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EEUU designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista: la respuesta desde Venezuela

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Este lunes, 24 de noviembre, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

“Este grupo clandestino es responsable de la “violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

La lista de OTE, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia, está supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esto otorga al Gobierno liderado por Donald Trump facultades jurídicas para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización que figure en dicha lista.

También, la designación como OTE brindaría una cobertura legal para ejercer mayor presión sobre las autoridades venezolanas.

Venezuela rechaza la acusación

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta «infame y vil mentira» busca justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra Venezuela «bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

«Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas», agregó.

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a rectificar esta «errática política de agresiones y amenazas», rechazadas, dijo, por el propio pueblo norteamericano, y que, advirtió, «afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas».

*Con información de DW y EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Juan Pablo Guanipa, seis meses detenido y en incomunicación absoluta

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Este 23 de noviembre, Juan Pablo Guanipa cumplió seis meses “detenido y en incomunicación absoluta”. La denuncia la realizó Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, a través de las redes sociales.

“A seis meses de la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa, exigimos que se respete el derecho a las visitas y a la atención médica constante de nuestro padre. Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa. Libertad para nuestro papá, para Venezuela y todos los presos políticos”, es parte del mensaje que acompaña el audiovisual difundido en X, en el que varios de los hijos del excandidato a la gobernación del Zulia claman por la liberación de su padre.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la denuncia realizada por el hijo de Guanipa expone “la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela”.

“La incomunicación absoluta en la que se encuentra, la falta de información sobre su estado físico y la imposibilidad de recibir visitas familiares o de su defensa legal constituyen vulneraciones directas de sus derechos fundamentales, incluidos el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial, consagrados tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales que el Estado venezolano está obligado a respetar”, recordó la ONG.

JEP recalcó que ningún proceso judicial puede considerarse legítimo cuando se desarrolla en medio de opacidad, retaliación, negación de derechos básicos y violaciones sistemáticas a la dignidad humana, por lo que exhortó al gobierno a que permitan “de inmediato” el acceso a la familia del político, se garantice una evaluación médica independiente acorde con su condición, y restablezcan plenamente su derecho a un proceso judicial justo, transparente y ajustado a los estándares internacionales.

“La situación de Juan Pablo Guanipa no puede normalizarse ni silenciarse. Su caso, como el de muchos otros venezolanos sometidos a detenciones injustas, nos recuerda que detrás de cada expediente judicial hay vidas, familias y sueños que merecen ser protegidos, no destruidos”, se lee en el post de la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La COP30 finalizó con compromisos mínimos, objeciones latinoamericanas y un gran trabajo por delante

Tais Gadea Lara 

“La COP ha terminado. Las propias negociaciones, en las que participamos 195 países, intentaron acordar medidas para mejorar la lucha contra el cambio climático. Esa es la parte de la negociación”, expresó André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. 

Tras las tradicionales dos semanas de trabajo, un día extra de discusiones y un final con sabor amargo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, concluyó en la tarde del sábado en Belém do Pará, región amazónica de Brasil. 

Los gobiernos nacionales consensuaron una serie de decisiones que cumplen mínimamente con la ambición que, tanto algunos países como sociedad civil, esperaban. Ello aplica en particular al nulo compromiso para avanzar en la transición que deje atrás los combustibles fósiles y a las decisiones débiles sobre la implementación y el financiamiento de las políticas de adaptación.

El espíritu “histórico” que Brasil buscó dar desde que asumió la presidencia de la conferencia fue cayendo gradualmente a medida que pasaron los días, especialmente durante la segunda semana de negociaciones. 

El regreso del presidente brasileño, Lula da Silva, al predio durante el pasado miércoles y su cargada agenda de reuniones con ministros y jefes de delegaciones fue considerado por algunos más como “un día perdido de trabajo” de las negociaciones que de avance político en las mismas. 

El inesperado incendio del jueves dentro del predio -por un desperfecto eléctrico en el área de los pabellones- inevitablemente suspendió las actividades y pausó unas negociaciones a puertas cerradas que ya venían siendo difíciles y criticadas de falta de transparencia. 

En el marco del décimo aniversario del Acuerdo de París, ¿qué resultados deja la COP30? Aquí analizamos cinco ejes destacados.

Un proceso poco transparente que quedó lejos de “la COP de la Verdad”

“El año 2024 fue el primero en que la temperatura media de la Tierra superó un grado y medio por encima de los niveles preindustriales. La COP30 será la COP de la Verdad. Es hora de enfrentar la realidad y decidir si tendremos el coraje y la determinación para transformarla”, había dicho Lula en el discurso de apertura de la Cumbre de Líderes que tuvo lugar previo a la conferencia climática. 

En nombre de luchar contra la desinformación y el negacionismo científico, y de garantizar transparencia, Brasil tomó “la COP de la Verdad” como uno de los muchos eslóganes que se le buscó dar a la conferencia climática. Pero ello no fue compatible con lo ocurrido en el plenario de cierre.

Casi de inmediato, sin levantar la mirada al auditorio de delegados y sin habilitar el tradicional comentario que corresponde a todo presidente de COP “como no veo objeciones”, Corrêa do Lago martilló rápidamente tras cada ítem de agenda, empezando por aquellos que presentaban mayores dificultades y diferencias entre países. Post martillo sobre el escritorio, las decisiones están adoptadas. Los problemas no tardaron en llegar. 

Panamá, Uruguay y Colombia denunciaron que habían levantado bandera (es decir, habían pedido la palabra) antes de que adoptaran algunas de esas decisiones y la presidencia no les había dado lugar. La fría respuesta de Corrêa do Lago de que se anotarían los comentarios en el reporte de la plenaria de cierre, hizo que los países reafirmaran su denuncia y dejaran explícita su posición con una palabra que ninguna presidencia de COP quiere escuchar: objetar.

La objeción en la plenaria de adopción de decisiones significa que el país está expresamente no dando consenso a la adopción y, por lo tanto, tienen que continuar las discusiones (porque las decisiones en la COP tienen que ser 100% por consenso).

Colombia objetó el Programa de Trabajo de Mitigación. “La COP de la verdad no puede respaldar un resultado que ignora la ciencia. Según el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), casi el 75 % de las emisiones globales de CO₂ provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles con medios de implementación, de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Daniela Durán González, jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

Uruguay -en nombre también de Argentina, Ecuador y Paraguay- objetó la Meta Global de Adaptación. Su directora nacional de Cambio Climático, María Fernanda Souza, expresó: “Quisiéramos expresar que, como nuestros países han reiterado en las últimas horas y durante la noche, y dado que hemos tenido acceso al borrador de la decisión sobre la GCA desde ayer a las 3, incluyendo los 59 indicadores recientemente redactados, le informamos que no estamos en condiciones de apoyar la adopción de esta decisión en su forma actual”.

De hecho, mientras la presidencia avanzaba rápidamente en la aprobación de temas, InfoAmazonia había recibido un mensaje de un delegado que advertía que había países con “la bandera levantada” y la presidencia no les estaba dando lugar.

Otros países no objetaron, pero sí acompañaron sus posiciones insatisfechas con el texto de adaptación. La Unión Europea dijo “que apoyaba esos indicadores”, y Sierra Leona criticó la calidad de los mismos diciendo que eran “poco claros y, en algunos casos, insostenibles”. 

¿Cómo terminó esto? 

Después de una suspensión de la sesión, la presidencia de la COP30 y la Convención de Naciones Unidas (ONU) dijeron que las objeciones habían llegado luego de que las decisiones se hayan adoptado, por lo que no había marcha atrás. Corrêa Do Lago sugirió conversar sobre ambos temas críticos en las reuniones intersesionales de junio próximo en Bonn, pero ello ya no podrá reabrir ni modificar los textos acordados.

Lo ocurrido fue un elemento más de una COP que, según habían compartido delegados y observadores, carecía de la transparencia necesaria en el proceso de discusiones para arribar a resultados que incluya los intereses de todos. 

Catherine Abreu, directora de la red para acelerar la acción climática International Climate Politics Hub, había advertido el viernes que las conversaciones que se estaban llevando a cabo no eran transparentes y que la presidencia estaba en una postura de defender el segundo paquete borrador de textos dando a los países sólo dos opciones: “tomarlo o dejarlo”. Aldem Meyer, senior associate de la consultora independiente en política climática E3G, agregó que “la presidencia había limitado la diplomacia a sólo algunos países”, en lugar de hacer realidad el trabajo en conjunto que se proponía bajo el lema del mutirao.

Ello se pudo advertir, además, por un predominio de consultas a puertas cerradas -sin incluso presencia de representantes de sociedad civil que observan el proceso-, con plenarios que no dieron lugar a las exposiciones de países y con textos que incluían cambios y nuevos contenidos que no habían formado parte de las discusiones. 

Una COP que ¿será recordada como “la COP de la adaptación”?

La COP30 tenía que decidir dos elementos clave sobre la adaptación: los indicadores que servirían como guía para acompañar la implementación de políticas de preparación ante los impactos climáticos, y la meta de financiamiento exclusivo para este tipo de políticas en países en desarrollo. En octubre pasado, Corrêa do Lago había dicho en entrevista a InfoAmazonia que “le gustaría mucho que la gente recuerde la COP30 como una COP de adaptación”. 

Para ambos temas se adoptaron decisiones. En ninguno de los casos, ellas tuvieron la ambición que se requería. 

La adopción de las características de la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) fue uno de los puntos más críticos de los resultados alcanzados, especialmente por los indicadores. Países desarrollados y en desarrollo expresaron su disconformidad con el listado acordado. 

La ministra uruguaya Souza expresó en el plenario que la implementación de la meta debiera basarse en el listado de 100 indicadores elaborado en base al asesoramiento técnico de expertos y trabajado durante casi dos años, y no en los 59 indicadores. que aparecieron en los últimos días en Belém. 

“La adopción del GGA significa que el trabajo sobre los indicadores finalmente puede avanzar con el apoyo del Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos”, reconoció como algo positivo Demet Intepe, experta en adaptación y resiliencia de la organización Practical Action, y subrayó: “La ausencia de cualquier referencia al GGA en el documento político general (el Mutirao) debilita el conjunto del paquete”. 

Si bien los textos decididos no pueden reabrirse a negociación, habría una posibilidad de que en las negociaciones técnicas de Bonn en junio de 2026 se redefinan los indicadores del anexo del GGA y pueda retomarse el camino técnico realizado con anterioridad.

Belém se suponía que era, también, la oportunidad para reducir la brecha de financiamiento que se destina a mitigación y adaptación, o al menos eso esperaban los países en desarrollo. La decisión adoptada generó reacciones diferentes: algunos quedaron contentos con alcanzar lo mínimo, otros insatisfechos por el vocabulario débil.

“No hay claridad sobre cuánto dinero se destina a la adaptación, de dónde provendrá, su calidad ni cómo se medirá el progreso”, analizó en un comunicado Marlene Achoki, directora de Políticas y Promoción de Justicia Climática Global de la iniciativa para combatir la pobreza CARE International, y agregó: “Sin una financiación pública adecuada basada en subvenciones y sin ambición, el cambio climático seguirá multiplicando la pobreza y profundizando la desigualdad, especialmente para las mujeres y niñas que luchan a diario por su seguridad y dignidad”. 

La Decisión Mutirao “llama a” -verbo con debilidad en la responsabilidad e implementación- triplicar el financiamiento para adaptación. Pero no establece un año base de referencia a partir del cual incrementar el dinero. Además, la fecha calendario a cumplir la meta es 2035; no 2030 como se venía pidiendo y trabajando en las negociaciones previas. 

Incluso el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reafirmó en conferencia de prensa: “Considero posible y deseable triplicar el financiamiento para la adaptación de aquí a 2030. Espero sinceramente que sea posible encontrar un punto intermedio en el que los países desarrollados se comprometan con estos objetivos y, al mismo tiempo, la COP atienda sus inquietudes sobre mitigación”.

Una decisión -en un país petrolero- sin compromisos nuevos para salir de los combustibles fósiles

Si hay algo de lo que se habló en la previa y durante las dos semanas de la conferencia fue la idea de Brasil de establecer una hoja de ruta -un roadmap– para hacer la transición que deje atrás a los combustibles fósiles. 

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, llevó la iniciativa a cada actividad en la que participó y cada discurso que dio en Belém. Otros países -desarrollados y en desarrollo, de Dinamarca a Colombia- pronto brindaron su apoyo a la propuesta. Pero desde la presidencia de la COP30, Corrêa do Lago reiteró una aclaración: “el tema no era un ítem de agenda en las negociaciones de esta conferencia”. 

Con un lenguaje poco preciso, la idea pareció asomar en el primer texto borrador de la Decisión Mutirao, pero se eliminó por completo en la versión adoptada.

Distintos delegados y observadores confirmaron a InfoAmazonia que la presidencia dijo en consultas que los motivos de la quita se debían a que un grupo de países apareció en su oficina a advertirle que, si había mención a los combustibles fósiles, no aceptarían los textos finales. El primer interrogante pendiente es cuánto realmente Brasil quería este roadmap dentro de la COP. 

De los 24 países que apoyaron la “Declaración de Belém sobre la transición justa que deja atrás los combustibles fósiles”, Brasil no se encuentra. Del mismo modo, tampoco integra la alianza internacional Beyond Oil & Gas (Más allá del petróleo y el gas) a través de la cual gobiernos y otros actores trabajan juntos para facilitar la eliminación progresiva de la producción de gas y petróleo hasta su terminación. 

Desde la reunión del G20 en Sudáfrica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apoyó la objeción de su delegación en el plenario en Belém: “No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital (…) Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo”.

Para continuar la conversación y/o evitar una narrativa de “fracaso”, Brasil anunció que creará ese roadmap. Lo hará como presidencia de la COP30, por lo que será algo no negociado ni decidido por los países dentro de la COP. Por ello, tendrá un carácter voluntario no legalmente vinculante y continuará su camino por fuera del proceso de control e implementación del Acuerdo de París. 

Según lo poco publicado al respecto, el roadmap abordará los desafíos fiscales, económicos y sociales de la transición, señalando formas creíbles de ampliar las opciones de cero emisiones y bajas emisiones de carbono.

La Conferencia Global de Phase-Out de los Combustibles Fósiles será para muchos una instancia en el calendario para avanzar en la temática. Se realizará, con el apoyo de Países Bajos, el 28 y 29 de abril de 2026 en Santa Marta, Colombia.

Cabe recordar que en uno y otro caso se están refiriendo a dos conceptos que, en la práctica, hacen a la diferencia. El phase-out -al que refiere la conferencia- es un vocabulario más ambicioso que implica una eliminación progresiva de los combustibles hasta su terminación. En cambio, el transition away from fossil fuel-al que refiere la hoja de ruta y que se consensuó en el Balance Mundial durante la COP28 en Dubái- significa -con un lenguaje menos ambicioso- hacer una transición que deje atrás los combustibles fósiles. 

El segundo interrogante es si la hoja de ruta repetirá las características del roadmap Bakú-Belém para escalar financiamiento a $1,3 billones de dólares, que terminó siendo un mero informe con buenas recomendaciones, sin implementación dentro del proceso de la COP y al que apenas los países “le tomaron nota” en la decisión de Belém.

Un paso a favor de una transición un poco más justa 

De todas las decisiones adoptadas, la del Programa de Trabajo de Transición Justa fue la más celebrada como un resultado favorable. Los países acordaron establecer un mecanismo para su implementación que buscará mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, y permitir transiciones justas, equitativas e inclusivas.

El documento reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y la importancia de hacerlos partícipes de la transición. 

“Los caminos de la transición -incluyendo la expansión de la extracción de combustibles fósiles y de minerales para transición energética, y los proyectos de energías renovables a gran escala- están afectando seriamente a las comunidades indígenas y violando nuestros derechos”, expresó Emil Gualinga, miembro del pueblo indígena Kichwa de Sarayku en Ecuador, y agregó: “Esta decisión nos brinda herramientas para continuar reclamando, nacional e internacionalmente, por asegurar que todas las políticas relacionadas con la transición energética respeten nuestros derechos”. 

Del papel a la realidad, Gualinga criticó la respuesta que los organizadores de la conferencia tuvieron ante las acciones y la presencia de comunidades indígenas alrededor del predio. “La militarización de la COP muestra que las comunidades indígenas son vistas como amenaza, y lo mismo sucede en nuestros territorios: la militarización ocurre cuando defienden sus derechos ante el petróleo, la minería y otros proyectos extractivos”. 

El transversal y conflictivo financiamiento, y lo que sigue

La Decisión Mutirao incluyó elementos de un tema que fue conflictivo entre países desde un inicio: la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público a los países en desarrollo, conforme el artículo 9.1 del Acuerdo de París.

Tras una meta de financiamiento climático decidida en 2024 que movilizará $300 mil millones de dólares anuales a partir de 2026 y con dinero proveniente de múltiples fuentes, en Belém quedó muy diluida la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público. 

“Para que la transición justa sea posible, se necesita el apoyo del financiamiento público, una reforma del sistema económico y una hoja de ruta clara para terminar con los combustibles fósiles”, analizó Friederike Strub, campaigner de Financiamiento Climático de la organización Recourse, y agregó: “Los países ricos han hecho todo lo posible para diluir sus obligaciones financieras, negarse a pagar sus deudas climáticas y socavar los profundos cambios estructurales necesarios en una arquitectura de financiamiento climático y para el desarrollo que, hasta la fecha, no ha logrado hacer justicia”.

La decisión estableció un programa de trabajo de dos años sobre financiamiento climático que incluye el artículo 9.1, pero que refiere a financiamiento climático en general, no exclusivamente a este artículo en particular. 

¿Qué pasa de ahora en adelante? Aún queda pendiente que 79 países -incluyendo India- presenten formalmente sus planes nacionales climáticos –las conocidas NDC– con compromisos más ambiciosos que contribuyan a limitar el calentamiento por debajo del 1,5°C.

Después de varias idas y vueltas, Turquía será el país que presidirá la próxima COP31. Del 09 al 20 de noviembre de 2026. La conferencia tendrá una particularidad: Australia, junto con el apoyo de los países del Océano Pacífico, estará a cargo de la presidencia de las negociaciones, es decir, de la coordinación de trabajo de las discusioens. La siguiente COP32 se celebrará en Etiopía y habrá que ver si India mantiene sus deseos de estar a cargo de la siguiente conferencia como representación de la región asiática. 

Antes de todo ello y tras el cierre de la COP30, lo más importante en el calendario ya ha comenzado: la puesta en práctica en cada uno de los países de los compromisos asumidos de manera multilateral. “La negación, la división y la geopolítica han encarado duros golpes a la cooperación internacional durante este año. La COP30 mostró que la cooperación climática está viva y empujando, manteniendo a la humanidad en la lucha por un planeta habitable”, dijo el secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, tras el cierre de la conferencia, y subrayó: “No estoy diciendo que estamos ganando la pelea climática. Pero, sin duda, todavía estamos en ello y estamos luchando”.

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Este reportaje fue producido por InfoAmazonia , por medio de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lee el reportaje original en: https://infoamazonia.org/es/2025/11/24/la-cop30-finalizo-con-compromisos-minimos-objeciones-latinoamericanas-y-un-gran-trabajo-por-delante/ 

Comando para la Defensa Integral: otra estructura para la “estabilidad” en caso de ataque

El pasado 11 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada la “Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación (Codin)”, una nueva norma para terminar de engranar la coordinación entre la Fuerza Armada Nacional (FAN), los poderes públicos y las estructuras comunales en medio de las tensiones del chavismo con Estados Unidos por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Bajo la coordinación del Comando Estratégico Operacional (Ceofan), el Codin se encarga de “planificar, coordinar y ejecutar acciones de defensa nacional ante amenazas internas o externas”. Esa planificación pasa por los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), activados el 8 de enero vía decreto por Nicolás Maduro, por medio de cinco comités y una “sala situacional”. 

Esta norma, señala el politólogo e investigador en temas militares Ricardo Sucre, está “pensada bajo la lógica de las comunas” y perfecciona “como es la relación civil-militar”, los “mecanismos de comandos, la línea de mando de la Fuerza Armada con el pueblo en armas, como lo llama el chavismo”. 

Tanto las ODDI como el Comando para la Defensa Integral, destaca el doctor en Ciencias Sociales, tienen dos características fundamentales: 

  • La creación de comités donde están integradas las comunas. En este caso hay cinco: Patriótico Bolivariano, Económico, Productivo y de Servicios; Social Popular; de Orden Interno; de Movilización y Requisición (artículo 17).
  • La instalación de salas situacionales, “bajo la idea de tener mapas de capacidades productivas de cada zona a nivel micro”.
  • Además, afirma el experto, la Ley “aporta una visión de despliegue descentralizado pero bajo una cadena de mando de la FAN para actuar en una “guerra de guerrillas” que es el modelo que el chavismo prevé en suelo venezolano”. 
  • “Para el gobierno la estabilidad política es fundamental, si pueden mantenerse a pesar de un ataque. Su cálculo va en ese sentido. Por eso estas normas van en esa dirección y son pensadas de abajo hacia arriba, bajo una lógica descentralizada”, puntualiza. 

¿Qué hace el Comando para la Defensa Integral?

Si bien esta norma está pensada bajo escenarios de enfrentamiento, el funcionamiento de los comités que integran los Órganos de Dirección para la Defensa Integral abarca la planificación en tiempos de paz y la vigilancia sobre los posibles “enemigos”. 

La Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación contempla 11 “actividades”, según su artículo 15, como el “recopilar, analizar e intercambiar” información relevante; la identificación de recursos disponibles o adicionales en caso de confrontación, el apoyo de operaciones militares o velar por la “continuidad de las actividades productivas y el funcionamiento de servicios públicos esenciales e infraestructura crítica, una vez decretada la movilización”.

El primer “plan de defensa integral” fue entregado por 15 comunas del eje Caracas-La Guaira el miércoles 19 de noviembre. Nicolás Maduro ordenó entonces el despliegue de “armamento pesado y misiles” en esa zona, que comprende la capital y parte de la costa venezolana.

Leyenda: Nicolás Maduro aseguró que hay un parque de armas instalado en el corredor de la autopista Caracas – La Guaira (Foto VTV)

El líder chavista también señaló que un «parque de armas de los milicianos y milicianas» ya está «instalado y funcionando».  

El politólogo Ricardo Sucre sostiene que Maduro, a diferencia del gobierno del expresidente Hugo Chávez, ha mantenido al aparato militar en constante movimiento. “El chavismo ha tenido una evolución genérica. Desde (el expresidente Hugo) Chávez, han tenido la tesis del pueblo en armas, la resistencia popular, la guerra asimétrica, todos esos conceptos de guerra no convencional… Ha sido una evolución más en el verbo, pero ahora se le está dando más sustancia jurídica, estructural y organizativa”. 

Sin embargo, como en todo escenario de confrontación, que estas estructuras engranen dependerá del tiempo en que se produzca un posible ataque directo. En todo caso, el Ministerio de la Defensa deberá elaborar los manuales y planes operativos en un plazo de seis meses y estos órganos “tendrán tres meses para adecuarse”, según las disposiciones transitorias de la ley. 

El “enemigo interno”

Al igual que otras normativas aprobadas por el oficialismo recientemente, en la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación se incluyó en su articulado la no discriminación. Pero opositores han señalado que esta normativa no sanciona directamente la no discriminación por razones políticas.

El abogado y exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray ha asegurado que este es una “barbarie legal” que claramente está “diseñada para el ‘enemigo interno’ que son todos los venezolanos que se oponen” a Nicolás Maduro y su estructura. 

Igualdad y no discriminación

Artículo 4. Esta Ley se rige por el principio de igualdad real y efectiva, sin discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general, tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas.

A juicio de Ricardo Sucre, esta ley mantiene una vocación de “integración de las comunas al espíritu de las ODDI”  de control interno. 

Sucre si bien señala que “siempre está presente la idea de vigilancia” debido a las declaraciones recurrentes de funcionarios, en especial el ministro Diosdado Cabello, sobre información proveniente de “patriotas cooperantes” o comunidades contra “enemigos de la patria”, asevera que el control interno ya ha sido “perfeccionado” por la administración Maduro. 

El control interno, reafirma, “el gobierno lo tiene controlado a través de la represión. Ya lo vimos con estas sentencias contra la doctora Marggie Orozco, las detenciones. El gobierno construyó su ‘Frankenstein’ de la represión y ha alimentado un clima de miedo”. 

Para esto, indica, ya hay un entramado legal que se ha elaborado y aprobado en momentos represivos como la Ley Orgánica Simón Bolívar o la llamada Ley contra las ONG. Estas normas, han reiterado organizaciones internacionales, han contribuido al cierre del espacio cívico venezolano. 

La lógica de la Ley del Codin, reitera el politólogo, “es que el país continúe su rumbo y enfatiza ver las capacidades locales, cuántas empresas, servicios públicos, el tipo de transporte en zonas determinadas… Cómo se organiza desde lo micro para poder llevar una resistencia prolongada”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La vulnerabilidad de los niños hoy

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Yo crecí en un mundo ingenuo, donde la mayoría de los niños podíamos ser niños sin mayores riesgos o preocupaciones. Sé que me dirán que fui una privilegiada, y sí que lo fui, pero en el presente, ser “privilegiado” es un lujo que sólo minorías se pueden dar, sin importar estrato social o económico.

Y es que en un mundo que avanza a pasos agigantados, los niños de hoy se enfrentan a una serie de vulnerabilidades que, a menudo, los ponen en el centro de un escenario de riesgos diversos. Para entender la complejidad de su situación actual, resulta útil remontarnos a décadas pasadas y observar cómo ha evolucionado su entorno y las amenazas que les acechan.

En generaciones anteriores, los niños crecíamos en un contexto en el que las interacciones sociales se limitaban en gran medida al entorno familiar y a la comunidad inmediata. Los peligros, en su mayoría, eran palpables: el tráfico, los accidentes domésticos o la violencia física eran amenazas visibles. Sin embargo, contaban con el amparo de una red comunitaria que, en muchos casos, les brindaba protección y apoyo. Las horas al aire libre, los juegos en la calle y la simple libertad de merodear por el vecindario eran parte de su día a día.

Hoy, en contraste, los niños navegan por un mundo inundado de tecnología y globalización. A través de dispositivos móviles e Internet, tienen acceso a una cantidad de información sin precedentes, pero esta misma información puede convertirse en un arma de doble filo. Las redes sociales, que ofrecen plataformas para la socialización, también abren las puertas a peligros como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y la manipulación por parte de extraños.

La conexión virtual, aunque enriquecedora, a menudo acarrea una soledad profunda, y los niños se encuentran lidiando con presiones sociales y expectativas que podrían resultar abrumadoras. Un aspecto igualmente preocupante es la creciente exposición a una realidad a menudo distorsionada. Mientras que en décadas pasadas los niños estábamos relativamente aislados de los conflictos globales, los desastres naturales, las crisis políticas y las catástrofes humanitarias son ahora temas omnipresentes. Las noticias, siempre a un clic de distancia, pueden llevar a una percepción constante de peligro e incertidumbre, afectando su paz mental y bienestar emocional. El estrés y la ansiedad, fenómenos que antes parecían lejanos, han ganado terreno en la vida cotidiana de los más jóvenes.

La pandemia de COVID-19 ha intensificado estas vulnerabilidades, exponiendo la fragilidad de su desarrollo social y emocional. El confinamiento, las restricciones y la abrupta transición hacia la educación online han trastocado su rutina, y muchos han tenido que afrontar un aislamiento que se ha convertido en parte de su realidad. Lejos de los juegos y la interacción física, esta generación ha visto cómo sus momentos de felicidad se transforman en pantallas, disminuyendo la oportunidad de forjar amistades auténticas. Ya incluso en los colegios o en sus casas, los muchachos no juegan entre ellos: sólo ven sus celulares.

Sin embargo, no todo es desolador. La conciencia colectiva sobre la salud mental y el bienestar infantil ha crecido en las últimas décadas. Hoy en día, existe una mayor apertura para defender sus derechos, proporcionando herramientas y recursos que antes carecían. Las instituciones escolares y las comunidades están impulsando iniciativas para ofrecer un espacio seguro para sus emociones, y se trabaja en la promoción de la resiliencia y la educación emocional como parte fundamental de su desarrollo.

Es evidente que, aunque los desafíos han cambiado, la vulnerabilidad infantil persiste. Enfrentamos el reto no solo de comprender el entorno en el que crecen nuestros niños, sino también de adoptar un enfoque activo para protegerlos y empoderarlos en esta nueva era. En definitiva, la conjunción de la tecnología y el cambio social exige una respuesta adaptativa que permita a los niños de hoy convertirse en adultos resilientes y comprometidos con su futuro.

Por lo tanto, la pregunta que debemos plantearnos no es solo sobre los peligros que enfrentan, sino sobre cómo, colectivamente, podemos contribuir a forjar un entorno donde puedan crecer seguros, felices y plenos, equilibrando lo mejor de ambos mundos: el de la era moderna y el de generaciones pasadas.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Resiliencia sin Estado: así enfrentan las comunidades venezolanas la crisis climática

Mientras Venezuela encadena tres años consecutivos de calor récord y el mar avanza sobre sus costas, pueblos indígenas y habitantes de zonas rurales enfrentan transformaciones que ya alteran su vida diaria. Sequías, sedimentación, altas temperaturas y pérdida de ecosistemas han empezado a empujar silenciosamente a familias enteras lejos de sus hogares.

En un foro virtual organizado el pasado 19 de noviembre por Clima 21, “El clima que vivimos: respuestas comunitarias y territoriales en Venezuela”, especialistas y activistas de distintos estados describieron cómo las comunidades han tenido que diseñar su propia resiliencia frente a la crisis climática ante la ausencia de datos oficiales, políticas públicas y atención estatal.

Desde el éxodo climático en Cumanacoa (estado Sucre) tras el paso del huracán Beryl, hasta la desaparición progresiva de la Laguna de Sinamaica (Zulia) y el avance del mar en Boca de Uchire–Unare (Anzoátegui), la fotografía que emerge es la de un país vulnerable, sin monitoreo científico sistemático y con pobladores que resisten con lo que tienen: saberes ancestrales, organización comunitaria y creatividad para sobrevivir.

Un éxodo que avanza con el agua

Liliana Rivas, periodista con enfoque en ciencia y derechos humanos en Venezuela y América Latina y becaria del programa Eva Tang Conservation Reporting de Mongabay, presentó los hallazgos del proyecto independiente “Destierro Climático, nuevas migraciones venezolanas”, una investigación que detectó desplazamientos asociados directamente al cambio climático en al menos tres estados: Sucre, Anzoátegui y Zulia.

Entre las historias reseñadas se encuentran lo ocurrido en Cumanacoa, estado Sucre, en julio 2024, por el impacto del huracán Beryl; el aumento del nivel del mar en El Hatillo y La Cerca (estado Anzoátegui) y lo sucedido en la Laguna de Sinamaica, estado Zulia, en donde la Tierra parece “tragarse” al agua porque ha reducido su área en 59,09 % en los últimos 30 años.

Rivas inició su presentación destacando que en Venezuela, el cambio climático agrega una nueva variante a la migración humana y que sus primeros indicios “se relacionan con el agua y la sedimentación”.

“Debemos decir que cuando nosotros empezamos esta investigación teníamos una hipótesis: que había un aumento de desplazados en nuestro país que no se podía medir (…) Como no tenemos garantías gubernamentales ni datos oficiales, era muy difícil que comunidades indígenas y urbanas se vieran representadas en la prensa, o que incluso, fueran reconocidas por medios internacionales u organismos internacionales de atención y ayuda humanitaria, aunque muchas de estas comunidades se hubieron obligadas a desalojar sus hogares”, narró. Por esta razón, además de recoger datos, el proyecto se enfocó en recopilar testimonios y en la producción de un cortometraje sobre lo que ha sucedido en la Laguna de Sinamaica.

Los periodistas del proyecto investigaron y recopilaron datos minuciosamente en bases de datos internacionales de libre consulta y contaron con el apoyo de científicos y de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales para el procesamiento e interpretación. Los datos recopilados y analizados demuestran el aumento de las temperaturas en Venezuela: entre 2020 y 2024 el país registró tres años de calor récord en sus registros históricos. Venezuela fue 1,7% más caliente en 2024 que su temperatura promedio entre 1950 y 1981. Y esto ha traído consecuencias de diverso tipo.

El proyecto documentó casos como el de Cumanacoa (Sucre) tras el paso del huracán Beryl en 2024 —más intenso por el calentamiento del mar— que produjo que unas 1700 personas fueran desplazadas en la localidad, dentro de más de medio millón afectados a escala mundial según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El trabajo incluye cifras de la Universidad de Arizona, según las cuales la zona sur del Mar Caribe aumentó más de un grado centígrado y medio por encima de la media para del promedio en el periodo de 1991 y 2020 en los meses que pasó el Huracán Beryl.

Cabe destacar que la información que recopiló el proyecto sobre temperaturas, precipitaciones y mareas de localidades específicas provienen de satélites, pues también confirmaron que el gobierno no ofrece datos a la prensa y que las universidades no reciben presupuesto desde hace más de 20 años para levantar información de forma constante.

Sobre el aumento del nivel del mar en El Hatillo y La Cerca (estado Anzoátegui), se comprobó que el avance sobre las costas está desplazando a las comunidades sin que haya intervención estatal ni soluciones en el corto plazo. La NASA calcula que el mar ha subido en promedio 12 centímetros desde 1993.

Los afectados, tratando de gestionar la situación desde su propia resiliencia, han colocado sacos de arena para frenar el avance del mar. Pero los hallazgos de la investigación no son alentadores: “Dentro de aproximadamente 10 años todo lo que es la costa de Boca de Uchire-Unare se la va a ‘comer el mar’ y esto no solo responde al aumento del nivel del mar, sino a otros procesos de erosión resultado de factores antropológicos que están ocurriendo en la Laguna de Unare”, amplió Rivas. “También nos dimos cuentas de que otras localidades del país pueden desaparecer, como Delta Amacuro”, agregó.

La Academia de Ciencias advierte que los datos deben verificarse en campo, pero la tendencia es clara: la costa venezolana se ha reducido al menos 11 cm entre 1993 y 2024.

El tercer caso de desplazados que abordó “Destierro Climático, nuevas migraciones venezolanas”, fue el desplazamiento a tierra seca de los “hijos del agua” en la Laguna de Sinamaica debido a un proceso de sedimentación por el aumento de temperaturas. Encontraron que la laguna ha reducido su área en 59,09 % en los últimos 30 años y, de acuerdo con versiones de líderes comunitarios, más del 60 % de la población afirma que un miembro de su familia ha migrado por la escasez de la pesca, las lluvias intensas y el aumento de la aridez.

  • “En la cabeceras de los ríos que nutren la laguna hay minería y esa minería de carbón básicamente desecha todo lo que produce al río. El río aumenta su caudal, lo baja a la laguna y como ha estado lloviendo más fuerte, esta bajada de estos desechos es más intensa. Los procesos en la laguna han cambiado debido también a este aumento de temperatura y, entonces, todo se está sedimentando. Al sedimentarse, básicamente la laguna va desapareciendo y van creciendo manglares, porque esa sedimentación trae unos nutrientes que permite que manglares crezcan. Y los manglares se ven muy bonitos, pero realmente, se están comiendo la laguna, explicó Rivas.
  • Indicó además que “el espejo de agua de la laguna ha desaparecido”, por lo que ese nombre fue el que utilizaron para titular el documental que retrata el desplazamiento climático del pueblo añú.

Desafíos y resiliencia del pueblo Wayúu

En La Guajira venezolana, territorio del numeroso pueblo Wayúu, los desafíos climáticos—sequía, escasez de agua y alimentos, y aumento de temperatura—acentúan el empobrecimiento y tienen un impacto diferenciado en mujeres y niños.

 Las mujeres Wayúu, aunque ejercen el liderazgo, enfrentan una gran vulnerabilidad al ser las encargadas de buscar agua, a veces caminando kilómetros hasta pozos artesanales con agua contaminada. Algunas mujeres enfrentan situaciones de salud, como problemas de suelo pélvico eincontinencia urinaria a causa de estos esfuerzos.

Así lo explicó en el foro virtual organizado por Clima21 Rosmina Suárez, periodista zuliana enfocada en la cobertura de ciencia y ambiente e impactos del cambio climático en Venezuela que ha desarrollado historias y reportajes en regiones como la Guajira Venezolana y el Lago de Maracaibo.

Súarez también se refirió a las consecuencia de la erosión costera en comunidades como Cañosagua y Aceitunitos, en donde siete familias han sido desplazadas por pérdida de sus medios de vida: “Esto es un registro que hace la misma gente, ya que no existe en ninguna otra fuente documental este registro. Los mismos líderes se han dado a la tarea de anotar cada uno. Y no solamente pierden sus casas, sino también sus modos de vida. Por ejemplo, son personas que tienen ganado, practican pastoreo, y han notado cosas como que la carne de ovejo tiene un sabor salado o donde ellos siembran hay sal”.

Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, los pobladores han desarrollado algunas estrategias de resiliencia, después de las inundaciones del año 2010 tras las cuales hubo desde “promesas incumplidas” hasta abandono de cierta de ciertas zonas y desplazamientos que formalmente no se registraron. Entre ellas, se encuentran:

  • Gestión del agua: Fortalecimiento o creación de pozos artesanales o jagüeyes.

  • Pastoreo nómada: Traslado de animales en busca de alimento.

  • Agricultura: Búsqueda de semillas más resistentes para la siembra.

  • Conocimiento ancestral: Inculcar a las nuevas generaciones la importancia del cuidado ambiental y fortalecer la organización comunitaria.

Saberes ancestrales contra la crisis climática

Higinio Montiel, vicecoordinador de la organización indígena de la cuenca del Cauca Cuyujani, que agrupa 54 comunidades indígenas de los pueblos Ye’kwana-Sanema, hizo un breve repaso histórico sobre cómo la organización ha desarrollado varias actividades relacionadas con la gestión integral del territorio, la autodemarcación y ha promovido esa defensa desde el año 1996, como estrategia para generar opciones de desarrollo sustentables desde el pensamiento indígena y con base en herramientas modernas de planificación y conservación.

En las láminas de su presentación, resumió cómo estas comunidades indígenas experimentan los impactos: el ciclo de verano e invierno ha cambiado, las cosechas de los conucos se pierden, se evidencia la pérdida de la fertilidad de las tierras, los peces mueren en el río Caura por las altas temperaturas tierras y el sabor del agua es amargo, lo que hace que muchas familias salgan a buscar agua para el consumo humano en ríos manantiales.

Otro aspecto que les llama la atención es que las aves salen del bosque y la selva de manera limitada: ”Antes se veían en las riberas de los ríos”.

Para enfrentar estos embates del cambio climático, continúan con las prácticas del uso de los recursos que han llevado cabo durante generaciones: agricultura de conuco, pesca y caza para el autoconsumo con respeto de los sitios “ancestralmente sagrados” y recolectando los frutos, palma, entre otros, solo en los sitios destinados para tal fin.

También, toman de la naturaleza lo necesario para elaborar la artesanía del uso diario y construcción de viviendas y rechazan la minería en sus territorios.

“Para nosotros mantener la calidad y la cantidad del agua es vital para poder seguir existiendo. También hay que cuidar y manejar los suelos fértiles aptos para el conuco para la continuidad de nuestra seguridad alimentaria (…) Lo otro es mantener un control saludable de peces comestibles para que las futuras generaciones puedan seguir consumiendo”, puntualizó Montiel.

Calor, siembras de arroz y cambio climático

“Yo amo al agua porque yo nací en la orillas de un río y me acostumbré de temprana edad a eso. Pero no solamente que me preocupa todo lo que está pasando, no solamente aquí, sino en Venezuela con respecto al problema del agua”, dijo Argenis Rojas, ecologista de 83 años del estado Guárico y defensor de la naturaleza referente en esa entidad que ha dedicado su vida a la conservación y promoción de los recursos naturales.

En su presentación, mencionó la afectación a la cuenca del Río Guárico y la preocupación por la falta de conservación de los bosques de galería.

“Si no tenemos agua, no tenemos bosque. Si no tenemos bosque, no tenemos biodiversidad. Esto es sumamente grave”, insistió, al referirse a la escasez de agua en el país que se concentra, mayoritariamiente, en la zona central, centroccidental, algunos llanos y estados orientales.

Sobre las altas temperaturas, mostró un mapa que evidencia que la mayor parte del país está en riesgo medio para el calor extremo, mientras que estados como el Zulia presentan un “riesgo alto”.

¿A qué se debe esta temperatura? ¿A qué se debe calor? ¿A la falta de qué? A que nosotros no hemos tenido una política ni una conciencia, ni los gobiernos tampoco, de que tenemos que plantar árboles, tenemos que multiplicar los árboles. Una organización hizo una propuesta que a mí me parece muy interesante, de que por cada voto se plantara un árbol, imagínese cuántos árboles tuviésemos en Venezuela. Porque aquí hay un caso curioso, ahora que hablo de los árboles, cuando la campaña de Capriles y el señor Chávez se desforestaron 600 hectáreas para propaganda”, reveló.

El ecologista también alertó sobre el impacto de la siembra de arroz, calculando que unas 30 000 hectáreas de arroz producen al año unos 4000 kilogramos de metano, un gas de efecto invernadero 28 veces superior al dióxido de carbono.

Lo que más le preocupa es la falta de medidas. Señaló que han insistido con los agricultores en la siembra de árboles, pero sin muchos resultados.

“No han sembrado un árbol, pero ni de cizaña. Esto es sumamente grave, porque los árboles ayudan a la mitigación del cambio climático. Si no tenemos eso, no vamos a tener vida. Y si no vigilamos los  bosques de galería, las cuencas del Guárico y las cuencas de todos los ríos, de todos los manantiales, de los acuíferos y las reservas que puede haber en Venezuela, nosotros vamos a estar muy mal”, acotó.

Insistió de igual forma en la necesidad de multiplicar la reforestación: “Tenemos que tener una conducta para mejorar el ambiente, para mejorar nuestro nivel de vida, para tener un calidad de vida. Pero si nosotros no nos concentramos en que un árbol es sembrar vida, tendremos un corto plazo en la madre Tierra”, sentenció.

El defensor de la naturaleza concluyó afirmando que los problemas ecológicos no son problemas de la ecología, sino un problema de la relación del hombre con el medio ambiente: “Pero nada parece más difícil cambiar los modos de comportamiento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Vente Venezuela afirmó que van 14 detenciones en noviembre 

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Al menos 14 personas, entre activistas políticos y miembros de la sociedad civil, han sido detenidas en lo que va del mes de noviembre, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Así lo expuso el partido político de la ganadora del premio Nobel de la paz, María Corina Machado, en sus redes sociales. 

De acuerdo a la publicación, del total de aprehendidos, cuatro son dirigentes políticos de VV, tres de otros partidos opositores y siete de la sociedad civil.

Entre los nombres que se manejan están los de José Marcelino Marcano, Dioxy García, José Barrientos, Ulises Ortega, Edgar José Salas Pinilla, Samantha Sofia Hernández Castillo, Roberto Vernet y Aranza de los Angeles Hernandez Colina.

Según informó el coordinador nacional del Comité, Orlando Moreno, del grupo de detenidos solo una persona ha sido excarcelada.

Moreno expuso que esa cifra podría ser mayor debido a que algunos familiares se cohíben de denunciar una detención por posibles represalias del régimen chavista.

El partido de Machado indicó que todas las aprehensiones fueron arbitrarias y se suman a la amplia lista de violaciones a los derechos humanos protagonizadas por el actual gobierno que conduce Nicolas Maduro.

De acuerdo a la alianza, la administración de Maduro representa “una amenaza para el mundo” y por ello es perentorio el pronunciamiento y reacción de la comunidad internacional.

El partido señala que frente a la presión foránea, el régimen madurista responde con “secuestro, represión y desapariciones forzadas”. 

De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal emitido el pasado 17 de noviembre, en Venezuela hay 884 presos políticos. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Petro dijo que no apoya a Maduro, pero tampoco una invasión

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no apoya la gestión de Nicolás Maduro, pero tampoco una invasión a Venezuela. 

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, escribió el mandatario neogranadino en su cuenta de X.

El mandatario colombiano expresó que las amenazas militares y el despliegue ofensivo en el mar Caribe obedecen a intereses económicos, especialmente el petróleo venezolano. 

“Esa es la verdadera razón de la guerra en Ucrania y de la posible invasión a Venezuela”, escribió Petro. 

Petro dijo que luego de una eventual incursión armada en Venezuela se desplomarán los precios internacionales del crudo.

“Y el petróleo será monopolio árabe, Estados Unidos quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”. 

Ecopetrol, la empresa colombiana de crudo, tuvo una ganancia de 692,5 millones de dólares en el tercer trimestre del año, 42% más que en el segundo. 

“Los que aplauden la invasión, lo que desatan es la quiebra de Ecopetrol y millones de hermanos venezolanos en nuestro territorio”, manifestó Petro.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo que un conflicto en Venezuela podría significar energía barata para el resto del mundo. 

“Creo que hay muchas posibilidades de que, si algo ocurre en Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela, veamos una caída drástica de los precios del petróleo”, indicó.

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