El crédito bancario en Venezuela sigue siendo una herramienta de financiamiento de alcance limitado para empresas y consumidores, y las nuevas condiciones fijadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) pueden estrechar aún más ese espacio.
El sistema bancario cerró julio con una cartera crediticia cercana a los 4.000 millones de dólares, equivalente a 3,6 % del PIB, muy por debajo del 39,5 % que representaba el crédito interno al sector privado en 2014, según datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y cálculos de firmas privadas.
En ese contexto, el aumento de la tasa mínima para los créditos comerciales y microcréditos en bolívares expresados en Unidades de Valor de Crédito (UVC), de 13 % a 16 % anual, no es solo un ajuste en el costo del financiamiento, sino que forma parte de una política que también elevó la remuneración mínima de los depósitos bancarios y apunta a modificar los incentivos para mantener recursos en bolívares y para tomar crédito.
El BCV presentó estas medidas como parte de una estrategia para fortalecer la efectividad de la política monetaria y dar un papel más activo a las tasas de interés como instrumento para orientar el comportamiento de los recursos financieros y contribuir a la estabilización de precios.
Desde el 15 de septiembre, las cuentas corrientes comenzaron a recibir una remuneración mínima de 10 % anual, mientras para los depósitos de ahorro pasaron de un mínimo de 32 % a 42 % y los depósitos a plazo fijo de 36 % a 46 %.
Para Jesús Palacios, economista y profesor del IESA y de la UCAB, el aumento de las tasas tiene un carácter restrictivo porque incentiva el ahorro y eleva el costo del crédito, con consecuencias sobre el consumo, mientras que Tamara Herrera, economista jefe de Síntesis Financiera, señala que el propósito de elevar las tasas es desestimular el crédito bancario.
El crédito tiene poco espacio
Para Asdrúbal Oliveros, el resultado combinado de las medidas puede traducirse en “menos crédito y más caro”. El economista advierte que el mayor costo asociado al incumplimiento del encaje, cuya penalización alcanza 192 %, puede llevar a los bancos a administrar con mayor cautela su liquidez y a ser más selectivos al prestar.
La reducción de la intermediación bancaria ya deja poco margen para que el crédito tenga un papel relevante en la actividad económica. Las nuevas condiciones se incorporan a ese escenario y pueden limitar todavía más la capacidad de las entidades para colocar financiamiento.
Empresas sin financiamiento
El problema para las empresas, sin embargo, no comienza con las recientes medidas del ente emisor. La falta de financiamiento ya era un obstáculo para la actividad industrial. En la encuesta de Conindustria correspondiente al primer semestre de 2026, 45 % de los industriales la señaló entre los factores que restringían la producción. Las empresas reportaron además que recurrían a capital propio para mantener sus operaciones e inversiones.
En el primer trimestre, solo 27 % de los industriales encuestados había recibido financiamiento de instituciones bancarias. Los aportes de los socios y la reinversión de utilidades aparecían entonces como alternativas para sostener la actividad. A mediados de septiembre, Conindustria volvió a plantear la necesidad de ampliar y dinamizar el crédito bancario para las distintas actividades económicas.
Menos opciones para el consumidor
En el crédito al consumo, el efecto puede ser menos visible en las tasas que en las condiciones para acceder al financiamiento. La tasa máxima de las tarjetas de crédito se mantiene en 60 % anual, mientras algunos bancos siguen ofreciendo financiamiento para la compra de vehículos.
El impacto de las nuevas condiciones podría reflejarse en el monto aprobado, los plazos o los requisitos exigidos por las entidades, especialmente si se reduce el margen para colocar este tipo de préstamos.
En un mercado de crédito que ya opera con un volumen reducido, un menor margen para prestar puede limitar aún más las opciones de financiamiento para empresas y consumidores. Para unos, eso puede significar menos recursos para sostener operaciones o inversiones y, para otros, mayores dificultades para financiar el consumo.
Las medidas del Banco Central restringen el margen para el crédito y llevan a la banca a actuar con mayor cautela, incluso con el riesgo de un sobrecumplimiento de las condiciones. El objetivo de dar mayor protagonismo a las tasas de interés para estimular el ahorro y contener los precios choca así con la realidad de un sistema que ya perdió buena parte del espacio que tenía hace una década.
En este escenario, el costo del ajuste puede terminar midiéndose en el financiamiento que la economía real, tanto empresas como consumidores, deja de recibir para operar, invertir y crecer.
Ocurrida la pérdida de un treinta por ciento de la población del país a lo largo de la fratricida guerra por la Independencia y a la que antes se le negase el bien de la libertad predicado por los padres fundadores de 1811, y al sostenerse, tras la caída de la Primera República, que los venezolanos teníamos que ser tutelados, llegada la Segunda República, la real, la de 1830, se intenta contener a esa deriva de inspiración bolivariana.
Entonces no se pudo superar el dilema agonal entre el rector José María Vargas, presidente civil, y el disoluto coronel Pedro Carujo, a saber, entre el valor de la justicia y el arresto de los violentos, entre tío Conejo y tío Tigre, lo que marcara con hierro candente la deriva venezolana a lo largo de todo el siglo XIX y en lo que va del siglo XXI.
El intento de fundar una república civil
Al esfuerzo de repoblación de Venezuela impulsado por el general José Antonio Páez una vez como la municipalidad de Caracas decide nuestra separación de la Gran Colombia, propiciando la inmigración de canarios, autorizando el regreso de los matrimonios entre españoles y venezolanos, siguió la entrega del diseño de la patria a su ilustración civil, al mismo Vargas, a Fermín Toro, Santos Michelena, entre otros. Pero quedó trastocado una vez como asumen el poder los hermanos Monagas (1847-1858), hombres de espada, manipuladores, déspotas, y que se titulan bolivarianos.
La búsqueda de un equilibrio virtuoso centro federal y para la convivencia entre los hombres de armas y los civiles de birrete marcará la tarea del Centauro de los Llanos, durante sus dos mandatos (1830-1835 y 1839-1843. La duración de estos se fijó en 4 años, respetándose el principio de la alternabilidad. Fue propósito del Congreso de Valencia que dicta el texto constitucional de 1830 frustrar la némesis del caudillismo continuista, inoculado bajo la égida de Simón Bolívar. Se le purga del territorio por decisión parlamentaria que, a la sazón, refrenda como secretario del Interior Antonio Leocadio Guzmán, casado con una pariente suya.
Guzmán, es la paradoja. Abraza luego las banderas del liberalismo y las tremolará para enfrentar a Páez traicionando a los conservadores, verdaderos liberales. Será el apóstol del ideario liberal tras aplaudir la decisión de Bolívar de forjar un modelo constitucional presidencialista y vitalicio; de donde publica en Lima, mediando la protesta de liberales como Tomás Lander, la obra Ojeada al proyecto de Constitución que el Libertador ha presentado a la República Bolívar, en 1826.
Lo relevante será la clara visión liberal con la que se reinaugura la república de Venezuela tras la guerra y su posterior separación del proyecto bolivariano grancolombiano, tal como consta, en primer lugar, de la importancia que le otorga Páez a la administración de justicia y asimismo cerrar las heridas dejadas en el camino de la beligerancia.
Insiste, así, en la reincorporación al ejército “de los militares de que hablaba el decreto de 23 de agosto del año de 1830, que solo esperan la resolución del Congreso para acreditar que son siempre los soldados de la patria”, afirma el presidente. A la par busca restablecer la igualdad de trato entre todos los venezolanos. El decreto de marras, ciertamente, prohibió a los militares tomar las casas de los venezolanos sin consentimiento de sus dueños y el someter civiles a las leyes militares.
El decreto en cuestión era una suerte de carta de derechos y de garantías, un verdadero decálogo del pensamiento liberal germinal nuestro y tributario del liberalismo español. En sus 33 artículos prescribe la responsabilidad de los funcionarios; los derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad ante la ley; el amparo de los derechos y el derecho al arbitraje; la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; el derecho de petición; la libertad de palabra e imprenta sin censura; la protección judicial y el principio de legalidad; la proscripción de detenciones arbitrarias y el derecho a que sean indemnizadas; la responsabilidad individual, la prohibición de confiscaciones de la propiedad y de expropiaciones, salvo caso excepcional; la libre iniciativa; la prohibición de usar del tesoro público para fines distintos a los ley; prohibición de mayorazgos y de títulos de nobleza; la prohibición de regalos u honores extranjeros, salvo autorización parlamentaria; la proporcionalidad de las contribuciones; la propiedad intelectual; y la igualdad en materia de derechos fundamentales entre nacionales y extranjeros.
De modo que, afirmado ese piso dogmático y el institucional y no viéndose ya amenazado, Páez pide de la soberanía popular, ahora sí, honrar la memoria de Bolívar. “La Nueva-Granada, el Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, estados que nacieron bajo la dirección del ilustre Libertador Simón Bolívar, la América y la Europa os indican al héroe cuya memoria debe consagrar el Congreso nacional”, declara el 26 de enero de 1833.
Honrando la significación del Estado de derecho, que ha de ser la obra de la nación y el soporte de la república, ajena al dictado del caudillo de circunstancia, declara Páez al término de su mandato en 1835 que sus “pasos no han tenido por objeto sino la consolidación del sistema constitucional que la nación se ha dado, y este es el inviolable depósito que ahora devuelvo, después de haber sido la regla de mis acciones públicas. Desde que acepté la honra de ser nombrado primer presidente, reconocí el empeño que por esto mismo contraía de dejar a mis sucesores un ejemplo de amor a la República y de respeto a sus santas leyes”.
Cierra, por lo pronto, ese primer capítulo en la génesis de la Venezuela ya independiente con algo central, que devuelve la mirada sobre la gesta fundacional de 1811, obra de los padres fundadores civiles y de levita: “Mis antiguos compañeros de armas, los que desde el origen de la revolución han dirigido los negocios públicos, viven ya en el retiro de la vida doméstica, contentos con ver marchar entre las demás naciones al Estado a cuyo establecimiento y dicha han contribuido heroicamente… veré, pues, con satisfacción a mi patria administrada bajo la dirección de sus expertos conductores”, reza su mensaje.
Atravesará Venezuela, sensiblemente, por la Revolución de las reformas, para derrocar a su sucesor, el eminente médico y rector civilista José María Vargas, temporalmente desterrado en la isla de Saint Thomas, propiciada aquella por la pérdida de privilegios políticos y fueros sufrida por los oficiales de la Independencia. Alegaban estos –bajo el liderazgo de Santiago Mariño– la restitución de la memoria de Bolívar y la exigencia de un sistema federal que, como aporía intelectual, es el mismo que este condena en vida, desde Cartagena de Indias y más tarde en Angostura.
Pero Páez, nombrado por Vargas al convencerse de que no había conciliación posible con los insurgentes y para que se salvase a la voluntad popular y el orden constitucional usa de su poder, los derrota y restablece el mandato de Vargas, quien se resistía a ejercerlo desde sus inicios.
Ante el Congreso de 1836, así, fija un parteaguas el rector ahora presidente: “En esta tremenda crisis que había preparado el conflicto entre los principios y los abusos, entre los intereses de pocos y el comunal, entre las insensatas pretensiones particulares a que dieran origen las pasiones desarrolladas en la revolución y las concesiones legítimas e imprescriptibles, que la justicia y la razón han decretado a todos los venezolanos, entre la fuerza extraña al pueblo que oprime y destruye, y la pública que defiende los derechos y el bienestar de todos: triunfaron el querer y la opinión de la mayoría; triunfaron las leyes tutelares que se dio esta mayoría; y este triunfo de la constitución, al paso que ha probado de una manera espléndida la adhesión que por sus ventajas ya había engendrado en los venezolanos, y confutado la imputación de sus efectos perniciosos: ha cubierto de oprobio a sus injustos detractores y escarmentado a sus enemigos”.
Lo decidor y ejemplarizante, para el tiempo posterior, será el propio juicio que hace Vargas sobre la cuestión militar, concluida la guerra de Independencia: “Por un fatal descuido fue conservada esta máquina de opresión colonial por el mismo Gobierno que sacudió este yugo; como si la historia de nuestra revolución no nos hubiese demostrado que el baluarte más inexpugnable contra las huestes opresoras había sido el pecho de nuestros ciudadanos, que la masa del pueblo fue siempre la que hizo la más vigorosa resistencia…; en fin, como si una funesta experiencia no nos hubiera dado el penoso desengaño de que después de haber servido durante la guerra de la independencia solo para prolongar los males, su conservación era una tremenda amenaza contra aquel desgraciado pueblo y Venezuela toda”.
Ello basta, prosigue el presidente, para que se comprenda, “basta para convenceros de la necesidad vital de establecer la milicia nacional reglamentándola por una ley mejorada, según los importantes consejos de la experiencia, y de rever la ley vigente contra conspiradores, y darle tal virtud, que a la vez que respete los derechos de los ciudadanos, y no exponga al inocente a injustas persecuciones, no permita que quede impune el culpable; ni que se sustituya a su poder la voluntad o criminal parcialidad del juez”.
Páez volverá a la presidencia al ser electo para el período 1939-1843, al que a su vez sucede, una vez electo, el general Carlos Soublette, para el período 1843-1847. Y es este año, el último, cuando resulta electo presidente José Tadeo Monagas, que junto con su hermano José Gregorio instauran la llamada oligarquía liberal y de nepotismo que se extenderá hasta 1858. Encalla, desde entonces, el esfuerzo de autenticidad liberal que marcó a la república inaugural, la denostada, la levantada en 1811 por los doctores egresados de la Universidad de Caracas.
Afiliados al ahora llamado Partido Liberal, inspirado en las ideas de Antonio Leocadio –hombre de doble faz– y que, en nombre de la democracia popular despliegan una férrea dictadura, llegado el año de 1848 acaban con el parlamento mediante la violencia armada. Los Monagas hacen reformar la Constitución en 1857, a fin de propiciar la reelección y centralizar aun más el poder presidencial, si bien buscan lavarse el rostro con la iniciativa populista de la abolición de la esclavitud en Venezuela (1854).
Una alianza conservadora-liberal que conducen los civilistas Fermín Toro y Manuel Felipe de Tovar le pondrá punto final al despotismo de los Monagas con la Revolución de Marzo confiada al general Julián Castro, cuyo gobierno colapsa en un año, hacia 1859. Asume el poder, en 1860, provisionalmente, Tovar, el que después resulta elegido presidente mediante el voto popular directo, en el mes de abril. Mas no concluirá el año sin que decida separarse, arguyendo razones de salud y asumiendo Pedro Gual como gobernante provisorio, hasta la finalización del año.
La Guerra Federal o guerra larga iniciada en 1859 acabaría con la estabilidad. Se engulle a otro treinta por ciento de la población del país. Y tras la breve e ineficaz dictadura del ahora anciano general Páez (1861-1863), garante de la república centro federal, los ahora liberales de utilería, ofreciendo una república federal que se volverá autocrática y un sufragio universal que concluirá en designados a dedo, reescribe la historia.
Un cronista, alabardero del tiempo que sigue y que hace renacer el espíritu del monagato –“el imperio de la audacia, el triunfo de la componenda, la imposición del más fuerte” sostiene Cecilio Acosta, citado por José Rodríguez Iturbe– a saber, el general Manuel Modesto Gallegos, liberal amarillo y edecán perpetuo del general Joaquín Crespo, busca enterrar al pasado lacónicamente: “La opinión que tenía mi padre acerca de los liberales era la misma que erróneamente han tenido los conservadores del Partido Liberal y de sus hombres, tal vez porque fueron ellos los que en Venezuela ahuyentaron la vetusta autocracia que la venía dominando y echaron las sólidas bases sobre que descansan los sacrosantos principios de la más genuina democracia”.
“Eso es un mareo cada vez que usamos gasolina para lavarnos el cuerpo y la ropa. Antes nos tomábamos un vaso de leche para evitar los mareos, pero hace rato que no sabemos nada de qué es leche”. Las palabras son de un pescador del Lago de Maracaibo que sintetiza, en esas frases, cómo los derrames petroleros dejan contaminación y pobreza en su zona.
El testimonio está dentro del informe “Derrames petroleros y derechos humanos en el Lago de Maracaibo: la visión de las comunidades pesqueras”, elaborado por la organización no gubernamental Clima21, en el que se expone cómo las fugas de hidrocarburos en el lago “constituyen una crisis socioambiental prolongada que afecta directamente los derechos humanos de las poblaciones que dependen de ese ecosistema para su subsistencia”.
Para el estudio se hicieron 50 encuestas y entrevistas a pescadores y pescadoras de diez comunidades de los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas y Valmore Rodríguez, durante el primer semestre de 2026.
Uno de los hallazgos es que 94 % de las personas consultadas afirmó haber sufrido una disminución de sus ingresos como consecuencia directa de los derrames. Además, los entrevistados asociaron la contaminación con problemas de salud y dificultades para garantizar la alimentación.
Runrun.es ha resumido este documento en estas siete claves:
1. Pescar para subsistir
El 88 % de los encuestados indicó que, para ellos, la actividad pesquera es su medio de subsistencia y el que aporta seguridad alimentaria para sus familias. Para casi la mitad de ellos (49 %), su principal preocupación es el bajo ingreso económico que se obtiene de esta actividad. Más de una cuarta parte de quienes respondieron al estudio (27 %) indicó que le angustian los derrames petroleros. La mayoría respondió que participa en más de una de las actividades que genera la pesca. 88 % trabaja directamente en la pesca o extracción de los recursos del Lago de Maracaibo, mientras que 44 % lo hace en actividades de preembarque. Otras personas también señalaron que laboraban en la descarga de la pesca (38 %); limpieza, empaque y refrigeración (40 %); y distribución y comercialización (40 %).
2. Los derrames son “un peligro”
Para 38 % de los encuestados, los derrames son “sucesos que ocurren en períodos entre 6 meses y un año. Sin embargo, 30% considera que son contingencias muy frecuentes que ocurren al menos una vez a la semana
“Este resultado parece reflejar diferencias de percepción sobre lo que es un derrame que puede incluir o no las filtraciones continuas que suceden en el Lago de Maracaibo o también puede depender de la cercanía de las comunidades y sus zonas de pesca con las zonas de mayor actividad de extracción petrolera”, apunta el informe de Clima21.
Lo que sí es casi unánime es que los pescadores se sienten expuestos ante estos eventos. 90 % de los entrevistados dijo que los derrames son un peligro “muy grande para ellos y su actividad”.
Señalaron que las especies pesqueras más afectadas por los derrames son: curvina y lisa (88 %), camarones (80 %), robalo y mero (54 %).
Los encuestados también apuntaron que las características más comunes de los derrames son: olor fuerte y desagradable (100 %), animales cubiertos de petróleo (94 %), peces muertos o con malformaciones (86 %), manchas espesas en el agua (78 %).
3. Pesca obstaculizada, daños a la salud y a la alimentación
El 94 % de los encuestados expresó que han sufrido disminución de sus ingresos familiares debido a los derrames petroleros.
De acuerdo con el estudio, los efectos más experimentados entre los habitantes de las comunidades pesqueras están relacionados con el daño u obstaculización a la actividad pesquera, incluyendo el deterioro de las embarcaciones, la acumulación de petróleo en las zonas de embarque y desembarque, la disminución de la pesca y la acumulación de petróleo en las costas. Cada una de estas consecuencias fue marcada por más de 80 % de los encuestados.
Los participantes también apuntaron los impactos de los derrames sobre la salud (62 %), alimentación (50 %) y calidad de vida de la comunidad (46 %).
4. Ingresos en el piso por los derrames
Según Clima21, las comunidades perciben que los derrames deterioraron sus ingresos. El 60 % indicó que esta disminución está entre 51 % y 75 %, mientras que un 16 % expresó que la reducción va de 76 % hasta 100 %.
Además, 78 % de los entrevistados disminuyó su consumo de alimentos proveniente de la pesca debido a la contaminación. Mientras, 82 % afirmó que sufría problemas respiratorios, 76 % registró que hay enfermedades en recién nacidos o lactantes. Sin embargo, 40 % dijo no haber tenido inconvenientes de salud derivados de estos eventos.
Los efectos alcanzan también las pertenencias de los pescadores. El 68 % manifestó que su vivienda o enseres domésticos han sido afectados por los derrames, ya que las tormentas empujan restos hacia el interior de las casas y dejan pisos o paredes impregnadas de petróleo.
5. Un Estado ausente ante las fugas
Las comunidades pesqueras perciben, de forma prácticamente unánime, que los mecanismos para prevenir y atender las fugas son insuficientes y que el Estado está ausente.
Esto demuestra “las graves limitaciones del Estado venezolano para cumplir con sus obligaciones de proteger a las personas frente a los impactos ocasionados por terceros”, reza el informe.
“De acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas tienen la responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los impactos adversos que sus actividades generan o contribuyen a generar”, recalca el documento.
6. Una crisis que afecta a niños, niñas y adolescentes
El estudio detectó que los efectos de la degradación ambiental del Lago por los derrames petroleros pone en situación de alta vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes que son hijos de los pescadores.
“Esta población recibe un impacto severo debido al aumento de la pobreza de sus familias”, motivado a la disminución del ingreso familiar por la baja productividad pesquera. Esta misma razón puede afectar su educación y seguridad alimentaria. De paso, el deterioro ambiental los expone a efectos directos de la contaminación petrolera como el daño a la salud de sus padres.
7. Prevenir, investigar, reparar y escuchar
Entre las recomendaciones que Clima21 da al Estado venezolano para revertir la grave situación de los derrames petroleros en el Lago de Maracaibo, está prevenir y controlar estos eventos a través de un plan, ajustado a estándares internacionales, que permita la actuación rápida para proteger el ambiente y los derechos humanos.
La organización también pide la realización de “investigaciones independientes y transparentes”, de forma periódica y con resultados accesibles al público, sobre los impactos de los derrames, así como las evaluaciones ambientales y epidemiológicas.
Otra de las solicitudes es la aplicación de mecanismos de reparación integrala las comunidades afectadas por las fugas de hidrocarburos, “incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, restauración ambiental y garantías de no repetición, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Además, advierte que las comunidades pesqueras afectadas deben tener una participación efectiva en la prevención y respuesta a estos eventos, así como un papel en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del Lago de Maracaibo.
Por último, Clima 21 recomienda el fortalecimiento del marco regulatorio y la supervisión y fiscalización de las actividades petroleras para que se exija a las empresas garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al ambiente.
El exviceministro del Deporte, Alexander “Mimou” Vargas, fue detenido la noche de este viernes, 25 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se trata de la segunda vez que autoridades lo arrestan este año: la primera ocurrió en febrero.
Luego de que circularon varios videos en redes sociales que exponían una situación irregular en Maiquetía que involucraba a Vargas, el dirigente político Enrique Márquez confirmó el hecho. Lo hizo a través de una publicación que buscaba desligarse del exfuncionario chavista.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Márquez contó que la noche del viernes él se encontraba en la sala de espera, próximo a viajar a Maracaibo, cuando “el señor Vargas” se le acercó corriendo y le pidió ayuda para evitar que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se lo llevaran.
“No lo conozco personalmente y no tengo relación con él ni con sus actividades públicas o políticas”, aclaró el excandidato presidencial. “Durante la intervención de los funcionarios se produjo un forcejeo. El señor Vargas se resistió y se aferró a mí. Pregunté a los efectivos qué ocurría y me indicaron que debía acompañarlos porque, según me dijeron, era solicitado por las autoridades”, agregó.
Márquez añadió que al momento de la detención la esposa y otros familiares del exviceministro estaban presentes. Finalmente Vargas accedió a acompañar a los funcionarios. “Desconozco lo sucedido después. Espero que se respeten plenamente sus derechos y los de su familia, como corresponde a cualquier ciudadano venezolano”, dijo.
El 28 de febrero pasado funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a Vargas en Caracas. En ese momento, fuentes confirmaron a El Pitazo la aprehensión, aunque no precisaron las razones. El 15 de marzo, desde una cuenta de Instagram atribuida al exfuncionario se informó que ya se encontraba en libertad.
Vargas, exjugador de baloncesto, fue viceministro del Deporte, miembro de la Fundación Movimiento por la Paz y por la Vida y Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Comunicado a la opinión pública
Ante los videos que circulan en redes sociales sobre lo ocurrido anoche en la sala de embarque de vuelos nacionales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, considero necesario aclarar los hechos y desmentir cualquier vinculación que se pretenda…
El mandatario estadounidense Donald Trump aseguró este sábado, 26 de septiembre, que habló con la presidenta interna Delcy Rodríguez sobre la realización de elecciones en Venezuela durante el encuentro que ambos sostuvieron esta semana en la ciudad de Nueva York.
En una declaración que hizo a la prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump expresó: “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”. También elogió la cooperación en materia petrolera que han tenido ambos países y afirmó que gracias a la funcionaria, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.
Los mandatarios se reunieron por primera vez el martes 22 de septiembre a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un día después, durante su intervención, anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, pero no dio detalles sobre una posible fecha.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela. “No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró.
Este encuentro marca un nuevo hito en las relaciones de ambas naciones tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026.
En paralelo a la reunión, la líder opositora venezolana y premio Nobel, María Corina Machado, denunció desde Panamá que le habían impedido regresar a Venezuela en tres ocasiones.
Para Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, la liberación de presos políticos y la reforma al sistema de justicia son algunos de los pasos que debe dar el Estado venezolano para avanzar hacia una mayor apertura democrática. Sin embargo, según la Misión, ese proceso aún no se ha concretado y, por el contrario, persisten prácticas vinculadas al aparato represor.
“Una primera condición, yo creo que tiene que ser la liberación inmediata de todos los presos políticos. Eso creo que es una primera muestra clara de una intención sana de que se está abriendo un proceso de retorno a la democracia en el país. El otro punto que me parece sustantivo es el balance de poder, que es la restitución de la independencia del sistema de justicia (…) yo creo que facilitaría las negociaciones y los procesos que se tienen que dar a lo interior en Venezuela”, explicó la especialista.
Macher fue una de las invitadas a La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo, y Efecto Cocuyo titulada: ¿Cómo se desmonta el aparato represivo en Venezuela? en el que participaron Ronna Risquez, coordinadora de ARI y Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrunes.
La experta recordó que la Misión identificó que 12 funcionarios de alto rango, que permanecen en cargos de gobierno, están directamente relacionados con la represión y las violaciones a los derechos humanos, y aseguró que eso “es una primera muestra frente a las víctimas y frente a lo que ha sido su actuación (…) entonces, cómo puedes pensar que vas a restituir la confianza y la gobernabilidad en Venezuela si las personas, la ciudadanía no recupera la confianza en sus instituciones estatales si es que no se asumen a estas personas que son identificadas. Estás diciéndole a las víctimas que todo sigue igual”.
La experta advirtió que el marco jurídico utilizado durante la última década para sostener prácticas represivas en Venezuela permanece vigente. A su juicio, esta situación mantiene abierta la posibilidad de que dichos mecanismos vuelvan a ser utilizados por los actores estatales.
“Lo que decimos es que todo el marco jurídico, además de los actores, que dio sustento a las graves violaciones a los derechos humanos, a las restricciones del espacio cívico, a la restricción a la prensa, de la libertad de la expresión, están intactas. Entonces podrían volver a ser usadas en cuanto tengan la necesidad de hacerlo. Siguen siendo promesas que todavía no se han plasmado en decisiones concretas”.
La presidenta de la Misión sostuvo que otro de los pasos que debe dar el gobierno de Delcy Rodríguez, si busca avanzar hacia un proceso de transición, es reconocer los hechos relacionados con las violaciones de derechos humanos ocurridos en el país. De esta manera, considera la socióloga peruana, le daría una mayor confianza de gobernabilidad frente a la ciudadanía.
“Es una muestra importantísima de restitución de confianza en el proceso y que efectivamente estamos ante una situación de una transición sana en Venezuela, que ojalá pase. Todos lo quieren”, dijo.
El gobierno de Delcy Rodríguez cierra las puertas a la Misión de la ONU
Macher señaló que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU aún no ha recibido respuesta del gobierno de Delcy Rodríguez a su solicitud para documentar in situ casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Asimismo, instó al Estado venezolano a facilitar información oficial que permita avanzar y contrastar la documentación de estos casos.
“Nosotros hemos enviado solicitudes a la presidenta encargada y no ha habido absolutamente ninguna respuesta”, señaló la defensora de derechos humanos.
Pide abrir las cárceles a las ONG y organismos internacionales
De acuerdo al informe elaborado y publicado por la Misión de la ONU, en Venezuela, persisten e incluso se han adoptado nuevos patrones de tortura contra personas que todavía continúan detenidas por razones políticas. El informe estima que entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad.
El estado de los centros de detención se ha convertido en uno de los principales focos de atención de las ONG y organismos internacionales, especialmente por las condiciones en las que se garantiza el derecho a la salud de las personas privadas de libertad y la protección de su derecho a la vida.
De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el pasado mes de junio, al menos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde el año 2015. Ante este contexto, Macher pidió al Estado venezolano permitir el acceso de la Misión a los centros de detención para documentar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
“Toda esta parte de las condiciones carcelarias, tiene un punto crítico de por qué el gobierno no deja entrar a las cárceles. Recién están permitiendo a la Cruz Roja Internacional que lo hace de manera humanitaria. La Cruz Roja Internacional cuando entra a las cárceles no hace ningún informe de lo que está encontrando (…) esa es una medida concreta que nosotros podríamos decir: no se está cambiando el patrón de represión. Abran las cárceles, abran las puertas, dejen que los mecanismos internacionales puedan hablar con los que están detenidos y verificar si tienen las condiciones mínimas de dignidad”, puntualizó.
Las delegaciones del Gobierno interino de Delcy Rodríguez y de la Asamblea Nacional de 2015 cerraron el segundo ciclo de la mesa de diálogo con un conjunto de acuerdos centrados en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el levantamiento de bloqueos a medios digitales.
Uno de los acuerdos más señalados es la designación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia, integrado por siete juristas: Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves Bastidas, Federico Fuenmayor Gallo y María Bernardoni de Govea.
El grupo incluye a abogados que han sido docentes universitarios y se han especializado en derechos humanos. Entre ellos figuran una exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, una exministra del Trabajo y varios profesores con posgrados en universidades como Harvard, Stanford y Notre Dame. El consejo tendrá a su cargo diseñar los instrumentos para examinar los expedientes de quienes aspiren a convertirse en magistrados.
Justamente este viernes 25 de septiembre, en horas de la mañana, la asociación civil Acceso a la Justiciapresentó un baremo para evaluar a las y los aspirantes a integrar el TSJ. Los directores de la organización, que publicaron la propuesta en su sitio web, indicaron que harían llegar la información a la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 con quien han mantenido contacto.
La mesa de diálogo también acordó que en la próxima sesión ordinaria del Parlamento —sin fecha fijada aún—se avance en la designación del comité preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados, y se publique el cronograma correspondiente. Las delegaciones también se comprometieron a continuar la revisión de los instrumentos legislativos necesarios para la transformación del sistema de justicia.
Levantamiento de los bloqueos a medios
En el terreno comunicacional, la mesa acordó acompañar el anuncio de Delcy Rodríguez de continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas contra portales de noticias, páginas web y medios electrónicos, además de impulsar una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional con participación de actores públicos y privados.
El ciclo se desarrolló en dos plenarias y cinco mesas técnicas sobre libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información, y sobre fortalecimiento de la democracia y del Poder Judicial. El acta la firmó Jorge Rodríguez, en representación del gobierno interino, y Dinorah Figuera, por la AN 2015, quienes acordaron reunirse nuevamente a mediados de octubre.
Rodríguez adelantó, además, que este lunes 28 de septiembre se anunciarán medidas adicionales sobre los procesos judiciales que aún enfrentan periodistas y medios de comunicación en el país.
La casa de Mía está en riesgo. La escuela a la que asistía está prevista para demolición. Durante más de 15 días durmió en un refugio, en una carpa que no le permitía descansar y donde su madre tampoco pudo mantener la dieta sin gluten que su hija necesita.
Mía tiene dificultades para comunicarse. Dice “agua” y pocas palabras más. Después de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, los cambios comenzaron a acumularse hasta convertirse en otra forma de emergencia. La suya es una de las historias que forman parte de una nueva investigación de La Vida de Nos sobre los niños y adolescentes dentro del espectro autista afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela.
La primera entrega de La otra réplica, publicada el 19 de agosto, había identificado a 2.318 menores afectados por los sismos, 603 de ellos fallecidos. El seguimiento posterior amplió ese registro a 3.113 niños y adolescentes afectados, de los cuales 1.686 —54,2 %— cuentan con algún tipo de verificación. Su base de datos registra ahora 710 menores fallecidos.
Pero, al continuar siguiéndoles el rastro, apareció otra realidad: 760 de los registros corresponden a niños y adolescentes dentro del espectro autista.
La mayoría sobrevivió.
La emergencia, sin embargo, continúa.
Cuando desaparece el mundo conocido
Para un niño dentro del espectro autista, una casa no es solamente una casa. Una escuela no es solamente un lugar donde estudiar. Una ruta conocida, una persona que lo atiende, un alimento determinado o una terapia pueden formar parte de una estructura cotidiana que ayuda a darle previsibilidad a su mundo.
Los terremotos alteraron esa estructura.
Así lo explica la terapeuta ocupacional Veruska Croes, especialista en integración sensorial: “Muchas personas dentro del espectro necesitan previsibilidad, control del entorno y consistencia sensorial. Los terremotos, las réplicas y los daños provocados por estos alteraron esas condiciones”. En algunos casos, la respuesta se expresa mediante el llanto sin control, problemas para dormir o cambios de conducta.
El equipo de La Vida de Nos habló con 46 madres y padres, además de maestras, psicopedagogos, terapeutas y nutricionistas. Los testimonios recogidos describen cambios en el sueño, el humor y la alimentación de los niños, así como dificultades para recuperar las terapias debido a la falta de recursos o a los daños sufridos por los centros de atención.
En La Guaira, donde se concentra casi la mitad de los registros —363 de los 760, el 48 %—, la pérdida de infraestructura especializada se convirtió en parte de la emergencia. El equipo documentó dos escuelas de educación especial destruidas y tres con daños que obligaron a su cierre o mudanza, además de tres centros de atención especializados destruidos. Entre estos se encuentran el Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa).
“Ya no somos cinco, somos dos”
Para Keyber, de 14 años, el terremoto tuvo una dimensión todavía más devastadora.
Vivía en la conserjería del Centro Comercial Costa del Sol, en Caraballeda, junto a sus padres y sus dos hermanos. Keiner, de 11 años, y Kelwin, de 16, tenían autismo igual que él. Los dos murieron en el terremoto. También murió Evelyn, su madre, quien llevaba buena parte de los asuntos médicos y escolares de sus hijos.
Keyber sobrevivió junto a su padre, Lewis. “Éramos cinco y quedamos solo dos”, cuenta este hombre de 48 años.
La pérdida dejó al padre no solo frente al duelo, sino también frente a una responsabilidad que antes compartía con su esposa. Lewis cuenta que conocía poco del historial médico de sus hijos, quienes asistían a un instituto para niños excepcionales en Catia La Mar, que quedó afectado y continúa sin funcionar. También estaban registrados en el Caipa y en la Fundación Mundo Azul.
Un hijo que dejó de hablar
La historia de Jeremías y Augusto muestra otra dimensión de la pérdida. Los hermanos, unos gemelos de 9 años, sobrevivieron a los sismos porque aquel día estaban en la casa de su abuela, en Carayaca. Su padre murió en el terremoto.
Augusto tiene autismo grado 2. Antes de la tragedia estaba empezando a comunicarse. Después dejó de hablar.
“Estaba empezando a comunicarse, pero ahora no habla”, cuenta su madre, Yoelvimar López. Sus terapeutas del lenguaje murieron durante la tragedia. Uno vivía en la OPPPE 33 y otro en el urbanismo Hugo Chávez Frías, en La Guaira.
La escuela para niños con autismo donde Yoelvimar quería inscribirlo también desapareció. La escuela donde estudiaba en Carayaca quedó bajo los escombros. El terremoto, en este caso, no solo destruyó edificios. Interrumpió procesos que habían tomado años.
Cuando la escuela deja de existir
Para las familias con hijos dentro del espectro autista, la pérdida de una escuela implica mucho más que encontrar otro edificio.
En La Guaira, los centros de educación especial quedaron entre las estructuras afectadas. Algunas escuelas fueron destruidas y otras tendrán que compartir temporalmente espacios con otros centros educativos. Las autoridades prevén horarios rotativos y el uso de unidades psicoeducativas, mientras algunas instalaciones siguen funcionando como refugios.
Para una madre como Alexandra, el regreso a clases está atravesado por el miedo. Su hijo Niam, de tres años, se altera con las réplicas, se lleva las manos a los oídos y llora. El colegio al que pretendía llevarlo sufrió daños y su directora murió.
Para Milagros, la madre de Mía, el problema es todavía más concreto: la escuela que conoce será demolida y la alternativa queda lejos de casa. No se atreve a enviarla.
La reconstrucción de una escuela puede medirse en paredes, techos y pupitres. Para estas familias, también significa reconstruir un espacio que el niño conoce y comprende.
Vivir en una carpa
El desplazamiento añadió otra dificultad. La investigación documentó 76 niños y adolescentes dentro del espectro autista que están o han pasado por refugios y 39 que tuvieron que trasladarse a casas de familiares o a otro estado del país. Son situaciones documentadas; el equipo advierte que no conoce la situación habitacional de todos los registros.
Mía pasó más de 15 días en un refugio.
Aylin Daal tiene una carpa en el refugio de Playa Verde, pero casi nunca duerme allí. Prefiere regresar por las noches a su casa, aunque está en riesgo, y acomodar a sus tres hijos en la sala. Los tres son autistas: Máximo, de 13 años; Mathías, de 10; y Miranda, de 5.
En la carpa, el calor y el ruido los alteran. Aylin intenta permanecer cerca de ellos para tranquilizarlos. La rutina que había construido alrededor de sus hijos se volvió mucho más difícil de sostener. También perdió a una de las personas que acompañaban el desarrollo de Máximo: una psicopedagoga que murió durante la tragedia y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado.
La alimentación es otra batalla. Antes del terremoto, Aylin había modificado la dieta de sus hijos y percibía una mejoría. Después, mantenerla se volvió difícil. Al mismo tiempo, perdió buena parte de sus ingresos como peluquera de mascotas. Su frase resume el tiempo que vino después de los sismos: “La gente cree que esto pasó, pero esto sigue”.
La familia también necesita apoyo
El impacto no termina en los niños. La investigación identificó 36 grupos de hermanos o familiares autistas entre los registros. De los 760 niños y adolescentes documentados, 600 son varones, 157 niñas y 3 casos no tienen sexo registrado.
Jhoana Teixeira conoce esa realidad desde dentro. Es psicopedagoga y madre de dos hijos autistas. Después de los terremotos, dos sobrinos también autistas y damnificados se fueron a vivir a su casa. Desde allí acompaña a otras madres y familias, combinando su experiencia personal y profesional.
En otros casos, las familias se convirtieron en la principal red de contención.
Henneizi Sojo, madre de Luis Alejandro, un joven autista no verbal de 17 años, fundó en 2023 la asociación de padres Planeta Verde y Azul. El terremoto destruyó su casa y el centro donde su hijo recibía atención. Luis dejó de tolerar los ruidos fuertes y perdió parte de su interacción social. Su madre tuvo que mudarse temporalmente con él a casa de un familiar.
Con llamadas y caminatas, Henneizi hizo un pequeño censo de 42 personas con autismo en su urbanización: 20 estaban en carpas y 22 se habían trasladado a casas de familiares. Ese registro ayudó posteriormente a organizaciones a llevar alimentos y equipos a algunas de las familias.
Una cifra incompleta
Los 760 registros documentados en el especial de datos Autismo en la zona cero no representan necesariamente el universo total de niños autistas afectados por los terremotos. Ese es uno de los límites que la propia investigación señala.
El Estado no ofrece datos desagregados de las víctimas de los terremotos y la información sobre la población autista es todavía más opaca. Para construir el registro, La Vida de Nos cruzó los censos de tres organizaciones con su propia base de datos, reportería de campo y verificaciones telefónicas.
De los 760 registros de niños y adolescentes con autismo, 748 fueron localizados y 12 figuran como fallecidos. Pero las organizaciones consultadas se han concentrado principalmente en los sobrevivientes, por lo que la investigación advierte que puede existir un subregistro de niños autistas fallecidos o en búsqueda.
También existe una gran cantidad de información que aún no ha podido precisarse. En 509 de los 760 casos no se conoce el grado del espectro o el nivel de apoyo que requiere cada niño.
Por eso, la cifra no pretende cerrar el mapa de la tragedia. Pretende hacerlo visible y mostrar que se trata de una afectación diferenciada que requiere de medidas de protección y atención específicas.
