunciar actos de corrupción; el exministro y posterior exiliado Miguel Rodríguez Torres, procesado por conspiración; el politólogo Nicmer Evans; Rafael Uzcategui, histórico dirigente del PPT a quien se intentó vincular con prostitución; dirigentes locales como Luis Zapata, David Manuel González, Jesús Superlano o Richard Ganadillo; además del exministro Rodrigo Cabezas, excarcelado este año y a quien se vinculó con una supuesta “conspiración” de la líder opositora María Corina Machado. 

Desde el Partido Comunista no descartan que la represión se intensifique a medida que se agrave “la crisis de legitimidad e institucional”. 

“Los ataques de Maduro contra la izquierda, y en particular contra el PCV, no son fortuitos; se intensificaron a medida que profundizaba su viraje antiobrero y antipopular. Desde 2018 está en marcha un paquetazo destinado a trasladar el peso de la aguda crisis económica y de las sanciones imperialistas sobre los hombros del pueblo trabajador. Este plan fue rechazado y combatido por el PCV, cuya lealtad —para usar una palabra de moda— está firmemente con los intereses de la clase trabajadora”, puntualiza Neirlay Andrade.

Recuerda que esa “lealtad” les significó el despojo del partido vía TSJ “para entregárselas a un puñado de mercenarios de la política, que hoy se disfrazan con gorras y franelas del ‘gallo rojo’ para hacerle creer al país que los comunistas respaldan la salvajada neoliberal de Maduro”.

Justamente, el pasado 11 de agosto se cumplieron dos años de lo que el PCV denomina como un “asalto judicial” en su contra. Andrade detalla que hasta la fecha no han tenido acceso al expediente o la sentencia de forma íntegra. 

“Solicitamos un antejuicio de mérito contra las magistradas de la Sala Constitucional por el írrito proceso en nuestra contra, y la respuesta ha sido el silencio. Esto confirma lo que ya es un secreto a voces: el TSJ actúa como el bufete de abogados del partido de gobierno”, afirma.

El futuro de la ¿nueva? oposición

Ante un escenario represivo, señala la politóloga Marisela Betancourt, “la izquierda chavista entra sin duda en una encrucijada y pasa a jugar un rol protagónico en la oposición. No va a ser inmediato, es un proceso”. 

Pone de ejemplo el caso de la abogada María Alejandra Díaz, una de las propulsoras de la Ley Resorte y recientemente exiliada en Colombia, tras haber sido despojada de su ejercicio laboral y acosada por cuerpos de seguridad durante meses. 

“Este caso obliga a que la posición de repliegue que ha tenido siempre una parte del chavismo frente al gobierno de Maduro se transforme en un enfrentamiento ya activo y frontal contra el gobierno”, afirma Betancourt. 

Neirlay Andrade destaca que el Partido Comunista decidió una línea táctica “de amplia unidad de acción con las fuerzas políticas, sociales y sindicales genuinamente democráticas para esta etapa marcada por el autoritarismo y la represión. Nuestro norte es la plena vigencia de la Constitución y la restitución del Estado de derecho”. 

Sergio Sánchez, por su parte, considera necesaria la construcción de una alternativa política que trascienda la polarización. «Hay que salir de la bipolaridad, tenemos que construir nuestra propia agenda, que es una agenda por la reconquista de derechos sociales, con los sindicatos, con los estudiantes, con la gente».

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