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La falacia de las razones del lobo

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La primera vez que topé con la fábula de La Fontaine El lobo y el cordero fue cuando escuché a Reinaldo, mi hermano menor, que entonces tenía seis años, recitarla en francés. Tiempo después, me pareció un exabrupto que a los niños se les inculque esa falacia de que la razón del más fuerte es siempre la mejor. Ese lobo puede ser una potencia extranjera, un presidente, legítimo o no, una mayoría parlamentaria, un partido político o incluso una muchedumbre alborotada. Solo una buena formación ciudadana puede prevenir que se impongan las razones del lobo.

El lobo extranjero

Para Venezuela, en estos momentos, el lobo no es un país, sino el presidente Trump. Impuso a Delcy Rodríguez como presidenta de facto, en violación de nuestra Constitución. Su decisión de extraer a Nicolás Maduro, incurso en delitos de narcotráfico, apoyo a grupos terroristas extranjeros y en violaciones de los derechos humanos, tuvo como propósito principal hacer negocios.

Habla de estabilidad, pero no ha presionado a Delcy para que excarcele a todos los presos políticos, desarme a los grupos paramilitares y destituya a los funcionarios incursos en apoyo a terroristas y en violaciones de los derechos humanos. Ojalá que, en las elecciones de noviembre, el pueblo estadounidense le ponga bozal y lo sujete con una correa. Por lo pronto, a nosotros nos corresponde presionar para que la prioridad sea la elección presidencial, requisito necesario, aunque no suficiente, para la recuperación económica.

El lobo legislativo y judicial

El primer lobo fue el fraude cometido por Hugo Chávez y sus cómplices, directos o indirectos, para realizar la Asamblea Constituyente de 1999 que violó la Constitución. Posteriormente, surgieron otros, con o sin la ayuda del sumiso Poder Judicial, responsable de miles de injusticias. Ahora, algunos de sus integrantes, como la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Bárbara César Siero, lloran por los rincones, no por un amor perdido, como la zarzamora, sino por temor o por remordimiento, al inhabilitar sin razón a María Corina Machado. El por qué lo hizo puede que se explique o no, allá cada quien con su conciencia, pero lo fundamental es su denuncia de la injerencia de Maduro en el Poder Legislativo. Como ella, hay cientos de jueces.

El lobo con piel de oveja

Nicolás Maduro asumió la presidencia con la piel de oveja que le proporcionó un Consejo Nacional Electoral subordinado. A dedo designó a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, quien, con su cara de «yo no fui», es corresponsable del apoyo a terroristas, de los asesinatos, torturas, encarcelamientos y destierros de ciudadanos de la oposición, así como de la corrupción. Para mantenerse en el poder, se ha plegado a todas las exigencias de negocios que le ha planteado Trump.

El lobo en algunos partidos políticos

Cabe recordar que, durante el período 1945–1948, algunos militantes sectarios de Acción Democrática cometieron numerosos desafueros e incluso agredieron con cabillas a los opositores de ese entonces. Rómulo Betancourt reconoció, palabras más, palabras menos, que algunos compañeritos quizá se habían indigestado con el más de un millón de votos que obtuvimos en las elecciones de 1946.

Hoy, militantes de otros partidos de oposición y miembros de organizaciones de la sociedad civil se quejan del sectarismo de algunos militantes de Vente Venezuela, a quienes acusan de excluirlos de las actividades de colaboración para recuperar la democracia y reconstruir al país. Pareciera que se les subieron los humos a la cabeza por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones primarias, en las que María Corina arrasó, y en las presidenciales que ganó Edmundo González. Aunque el Consejo Nacional Electoral, presidido por el lobo Elvis Amoroso, desconoció ese resultado.

Deben entender que esos votos no fueron de Vente Venezuela, sino de los opositores que votamos por María Corina en las primarias y aceptamos su recomendación de votar por Edmundo en las presidenciales. María Corina debe darles un parao. Ella es la líder de millones de venezolanos independientes y de militantes de otros partidos.

Conclusión

Aunque en nuestro cotarro político abundan los lobos, no es cierto que tengan la razón. Como dijo Unamuno: «Venceréis, pero no convenceréis». Cuando haya elecciones libres, desaparecerán o, al menos, disminuirán esos lobos que, por la fuerza o mediante trampas, han sometido a los venezolanos.

Como había en botica

  • Felicitamos a la luchadora María Corina por su reciente cumpleaños. Por otra parte, no podemos obviar la preocupación, expresada en las redes por muchos de quienes la apoyamos, de que nos preocupa que no mantiene una posición equilibrada en sus relaciones con algunos partidos políticos y dirigentes de otros países.
  • Lamentamos el fallecimiento de Nilma Yanira Lampe, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Fundehullan confirma excarcelación del abogado Marlon Maya

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La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó este 12 de octubre que fue liberado Marlon Maya, abogado y miembro del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, luego de haber sido detenido el viernes 9 de octubre en la noche sin orden judicial.

En una publicación en X, la ONG señaló que Maya fue excarcelado a las 04:32 p.m., tras la audiencia de presentación en tribunales del estado Barinas, con una medida cautelar sin presentación periódica ante tribunales.

«Exigimos el cese definitivo del amedrentamiento y el pleno restablecimiento de sus garantías constitucionales», añadió Fundehullan.

La ONG denunció previamente que el Estado impidió el acceso a abogados de confianza para Maya y a sus familiares al tribunal.

Persecución sin pausa

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

Sin embargo, en las últimas semanas ONG y activistas han reportado nuevas detenciones.

El pasado martes, el abogado venezolano Eduardo Torres informó que el sindicalista Orlando Ramírez fue liberado en una carretera entre los estados Lara y Yaracuy, tras ser detenido hace casi un mes luego de protestar por reivindicaciones laborales y que se desconociera su paradero.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 detenidos por políticos, mientras el Ejecutivo chavista con el aval de Estados Unidos niega que haya presos de conciencia y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos.

Con información de la Agencia EFE.

Corte IDH iniciará sus audiencias públicas sobre las víctimas del 11 de abril de 2002

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La ONG Foro Penal informó este 12 de octubre que sus directores, Alfredo Romero y Gonzalo Gimiob, participarán el próximo 14 de octubre en la primera audiencia pública que tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las víctimas de las protestas antigubernamentales en Caracas del pasado 11 de abril de 2002. El proceso se llevará a cabo en la ciudad de San José, capital de Costa Rica a las 11:00 a.m. (hora de Venezuela).

«Se presentará la ratificación de la experticia, el perito estará presente sobre lo que ocurrió ese día. Y, básicamente, [determinar legalmente] la responsabilidad del Estado [venezolano] por 19 personas fallecidas y decenas de heridos», explicó Romero a través de sus redes sociales.

Tras 24 años y 9 meses, la sociedad civil venezolana agotó todos los mecanismos nacionales para obtener justicia. El proceso ante el sistema de justicia internacional inició en 2002, cuando se llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«La Comisión Interamericana remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024. En su Informe de Fondo n.º 313/23, [la Comisión] concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. Asimismo, señaló que el Estado [venezolano] no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso», destacó Foro Penal en un comunicado de prensa publicado este 12 de octubre.

De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril del 2002, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Entre las vulneraciones al debido proceso, se destacan las detenciones arbitrarias de Iván Simonovis —quién se encuentra exiliado en Estados Unidos— y los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina —quienes estuvieron privados de libertad por 23 años y los excarcelaron el pasado 19 de mayo de 2026—.

«Después de casi 25 años, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. La audiencia ante la Corte IDH constituye una oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado, establecer las reparaciones correspondientes y reafirmar que las graves violaciones de derechos humanos deben investigarse y que el paso del tiempo no puede sustituir la justicia», reiteró Foro Penal.

«Estamos vivos, organizados»: pueblos indígenas exigen representación ante el TSJ y el CNE

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Al menos ocho representantes políticos indígenas de Venezuela publicaron un comunicado este 12 de octubre para exigirle a la mesa de diálogo entre el Gobierno presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y los miembros de la Asamblea Nacional del 2015 (AN 2015) —ambos bajo el aval de Estados Unidos— incorporar los derechos de los pueblos indígenas en la política nacional.

«Exigimos ser incorporados al modelo democrático nacional. Nuestras tierras están siendo devastadas brutalmente por el ecocidio del Arco Minero [del Orinoco]. La distribución de las riquezas extraída de nuestros suelos debe ser equitativas para nuestros pueblos originarios», se lee en el comunicado dirigido a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez, principales representantes de la mesa de diálogo entre la AN 2015 y el PSUV, respectivamente. «Estamos vivos, organizados y somos dueños ancestrales de nuestras tierras».

Los representantes de ocho estados del país —Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia— también exigieron la representación de un magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «para velar por nuestros derechos de la jurisdicción especial indígena».

Romel Guzamana, diputado del estado Amazonas destituido arbitrariamente por el TSJ en 2016, denunció que las poblaciones indígenas en Venezuela respetan la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas ni la Constitución Nacional. La sociedad civil venezolana ha denunciado desde 2024 que los presos políticos indígenas se mantienen en invisibilizados ante las instituciones gubernamentales.

«Por eso pedimos una magistratura, para que, desde allí, puedan operar enlaces [con otras instituciones gubernamentales], y que de una novedad se pase a una necesidad. La gente tiene que saber que nosotros, los pueblos originarios, existimos», recalcó Guzamana en sus redes sociales.

La representación indígena también le exigió al Gobierno venezolano mayor transparencia a los centros de votación de las comunidades originarias. Desde junio de 2020 el PSUV, a través del TSJ, eliminó la oportunidad de tener un voto secreto, universal e individual a los pueblos indígenas para escoger a sus representantes en la Asamblea Nacional.

«Por eso, también estamos exigiendo el derecho civil que nos asiste para poder optar a un cargo de rector principal en el Consejo Nacional Electoral [CNE]», explicó el parlamentario.

Vulneraciones continuas

De acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés), destacaron que los pueblos originarios de la Amazonía venezolana mantienen una presión constante sobre sus territorios, pese a que el país tienen normativas que protegen estas zonas.

El Arco Minero del Orinoco y la presencia de grupos paramilitares armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vulneran los derechos humanos de las poblaciones indígenas y sus territorios, denunció la ONG Wayamoutheri en su último informe y la serie periodística Amazon Underworld. Además, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha reconocido que el Estado venezolano ha incursionado en varias masacres a pueblos indígenas en la Amazonía venezolana y no existe un debido proceso judicial para respetar los derechos humanos de estas poblaciones vulnerables.

Ante este panorama, Guzamana reiteró que los pueblos indígenas deben tener una participación en las decisiones políticas venezolanas, que dictan la economía y la transformación de las regiones donde los pueblos originarios hacen vida.

Cedice Libertad: Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Libertad Económica 2026

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Con una puntuación de 2,94 sobre 10, Venezuela ocupó el último lugar del Índice de Libertad Económica 2026, una investigación del Instituto Fraser junto al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para La Libertad (Cedice Libertad). De los 165 países evaluados, Venezuela tuvo la peor calificación promedio por segundo año consecutivo.

Los resultados se obtuvieron del comportamiento de la economía entre los años 2023 y 2025. El resultado posicionó a Venezuela por debajo de países como Zimbabwe (con 3,62 puntos), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44), que enfrentan guerras civiles.

Mientras tanto, el país americano queda en el lugar opuesto a economías como Hong Kong (con 8,53 puntos), Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). 

A nivel regional, los países con mejor posición en Latinoamérica son Chile (en el puesto 20 a nivel mundial, con 7,85 puntos), Guatemala (en el puesto 26, con 7,76 puntos) y Costa Rica (en el puesto 27, con 7,75 puntos).

«El Índice de Libertad Económica mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas», explica Cedice Libertad en una nota de prensa. Entre las categorías evaluadas están el Estado de derecho, la protección de los derechos de propiedad, una moneda estable, la apertura al comercio y un marco regulatorio que no obstaculice innecesariamente la entrada y el intercambio en los mercados.

«Venezuela ocupa el último lugar no simplemente porque el Estado intervenga mucho en la economía, sino porque presenta simultáneamente graves debilidades en las instituciones que, según la metodología del índice, no le permite a las personas tomar decisiones económicas libremente: propiedad segura, reglas previsibles, moneda estable, libertad para comerciar y condiciones para emprender y competir», destacó Cedice Libertad.

Raspar en economía

Las presiones institucionales como el decreto de «Estado de emergencia económica», que el Tribunal Supremo de Justicia amplió para llevarlo a más de 17 meses el pasado 9 de octubre, son los indicadores que desmejoran más la economía venezolana, según el estudio del Instituto Fraser y Cedice Libertad.

También mencionó la inflación venezolana como uno de los detrimentos más grande para los ciudadanos. Según los datos del Banco Central de Venezuela, el aumento acumulado de los precios durante los primeros nueve meses de 2026 llegó a 225,32 %, mientras que la variación interanual se ubicó en 465,58%.

Para el economista Manuel Sutherland, la reducción de la brecha entre la tasa de cambio oficial y paralela en Venezuela se mantiene como un tema pendiente y rentable para el Gobierno dirigido por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

Según los datos del estudio, las libertades económicas en Venezuela se quedan estáticas mientras los índices a nivel mundial han mejorado respecto al año 2022, pero no llega a los estadios que tenía antes del 2020, cuando ocurrió la pandemia por el covid-19.

«Para Venezuela, por tanto, subir en este índice requeriría mucho más que una reforma económica aislada: implicaría mejorar simultáneamente seguridad jurídica y propiedad, estabilidad monetaria, apertura al comercio y capital, condiciones regulatorias para empresas y competencia, y reducir aquellas formas de intervención estatal que sustituyen las decisiones económicas de los ciudadanos», destacó Cedice Libertad.

El Mañanero del 12 de octubre: entre perlas chavistas y la extradición de Pulido

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 12 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este 11 de octubre que el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab y del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está bajo custodia en Norteamérica.

De acuerdo con Blanche, Pulido fue detenido en Venezuela por los Homeland Security Task Force, una institución creada en 2025 por el Gobierno de Donald Trump. El empresario colombiano se encontraba en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, desde el año 2023, cuando el PSUV lo incluyó en el esquema de corrupción denominado «Pdvsa-Cripto».

Desde 2019, Pulido llevaba al menos nueve cargos de lavado de dinero en Estados Unidos junto a Saab.

Pero tiene otros casos abiertos en otros países.

Amplía la información en el enlace incrustado.

Recién salido del horno: más información

Reducción de la brecha cambiaria no frena presión sobre el dólar

Educadores y personal de salud marcharán el #13Oct a Miraflores por sus derechos laborales

127 personas se postularon para integrar comité que renovará el Tribunal Supremo de Justicia

Fundehullan y Movimiento Vinotinto denuncian al menos tres detenciones arbitrarias

Laboratorio Migrante: cada día 8 niñas y adolescentes venezolanas sufren de violencia en Colombia

La perla de Delcy Rodríguez en Roma: Venezuela «supo llegar a la meta del hambre cero»

La perla de Nicolás Maduro Guerra: «La Ley Contra el Odio fue necesaria para pacificar el país»

Foro Penal: al menos 322 presos políticos siguen tras las rejas

Dólar/Euro BCV

La perla del día

«Sería un error grande porque nada va a cambiar en Venezuela mucho más, creo, sin su regreso», dijo el político estadounidense Elliot Abrams, exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre el posible retorno de María Corina Machado en una entrevista a NTN24. «Es casi imposible pensar que van a prohibir su regreso. (…) Puede ser, pero sería un error grande».

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

El estudio de animación argentina empezó a publicar la serie Electro Andes, una mezcla de la estética cyberpunk con la mitología latinoamericana.

La ñapa (recomendamos…)

Hemos debido empezar ayer, pero…

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Leí hace unos días un artículo cuyo título afirmaba que las Fuerzas Armadas venezolanas son una vergüenza nacional. No voy a detenerme a discutir esa afirmación. Me hizo pensar en algo distinto: ¿por qué limitar la vergüenza a una sola institución? Si algo ha ocurrido en Venezuela durante estos años ha sido la destrucción sistemática de toda la institucionalidad. No solamente de las Fuerzas Armadas. También de la justicia, del Poder Electoral, de la administración pública, de las empresas del Estado, de las universidades, de los organismos de control y, en general, de todo aquello que debería funcionar por encima de las personas y de los gobiernos.

El problema no es solamente que algunas instituciones hayan funcionado mal. Es que fuimos perdiendo la idea misma de institución. Una institución no es un edificio, ni un despacho, ni un funcionario con un cargo. Es una regla que permanece cuando el funcionario se va. Es la certeza de que quien ocupa temporalmente el poder, tiene límites. Es un juez que puede decir que no. Un funcionario que puede cumplir la ley, aunque contradiga a su superior. Un militar cuya lealtad está con la Constitución y no con un partido. Un organismo electoral cuya credibilidad no dependa de quiénes lo integren como rectores. Eso es lo que tenemos que reconstruir. Y no será fácil.

Hace muchos años, en 2002, escribí un artículo que titulé Comenzar ayer. Hablaba entonces de la reconstrucción económica y productiva del país y terminaba diciendo: “La reconstrucción del país hemos debido comenzarla ayer”.

Han pasado veinticuatro años. Mi amigo, el periodista guatemalteco Mario Antonio Sandoval, suele decir que la decadencia personal comienza cuando uno empieza a citarse a sí mismo. De modo que corro un riesgo considerable al recordar aquel artículo. Pero esta vez no me cito para demostrar que tuve razón. Me cito para comprobar cuánto tiempo llevamos posponiendo lo que ya entonces sabíamos que había que hacer.

Y hay una diferencia fundamental: en 2002 todavía podíamos pensar que estábamos a tiempo de impedir muchas cosas que después ocurrieron. Hoy sabemos, dolorosamente, hasta dónde puede llegar la destrucción institucional. Por eso reconstruir Venezuela no puede significar simplemente cambiar unos funcionarios por otros. Tampoco en sustituir una hegemonía por otra.

Reconstruir significa volver a levantar instituciones que sean capaces de sobrevivir a quienes las gobiernan. Instituciones que no pertenezcan a un hombre, a un partido, a una ideología ni a una camarilla. Significa recuperar el mérito como criterio para ingresar y ascender en la administración pública. Recuperar la independencia de los poderes. Recuperar la carrera judicial. Recuperar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Recuperar los mecanismos de control. Recuperar universidades capaces de pensar libremente. Recuperar una educación que forme ciudadanos y no obedientes. Y significa algo todavía más difícil: recuperar la confianza. Porque las instituciones también viven en la cabeza de los ciudadanos.

Cuando durante años una persona aprende que las leyes pueden ser usadas a conveniencia, que el mérito importa menos que la lealtad, que la justicia depende de quién seas o de a quién conozcas, termina adaptándose a esa realidad. Y deshacer esa adaptación llevará tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Ojalá lo supiera. Mi apuesta es que probablemente mucho. Pero que una tarea sea larga no es argumento para no comenzarla.

Hay una vieja frase que suele asociarse a la construcción del puente Golden Gate que une a San Francisco con Oakland, en California: “si algo va a tomar tanto tiempo, entonces debimos haber comenzado ayer”. No sé si la atribución exacta es correcta. Y, como periodista, prefiero decirlo antes que convertir una buena frase en una mala cita. Pero la idea sí es impecable. Hemos debido empezar ayer. No empezamos. Porque hay una tentación muy venezolana —y muy humana— de mirar la magnitud de la tarea y concluir que ya es demasiado tarde. No lo es. Lo único que no tiene remedio en la vida es la muerte.

Quizá sea tarde para recuperar lo que fuimos. Pero no es tarde para construir lo que nunca tuvimos suficientemente bien construido. Ese debería ser uno de los grandes consensos de la Venezuela que venga: que ningún gobierno vuelva a ser dueño de las instituciones; que ningún funcionario vuelva a confundir el cargo con la propiedad del Estado; que ningún partido vuelva a considerar que ganar una elección significa conquistar todos los poderes. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer.

Y si algo nos ha enseñado este largo desastre es que las instituciones no se defienden solamente cuando ya están cayendo. Se construyen, se cuidan, se vigilan y se transmiten de una generación a otra. Por eso no me interesa terminar este artículo preguntando cuánto tiempo tardará Venezuela en reconstruirse. Me interesa otra pregunta: ¿cuándo vamos a empezar? La respuesta no puede ser mañana. Hemos debido empezar ayer. Pero como no empezamos, empecemos hoy.

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Laboratorio Migrante: cada día 8 niñas y adolescentes venezolanas sufren de violencia en Colombia

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La plataforma periodística y de derechos humanos Laboratorio Migrante informó este 11 de octubre que al menos 1 668 niñas y adolescentes venezolanas migrantes han sido víctimas de violencia sexual, física, psicológica y de negligencia y abandono en Colombia entre enero y septiembre de 2026, según los datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género de ese país (Onvgc).

En lo que va de año, según los datos recopilados por el Onvgc y Laboratorio Migrante, al menos 8 niñas y adolescentes venezolanas migrantes son víctimas de algún tipo de violencia por día.

Los datos surgen en el marco del Día Internacional de la Niña, una conmemoración de las Naciones Unidas para recordar las vulneraciones que sufren las infancias en el mundo y los avances que los países pueden lograr.

Entre 2019 y 2026, la Onvgc ha registrado más de 17 303 niñas y adolescentes venezolanas migrantes o refugiadas en Colombia que han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género, según Laboratorio Migrante.

La institución periodística y de derechos humanos destacó que existe un subregistro de los casos. Sin embargo, se han detectado al menos 300 casos de maternidades forzadas en jóvenes venezolanas entre 2024 y 2026. Las víctimas tienen entre 10 y 16 años, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.

«Sin embargo, a la fecha se desconoce cuántos de estos delitos contra estas menores de edad alcanzaron a ser investigados, cuántos fueron llevados ante la justicia, cuántas de ellas recibieron atención y acompañamiento estatal y qué sucedió con sus bebés», denuncia Laboratorio Migrante.

Opacidad y trata

Verónica Mesa, coordinadora de investigación de la ONG Mulier, destacó el pasado 24 de marzo de 2026 que la opacidad Estatal sobre las estadísticas demográficas dificultan trazar los casos de trata de mujeres venezolanas dentro y fuera del país.

Según los últimos datos manejados por Mulier, en 2024 se identificaron 511 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 73 eran niñas y adolescentes. Sin embargo, la cifra más alta se registró en 2023, con 1.395 mujeres rescatadas. Mesa reiteró que estos datos provienen de reportes de prensa y de la sociedad civil, más no de instituciones públicas venezolanas.

Mientras tanto, la asociación civil Corporación Mujer Denuncia y Muévete destacó en su informe publicado este 5 de agosto que al menos 630 casos de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas fueron víctimas de la trata de personas en la frontera colombovenezolana entre 2018 y 2026. Las organizaciones delictivas que la asociación civil destacó como las principales promotoras de violencia sexual fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otras redes locales criminales.

«En contextos de violencia sexual digital, de explotación sexual digital, siguen siendo mayoría las niñas quienes padecen estos delitos.  Los grupos armados son los principales responsables y quienes se lucran de estas prácticas junto al lobby proxeneta», recalcó la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, a Laboratorio Migrante.

Desde el 2023, Mulier advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro incumple el compromiso que adquirió ante la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de publicar el plan nacional contra la trata, una normativa que, según el Gobierno venezolano, está público desde el 2021. Por ahora, el Gobierno interino venezolano bajo el aval de Estados Unidos mantiene esa deuda.