La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que los defensores de derechos humanos de Venezuela y la región operan en un ambiente hostil, con violencia y obstáculos que muestran un agravamiento de la criminalización y la represión en el país usando la figura de “terrorismo”.
En su “Informe sobre la Situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas”, la CIDH observó en varios estados de la región el uso del sistema punitivo para obstruir la defensa de causas sociales se volvió una práctica recurrente.
En el caso de Venezuela, según la CIDH, este patrón es especialmente sistemático. El ejercicio de la defensa de DDHH se desarrolla en un espacio cívico cada vez más reducido, enfrentando amenazas latentes de marcos legales que buscan limitar su trabajo.
Estrategia de persecución judicial
El patrón de criminalización y represión en Venezuela alcanzó niveles “preocupantes” mediante la aplicación de figuras penales ambiguas, especialmente el delito de terrorismo. La Comisión conoció, por ejemplo, el caso de Rocío San Miguel, defensora detenida en febrero de 2024 y presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas. A ella la acusaron de “traición a la patria, conspiración y terrorismo”.
Asimismo, la CIDH advirtió que Javier Tarazona, director de Fundaredes, permanece privado de libertad desde julio de 2021, imputado por “instigación al odio, traición a la patria, y terrorismo”. Durante el contexto poselectoral de 2024, el Estado también imputó delitos de terrorismo a defensores como Henry Gómez, en Amazonas.
Este uso indebido del derecho penal genera un efecto de amedrentamiento, lo cual lleva a defensores y líderes a optar por el exilio como mecanismo de autoprotección. Los operadores de justicia, además, contribuyen activamente en la criminalización al aceptar procesos sin pruebas o presentar acusaciones falsas.
Asfixia del espacio cívico y controles de financiamiento
La Comisión alertó que el Estado venezolano “asfixia” el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil mediante marcos legales restrictivos. En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Preocupa que esta ley contemple la posibilidad de que “cualquier ciudadano” solicite información detallada sobre la constitución, actividades, financiamiento y beneficiarios de las ONG.
Además, la Providencia Administrativa Nº 001-2021 exige a las organizaciones inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La CIDH señaló que vincular a las organizaciones con la lucha antiterrorista las estigmatiza al relacionarlas con actividades delictivas.
Organizaciones de DDHH sufren frecuentes retrasos y negativas al intentar registrar o actualizar sus documentos legales, restringiendo su capacidad de operar. La sociedad civil destacó que la mayoría enfrenta serias dificultades para actualizar documentos, y al menos un tercio no logró formalizar su personalidad jurídica.
Hostigamiento directo y amenaza de exilio
La sociedad civil informó a la CIDH que funcionarios públicos o individuos alineados con el Estado, ejecutados por agentes de instituciones públicas o miembros del Sistema Popular de Protección para la Paz, cometen las amenazas. La Comisión otorgó medidas cautelares en favor de siete líderes sindicales quienes recibieron constantes hostigamientos y amenazas de agentes estatales.
Entre los patrones represivos post-electorales de 2024, la Comisión conoció la anulación abrupta y arbitraria de pasaportes. Esta práctica afectó al menos a 40 personas defensoras, líderes sociales, periodistas y sus familiares, y buscó limitar su libre circulación. La Comisión también registró la persecución de testigos de mesa y observadores electorales, forzando a por lo menos cinco a desplazarse hacia Colombia ante amenazas de muerte.
La CIDH mantuvo la vigencia de la medida cautelar sobre Provea, tras observar acciones de agentes estatales que intensificaron su riesgo, incluyendo vigilancias y seguimientos con toma de fotografías a sus integrantes. Las autoridades estatales realizaron señalamientos públicos recurrentes contra Provea, calificándola de proteger a terroristas y “vende patria”.
Finalmente, las mujeres defensoras enfrentan mayores riesgos porque no habría fiscales especializados en cuestiones de género para atender sus denuncias. La CIDH observó que el Estado venezolano no adoptó ninguna acción reciente para atender la situación de los beneficiarios de medidas cautelares, intensificando el riesgo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
