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Al menos 603 niños, niñas y adolescentes murieron en los terremotos del 24J

Una investigación periodística está reuniendo y verificando un registro amplio de niños, niñas y adolescentes afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La otra réplica: vacíos y certezas sobre la infancia y adolescencia después del terremoto en Venezuela, un trabajo de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas, consolidó, hasta este 19 de agosto, 2.318 registros únicos, de los cuales 603 fueron verificados como menores de edad fallecidos. Equivalen al 9,4 % de los 6.438 fallecidos que aparecen en el último reporte oficial: 603 niños y adolescentes, vidas con nombre y apellido, ocultas en esa cifra que no distingue edades ni mucho menos identifica a quienes están detrás de cada número.

La cifra de fallecidos no incluye a otro grupo de niños y adolescentes con una categoría no analizada en esta investigación: aquellos cuyos cuerpos fueron recuperados y llevados a la morgue de Los Silos, pero no fueron reclamados por familiar alguno. “Son 40 cuerpos que fueron inhumados este miércoles 19 de agosto”, aseguró una empleada de esta morgue improvisada. Los cadáveres permanecían en la única cámara frigorífica operativa en el lugar. “Los jefes ordenaron que la cava fuera solo para los niños, para que se conservaran y los familiares los pudieran identificar”, continuó. Las urnas de los niños fueron llevadas en carrozas, decoradas con globos, al cementerio La Esperanza, en La Guaira. En el procedimiento participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y empleados de una funeraria de Caracas. Sus historias quedarán sin conocerse. A falta de identificación, de cada uno quedó apenas un código.

Los datos del especial periodístico, dispersos entre plataformas ciudadanas, registros oficiales, testimonios familiares y reportes periodísticos, permiten aproximarse a una dimensión de la tragedia que las cifras oficiales no reflejan. Y no es un registro cerrado: el trabajo permanece abierto a nuevas verificaciones, correcciones y hallazgos. Asimismo, el especial interactivo ofrece una herramienta de búsqueda que sirve de fuente documental a familias, periodistas e investigadores que necesiten identificar a niños, niñas y adolescentes fallecidos en los terremotos. En una siguiente etapa se incorporarán niños localizados y los que continúan desaparecidos.

La investigación comenzó con 5.866 registros. Una revisión manual, nombre por nombre, permitió descartar 3.548 duplicados y adultos que habían sido incorporados de manera incorrecta en las plataformas consultadas. El resultado fue una base de datos consolidada de 2.318 menores de edad afectados, cuyos registros están en proceso de verificación.

Hasta el 19 de agosto se verificaron 801 registros, lo que permitió confirmar que 603 corresponden a menores fallecidos. Cada uno de estos 603 casos se contrastó con al menos dos tipos de fuentes independientes. Además, hay 21 casos en los que las familias tienen casi la certeza de que sus seres queridos permanecen entre los cuerpos aún no recuperados. Si estos casos se incorporaran al total, la cifra llegaría a 624 menores fallecidos, 1 de cada 4 de los registros de la muestra consolidada.

Para llegar a estos datos, los equipos de La Vida de Nos y Monitor de Víctimas cruzaron información de 11 plataformas ciudadanas de búsqueda, dos plataformas oficiales de personas atendidas en hospitales, reportería de campo, entrevistas telefónicas a decenas de familiares y procesos de verificación digital en fuentes consideradas confiables.

Entre los fallecidos cuya edad pudo confirmarse, los casos se concentran especialmente entre los 9 y los 19 años. La víctima más pequeña identificada tenía apenas 7 días de nacida

La dimensión familiar de la tragedia también sale a la luz: 266 de los 603 menores fallecidos no murieron solos, sino junto a un hermano, un primo u otros integrantes de su familia. La investigación identificó 120 grupos familiares afectados. Entre los casos documentados está el de Marianita Hernández, quien perdió a 7 de sus 13 nietos y a 2 de sus 7 hijos.

Los testimonios recopilados revelan además las dificultades que han enfrentado las familias. De los 125 familiares que hablaron expresamente sobre la respuesta estatal, 120 describieron la ayuda como nula, tardía o negligente. En numerosos casos, fueron los propios vecinos quienes participaron en la recuperación de los cuerpos entre los escombros. 

Una búsqueda permanente

Ante la imposibilidad de publicar una lista completa de menores fallecidos por razones de protección de identidad, “La otra réplica” incorpora un buscador que permite consultar los registros por nombre o apellido. La herramienta convierte la investigación en un punto de referencia para quienes quieran comprobar si su familiar menor de edad está en la base de datos. Y ofrece un correo electrónico (laotrareplica@gmail.com) para quienes deseen contribuir con este esfuerzo de documentación, aportando información sobre niños y adolescentes afectados por los terremotos en Venezuela.

El valor de los datos está precisamente en ese proceso de comprobación. En una tragedia marcada por información fragmentada y el vacío oficial, el especial establece una ruta de búsqueda basada en el cruce de fuentes y en la verificación caso por caso.

“La otra réplica” forma parte del proyecto Los niños del terremoto y puede consultarse en https://www.lavidadenos.com/la-otra-replica.

«Antes de ser una cifra, eran niños con una vida», resume el especial. Ahora, sus nombres, historias y datos forman parte de un registro que busca preservar esa memoria y servir como guía para seguir encontrando las respuestas que todavía faltan.

Para más información, puede escribirse a Albor Rodríguez (La Vida de Nos) y Ronna Rísquez (Monitor de Víctimas): alborrodriguez.lvn@gmail.com y ronnarisquez@gmail.com 

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

ONG piden priorizar designaciones de nuevas directivas del TSJ y el CNE en el diálogo

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Organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron este miércoles, 19 de agosto, que el nuevo diálogo en Venezuela entre el gobierno y la Asamblea Nacional 2015, facilitado por Estados Unidos, “se traduzca en hechos concretos y verificables”.

Mediante un comunicado, difundido por la ONG Provea en sus redes sociales, las organizaciones llaman a priorizar la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No hay razones técnicas ni legales que justifiquen postergar la renovación del CNE hasta diciembre, cuando la legislación vigente permite hacerlo en un plazo cercano a dos meses”, agregó el comunicado, donde indicaron además que octubre es una fecha posible “si hay voluntad política”.

En el texto, las organizaciones defensoras de DDHH también alertaron que posponer la agenda electoral “profundiza la desconfianza ciudadana tras años de promesas incumplidas”, por lo que reiteraron su llamado a establecer “condiciones reales para participar, organizarse, informarse y protestar sin represión”.

Para las ONG, este nuevo proceso de diálogo tiene una oportunidad histórica de “convertir los acuerdos en una ruta concreta hacia elecciones nacionales, parlamentarias y presidenciales libres, competitivas y verificables”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan a tres militares que estaban en Ramo Verde

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Los militares Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica de Montesinos fueron excarcelados este miércoles 19 de agosto, de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve).

Los uniformados fueron acusados en 2024 de traición a la patria y vinculados a la causa denominada “Brazalete Blanco” un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, quien actualmente espera por un juicio por supuesto narcotráfico, terrorismo y manejo de armas de guerra en Nueva York, Estados Unidos.

El trío de militares se encontraban recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda norte, señaló la ONG en la red social X.

Los tres fueron degradados en enero de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros 30 militares vinculados también a supuestas acciones criminales contra el gobierno de Maduro.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, escribió la organización no gubernamental.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Detención del personal de salud en Barinas expone el colapso sanitario y la criminalización del gremio

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El pasado viernes, 14 de agosto, Ignacio Agudelo, padre de un recién nacido prematuro, denunció que su hijo sufrió quemaduras de tercer grado en el Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas por exposición a un “bombillo”. Este hecho desencadenó la detención de siete trabajadores de la salud por parte de los organismos de seguridad.

De acuerdo con la información conocida tras celebrarse la audiencia, el jefe del servicio de Neonatología, Dr. Harry Sánchez; las médicas residentes Belmary Ciro y Nohelia Solórzano; y las enfermeras Yusmary García y Yellimar Neira quedaron bajo medidas cautelares. A todos se les impuso un régimen de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y presentación de fiadores.

Por su parte, Maribel Pérez y Loida Zapata, licenciadas en enfermería adscritas al área de neonatología, recibieron libertad plena. Además, las autoridades también libraron una orden de aprehensión contra el médico Frank Colina Núñez, cirujano de manos, publicó El Pitazo.

Este caso pone bajo la lupa las condiciones en las que funciona el servicio de neonatología del Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas, donde la escasez de equipos especializados en centro asistencial obligó al equipo de guardia a improvisar una herramienta térmica con bombillos comunes.

Un accidente por falta de equipos especializados

Según la documentación consignada por el Colegio de Enfermería ante la Fiscalía, el caso que desencadenó las detenciones corresponde a un bebé recién nacido que ingresó a la unidad de cuidados intensivos neonatalaes el pasado 15 de julio, procedente de un quirófano y con cerca de 35 semanas de gestación.

El gremio indicó que el paciente presentaba síndrome de dificultad respiratoria del prematuro y sepsis neonatal temprana, con un hemocultivo que reportó Klebsiella spp. Los trabajadores de la salud explicaron que la infección había ocasionado complicaciones en las extremidades del bebé, incluyendo necrosis en algunos dedos.

Para el 29 de julio, debido a la necesitad de mantener al recién nacido bajo una fuente de calor y la falta de lámparas térmicas disponibles en la unidad, se habría utilizado una lámpara artesanal. Según el Colegio, el bombillo del artefacto se desprendió accidentalmente y cayó sobre el recién nacido, ocasionándole quemaduras en el rostro y las manos.

Exigencias de respeto al debido proceso

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría — Filial Barinas publicó un comunicado oficial el 16 de agosto en el cual expresó su “profunda consternación y la más sincera solidaridad con la familia del recién nacido en estos momentos de alta vulnerabilidad”. En el documento, la junta directiva de la sociedad médica reiteró “la solvencia idónea, la rectitud y la calidad humana y profesional del Dr. Harry Sánchez, así como del equipo de salud involucrado”.

Asimismo, el gremio instó a las autoridades competentes a llevar a cabo las investigaciones “con apego irrestricto al debido proceso, la presunción de inocencia y el rigor técnico-científico que amerita el análisis de un hecho fortuito o accidente médico”.

Por su parte, el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Barinas coincidió en que el accidente, donde el neonato quedó con quemaduras en su rostro y en una de sus manos, debe ser investigado, pero no puede analizarse de manera aislada de las condiciones estructurales y operativas en las que trabaja el personal sanitario en este hospital.

Solo tres enfermeras cuidan 12 neonatos

El gremio expuso el déficit de personal en el servicio de neonatología del hospital. En su denuncia, para el momento del accidente había 12 recién nacidos en la unidad y solo tres enfermeras de turno. La enfermera encargada del área donde se encontraba el bebé que sufrió el accidente tenía bajo su responsabilidad a tres recién nacidos más.

La organización consideró que la relación entre la cantidad de pacientes y el personal disponible representa una sobrecarga laboral que aumenta los riesgos “en un servicio que requiere vigilancia permanente y cuidados especializados”.

“Un profesional exhausto y desbordado en su capacidad humana de atención está expuesto a un entorno de alto riesgo (…) “Mientras un solo enfermero o enfermera debe multiplicarse para atender una demanda de pacientes que desborda por completo la capacidad humana y técnica del servicio, se les exige una infalibilidad imposible en un sistema colapsado”, sostuvo el Colegio de Enfermería de Barinas.

Esa carga laboral, añadió el Colegio, genera fatiga y expone al personal a escenarios críticos, por lo que la organización reclamó que las autoridades asuman las deficiencias que afectan las condiciones de trabajo.

Rechazan la criminalización de la profesión

Trabajadores de la salud protestaron el lunes 16 de agosto a las puertas del Circuito Judicial Penal de Barinas, para rechazar la detención de todos los especialistas.

De acuerdo con La Nación, la defensa de los detenidos señaló que la elaboración del artefacto improvisado contó incluso con la colaboración del padre del neonato, “ante la imposibilidad de contar con una incubadora operativa”. No obstante, la falla de la lámpara casera provocó una lesión en el recién nacido.

La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Barinas, Yanny González; y el asesor legal de la institución, Luis Alberto Pérez Pérez, rechazaron la criminalización del ejercicio profesional, señalando que los trabajadores de la salud actuaron para salvar la vida del bebé incluso con las limitaciones de materiales en la red pública.

A su vez, la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería exigió al Estado respetar los derechos laborales, garantizando “condiciones de trabajo dignas, salarios justos y el cese de cualquier forma de amedrentamiento, persecución o criminalización contra los profesionales que alzan su voz por un sistema de salud eficiente”.

También, la organización instó a garantizar la dotación “urgente y suficiente de insumos médicos”, equipos de protección y medicamentos en los centros de salud del estado Barinas “para salvaguardar tanto la vida de los pacientes como la del personal”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | Caso Convit presiona a la justicia venezolana

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La detención de funcionarios judiciales tras decisiones que favorecieron al llamado clan Convit vuelve a poner bajo escrutinio la independencia de la justicia venezolana, según reportó Transparencia Venezuela el pasado 19 de agosto. El episodio ocurre sobre una estructura marcada desde el gobierno de Hugo Chávez por la provisionalidad de buena parte de los jueces y por casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida en diciembre de 2009 después de otorgar libertad condicional al empresario Eligio Cedeño.

Desde entonces, durante la gestión de Nicolás Maduro, las denuncias sobre presiones, remociones y falta de independencia judicial se han mantenido, y ahora, bajo el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, un nuevo expediente vuelve a poner a los jueces en el centro de la discusión.

A continuación, se enumeran las claves del caso:

El sobreseimiento que favoreció al clan Convit

El 14 de mayo de 2026, la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada sobreseyó el proceso contra Ana Graciela Convit Guruceaga, hermana de Francisco Convit, bajo el argumento de una “atipicidad objetiva absoluta”.

Aunque el contenido completo de la decisión no ha sido difundido, fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela señalaron que la causa estaba relacionada con la trama Pdvsa-Cripto, en la que funcionarios y empresarios fueron señalados por operaciones de comercialización de crudo venezolano cuyos fondos no habrían ingresado a las cuentas de Pdvsa.

Semanas después, la defensa pidió extender el sobreseimiento a Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos. La misma Sala atendió la solicitud.

Jueces y un abogado fueron detenidos

Las decisiones judiciales tuvieron consecuencias para quienes participaron en ellas. Según fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela, el juez ponente Rafael Osío fue detenido por agentes del Sebin.

También habrían sido detenidos el magistrado Orlando Carvajal, quien votó a favor de los dictámenes, y Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Carmen Marisela Castro.

El abogado Daniel Hernández Sarmiento, defensor del clan Convit y antiguo fiscal del Ministerio Público, también habría sido detenido. El magistrado Heriberto Antonio Peña, quien salvó su voto, fue removido de su cargo.

Una decisión cuestionada por la ausencia de la imputada

Una de las principales irregularidades reveladas está en la representación de Ana Graciela Convit. El fallo 338-26, difundido parcialmente por el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público Zair Mundaray, señala que el poder utilizado por su abogado provenía de una notaría pública de Florida, Estados Unidos.

El dato resulta relevante porque indicaría que la imputada se encontraba fuera de Venezuela y no estaba a derecho. La Constitución reconoce el derecho de toda persona a ser oída en cualquier proceso y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que los procesos penales deben paralizarse cuando un imputado se encuentra ausente.

Esa fue precisamente la razón por la que Heriberto Peña habría salvado su voto. La decisión de removerlo, pese a esa posición, es otro de los puntos que quedan abiertos en el expediente.

Los fiscales no habrían sido convocados

Los extractos conocidos de las decisiones indican que los sobreseimientos fueron dictados de oficio, sin que los fiscales del Ministerio Público fueran convocados a una audiencia oral y pública para presentar sus argumentos.

Tampoco los dictámenes aparecen publicados en el sitio web del Poder Judicial, según constató Transparencia Venezuela. La falta de acceso al contenido íntegro impide conocer con precisión cuáles fueron las razones utilizadas por la Corte para cerrar las causas.

El expediente trasciende las fronteras venezolanas

El caso adquiere mayor relevancia porque un sobreseimiento dictado en Venezuela puede ser utilizado por personas investigadas en otros países para sostener que no existe un delito precedente que permita acusarlas por legitimación de capitales.

Eso ocurrió con Alejandro Betancourt López, socio de Francisco Convit. En marzo de 2026, un tribunal español archivó una investigación por presunto blanqueo de capitales después de que su defensa presentara un sobreseimiento dictado en Caracas.

El cierre, sin embargo, no fue definitivo. En junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ordenó reabrir la investigación contra Betancourt, relacionada con presuntos fondos provenientes de un desfalco a Pdvsa estimado en 4 850 millones de dólares.

Quiénes aparecen vinculados al expediente

Francisco Convit Guruceaga está relacionado con Derwick Associates, empresa que recibió contratos millonarios del Estado venezolano durante la crisis eléctrica de 2009. También ha sido señalado en investigaciones internacionales por hechos relacionados con corrupción y legitimación de capitales.

Ana Graciela Convit es su hermana; Patricia Ferrando, su esposa; mientras que Jacinto Convit Ríos y Gonzalo Mendoza Guruceaga aparecen como familiares y accionistas de empresas registradas en Venezuela y Panamá, según la investigación de Transparencia Venezuela.

Mario Iliopoulos, propietario de la empresa naviera Seajets, también figura entre los beneficiados por los sobreseimientos. El Ministerio Público venezolano lo vinculó con operaciones de comercialización de crudo que, según la acusación, no fueron cobradas por Pdvsa.

Una justicia que vuelve a quedar bajo examen

El caso Convit no solo plantea dudas sobre la forma en que fueron cerradas determinadas investigaciones. También vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre independencia judicial, estabilidad de los jueces y poder político en Venezuela.

Y fuera del país, las consecuencias pueden ser todavía mayores: cada decisión cuestionada de un tribunal venezolano puede terminar convertida en una pieza utilizada para cerrar —o intentar cerrar— investigaciones sobre corrupción y blanqueo de capitales en otros sistemas judiciales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Linda Loaiza: “No es posible la ausencia de justicia luego de 25 años”

Un cuarto de siglo ha pasado desde que la abogada venezolana Linda Loaiza fue víctima de secuestro y tortura y según ella hasta ahora no habido justicia y mucho menos reparación. 

Loaiza fue una de las invitadas de este martes 18 de agosto a La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual.

La defensora de derechos humanos aspira que luego de 25 años el Estado venezolano procese a  Luis Antonio Carrera Almoina por los delitos que cometió y que no lo siga favoreciendo.

“Una de las medidas otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de condenar al Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos en mi contra y en contra de mi familia es que se investigue a ese ciudadano”, dijo Loaiza al panel conformado por Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes.  

Loaiza acusó en 2001 a Carrera Almoina de haberla secuestrado en un apartamento de los Palos Grandes en Caracas durante cuatro meses en los cuales fue abusada sexualmente, mutilada, agredida y torturada.

Después de ser absuelto en una primera instancia, Carrera Almoina fue condenado en 2008 a seis años y un mes de prisión por los delitos de lesiones graves y privación ilegitima de libertad, pero no calificaron los delitos de violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.   

“Cabe destacar que hasta el momento lo más urgente es la búsqueda y captura del ciudadano Carrera Almoina. Sin embargo, no hay mayores evidencias de que la búsqueda se esté realizando. No he visto voluntad de las autoridades”, comentó Loaiza.

La abogada aseguró que Carrera Almoina está en libertad plena y puede incluso salir del país 

Yo desconozco donde está, de hecho la juez en la audiencia dijo que su paradero era desconocido. El sistema de justicia lo ha favorecido en todos los procesos judiciales que ha tenido”, agregó.  

Loaiza manifestó que la propia CIDH dictaminó que el Estado había fallado en materia de prevención y sanciones a torturadores, además es responsable por la violacion a sus derechos, integridad, libertad y garantías judiciales.  

Amaya añadió que el Estado venezolano fue señalado de cómplice y negligente.  

Fue la primera sentencia que condena al Estado venezolano por violencia de género. Para mí ha sido muy difícil enfrentar este sistema de justicia, no es posible que una víctima tenga que acudir 25 años a los tribunales y no encuentre respuesta”, aseveró.

Devoe defendió al Estado

Loaiza informó que el actual fiscal general de la República, Larry Devoe, fue el encargado de defender al Estado en el proceso que transcurrió en la CIDH.

“El se allanó, es decir, jurídicamente reconoció de manera parcial la responsabilidad del Estado. Reconoció las violaciones a derechos humanos, sin embargo, a pesar de esas disculpas públicas que él ofreció tanto a mi familia como a mí no ha pasado nada”, dijo Loaiza. 

La abogada señaló que desde 2016 a 2023, un Tribunal de Control y una Corte de Apelaciones, ambas del área metropolitana de Caracas, se rotaban su expediente y no tomaban una decisión al respecto.

“Después de reiteradas solicitudes ante el Ministerio Público, a principios del mes de julio de este año aprobaron una orden de captura contra Carrera Almoina. Sin embargo, esta fue guardada en un expediente. Los encargados de realizar la captura no fueron notificados. Me convocaron a una audiencia en la Corte de Apelaciones este 11 de agosto, la cual no se realizó porque el día anterior fue que le pusieron un defensor público al acusado. Además, la audiencia no se podía celebrar sin la presencia de este”.

Loaiza dijo que un primer paso para resarcirse con las víctimas sería la aprehensión de personas como Carrera Almoina.

“Hasta el año 2006 que hice el conteo, a mi expediente lo habían revisado más de cien jueces y más de diez fiscales del Ministerio Público”. 

La abogada señaló que en vez de reparar, el Estado venezolano la ha revictimizado.

“He sufrido amenazas, tuve un atentado justo después de salir de una audiencia de juicio con destino a mi casa y gozaba de una medida de protección que no se cumplía, hice una huelga de hambre en el año 2004 frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La sociedad cómplice de alguna manera ha permitido que en este caso el acusado y su familia sean beneficiados y siga reinando la impunidad”, dijo Loaiza.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Cómo se vive luego de ser voluntario en los sismos del 24J

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Luego del doble terremoto del 24 de junio, cientos de individuos dejaron sus actividades cotidianas para sumarse a la respuesta. Cargaron alimentos y medicamentos, recorrieron las zonas afectadas, acompañaron a familias y atendieron necesidades mientras la emergencia seguía abierta. Semanas después, algunos regresaron a sus trabajos y rutinas; otros todavía mantienen vínculos con las comunidades afectadas.

Voluntarios que participaron en estas labores contaron a Runrun.es cómo vivieron aquellos días, qué cambió en sus vidas después de ponerse al servicio de otros y por qué, aunque la emergencia dejó de ocupar el centro de atención de muchos, para ellos todavía no ha terminado.

De una pregunta a un equipo de más de 100 voluntarios

Betzabet Pérez, de 29 años, trabaja como coordinadora de formación pastoral en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Estudió Teología y mantiene su trabajo vinculado con proyectos educativos. 

Pérez, quien actuó inicialmente como voluntaria independiente, comenzó a movilizar ayuda hacia las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. Lo que empezó con unas pocas personas fue creciendo rápidamente. “¿Qué hacemos?” dejó de ser una pregunta entre amigos y se convirtió en el punto de partida para organizar una red de voluntarios.

A los dos días, el equipo ya superaba las 100 personas. Pérez comenzó entonces a asumir una tarea distinta: coordinar. Había que determinar qué se necesitaba, qué podía conseguirse y cómo hacer llegar los insumos hasta quienes los requerían. La respuesta crecía al mismo tiempo que las necesidades y exigía confiar en personas que, en muchos casos, ni siquiera se conocían.

Esa confianza entre desconocidos es uno de los aspectos que más recuerda. La emergencia consiguió que personas sin vínculos previos se organizaran alrededor de una misma tarea y que incluso aparecieran ayudas inesperadas. Mientras unos conseguían insumos, otros los trasladaban, armaban kits o se encargaban de distribuirlos.

El ritmo terminó pasando factura. Pérez cuenta que durante las primeras tres semanas prácticamente no durmió. Las jornadas de distribución terminaban con el cuerpo agotado y el regreso a casa apenas significaba una pausa antes de volver a empezar. El cansancio se acumulaba mientras la necesidad de mantener la ayuda no desaparecía.

Con el tiempo, cada voluntario comenzó a regresar a su rutina. Pérez también tuvo que hacerlo, pero la vuelta a la normalidad no significó que aquella experiencia quedara atrás. Después de haber coordinado a más de un centenar de personas y haber pasado semanas sosteniendo la respuesta, todavía piensa en regresar.

Porque para ella la ayuda no terminó exactamente cuando los equipos dejaron de moverse. La pregunta de aquella noche encontró una respuesta en la acción, pero también dejó una inquietud: volver.

Erinson Bustamante, psicólogo y cofundador de PsicoEscena, una iniciativa que combina herramientas de la psicología, la expresión teatral y espacios de acompañamiento emocional, también fue llamado para sumarse a la atención de la emergencia en La Guaira

Su experiencia le permitió observar de cerca cómo la emergencia también impactaba a quienes llegaron para ayudar. La exposición al dolor, la incertidumbre y la destrucción no desaparecía para quien estaba del otro lado de la respuesta. “Hay un tema de conexión humana que es inevitable y que afecta. Todo realmente ha cambiado para algunas personas y allí hay mucha indefensión, pero justamente por una sensación real y natural de inseguridad, de desprotección y de abandono”.

Aunque salió del terreno después de casi tres días, Bustamante no se desvinculó de la emergencia. Desde entonces ha continuado acompañando procesos de apoyo emocional en línea, una forma distinta de permanecer cerca de quienes siguen lidiando con las consecuencias del terremoto.

 “Hay gente que nos necesita porque hay una ausencia del Estado”

Mariandreina Montilla, de 29 años, integrante de Voto Joven y de la Alianza de Mujeres Políticas, ya contaba con una amplia red de voluntarios cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio. Esa red se convirtió en una herramienta para canalizar la ayuda durante las primeras horas de la emergencia, cuando las solicitudes comenzaron a llegar desde distintos puntos y todavía era difícil dimensionar todo lo que hacía falta.

Las primeras 72 horas fueron especialmente complejas. Montilla tuvo que intentar sostener su vida personal al mismo tiempo que respondía a los mensajes y coordinaba a quienes querían colaborar con las personas afectadas. Desde el primer día estuvo activa, aunque durante las primeras horas no pudo movilizarse físicamente hasta las zonas afectadas. Su papel fue otro: articular, conectar y conseguir que la ayuda encontrara un camino.

“Me tocó ser un puente”, resume al describir aquellas jornadas.

La coordinación la llevó a integrarse con otras compañeras. Entre llamadas y mensajes, organizó, contactó, acomodó y volvió a coordinar. La red de voluntarios permitió que distintas necesidades fueran atendidas mientras ella funcionaba como enlace entre quienes pedían ayuda y quienes la podrían ofrecer. 

Pero en medio de ese ejercicio ocurrió algo más. Al revisar las necesidades que llegaban, Montilla comenzó a observar la emergencia desde una perspectiva de género. Las prioridades no eran iguales para todas las personas y esa mirada terminó incorporándose a la forma en que ella y otras mujeres organizaron la respuesta.

La experiencia también modificó su percepción sobre la duración de la emergencia. Montilla comprendió que las consecuencias del doble terremoto no desaparecerían después de los primeros días ni cuando dejara de ocupar los titulares. “Esto iba a ser una realidad que atravesaría a la gente por un par de años al menos”, entendió.

Por eso, para ella, la respuesta no podía limitarse a las primeras horas. Había que sostener las redes creadas durante la emergencia y mantener la capacidad de ayudar cuando las necesidades fueran cambiando.

En esa continuidad encontró también una explicación para el papel que asumieron los voluntarios. “Hay gente que nos necesita porque hay una ausencia del Estado”, afirma. Y frente a esa ausencia, su apuesta está en la organización comunitaria: “Nosotras y nosotros nos podemos ayudar, aunque pueda ser agotador”.

Juan Vega, médico cirujano y voluntario de la Cruz Roja Venezolana, subraya que el esfuerzo de una emergencia no afecta de la misma manera a alguien acostumbrado a trabajar en rescates que a una persona que se incorpora por primera vez como voluntaria independiente. La exposición al esfuerzo físico, el calor, la falta de descanso y la tensión puede generar consecuencias que no necesariamente aparecen durante la jornada.

“Todo eso puede traer consecuencias si el cuerpo no está acostumbrado, y más si nunca has estado en zonas o situaciones de rescate. La diferencia también está en la preparación: quienes tienen experiencia en este tipo de escenarios conocen mejor sus límites y las exigencias que enfrentarán”, revela.

Vega recomienda que quienes participaron en jornadas de este tipo mantengan controles y exámenes regulares, incluso después de regresar a su rutina. “El cuerpo reacciona al tiempo, no en el momento”, advierte, porque la adrenalina propia de una emergencia puede hacer que el desgaste pase inadvertido mientras la persona todavía está concentrada en ayudar.

La solidaridad también alcanza a quienes ayudan

Desde Acción Solidaria, Kenny Antor, de 33 años, acompañó la respuesta al doble terremoto del 24 de junio en coordinación con el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas (GREMCA), una organización de rescatistas con más de 40 años de experiencia. Mientras los equipos de rescate se desplegaban en las zonas afectadas, Acción Solidaria puso a disposición sus capacidades para respaldarlos: levantó recursos, habilitó un centro de acopio y gestionó donaciones de medicamentos e insumos.

Pero al mirar de cerca a quienes estaban en primera línea, Antor encontró algo que suele quedar fuera de las imágenes de una emergencia: el cansancio.

“Lo natural es el agotamiento”, dice. Los integrantes de GREMCA llegaron a turnarse cada 12 horas para rotar los equipos que participaban en la excavación y remoción de escombros. El esfuerzo físico era apenas una parte del desgaste. También estaba la carga de enfrentarse, durante horas, a la posibilidad de encontrar a alguien con vida y tener que aceptar que no siempre llegarían a tiempo.

Antor recuerda el relato de una rescatista que detectó que una persona seguía viva entre los escombros. El equipo trabajó para llegar hasta ella, pero cuando finalmente logró acceder al lugar, ya había fallecido.

“Hay un tema de conexión humana que es inevitable”, explica. La preparación y experiencia de los rescatistas no impiden que situaciones como esa tengan un impacto emocional. Detrás del uniforme y de la capacitación hay personas que deben procesar lo que encuentran mientras continúan trabajando.

Las primeras dos semanas fueron especialmente tensas. A la exigencia física se sumaron el estrés, la preocupación, la incertidumbre y la conmoción de comenzar a dimensionar la magnitud del desastre. Ese impacto tampoco se limitó a quienes removían escombros. Los equipos que trabajaban desde los centros de acopio y coordinaban la ayuda también acumularon cansancio.

Por eso Antor retoma una pregunta que Acción Solidaria ya había planteado en investigaciones anteriores: “¿Quién cuida a los cuidadores?”.

La respuesta, en este caso, también estuvo en la propia red de solidaridad. Personas que se acercaron a donar, colaborar y acompañar terminaron sosteniendo no solo a quienes habían sido afectados por el terremoto, sino también a quienes llevaban días trabajando para responder a sus necesidades. Ese acompañamiento continúa mientras algunos voluntarios y organizaciones siguen pendientes de la emergencia.

Para él, además, ayudar no significó necesariamente estar en primera línea. La vocación de servicio llevó a muchas personas hacia La Guaira, pero la respuesta también exigía reconocer qué podía hacer cada organización y dónde podía ser más útil.

“¿Cuál es nuestro rol en este proceso? ¿Qué sabemos hacer, qué hacemos bien y qué podemos hacer?”, fueron las preguntas que se plantearon en Acción Solidaria. La organización decidió concentrarse en lo que sabía hacer: levantar recursos, identificar necesidades de centros de salud y hospitales y canalizar medicamentos, alimentos, kits de higiene e insumos hacia las organizaciones que estaban desplegadas en el terreno.

En menos de tres días, lograron habilitar un almacén con más de 60 paletas y unas 30 toneladas de insumos. La operación continuó cuando comenzó a disminuir la presencia de organizaciones en las zonas afectadas.

La situación no terminó cuando dejaron de aparecer imágenes de rescates. “Esto no se acaba con una semana después del terremoto”, cuenta Antor. Las necesidades permanecerán durante años y la reconstrucción será lenta, por lo que la respuesta tendrá que sostenerse más allá de la primera etapa.

Cuando el cuerpo vuelve, pero la mente se queda

Emmanuel Briceño, de 25 años, activista comunitario y director ejecutivo de Caracas Construye Soluciones, regresó a Caracas después de continuar en La Guaira con censos casa a casa y la entrega focalizada de insumos. Semanas después de los sismos, encontró una emergencia distinta: menos visible, pero todavía presente en las comunidades.

“La emergencia no termina cuando se van los reflectores; apenas comienza la verdadera prueba de resistencia humana”, cuenta. Durante una jornada de distribución, el calor, el cansancio acumulado y la presión de administrar recursos limitados le hicieron reconocer que quienes ayudan también están expuestos a las mismas condiciones que quienes atienden.

“No eres una máquina; eres solo un ser humano intentando sostener a otros seres humanos mientras el suelo bajo tus pies también tiembla”, recuerda.

El regreso tampoco significó desconectarse. Ya en Caracas, Briceño describe una transición abrupta entre la adrenalina del terreno y la tranquilidad de su casa: “El cuerpo apaga el modo emergencia, pero la mente se queda allá”. Para él, esa permanencia es parte de lo que significa continuar siendo voluntario cuando el furor de las primeras semanas se ha desvanecido.

Susana Raffalli, asesora de Cáritas Venezuela y especialista en gestión de emergencias, coloca esa experiencia dentro de una premisa que suele olvidarse cuando se habla de respuesta humanitaria: “La persona que se moviliza para ayudar también forma parte de la respuesta humanitaria y, por tanto, necesita ser cuidada: no podemos pedirle que sostenga una emergencia durante días y después asumir que, cuando sale del terreno, ya no necesita acompañamiento”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 20 de agosto: Preso político fue detenido cuatro días después de ser excarcelado

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 20 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Sixto José Salamanca fue detenido solo cuatro días después de haber sido excarcelado de El Rodeo III, de acuerdo a organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela.

Familiares de Salamanca informaron que la nueva aprehensión ocurrió en un punto de control de Cúpira, estado Miranda, pasadas las 12:00 del mediodía, cuando se desplazaba junto a su esposa en transporte público.

Recién salido del horno: otras noticias

Venezuela fue el segundo país con más deportaciones en EEUU durante junio

PUD suma 105 excarcelaciones desde el 14 de agosto mientras ONG avanzan en la verificación de casos

Fallas en los suelos y drenajes aumentan la vulnerabilidad de Caracas ante las lluvias

Industria venezolana pierde 44 % de sus horas por apagones

Empresas Polar extiende su apoyo tras los sismos

Colombia y Venezuela tendrán una relación tutelada 

Dólar/Euro BCV

La cita

“nosotros nunca hemos podido verificar las cantidades de presos políticos que son anunciadas de forma oficial. Siempre hay una enorme brecha entre el anuncio y la realidad que nosotros logramos constatar”, Martha Tineo, directora de la ong Justicia, Encuentro y Perdón

Lo que rompe en redes

El Saime informó que no hace falta llevar una hoja impresa a sus sedes.

Azuquita pa’l café

El FC Barcelona presentó oficialmente este miércoles el fichaje de Rodrigo Hernández “Rodri”, reciente campeón mundial con España. 

La ñapa (recomendamos…)

Para el próximo jueves 27 de agosto está pautada el estreno de Coyote vs Acme.