El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la sentencia de 30 años de prisión impuesta a su yerno, Rafael Tudares Bracho, y calificó la decisión judicial como “una represalia política” dirigida en su contra.
A través de su cuenta en X, González Urrutia afirmó que la condena carece de sustento jurídico y que responde a un intento de distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024.
“Se trata de una decisión sin sustento constitucional, utilizada como represalia política para intentar afectarme”, aseguró el líder de oposición exiliado en España.
La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.
Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF
EGU aseguró que la actuación del sistema de justicia evidencia “arbitrariedad” y una “confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”.
“Rafael y Mariana no tienen vínculo alguno con mis responsabilidades públicas. Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, expresó.
Finalmente, ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y exigió la liberación tanto de su yerno como de todos los presos políticos y personas desaparecidas en el país. “Mi compromiso —siempre firme— es seguir trabajando por la libertad de Rafael y de quienes permanecen en situación de desaparición forzada. Esa causa no admite renuncias”, concluyó.
Violación al debido proceso
Mariana González, esposa de Rafael Tudares confirmó a través de un comunicado difundido en X, que su esposo, quien lleva 11 meses detenido, habría sido condenado a 30 años de prisión.
“Las autoridades me informaron que la injusta sentencia condenatoria emitida contra Rafael se habría dictado porque, supuestamente, él habría realizado hechos que habrían sido calificados como delitos de conspiración y otros delitos graves, en supuesta asociación con una persona que Rafael no conoce”, se lee en el texto.
La hija de Edmundo González reclamó que en 11 meses no ha podido ver a su esposo ni ha podido constatar su estado de salud. Además se le ha negado el derecho a la defensa privada .
Maríana González puntualizó que en el caso de su esposo se le han violado todos sus derechos humanos y garantías establecidas en los artículos 2, 7, 9 y 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). También se le han violado todos los derechos y garantías establecidos, entre otros, en los artículos 26, 44, 45, 49 y 257 de la Constitución.
“No me rendiré y, a pesar de las circunstancias absolutamente adversas, seguiré luchando por todas las vías humanitarias disponibles, por la vida, la libertad, la integridad personal y los derechos de mi esposo Rafael Tudares Bracho”, aseguró la hija de Edmundo González
Durante un acto oficial desde Petare el pasado 4 de diciembre, el gobernante Nicolás Maduro se refirió a la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que según trascendió en medios estadounidenses, tuvo lugar el pasado 21 de noviembre.
“Yo recibí,conversé y tuve una llamada con el presidente de estados unidos, Donald Trump. puedo decir que la conversación Fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue hasta cordial, entre el presidente de Estados unidos y Venezuela”, reveló el mandatario.
Consideró también que si esa llamada significa “que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogue, welcome diplomacy, welcome the peace ”.
El pasado 30 de noviembre, un día después de que declarara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,confirmó que había conversado con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
“No quiero comentar al respecto. La respuesta es sí”, dijo Trump desde el Air Force One, cuando se le preguntó si había hablado con el dirigente oficialista.
Días atrás, el New York Times había revelado que esta conversación tuvo lugar a mediados de noviembre y que se discutió una posible reunión entre ellos en Estados Unidos.
Los periodistas insistieron en conocer en qué términos se desarrolló ese intercambio y si hubo resultados satisfactorios, a lo que Trump respondió: “No diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica”.
Medios estadounidenses como Miami Herald y la agencia Reuters detallaron que la llamada entre Trump y Maduro supuestamente duró 15 minutos y se desarrolló el pasado 21 de noviembre.
Según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters, Trump rechazó una serie de solicitudes por parte del gobernante de Venezuela.
De acuerdo con estos datos, Maduro le habría pedido a Trump un salvoconducto para abandonar Venezuela junto con su familia, en medio de acusaciones de narcotráfico, violaciones de derechos humanos y corrupción.
Sin embargo, según fuentes que hablaron con Reuters, Trump rechazó la mayoría de estas demandas, que incluían una amnistía completa, la eliminación de sanciones sobre su gobierno y el levantamiento de cargos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 4 de diciembre,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional(CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre, el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.
El líder de oposición Edmundo González Urrutia rechazó la condena impuesta a su yerno Rafael Tudares Bracho. “30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una decisión sin sustento jurídico, incompatible con la Constitución y utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, expresó a través de su cuenta en x.
La arbitrariedad exhibe fragilidad. Toda decisión pública debe ajustarse a la ley, o queda fuera de la legitimidad democrática.
Por eso rechazo la condena impuesta a Rafael Tudares Bracho: 30 años de prisión por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió. Se trata de una… https://t.co/wZGUT70uAF
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Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional(CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre, el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.
En respuesta, la administración de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la Corte de “instrumentalizar la justicia con fines políticos”. A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó las declaraciones del fiscal Niang y señaló que “Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”. La cancillería aseveró en el texto que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad.
En respuesta al cierre de la oficina de la CPI, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión un proyecto para derogar la “Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Según el diputado Roy Daza, la decisión de la AN obedece a que la CPI “se ha transformado en una institución para fines ajenos para los que fue creada por sus actuaciones indebidas”.
“Ahora resulta que la CPI se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes fácticos, económicos, políticos y culturales del imperialismo. A eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos”, dijo Daza ante el parlamento.
Por su parte, la diputada oficialista Ilenia Medina respaldó la propuesta y aseveró que si bien la administración de Nicolás Maduro “dio espacio para que abrieran una oficina en Venezuela desde el año pasado, nunca se molestaron en enviar un funcionario a pesar de que ha habido cuatro reuniones técnicas, diversas reuniones”.
La parlamentaria acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de un “evidente incumplimiento de los memorandos de entendimiento” e insistió en que existe una “doble moral y selectividad” por parte de la CPI, al centrar su atención en Venezuela en supuestos que no encajan en el Estatuto de Roma.
A continuación una cronología que resume los eventos clave desde el inicio del Caso Venezuela I. Entre retrasos, tropiezos, recusaciones y conflictos, por más de siete años, las víctimas de Venezuela siguen esperando justicia.
2017-2018: Primeras denuncias y reportes
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como gobiernos y grupos de la sociedad civil, comenzaron a denunciar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
8 de febrero de 2018
La fiscal Fatou Bensouda anunció la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017, luego de una “revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes que documentan presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la CPI”.
25 de septiembre 2018
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, presentaron una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que iniciara una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
2019: CPI inicia su revisión formal
5 de diciembre de 2019
La Fiscalía de la Corte anunció que había examinado información proveniente de múltiples comunicaciones dirigidas a su oficina, reportes de órganos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales y anunció que la averiguación preliminar se enfocaba en los delitos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución.
La Fiscalía también informó que el examen no se limitaba a los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017, sino que se incluirían los hechos de 2014, e incluso, consideraría lo sucedido después de 2017, lo que permitiría incorporar las denuncias de crímenes en un lapso mucho más amplio al inicialmente señalado.
Finalmente, se estipuló que la revisión de la fase II del examen preliminar (competencia material de la Corte) se concluiría en el primer semestre de 2020.
2020: Se aprueba la investigación formal
En 2020 el gobierno de Maduro rechazó firmemente las acusaciones de la Corte por crímenes de lesa humanidad. Maduro y demás miembros del gobierno acusaron a la CPI de “ser un instrumento político al servicio de los intereses de Estados Unidos”.
13 de febrero de 2020
El Gobierno de Nicolás Maduro introdujo ante la Fiscalía de la CPI una remisión, un mecanismo que permite iniciar una investigación, por la comisión de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la imposición de medidas unilaterales coercitivas por los Estados Unidos de América en contra de Venezuela.
19 de febrero de 2020
El juez presidente de la Corte Penal Internacional determinó que la nueva remisión hecha por Venezuela constituye una situación aparte de la iniciada por la Fiscalía el 8 de febrero de 2018; de modo que se denominaría caso “Venezuela II”. En el mismo acto, se asignaron las dos situaciones (Venezuela I y II) al control de la Sala de Cuestiones Preliminares III.
5 de noviembre de 2020
En un comunicado oficial, la Fiscalía de la Corte indicó que con respecto al caso Venezuela I, la Oficina había concluido su evaluación de la materia y determinó que existía una base razonable para creer que crímenes dentro de la competencia de la Corte han ocurrido en Venezuela.
14 de diciembre de 2020
En el informe anual de actividades sobre exámenes preliminares, se anunció la conclusión de la fase II del examen preliminar. La Fiscalía de la CPI determinó que existía fundamento razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, en Venezuela se habían cometido los crímenes de encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución.
El informe también indicó que los cuerpos de seguridad del Estado (PNB, Sebin, GNB, Dcim, CICPC, CONAS y FANB) estaban involucrados en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
2021: Inicia la investigación formal
16 de marzo de 2021
La Presidencia de la Corte, luego de la recomposición de las salas que la componen, reasignó las situaciones Venezuela I y II a la supervisión y control de la Sala de Cuestiones Preliminares I.
28 de mayo de 2021
El Gobierno de Maduro interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares I un “recurso de control judicial” de las actuaciones de la Fiscalía durante el desarrollo del examen preliminar en la situación Venezuela I.
Denunció que la Fiscalía no había realizado “esfuerzos suficientes” para entablar un diálogo constructivo con las autoridades venezolanas en lo que concierne al principio de complementariedad durante la conducción del examen preliminar.
También, refutaron que no se le daba acceso a información que la Fiscalía clasificó como confidencial para proteger a las víctimas, y que ello supuestamente violaba el derecho a la defensa y el principio de control sobre la prueba. Y, finalmente, que la Fiscalía no podía -en su opinión- confiar en material probatorio obtenido de forma ilegal y de supuesta mala fe por tener parcialidad política.
31 de mayo de 2021
La Fiscalía dio respuesta al recurso introducido por Venezuela, indicando su ausencia de mérito y requiriendo de la Sala su dispensa in limine litis (sin requerir debate sobre el fondo de los asuntos planteados).
15 de junio de 2021
La Fiscalía informó que había finalizado el el examen preliminar en la situación Venezuela I, concluyendo que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde abril desde 2017 en Venezuela y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.
La fiscal Fatou Bensouda publicó su mensaje de despedida -su período había finalizado- en el que exponía que había concluido el examen preliminar en la situación Venezuela I, y expresaba que la interposición del recurso de “control judicial’ por parte del Gobierno venezolano impidió el anuncio formal, por lo que optó por dejar la cuestión en manos del próximo fiscal que asumiría el cargo el día siguiente.
16 de junio de 2021
Karim Khan asumió el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional por un período de nueve años. Era el tercer fiscal en la historia de la Corte.
3 de noviembre de 2021
El fiscal de la CPI realizó su primera visita oficial a Caracas. A su término, anunció el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela I. En la visita del fiscal se suscribió un Memorándum de Entendimiento con la autoridades venezolanas para desarrollar mecanismos que permitan contribuir eficazmente para investigar y enjuiciar a los responsables.
2022: CPI en resistencia
3 de enero de 2022
El Gobierno venezolano solicitó al fiscal información adicional en relación con el ámbito y objeto de la investigación.
31 de marzo de 2022
El fiscal de la CPI concluyó en su segunda visita a Caracas que ambas partes habían acordado la futura instalación de una oficina local de la Fiscalía en la capital, cuya finalidad sería dotar de asistencia técnica a las autoridades venezolanas para la prosecución de acciones judiciales que afianzaran la capacidad nacional para aplicar el Estatuto de Roma.
21 de abril de 2022
El fiscal Khan concluyó que la total inacción del sistema de justicia penal venezolano se mantenía inalterada y -en consecuencia- solicitaría a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuar con la investigación en cuanto resultara apropiado.
El 1 de noviembre, el fiscal de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I la autorización para continuar la investigación, según lo previsto en el artículo 18 (2) del Estatuto de Roma.
1 de diciembre de 2022
El fiscal de la CPI presentó su informe anual “Towards a more just world every day”, en el que indicó que la Fiscalía se enfocaría en una nueva estrategia para fortalecer la cooperación y el principio de complementariedad.
2023: Avanza la investigación de la CPI
1 de marzo de 2023
El Gobierno de Venezuela transmitió sus observaciones a la solicitud del fiscal de autorización para la continuación de la investigación.
20 de abril de 2023
Se transmitieron las observaciones de las víctimas y sus representantes en el procedimiento de solicitud de autorización para la continuación de la investigación. En el proceso de consulta participaron 8900 víctimas individuales, 630 grupos familiares y dos instituciones u organizaciones.
10 de junio de 2023
El ifscal de la CPI concluyó su tercera visita al país. En esa oportunidad, se anunció la firma de un segundo memorando de entendimiento con el Estado venezolano que establecía los lineamientos para la instalación y operación de una oficina local de la Fiscalía en Caracas. El texto del memorando permanece aún en confidencialidad.
3 de julio de 2023
La República Bolivariana de Venezuela anunció la apelación contra el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó la continuación de la investigación fiscal en la situación Venezuela I.
13 de septiembre de 2023
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas presentó escrito de observaciones ante la Sala de Apelaciones. Se solicitó a la Sala la desestimación del recurso de apelación presentado por Venezuela por carecer de razones legales que justificaran la revocatoria del fallode primera instancia, que autorizó al fiscal a continuar con la investigación en la situación Venezuela I.
1 de diciembre de 2023
El fiscal de la CPI presentó su informe anual “Delivering Better Together”. En él, se indicó que la situación Venezuela I constituía una “situación priorizada” por la Oficina Fiscal y que, en 2024, se instalaría la oficina local de asistencia técnica en Caracas.
2024: Nuevos obstáculos para la CPI
1 de marzo de 2024
La Sala de Cuestiones preliminares dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por Venezuela. Se dictaminó que el fallo de primera instancia carecía de vicios, por lo que las denuncias planteadas por Venezuela fueron desestimadas en su totalidad.
Se confirmó el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares I, de esa forma, el fiscal de la CPI estaba habilitado para continuar su investigación sobre la situación Venezuela I, sin que se interpusiera ningún otro recurso u objeción que pueda plantear el Estado.
24 de abril de 2024
El fiscal de la CPI concluyó su cuarta visita oficial a Venezuela y se inauguró la oficina local de asistencia técnica de la Fiscalía en Caracas.
12 de agosto de 2024
La represión política que se produjo a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio,llevó al fiscal de la CPI a emitir una declaración a la prensa internacional. Khan indicó que había recibido información proveniente de múltiples actores sobre hechos que podrían recaer en la competencia material de la Corte y que “su oficina se encontraba monitoreado de cerca la situación”.
6 de septiembre de 2024
El diario estadounidense The Washington Post, publicó una nota en la que reveló los nexos de afinidad entre la abogada Venkateswari Alagendra y el fiscal de la CPI, Karim Khan. La abogada Alagendra es cuñada de Khan y fue acreditada como abogada de la República Bolivariana de Venezuela en el procedimiento de apelación estipulado en el artículo 18.4 del Estatuto de Roma que fue incoado por Venezuela.
2 de diciembre de 2024
El fiscal se dirigió a la XXIII Asamblea de los Estados Partes. En su discurso, insistió que su oficina continuaba con la investigación en la situación Venezuela y que cursaba en paralelo con una iniciativa “complementariedad positiva”, aunque para ese momento no había mostrado resultados concretos acordes con las exigencias del Estatuto de Roma.
2025: Panorama oscuro
16 de mayo de 2025
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su separación provisional del cargo mientras se desarrollaba una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales. La decisión, inédita en la historia de la CPI, fue comunicada oficialmente y generó preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en curso, incluyendo la situación Venezuela I.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI aseguró la continuidad institucional de la Corte y de la Fiscalía. Se decidió que los fiscales adjuntos asumieran temporalmente las funciones del Fiscal Jefe.
24 de junio de 2025
Mediante nota de prensa, la Asamblea de Estados Partes informó que la investigación seguida contra el fiscal (por presunta conducta indebida) que viene desarrollando la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS por sus siglas en inglés), sería sometida a un panel externo de expertos judiciales.
18 de agosto de 2025
El jurista británico Kharim Khan, Fiscal de la CPI, manifestó que acataba la decisión de la Sala de Apelaciones del 1 de agosto, que lo instaba a apartarse del caso Venezuela I, ante la recusación presentada por conflicto de interés, dada la presencia de su cuñada en el equipo de defensa jurídica del Gobierno de Venezuela ante la Corte.
1 de diciembre de 2025
Durante su discurso de apertura ante la 24° Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el fiscal adjunto, Mame Niang, anunció el cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
Niang explicó que el motivo de la decisión se debió a que aún cuando existió un compromiso sostenido con las autoridades venezolanas, el “progreso real sigue siendo un reto”, en referencia a la falta de avances significativos y reales por parte de las autoridades venezolanas de investigar y juzgar internamente a los responsables de la comisión de crímenes competencia de la Corte.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ejército de su país está listo para iniciar ataques por tierra en Venezuela.
En el marco de una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump insistió que muy pronto comenzarán los ataques contra los cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, en el marco de la Operación Lanza del Sur.
“Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos”, expresó.
El mandatario dijo que los ataques por tierra son más fáciles y que las cifras de tráfico de drogas han bajado después de que, a principios de septiembre, Estados Unidos iniciara una ofensiva en el mar Caribe y el océano Pacifico que hasta ahora lleva alrededor de 20 embarcaciones hundidas y más de 20 presuntos narcotraficantes muertos.
“Entonces, las familias podrán vivir sin el miedo de que su hijo o su hija tomen una pastilla para divertirse un poco y acaben muriendo en 60 segundos.Vamos a acabar con esos hijos de perra”, añadió.
Trump también dijo que si bien Venezuela ha sido peor que la mayoría, hay otros países que envían “sus narcotraficantes” a Estados Unidos por lo que advirtió que cualquier nación que mande drogas a territorio norteamericano está sujeto a ataques y en ese sentido sugirió que Colombia podría ser incluido en esta lista de operaciones terrestres.
Como respuesta, el presidente colombiano,Gustavo Petro, invitó a su homólogo estadounidense a ir a su país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.
Petro, quien ha criticado las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, agregó que sin misiles su gobierno ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína desde agosto de 2022.
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El teniente coronel Deivis Mota Marrero y Pedro Luis Garrido, junto a otro grupo de oficiales que habían cumplido condena y permanecían privados de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, fueron trasladados a la cárcel militar ubicada en el Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Se conoció que, recientemente, se les abrió un nuevo proceso penal militar, motivo por el cual fueron presentados vía telemática ante un tribunal de control militar. En esta audiencia se les dictó una nueva medida privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión el referido centro penitenciario en Charallave estado Miranda.
La Coalición de Derechos Humanos y la Democracia informó que los oficiales quedan ahora bajo la orden de un tribunal militar, a la espera de la continuación del proceso penal que fue iniciado, pese a que ya habían cumplido su pena anterior.
¿Quiénes son los militares afectados?
Mota Marrero es un teniente coronel (Ejército) quien fue detenido en 2018 junto a otro grupo de militares por presuntamente formar parte de un complot -liderado por el exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres- que buscaba derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor porque las autoridades le estaban negando el derecho a recibir atención médica necesaria, “pese a que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención“.
Por su parte, el teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén fue detenido el 8 de enero de 2020 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Táchira. Luego fue trasladado a la sede de la Dgcim, en Boleíta, y posteriormente al Centro Nacional de Procesados Militares. Su familia denunció que sufrió torturas en todo este proceso, coo asfixias y descargas eléctricas.
Al militar lo condenaron a cuatro años de prisión por los supuestos delitos de instigación a la rebelión y desobediencia. Su condena se cumplió el 11 de enero de 2024, pero continúa privado de libertad sin información sobre su ubicación actual.
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La información extraoficial difundida en redes sociales y algunos medios digitales, sobre la presunta condena a 30 de prisión contra Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, alertó a la esposa del preso político, Mariana González de Tudares, quien exige información oficial del paradero y proceso judicial contra su cónyuge.
En un comunicado difundido en redes sociales la noche de este martes, 2 de diciembre, González de Tudares recordó que su esposo lleva 11 meses detenido y desde entonces, se encuentra bajo “desaparición forzada”.
“Ante esas informaciones extraoficiales cumplo con indicarles que mi abogado y yo estaremos acudiendo ante las autoridades correspondientes a solicitar información oficial pertinente”, expresó Mariana González de Tudares en el texto, quien agregó que pese a los “obstáculos y barreras” para acceder a información oficial y defender los derechos de su esposo, acudirán una vez más para conocer el estado del juicio “que clandestinamente se le ha seguido” para informar lo que le indiquen las autoridades.
Asimismo, aclaró que el proceso judicial y juicio penal contra Rafael Tudares “ha violado flagrantemente sus derechos humanos y garantías” establecidos en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el cual fue suscrito y ratificado por el gobierno venezolano. Denunció también que ese juicio “ha violado el derecho al debido proceso” y los derechos y garantías que establecen varios artículos de la Constitución.
González de Tudares alertó que su esposo sigue en “situación de desaparición forzada”. Pese a que las autoridades le informaron que estaría en el Sesmas del Rodeo I,al acudir le han negado que esté allí recluido. También le han negado que esté en el Sebin de El Helicoide, el de Plaza Venezuela o en todos los centros de detención a los que ha acudido. No ha tenido comunicación con su esposo desde el día en que fue detenido.
Nota de Prensa y comunicado formal ante las informaciones extra-oficiales que están circulando en redes sociales y medios de información digital sobre el inconstitucional proceso judicial que se sigue contra mi esposo Rafael Tudares Bracho: pic.twitter.com/bjim2Rrc3e
— Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) December 3, 2025
Abogado alerta la condena
Zair Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público, anunció previo al comunicado de la esposa de Rafael Tudares que, según le informaron desde el Circuito Judicial Penal de Caracas, la noche del 1 de noviembre la juez tercera en materia de Terrorismo Alejandra Romero condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión.
Según alertó Mundaray, también habría sido condenado Luis Guillermo Iztúriz, líder de Vente Venezuela en el estado Miranda, en su caso, a 20 años de prisión. A ambos les habrían impuesto esta condena “por inventados delitos de terrorismo y conspiración”, por lo que en su mensaje, publicado en X, Mundaray denunció que Tarek William Saab, fiscal impuesto por la constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, “forjó un expediente sin prueba alguna para sostener este patraña”.
#URGENTE Me informan desde el Circuito judicial penal de Caracas, que en horas de la noche de ayer, la "juez" tercera de juicio en materia de terrorismo Alejandra Romero, condenó al yerno del presidente electo @EdmundoGU, Rafael Tudares y a Luis Guillermo Isturiz, líder de… pic.twitter.com/GnLahGPMKM
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El estado Falcón se mantiene como uno de los territorios más letales para las mujeres en Venezuela, acumulando 25 femicidios desde 2022 y sacudido por la persistencia de crímenes que exponen la grave crisis de impunidad y la inacción de las instituciones de justicia.
Según un reportaje publicado por Medianálisis, Falcón se posiciona como el octavo estado de Venezuela con la mayor incidencia de femicidios desde 2022. El registro mensual, documentado en el apartado “Contador de Mujeres Asesinadas”, reveló que 25 mujeres han sido asesinadas en la entidad durante los últimos tres años: 6 en 2022, 6 en 2023, 11 en 2024 y 2 hasta septiembre de 2025. Esta alarmante cifra persiste a pesar de que las denuncias de violencia de género en general disminuyeron drásticamente, cayendo 74,45% entre 2024 (826 casos) y 2025 (211 casos).
La preocupación se agrava al constatar que la mayoría de los agresores provienen del círculo de confianza de las víctimas: parejas sentimentales, exparejas o familiares directos. El desglose indica que en ocho casos el responsable fue la pareja sentimental, y en siete un familiar o pariente. Casos como el de Joseddy Lucía Sánchez Querales (26), asesinada de un disparo en Churuguara en septiembre de 2025, o el de Harian de los Ángeles De León García, quien fue apuñalada 20 veces por delincuencia común en 2023, conmocionaron a la población y motivaron protestas exigiendo celeridad.
La impunidad es un factor agravante. Si bien de los 25 casos se logró la captura del perpetrador en 13 hechos, los avances judiciales suelen conocerse gracias al esfuerzo incansable de las familias de las víctimas. Ante la falta de respuesta efectiva, las víctimas indirectas se ven forzadas a organizarse, estudiar y presionar activamente para obtener justicia.
Un ejemplo es el caso de Lisnery Graciano, madre de Misnerys Esthephanie Graziano Durán, asesinada en 2018. Ella tuvo que “aprender leyes, leer y analizar las actas, conocer procesos judiciales y defender sus derechos” para evitar que el agresor de su hija fuera liberado. A partir de su dolor, Graciano creó el proyecto “Leyamm”, enfocado en la educación y la prevención de la violencia desde el núcleo familiar, buscando formar hombres y mujeres conscientes de sus derechos.
Para defensores de derechos humanos, la disminución en las denuncias no basta; es imperativo el trabajo preventivo, escuchar y atender a la víctima a la par de la justicia. Cada femicidio subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y la exigencia de un Estado que garantice que ninguna mujer sea silenciada y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
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