ProPublica es un medio independiente sin fines de lucro que investiga abusos de poder. Suscríbete a Dispatches, un boletín que destaca casos de irregularidades en todo el país, para recibir nuestras historias en tu bandeja de entrada cada semana.
Estaba desesperada por salir del país.
A mediados de mayo, Pérez, una madre venezolana con dos hijos, ya no podía sobrevivir por sí misma en Chicago. Dependía de la caridad para alimentarse y tener un techo desde que su pareja había sido detenida por las autoridades de inmigración tras una parada de tráfico a principios de año.
Pérez, de 25 años, pensó que sería más seguro regresar a Venezuela con sus hijos en lugar de quedarse y correr riesgos. Su solicitud de asilo seguía pendiente y tenía un permiso para trabajar de manera legal; pero lo mismo ocurría con muchos otros venezolanos que estaban siendo detenidos en las calles y puestos bajo custodia. Las autoridades estaban arrestando a inmigrantes sin importar si habían seguido las reglas o no.
También había visto cómo el presidente Donald Trump señalaba a sus compatriotas, llamándolos pandilleros y terroristas, e incluso enviar a cientos de ellos a una prisión extranjera. Le aterraba la idea de ser detenida, deportada y, lo peor de todo, separada de su hija y de su hijo. Ellos eran la razón por la que la familia había llegado a Estados Unidos.
Entonces, se enteró de la oferta de Trump de una salida segura y digna.
“Estamos facilitando al máximo que los extranjeros ilegales abandonen Estados Unidos”, dijo el presidente en un video de redes sociales en mayo, en el anuncio del lanzamiento del Proyecto Vuelta a Casa.
Habló de una aplicación móvil en la que “los ilegales pueden reservar un vuelo gratis a cualquier país extranjero”. Y ofreció otros incentivos: a los inmigrantes que cumplieran los requisitos no se les prohibiría volver de manera legal a Estados Unidos algún día, e incluso recibirían una “bono de salida” de $1,000. Creyendo las palabras del presidente, Pérez descargó la aplicación CBP Home y se registró para volver a Venezuela con sus dos hijos.
Pasaron meses. Deportaron a su pareja. En julio, Pérez dijo que recibió una llamada de alguien del programa CBP Home para decirle que a mediados de agosto tomaría un vuelo para salir del país. Comenzó a empacar.
Pero a medida que se acercaba la fecha de partida y los boletos de avión no llegaban, Pérez se puso nerviosa. Una y otra vez llamó al número gratuito que le habían proporcionado. Finalmente, alguien le devolvió la llamada para decirle que podría haber un retraso para conseguir los documentos necesarios para viajar a Venezuela.
Después volvió el silencio. Ninguna otra información, ningún boleto de avión. Pérez se registró en la aplicación de nuevo en agosto, y luego una tercera vez en septiembre, cuando aumentaron los arrestos de inmigrantes en Chicago.
Hoy, Pérez se siente atrapada en un país que no la quiere. Tiene miedo de salir de su apartamento, miedo de ser detenida y le quiten sus hijos. “Estoy con pánico, con miedo, viendo hacia todos lados”, dijo. “Yo lo que hice fue el registro que el presidente salió diciendo que era para retornar a nuestro país voluntariamente”, SUMÓ.
La ofensiva migratoria del gobierno de Trump está logrando su efecto deseado: aterrorizar a la gente para que intente irse. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), obtenidos por ProPublica, se han registrado aproximadamente 25 000 salidas de inmigrantes de todos los países a través de la aplicación CBP Home.
Los datos indican que de esas 25 000 salidas, poco más de la mitad regresaron a sus países con asistencia del DHS; casi todos los demás se inscribieron al programa pero terminaron retornando por su cuenta.
Y no solo se trata de CBP Home. Las solicitudes de salida voluntaria —una alternativa a la deportación concedida a algunos inmigrantes que se van por sus propios medios— se han disparado a niveles no vistos por lo menos desde el año 2000, hasta llegar a más de 34 000 desde que empezó el mandato de Trump, de acuerdo con datos de los tribunales de inmigración. (El número es más alto que en años anteriores, pero aún lejos de la cantidad de inmigrantes que la administración ha deportado durante 2025).
Quedarse es riesgo, salir no es fácil
Pero para muchos recién llegados de Venezuela —posiblemente la comunidad más afectada por la administración Trump, y cuyo país se prepara ahora para la posibilidad de una invasión estadounidense— marcharse no ha sido tan sencillo como el presidente hizo parecer.
ProPublica entrevistó a una docena de venezolanos que dijeron que querían aceptar la oferta del gobierno estadounidense de un regreso seguro y fácil. Se inscribieron hace meses en la aplicación CBP Home y, al principio, se les asignaron fechas de salida. Pero después de que esas fechas pasaron, estos inmigrantes dijeron sentirse traicionados por lo que el presidente les había dicho.
Parte del problema está vinculado con la falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. No existen servicios consulares para los venezolanos en Estados Unidos. Muchos de los cientos de miles de venezolanos que emigraron a Estados Unidos en años recientes en busca de asilo y otros alivios migratorios entraron sin pasaportes válidos, como Pérez. Sin embargo, para subirse a un avión y volver a Venezuela, requieren de un documento especial de viaje conocido como “salvoconducto”, expedido por su gobierno.
Y las relaciones entre ambos países están empeorando. La administración Trump ha presionado para que se produzca un cambio de régimen en Venezuela, ha enviado buques de guerra al Caribe y, en las últimas semanas, ha hecho explotar cuatro barcos venezolanos que, según afirma, transportaban drogas a Estados Unidos. Preparándose para una invasión, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a declarar el estado de excepción para proteger a su país, lo que podría dificultar el regreso a casa de los venezolanos que se encuentran en el extranjero.
Los venezolanos que quieren salir de Estados Unidos describieron cómo los representantes de la CBP Home les aseguraron que la falta de pasaportes no sería un problema, y que el gobierno estadounidense les ayudaría a obtener los documentos de viaje necesarios. Ahora, si es que reciben una respuesta, les dicen que deben arreglárselas por sus propios medios.
Los registros internos del DHS obtenidos por ProPublica muestran casi 3700 salidas de venezolanos a través de CBP Home hasta finales de septiembre. No está claro cuántos venezolanos han solicitado participar. El vocero del DHS dijo que la agencia no podía confirmar las cifras y no quiso decir si el programa está cumpliendo con las proyecciones. (Una comisión del Congreso ordenó a la agencia que publique informes mensuales que incluyan el número de salidas voluntarias por medio de la aplicación CBP Home, pero el DHS no lo ha hecho).
Se estima que 10 200 venezolanos han sido deportados entre febrero y principios de octubre, según los datos de vuelos de deportación rastreados por el ICE Flight Monitor, de la organización sin fines de lucro Human Rights First.
Muchas de las venezolanas entrevistadas por ProPublica son madres de niños pequeños que dicen haber decidido aceptar la oferta del presidente después de que expirara su permiso de trabajo, su estatus de protección temporal (TPS), o fueran deportados sus cónyuges. Pocas están dispuestas a regresar por tierra debido a los peligros que representan la violencia de los cárteles y los secuestros en México, peligros que muchas de ellas experimentaron cuando emigraron aquí.
Consulte la historia completa acá
