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Jimena Araya “Rosita”: la actriz y “viuda negra” del crimen venezolano sancionada por EEUU

Jimena Romina Araya Navarro, conocida también en el mundo artístico como “Rosita”, volvió a ser noticia este miércoles 3 de diciembre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que fue sancionada por sus presuntos vínculos con la mega banda criminal El Tren De Aragua. 

El Departamento del Tesoro señala a Araya de formar parte de una red, junto a otras cinco personas ligadas a la industria del entretenimiento, que brinda apoyo material a la organización criminal, recientemente considerada como terrorista por los Estados Unidos. 

La OFAC señaló que en 2012 “Rosita” ayudó al líder de la banda Héctor Rusthenford Guerrero Flores -alias “Niño Guerrero”- a escapar de la prisión de Tocorón, en el estado Aragua. El Tesoro asegura que parte de los ingresos obtenidos por la modelo en Colombia, en donde se presentaba como DJ en fiestas nocturnas, “habrían sido utilizados para financiar actividades delictivas de la organización”.

También fueron impuestas sanciones a Eryk Manuel Landaeta Hernández, quien fue guardaespaldas y mánager de “Rosita”. Asimismo, fue sancionado Kenffersso Sevilla, conocido como “El Flipper”, detenido en noviembre en Colombia por blanqueo de dinero y considerado una de las figuras más cercanas a Niño Guerrero. 

Sevilla es dueño de la empresa de servicios creativos, artísticos y de entretenimiento Eryk Producciones SAS, así como de la discoteca bogotana Maiquetía VIP Bar Restaurant, local que, según las autoridades colombianas, ha sido utilizado para vender drogas.

En la lista de sancionados también aparecen Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, medio hermano de Niño Guerrero, todos miembros de la organización terrorista, según la investigación de la OFAC.

Con las sanciones impuestas quedan bloqueados todos los activos y propiedades de los involucrados con el Tren de Aragua. Además, les queda prohibido a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. “El objetivo es interrumpir las fuentes de financiación y logística que permiten al Tren de Aragua operar en Venezuela y expandirse hacia países vecinos”, aseguró el Departamento.

En las sanciones también incluyeron varias empresas relacionadas o directamente vinculadas con la mega banda criminal. Ellas son: Eryk Producciones SAS, Maiquetía VIP Bar Restaurant, Yakera y Lane SAS, al igual que Global Import Solutions S.A., esta última propiedad de Araya.

Trayectoria artística

Jimena Araya (42) es oriunda de Maracay, estado Aragua. Comenzó su carrera como modelo en el año 2000. Es reconocida por ser una figura mediática vinculada al crimen organizado, más que por su talento o logros artísticos. 

Araya alcanzó la fama en 2010 cuando interpretó el personaje de “Rosita” en el programa humorístico ¡A que te ríes! transmitido por Venevisión. También, formó parte del elenco de otras series y telenovelas como El cuerpo del deseo, Negra consentida, Los misterios del amor y El amor las vuelve locas. Protagonizó una obra de teatro titulada Rosita, pásame la cosita y tuvo una participación en la película Er Conde Jones, del comediante venezolano y excandidato presidencial Benjamín Rausseo, conocido como “El Conde del Guácharo”.

La nueva sancionada por la OFAC también participó en el show “Divas de Venezuela” y se ha desempeñado como DJ y modelo, posando para revistas como Urbe Bikini.

Jimena Araya tiene millones de seguidores en Instagram y Tiktok,y en ambas redes sociales postea fotos familiares, de viajes, videos de humor y en su faceta como DJ.

Sin embargo, el éxito de la maracayera se vio empañado cuando fue vinculada con criminales con amplios prontuarios policiales.

Su vinculación con la fuga del “Niño Guerrero”

En 2012, Jimena Araya fue acusada por la justicia venezolana por su presunta colaboración en la fuga de Héctor Guerrero Flores, el máximo pran de la cárcel de Tocorón. Actualmente, Guerrero Flores es buscado por homicidio, secuestro y terrorismo por las autoridades y se ofrece una recompensa a quien aporte información certera sobre su paradero.

El 20 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Segundo de Control del mencionado estado, a cargo del abogado en carácter de juez Oswaldo Rafael Flores, emitió una orden de aprehensión en contra de Araya por presunto “encubrimiento y fuga de detenido en grado cooperador”. 

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Según información publicada en Runrunes, Luis Alberto Gutiérrez Linares, exdirector del Centro Penitenciario de Aragua, delató a “Rosita” y confesó que él habría sacado a Guerrero en la maleta de su carro y, por ello, los militares no se percataron de la fuga. También manifestó que, una vez fuera de Tocorón, Guerrero hizo transbordo a otros tres vehículos, algunos de ellos facilitados por la actriz Jimena Araya.

Un mes después, el 29 de octubre de 2012,  Araya fue arrestada en Valencia, estado Carabobo, pero tras 10 días detenida salió en libertad bajo fianza. 

Luego de su excarcelación, Araya ofreció declaraciones a la prensa y en una entrevista aseguró que “nunca había estado en Tocorón”. Pero sus afirmaciones  contradijeron a las de su madre, Teresa Navarro, cuando afirmó que “Jimena efectivamente fue al penal porque es una artista y fue contratada para un show”.

En el libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, escrito por la periodista y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, Ronna Rísquez, se indica que la propia abogada de Rosita alegó en su momento que su clienta solo había sido contactada telefónicamente por el Niño Guerrero para participar en un show en Tocorón.

El texto también recoge que, de acuerdo con algunas versiones, las visitas de Rositas a Tocorón no se limitaban a shows artísticos. “En algunos medios se dijo que Rosita llevaba prostitutas a Guerrero y a sus compañeros de prisión, un negocio que jamás fue confirmado”.

En un programa en Televen en 2015, Rosita incluso mencionó que se vio supuestamente presionada a admitir los hechos -su relación con la fuga del Niño Guerrero- y que, aunque lo pensó, no iba a asumir la culpa “por algo que no había hecho”.

En otra entrevista en el año 2020, reveló que mientras estuvo presa le aconsejaron enviar un audio pidiendo ayuda al entonces presidente Hugo Chávez para que la ayudara en su caso. Luego de difundirse el material, el fallecido presidente habló de su caso y posteriormente, fue excarcelada, por lo que, en el imaginario público, quedó señalada como cercana al gobierno.

Ocho años después del escape del Niño Guerrero, Rosita contó en su canal de Youtube que fue dos veces a Tocorón a visitar a un primo detenido y que por eso se desató el rumor de que colaboró con la fuga de 12 personas. 

La “viuda negra” del pranato venezolano

Como se indica en el libro de la periodista Ronna Rísquez, Araya fue a juicio y quedó descartada su participación en la fuga del Niño Guerrero. Pero eso no significa que se haya desvinculado del todo con líderes criminales o figuras con historial delictivo. 

Y es que la vida sentimental de Jimena Araya estuvo marcada por la controversia. Tras el escándalo por lo ocurrido con el Niño Guerrero,  “Rosita” mantuvo una relación amorosa con Luidig Ochoa, creador de la serie Cárcel o Infierno, quien había formado parte del pranato que controlaba Tocorón hasta que salió en libertad en 2008. 

Ochoa fue asesinado el 8 de agosto de 2014 cuando salía de su vivienda en Maracay y abordaba su moto Kawasaki modelo KRL 650 y un desconocido armado lo amenazó para que se la entregara. Ochoa se bajó con la intención de dársela, intentó correr, pero igual, le dispararon en las costillas, hombro y brazo. El Diario La Verdad reseñó que el homicida se llevó sus documentos, pero dejó la motocicleta. Un año después del asesinato de Ochoa, su madre aseguró que a hijo “lo mató el Gobierno”.

No había transcurrido ni un año cuando, en junio de 2015, fue encontrado el cadáver desmembrado de Carlos Rafael Galindez Graterol alias “Carlos Breaker”, líder del Tren de Aragua y pareja sentimental de “Rosita”, según información aportada por las autoridades venezolanas. Los restos de Galíndez fueron encontrados en el kilómetro 16 de la carretera que comunica a Mamera con El Junquito. Una de las hipótesis que se manejó en este caso fue la de la venganza debido a que, al parecer, Galíndez habría cobrado un botín y no lo repartió equitativamente.

Tras conocerse la noticia del asesinato de “Carlos Breaker”, Araya informó a través de sus redes sociales que se retiraba de las mismas por un tiempo. 

“A todos mis seguidores les pido disculpas pero estaré unos días ausente de mis redes sociales. Por motivos familiares. Gracias a todos”, publicó “Rosita”. Tres meses después, en un programa televisivo, Rosita negó que hubiese tenido una relación con “Carlos Breaker” y aseguró que solo lo había conocido en una fiesta. 

En 2017, el Diario Las Américas publicó que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que estuvieron detenidos desde 2015 en EEUU por narcotráfico, habrían intercedido por “Rosita” para evitar que la asesinaran cuando mataron a Carlos Breaker. La información la extrajeron de unos chats que difundió la parte acusadora

El libro sobre el Tren de Aragua relata otros episodios en los que se vinculaba a Rosita con miembros de grupos delictivos. También en 2015, se viralizó otra foto suya con otro miembro del Tren de Aragua, alias “Cara e lancha”, que murió a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Altamira. 

Otra “coincidencia” que destaca Rísquez en el texto es que Rosita era la DJ del local en Margarita al que asistió Téofilo Rodríguez Cazorla, alias “El Conejo” y pran de la cárcel de la isla, la noche en que fue asesinado.

A “Rosita” también se le vinculó sentimentalmente con otros delincuentes de gran peligrosidad como Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, detenido en Perú en 2018. La prensa local aseguró que la actriz había huido de ese país días antes de la detención de “El Catire”. Aseguraron también que ingresó a Perú con un pasaporte chileno, que hizo shows artísticos sin visa de trabajo y que la policía necesitaba interrogarla para aclarar sus vínculos con Barrera.

En 2019, los medios de ese país también la vincularon con una venezolana detenida  por descuartizar a dos hombres. La supuesta conexión surgió porque Verónica Andreina Montoya Araujo, alias “La Roxy” aprovechó para fotografiarse con “Rosita”, cuando esta se encontraba de visita en dicho país.

En un live en Instagram, Araya negó que conociera a esta mujer: “No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans. Soy una figura pública y me debo a mi público. Como todos los artistas, tengo el derecho a tomarme fotos con quien me pide foto”.

Foto: La Patilla

Coqueteó con la política

Jimena Araya también quiso adentrarse en la política. En 2012 aseguró ser militante del partido Podemos, fundado por Didalco Bolívar y que se define como “socialista, leal a Chávez y firme con Nicolás Maduro”.

En rueda de prensa se anunció que la vedette se incorporaba a la Coordinación de Derechos Humanos del partido. En julio de 2013, Podemos la descartó como candidata a alguna alcaldía. 

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México se sumó a las sanciones 

México se unió a las medidas de Estados Unidos para perseguir financieramente a “Rosita”.  A través de un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que ejecuta acciones para localizar a la DJ, con presencia reciente y actividad financiera registrada en ese país.

También se conoció que a la modelo venezolana la incluyeron en el listado de personas bloqueadas, por lo que sus cuentas están “preventivamente congeladas”. Además, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República por la actividad de supuestas empresas fantasma en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Caso Citgo: ¿Por qué Wall Street parece alinearse con Nicolás Maduro?

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Uno de los aspectos más difíciles de la crisis venezolana es lo inútil que resulta analizar la situación del país a través de lentes ideológicos tradicionales. Esto es especialmente evidente cuando se habla de la enorme y en mora deuda externa venezolana. No es ningún secreto que algunos de los mayores tenedores de bonos venezolanos hacen lobby activamente para lograr un alivio de sanciones para la administración de Maduro. Pero, ¿por qué Wall Street no se alinea con la oposición pro-mercado y firmemente vinculada a Occidente que lidera María Corina Machado, después de que Maduro incumplió los bonos hace casi una década?

Durante los años del boom petrolero, el chavismo se acercó a los grandes bancos de inversión para emitir miles de millones de dólares en bonos —tanto de la República como de la estatal petrolera PDVSA— con los cuales financiar programas sociales fastuosos, opacos y económicamente insostenibles. El gobierno cumplió puntualmente con esos pagos hasta que cayó en default en 2017, en ocasiones mediante recortes brutales a las importaciones de alimentos y medicinas que afectaron gravemente a los venezolanos. En el punto más crítico de la crisis económica, Maduro mantuvo un canal de comunicación con los tenedores de bonos. Incluso intercambió parte de los bonos pendientes por uno nuevo con vencimiento más lejano y con el incentivo adicional de un colateral sobre las acciones de la empresa matriz de Citgo, entonces valorada en miles de millones. El infame bono Citgo 2020.

El gobierno interino de Juan Guaidó cuestionó la validez de ese bono Citgo 2020, ya que no había sido aprobado por la Asamblea Nacional entonces controlada por la oposición. El gobierno interino incluso demandó por la ilegalidad del bono ante una corte estadounidense. Esa posición firme ahuyentó a los tenedores de deuda venezolana, quienes temían que, en una eventual transición, la oposición desconociera la deuda del país y que, por tanto, era mejor apostar por un alivio de sanciones y una reestructuración bajo Maduro. Un escepticismo que se mantiene hasta hoy.

Muchas cosas han cambiado desde 2020. En ese entonces, existía un gran interés en proteger a Citgo de los tenedores de bonos. Sin embargo, la pérdida de Citgo es ahora un fait accompli, tras la autorización de un juez estadounidense para vender la empresa y pagar la deuda venezolana pendiente. Además, el bono Citgo 2020 fue declarado válido y ejecutable. Ya casi podríamos decir que Venezuela perdió Citgo. Por otro lado, la posibilidad de que Maduro logre obtener fondos para una reestructuración es tan remota como la de que reconozca los resultados de las elecciones presidenciales de 2024.

Los pagos de bonos venezolanos en default ascienden a unos 60.000 millones de dólares. La probabilidad de que el chavismo logre reunir un monto siquiera cercano a ese, incluso con un alivio de sanciones, es nula. El país sigue aislado de los mercados internacionales; es improbable que reciba un paquete de asistencia del Fondo Monetario Internacional; y la última vez que un gran banco de inversión participó en una operación de deuda vinculada con Venezuela, terminó inmerso en un escándalo reputacional. Los únicos aliados del régimen con cierta capacidad económica son Rusia —cuyas finanzas sangran por la guerra en Ucrania— y China, que ha dejado claro que no financiará al chavismo nuevamente. Para que Venezuela pueda reunir los recursos necesarios para iniciar una reestructuración seria, requiere asistencia de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional —y aplicar las condiciones macroeconómicas que acompañan sus rescates—, además de un gobierno democrático que no espante a Wall Street.

La verdad es que esta situación es completamente absurda. A pesar de las posturas de la oposición —que estuvieron justificadas durante la era del interinato para impedir que el régimen siguiera empeñando las finanzas del país—, cualquier gobierno de transición necesitará desesperadamente acceso a los mercados internacionales para financiar el gasto monumental que exige la recuperación nacional. Además, es seguro que buena parte de la comunidad internacional y quienes controlan la chequera —es decir, el FMI— presionarán a una futura administración para que reconozca los bonos pendientes y opte por una reestructuración negociada. Emprender una estrategia quijotesca de desconocer la deuda existente enviaría la peor señal posible a los mercados sobre cualquier cambio en el desastroso manejo económico del país.

El chavismo fue electo hace 27 años bajo promesas populistas y revanchistas. Y ellos procedieron a empeñar al país para ganar elecciones mientras lo destruían. Los venezolanos no quedamos exentos de responsabilidad. Como país, debemos enfrentar nuestros errores. Los actores internacionales no nos librarán del desastre económico chavista solo porque ellos fueron los villanos: el mundo no funciona así. Esto implica sincerarse con los tenedores de bonos y desarrollar una estrategia seria y completa para abordar el problema de la deuda externa durante la transición, mientras se reinserta al país en lo que queda del orden internacional.Para los bonistas, esto significa abandonar la fantasía de que recibirán un solo centavo con Maduro en el poder. Les convendría dejar de retuitear a Laura Loomer e Indira Urbaneja, aprender la lección sobre las consecuencias de creer en las promesas del chavismo y defender sus propios intereses.

La Hora de Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa con la luz | “Lo que hoy une más al chavismo es el miedo”

A juicio del activista político e ingeniero, Sergio Sánchez, la filtración revelada por la agencia Reuters de una llamada telefónica entre Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se traduce en que el chavismo evalúa una opción de salida y una posible transición.

“Hay que reconocer que el chavismo tiene temor. Lo que más une hoy al chavismo es el miedo, porque tienen motivos para dudar sobre el respeto a su existencia una vez salgan del poder”.

El disidente chavista fue uno de los invitados a La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que este martes 2 de diciembre se hizo en conjunto con el programa Con la Luz de Efecto Cocuyo.

A la cita semanal asistieron además; Raúl Stolk, director general de Caracas Chronicles; Adrián González, director de Cazadores de Fake News; Luz Mely Reyes, directora y cofundadora de Efecto Cocuyo; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de Tal Cual. 

Sánchez alertó que si es cierta la petición de Maduro de protección y amnistía para 100 funcionarios gubernamentales, muchos alcaldes, diputados, militares, “empresarios” y otros trabajadores de la administración pública quedarán por fuera.

El ingeniero advirtió que el razonamiento de quienes no ocupan el alto gobierno es de “si ellos caen, van a venir por nosotros”.

Sánchez sostuvo que la oposición representada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado no puede caer en maximalismos del pasado.

“Plantear todo o nada es un error que se ha cometido muchas veces. Una eventual transición tiene que ser lo más pacífica posible, de un plumazo no se puede volar todo porque eso puede traer consecuencias lamentables”. 

Stolk expresó que hasta ahora la guerra entre Venezuela y Estados Unidos ha sido de deadlines (plazos) y la estrategia de Maduro ha sido la usual de “correr la arruga”. Según el director de Caracas Chronicles la comunicación telefónica entre ambos gobernantes se llevó a cabo el viernes 21 de noviembre, tres días antes de que el Departamento de Estado designara al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. 

“Es una progresión lógica, la llamada fue antes de la designación y no al revés”.

El abogado y escritor consideró difícil que Trump le ofrezca a Maduro una garantía absoluta de protección. 

Batiz apuntó que la propia canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, manifestó que Maduro está considerando irse al exilio para no enfrentar la cárcel, aunque después el gobierno de Gustavo Petro haya negado las declaraciones. 

El director de Caracas Chronicles sentenció que la estrategia de Maduro es estirar las conversaciones hasta agotar al otro lado, táctica que le ha funcionado en otros procesos de diálogo.

“Puede que llegue un momento en que no pueda correr la arruga más y deba aceptar algo, pero si esto se mantiene, el juego es de Maduro. Creo que Trump quiere resolver esta guerra sin echar un tiro”, comentó Stolk. 

Reyes aportó que posiblemente la filtración de la llamada haya salido de las propias filas del chavismo para hacerle creer a la sociedad civil que hay un proceso de transición en puerta.

Amaya indicó que es perentorio saber, a nombre de quién o quiénes, Maduro hizo esas supuestas peticiones donde además demanda protección para toda su familia, exilio en cualquier destino, suspensión del caso por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), levantamiento de sanciones, gobierno de transición presidido por Delcy Rodríguez y control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Sánchez aseveró que Maduro exige seguir dominando a los militares porque “quien controla la FANB, controla la represión”.

El disidente chavista sentenció que actualmente las puertas están abiertas a las traiciones en el seno del oficialismo y por ello el gobierno aplica la política de aplastar a cualquier forma de disidencia, incluyendo en sus propias filas.

“Conozco a un ministro en funciones que reconoce que la situación es una locura y es insostenible, pero que no puede salirse de esta porque no tiene forma de salvaguardarse”.

¿El 5 es la cosa?

Según el activista político Sergio Sánchez, algunas informaciones provenientes del gobierno madurista y la Casa Blanca, señalan que una posible fecha del inicio de un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos es este viernes 5 de diciembre.

Reyes agregó que la fecha es posterior a la ofensiva en el Caribe, la llamada entre Maduro y Trump, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, el anuncio de iniciar actividades por tierra y una semana antes de la entrega del premio Nobel de la Paz a Machado en Noruega.

“A Trump le gusta negociar con una pistola en la mesa, sin embargo ha sido consecuente con todo lo que ha dicho que va a hacer”, dijo la directora de Efecto Cocuyo.

Sánchez asomó que en un conflicto bélico, las refinerías y las comunicaciones son los primeros objetivos de ataque. 

“No podemos convocar alegremente a una confrontación porque quien va a sufrir es el pueblo, por ello debemos celebrar cualquier forma de diálogo”.

A juicio de la cofundadora de Efecto Cocuyo la gente en Venezuela no posee mayor poder decisión y son meros espectadores en un conflicto entre elites y grupos de poder. 

“El venezolano ha quedado como espectador de su propio destino”, sentenció Amaya.

Según Sánchez es lógico que el gobierno de Maduro transmita una imagen de fortaleza y resistencia en vista de su nivel de desconexión con la realidad.

“Ellos están sobreestimando sus fuerzas en Venezuela y el índice de rechazo que tienen incluso dentro del chavismo”.

El activista político aseguró que la gente no va a respaldar a Maduro en una eventual confrontación bélica.

Sentenció que posterior al 28 de julio de 2024, policías y militares salieron a reprimir porque les dieron luz verde para robar y extorsionar al pueblo. 

“A todo esto se llegó porque Maduro se robó unas elecciones”.

Para Sánchez, la democracia y la libertad en Venezuela son irrelevantes para Trump.

Según el activista, la principal motivación del presidente estadounidense es el petróleo y los recursos minerales, además de desviar la atención de los problemas que aquejan a la sociedad estadounidense.  

El disidente del chavismo indicó que Trump tiene limitaciones de tiempo y logística. A su juicio el mandatario no puede mantener la operación millonaria en el Caribe permanentemente y además tiene unas elecciones de medio término en noviembre de 2026, donde puede perder la mermada popularidad que ya posee. 

Aunado a eso, para declarar una guerra contra otro país, debe contar con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos.

Añadió en cambio que es complicado dar un pronóstico de que puede hacer el chavismo porque actúan al margen de la ley.  

Amaya resaltó que cuando las invasiones a Panamá y Granada no hubo declaratoria de guerra por parte del Congreso estadounidense.

La guerra actual 

Para el director de Cazadores de Fake News, la verdadera guerra que se está librando en este momento es la comunicacional.

“Estamos siendo atacados constantemente por desinformación”, dijo Adrián González.

González sostuvo que la actual estrategia del gobierno es generar una sensación de aparente tranquilidad y por otro lado está la Casa Blanca asomando un supuesto ataque inminente.

“Desde hace tiempo no habíamos visto tanta desinformación”, aseguró González. 

El analista aseveró que por más propaganda que fabrique el chavismo hay una realidad que no se puede tapar.

Dijo que el desenlace del conflicto está atado a una negociación que podría darse incluso después de una incursión bélica. 

Sánchez insistió en la desconexión comunicacional entre la cúpula chavista y las bases.

“No creo que el gobierno se vaya a inmolar porque ellos no están luchando por un proyecto de justicia, luchan por multiplicar sus bienes, por eso compraron una urbanización en Rusia y tienen propiedades en muchas partes del mundo”.

El disidente chavista aseguró que la única forma de que Maduro siga en el poder es que llegue a un acuerdo con Trump.

Desestimó la tesis de que la transición sea irreversible porque ya han habido escenarios similares y el chavismo ha sabido jugar sus cartas en detrimento de la oposición y la exigencia legítima del pueblo de respetar su voluntad electoral.

“Es muy frágil este gobierno, pero quien maneje el aparato comunicacional va a ser el rey en este juego de tronos. En su lecho de muerte, Hugo Chávez pidió que no permitieran que Venezuela entrara en una guerra, Maduro está haciendo lo contrario”.

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María Corina Machado: “La transición es  inevitable”

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Durante su intervención en un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense en Nueva York, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la transición política en Venezuela es inevitable.

“La transición tiene que llevarse a cabo y la oposición está más organizada que nunca”, dijo Machado, quien desde hace meses permanece en la clandestinidad.

La ganadora del premio Nobel de la Paz sostuvo que la oposición se está organizando para definir “lo que viene después”, a fin de que la transición sea ordenada y efectiva.

“Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo”, indicó a la par que garantizó el apoyo pleno de la comunidad internacional.  

Machado manifestó que el pueblo venezolano “ha sufrido, pero se niega a rendirse”.

“La oposición enfrenta la represión con dignidad y fuerza moral, incluyendo a exiliados y presos políticos que han sido separados de sus familias y entregado todo por la causa democrática”, dijo Machado.  

La líder opositora agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es una prioridad y por su aparente rol como referente en la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro.  

“¿Viene el cambio? Absolutamente sí. Venezuela será libre”.

Machado no dijo si iba a recoger su premio Nobel de la paz el venidero 10 de diciembre en la ciudad noruega de Oslo.

Previamente había comentado que la única forma de salir de Venezuela era que esta ya no estuviese bajo el control del chavismo.

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Boliviana de Aviación se suma a ola de suspensiones de vuelos 

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Alegando reportes de inestabilidad en las señales de navegación, la compañía Boliviana de Aviación (BoA) anunció la cancelación de sus vuelos programados para este jueves 4 de diciembre hacia Caracas.

BoA ofreció a los pasajeros afectados como alternativas sin costo la reprogramación de sus vuelos sujetos a disponibilidad o el reembolso total del boleto.

La compañía del altiplano se unió a las panameñas Copa Airlines y Wingo, que alegaron la misma situación. 

Copa amplió hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, tras una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta este viernes 5 de diciembre, pero el día anterior decidió extender la medida que también incluyó a su línea de bajo costo Wingo.

A estos anuncios de cancelaciones se unió la venezolana Láser, la cual informó igualmente este jueves 4 que cesaba sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por “causa de fuerza mayor”.

Recientemente, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) llevó a cabo una “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a extremar la precauciones debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores.

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INAC espera que Wingo y Copa retomen sus vuelos en 48 horas

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El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela confirmó este 4 de diciembre que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, la panameña Copa Airlines, suspendieron sus vuelos hacia Caracas durante 48 horas “previa coordinación con esta Autoridad Aeronáutica”.

La suspensión la anunciaron el día previo ambas aerolíneas, tras reportar que presentaron «intermitencias en una de las señales de navegación» de uno de sus vuelos a Caracas.

“Esperemos que las líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado. Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano”, indicó el INAC.

La aerolínea Láser también anunció este jueves que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por «causa de fuerza mayor». Días antes, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó una «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar Venezuela.

Venezuela vive una crisis de conectividad aérea, caracterizada por una drástica reducción en el número de vuelos y aerolíneas internacionales operando en el país y que ha sido exacerbada recientemente por tensiones políticas y advertencias de seguridad aérea. El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso en el que instó a «extremar la precaución» ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

En respuesta a las suspensiones de vuelos por parte de varias aerolíneas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocó las concesiones de vuelos a varias compañías, entre ellas, Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol.

Por su parte, el pasado 29 de noviembre, el presidente Donald Trump dijo que el espacio aéreo venezolano debería considerarse “cerrado” e instó a las aerolíneas no prestar servicios.

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Represión en Venezuela se ha vuelto más estructurada y letal según panel de expertos

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A lo largo de más de una década, Venezuela ha sido testigo de la evolución de la represión estatal, pasando de una violencia episódica a la consolidación de un sistema de terror arraigado. Este proceso ha estado marcado por la adaptación constante de los presuntos perpetradores estatales a la presión internacional y ha derivado en métodos de represión cada vez más encubiertos y burocratizados.

El informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela (establecido en 2017 por el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro), publicado el 1 de diciembre de 2025, presentó los hallazgos de esta trayectoria. El Panel concluye que las acciones de la comunidad internacional, incluyendo las de la Oficina del Fiscal (OTP) de la Corte Penal Internacional (CPI), “no han ejercido un efecto disuasorio perceptible” sobre la conducta de los presuntos perpetradores estatales venezolanos de alto nivel.

Así lo dio a conocer en un informe que presentó durante la 24ª Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI), titulado “Voces Silenciadas: El colapso de la sociedad civil y el fracaso de la disuasión internacional en Venezuela”.

Construcción de la represión sistemática (2014-2018)

Este periodo marcó la transición de la violencia episódica a una “política deliberada y coordinada centralmente de persecución contra opositores políticos y disidentes percibidos”. De acuerdo con el informe, el ciclo represivo comenzó en 2014 con protestas estudiantiles, a las que el Estado respondió con una represión militarizada.

Durante ese tiempo, cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional Bolivariana, el Sebin y la Dgcim, junto con “colectivos armados civiles”, fueron desplegados de manera coordinada. Para finales de 2014, “los elementos de una política estatal se habían hecho evidentes”, con las fuerzas de seguridad usando “munición real contra manifestantes desarmados”. La tortura se empleó “sistemáticamente”, documentándose al menos 289 casos en el primer informe del Panel.

Las detenciones arbitrarias alcanzaron 12 949 casos entre 2014 y 2018. Además, las grandes operaciones de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) resultaron en aproximadamente 8292 “ejecuciones extrajudiciales” entre 2014 y 2018. A lo largo de este periodo, el poder judicial “validó la represión”, permitiendo el enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares. Hacia finales de 2018, la “arquitectura básica de la represión estaba firmemente establecida”.

Represión adaptativa en respuesta al examen preliminar (2019)

En 2019, mientras el Examen Preliminar de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se intensificaba, el Estado venezolano respondió “no con moderación, sino con adaptación”. Públicamente, el Estado señalaba cooperación con la CPI, pero privadamente, comenzó a sustituir “la represión letal visible a nivel de calle por métodos más encubiertos”.

Según recuerda el informe, las ejecuciones extrajudiciales se mantuvieron en niveles extremadamente altos (2102 asesinatos solo en 2019), pero ocurrieron cada vez más “fuera del contexto inmediato de las protestas masivas, y a menudo fueron disfrazados de operaciones contra el crimen”. El Estado también cambió su enfoque hacia la “violencia bajo custodia y la detención selectiva”. Los casos de tortura aumentaron, y se intensificó el uso de la detención secreta en instalaciones de inteligencia para retener a los detenidos “fuera de los libros”.

Sobre este punto, el Panel concluye que el escrutinio internacional “no necesariamente disuadió la comisión de crímenes”. En cambio, los presuntos perpetradores estatales “ajustaron los métodos para manejar los riesgos”, haciendo la represión “más encubierta, burocratizada y menos visible externamente, pero no menos severa para las víctimas”.

Institucionalización de la violencia encubierta (2020)

El escrutinio de la CPI se intensificó en 2020, cuando la Oficina del Fiscal anunció que existían “motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad—encarcelamiento, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, y persecución por motivos políticos”.

Ante la posibilidad de una investigación inminente, el Panel apuntó que el Estado volvió a ajustar sus métodos. El descenso numérico en las ejecuciones extrajudiciales no reflejó “restricción”, sino que “indicó un desplazamiento de los asesinatos fuera de los contextos visibles de protesta hacia barrios más pobres”. Dentro de las instalaciones de detención operadas por el Sebin y la Dgcim, la tortura se volvió “más sistemática y severa”.

Por el lado del Estado, las medidas presentadas como prueba de rendición de cuentas fueron principalmente “cosméticas” y diseñadas para “proteger a los perpetradores de alto nivel al tiempo que erosionaban aún más la independencia judicial”. El Panel observa que la intensificación del escrutinio de la CPI en 2020 no resultó en “ninguna mejora observable en la conducta del Estado”.

Consolidación de la represión de doble vía (2021)

En 2021, la Oficina del Fiscal de la CPI abrió formalmente una investigación. Esta decisión se tomó después de que se concluyera que los mecanismos internos de Venezuela “no eran genuinos ni efectivos”. El anuncio de la apertura de la investigación, realizado en Caracas junto al gobernante Nicolás Maduro, generó “confusión en muchas víctimas, quienes percibieron el simbolismo del anuncio como profundamente contradictorio”.

Para muchos, el reconocimiento de su sufrimiento quedó “ensombrecido por el hecho de que fue entregado en colaboración directa con los mismos individuos que presuntamente tienen responsabilidad por esas violaciones”.

La represión continuó, incluyendo operaciones de seguridad a gran escala como La Vega y Cota 905. Este año se consolidó el “sistema dual de represión”: una vía formal que “utilizaba el poder judicial y el derecho penal para legitimar la persecución” y una vía clandestina que empleaba la violencia, las desapariciones forzadas y la tortura, “fuera de cualquier marco legal significativo”.

Desafío a la complementariedad en medio de crímenes persistentes (2022)

En 2022, el Estado venezolano invocó el Artículo 18 del Estatuto de Roma, tras alegar que estaba llevando a cabo “investigaciones internas genuinas”. La Oficina del Fiscal de la CPI se opuso, bajo el argumento de que los procedimientos internos eran “selectivos, opacos e incapaces de abordar genuinamente los crímenes de lesa humanidad”.

El Panel advirtió que el patrón de crímenes continuó, con el Estado expandiendo su repertorio de operaciones de seguridad. La persecución judicial se intensificó a través de la Ley Constitucional Contra el Odio. Paralelamente, la firma de un acuerdo confidencial para una oficina técnica de la CPI en Venezuela contribuyó a una “sensación de confianza disminuida entre la sociedad civil”.

El Panel evaluó que las estrategias legales y diplomáticas del Estado en 2022 reflejaron un “uso sofisticado del marco de complementariedad para retrasar la rendición de cuentas internacional”.

Admisibilidad confirmada y maduración de la represión (2023)

En 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Oficina del Fiscal de la CPI a reanudar su investigación, al concluir que Venezuela había “fallado en demostrar procedimientos internos genuinos y seguía sin estar dispuesta o ser incapaz de investigar a los máximos responsables”. Sin embargo, las reformas institucionales adoptadas por el Estado “no resolvieron las deficiencias estructurales y, en varios aspectos, las profundizaron”.

Durante este período, los patrones de criminalidad evolucionaron, volviéndose más selectivos. Las desapariciones forzadas de corta duración “se hicieron más frecuentes para quebrar psicológicamente a los detenidos”.

El Panel concluyó que 2023 fue un año en el que la maquinaria represiva del Estado “maduró en paralelo”, y los crímenes se volvieron “más selectivos, habilitados tecnológicamente y estratégicamente oscurecidos detrás de barnices legales e institucionales”.

Impulso judicial en medio de la fase más aguda de la represión (2024)

En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la autoridad del fiscal para proceder con la investigación. Este avance judicial coincidió con una “nueva y más brutal fase de represión política”, centrada en las elecciones presidenciales. El Gobierno activó el “Plan Furia Bolivariana”, y el periodo poselectoral experimentó una “ola de violencia y detenciones arbitrarias sin precedentes”.

En los nueve días posteriores a la elección presidencia, recuerda el Panel, el Estado activó la “Operación Tun Tun” en una “escala no registrada previamente”, con más de 2200 detenciones arbitrarias. El poder judicial fue central en la consolidación de esta fase, denuncian los expertos independientes.

Al cierre de 2024, según cifra el informe, 1794 prisioneros políticos permanecían detenidos, “la cifra más alta jamás registrada”. El Panel concluye que 2024 representa el punto en el que la arquitectura represiva de doble vía del Estado “alcanzó su plena consolidación”, y la represión escaló a su “nivel más agudo”

Consolidación del terror estatal y el colapso de la sociedad civil (2025)

El Panel concluye que el número de víctimas formalmente reportadas en 2025 es significativamente menor, lo que refleja “no una reducción en las violaciones, sino el éxito de la campaña del Estado para silenciar y desmantelar a los actores que normalmente documentarían, asistirían y acompañarían a las víctimas”.

Asimismo, considera que la aparente disminución es el resultado de la estrategia deliberada del Estado para silenciar a las víctimas.

La adopción y aplicación de la “Ley Anti-ONG”, junto con la criminalización de la cooperación internacional, restringió severamente el espacio cívico, alertaron también en el documento.

El declive aparente en los casos documentados no es “evidencia de criminalidad reducida, sino del éxito del Estado en suprimir los canales probatorios” de los que depende la CPI. Además, la represión se extendió “más allá de las fronteras de Venezuela”, con ataques e intimidación a activistas en otros países, lo que constituye un indicio de “orientación transnacional por redes criminales”.

El informe concluye que, a pesar del avance procesal de la CPI, la política de persecución en Venezuela se consolidó en un “sistema sofisticado de terror estatal”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Periodista en Zulia fue detenido durante horas por reportar hueco en avenida

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En horas de la mañana del miércoles 3 de diciembre, el periodista José Serna, quien trabaja en el medio Noti 365, fue detenido en Cabimas, estado Zulia, solo por reportar un hueco en una avenida.

A través de su cuenta de X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que funcionarios de PoliCabimas se llevaron a Serna de su lugar de trabajo hacia un comando ubicado en el sector Los Hornitos. “Extraoficialmente, se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal”, informó la organización en su primer reporte del caso.

Varias horas después, ya en la noche del miércoles, el SNTP informó que el periodista fue liberado. Sin embargo, denunciaron que durante su detención “fue obligado a declarar en relación a videos y publicaciones que ha hecho a través de Noti 365, plataforma informativa para la que trabaja”.

La arremetida contra la prensa sigue creciendo en Venezuela. Así lo demuestran las cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organización que denunció que la libertad de expresión atraviesa una “fase terminal” tras la detención de 21 comunicadores por razones políticas y al registrarse 111 agresiones contra este derecho en 2025.

En su reporte, el CNP denunció la “estrategia de silencio forzado” que aplica el gobierno de Nicolás Maduro con castigos como la cárcel imputando cargos de terrorismo y traición a la patria, el cierre de medios de comunicación y autocensura y la nula libertad para informar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.