Un informe especial realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) analizó la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia.
El estudio señaló que aunque el hermano país, principal receptor de más de 2,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015, implementó medidas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, los Permisos Especiales de Permanencia y el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), actualmente “persisten limitaciones estructurales que dificultan la integración social, económica y jurídica de la población migrante”.
El informe especial, precisó que durante el Gobierno de Gustavo Petro, se han desmantelado instancias como la Gerencia de Fronteras y se cerró el Registro Único de Migrantes Venezolanos, lo que frenó los procesos de regularización y se tradujo en que miles de migrantes y personas con necesidad de protección internacional permanezcan en un limbo jurídico, sin opciones viables de regularización, integración y acceso a derechos.
La Ucab y Provea señalaron que la reducción de la cooperación internacional, en particular tras el cierre de USAID, agravó la crisis humanitaria, por lo que hacen un llamado a “desarrollar una política migratoria integral, sostenible y con enfoque de derechos humanos, acompañada de mayor cooperación regional e internacional”.
📌El informe apunta que persisten limitaciones estructurales que dificultan la integración social, económica y jurídica de los migrantes.
— Investigaciones UCAB (@InvestigaUCAB) October 15, 2025
📌 Miles de migrantes y personas con necesidad de protección internacional permanecen en un limbo jurídico, sin opciones de regularización. pic.twitter.com/rwPFwU6xeR
Aquí las claves más relevantes del estudio:
Regularización migratoria
Aunque Colombia mantiene activo el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), iniciativa clave para regularizar a la población venezolana, existen barreras para completar el registro, como falta de información, dificultades tecnológicas y requisitos complejos.
Quienes no están inscritos en el ETPV enfrentan un alto riesgo de apatridia, condición de una persona que no es reconocida como ciudadano por ningún país, y la exclusión.
Derechos vulnerados
- A pesar de que en Colombia existe un marco legal que permite el acceso al sistema de salud, hay barreras prácticas que impiden el acceso a este derecho. El desconocimiento de los funcionarios, trabas administrativas y altos costos para servicios no cubiertos, son los principales obstáculos. El informe señaló que el tema con la salud mental es de gran preocupación entre la población migrante.
- El estudio reportó trabas en la educación. La inscripción o matriculación de niños y adolescentes, la exigencia de documentos y otras barreras burocráticas siguen afectando el acceso a la educación.
- El derecho al trabajo también ha sido vulnerado en los últimos 10 años. Altos niveles de desempleo y subempleo. Informalidad, jornadas extensas, salarios por debajo del mínimo y condiciones inseguras, afectan considerablemente a los trabajadores que aceptan trabajos en las peores condiciones por miedo a la deportación.
- En el caso de las mujeres la situación se agrava porque se enfrentan a una “doble vulnerabilidad”, siendo más propensas a la explotación laboral y sexual.
Xenofobia e inseguridad
- La xenofobia y la inseguridad son dos cosas que más han marcado a la migración venezolana. Las mismas no solo afectan emocional y físicamente a los migrantes, afectan también en el acceso a vivienda, trabajo y servicios.
- Las mujeres y población LGBTIQ+ son especialmente vulnerables a sufrir violencia sexual y de género.
- Se evidenció un aumento del riesgo de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, así como de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales, especialmente de menores.
- Los migrantes en tránsito por zonas fronterizas son víctimas de robos, extorsiones y violencia por parte de grupos criminales.
- Los “caminantes” (migrantes que se desplazan a pie) enfrentan condiciones extremas: falta de albergue, alimentación, servicios de salud y exposición a la violencia.
- Las condiciones en los pasos fronterizos irregulares (“trochas”) son peligrosas y están controladas por actores armados.
- La situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) es delicada, según la investigación, pues son vulnerables al reclutamiento forzado, la explotación laboral y la separación familiar.
Panorama sombrío
- La investigación también reveló que las encuestas siguen reflejando una alta intención de migración de la población venezolana. De hecho, los más recientes sondeos reflejan que se mantiene la intención migratoria, pero con un redireccionamiento de esta hacia otros países, entre los que se encuentran, además de Colombia, Brasil y España.
- Los datos analizados permiten afirmar que la migración inversa no es un fenómeno coyuntural y que países en la ruta, especialmente Colombia, seguirán siendo receptores de esta población que regresa desde el norte del continente.
- Ambas organizaciones estiman que, a futuro, se prevé un aumento de la migración inversa y mayor presión social, pero también una oportunidad para diversificar la cooperación internacional, fortaleciendo mecanismos menos dependientes de un solo actor, y robustecer alianzas regionales que garanticen sostenibilidad y resiliencia.
Recomendaciones al Estado colombiano
- Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias con asesoría técnica, financiera y estratégica para asegurar la continuidad de servicios sociales, médicos e integración.
- Reactivar la vigencia del PPT a quienes permanecieron fuera del territorio colombiano por encima del plazo estipulado y que se encuentran en un proceso de migración inversa.
- Diseñar un plan de regularización permanente que evolucione desde el ETPV hacia opciones de residencia definitiva para migrantes y refugiados venezolanos con arraigo en Colombia.
- Eliminar las barreras administrativas mediante campañas de información y asistencia en zonas de alta concentración migratoria.
- Realizar una revisión exhaustiva de la actual Política Integral Migratoria, a fin de dar prioridad a los derechos humanos, la inclusión social y el acceso a servicios básicos.
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