Desde enero de 2026 se han multiplicado las protestas en el país, bien por la libertad de los presos políticos, bien por los servicios públicos. En ese lapso, igualmente, el sector laboral (personal de la salud, maestros, empleados de las industrias básicas y trabajadores públicos) se consolidó como el principal dinamizador de las calles en Venezuela.
Se cuantifican hasta el 1 de octubre más de 4000 protestas en el territorio nacional, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Esta institución identifica el fenómeno de las «protestas combinadas» y resalta que más del 60 % de las manifestaciones son de este tipo. ¿Qué quiere decir esto? que, en una misma protesta laboral por salarios dignos, los trabajadores incorporan también, de forma simultánea, exigencias por el colapso de los servicios públicos (como la crisis eléctrica, del agua y del transporte) junto con demandas por derechos políticos.
En ese contexto, el martes 13 de octubre una numerosa movilización convocada por el Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto (CNTC) avanzó hasta las cercanías de la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Y una vez más el chavismo, siendo chavismo, mandó a sus funcionarios policiales a bloquear el paso hacia la avenida Urdaneta. Aun así, los trabajadores entregaron un documento con más de 50 000 firmas en el que se exigen cambios en la política laboral del régimen.
La mesa de diálogo y su (distante) agenda
Estos niveles de conflictividad social no deben ser ignorados por la instancia de negociaciones instalada formalmente el pasado 6 de agosto de 2026 en Caracas. Como sabemos, esta reúne a la Asamblea Nacional de 2015, representada por Dinorah Figuera, y al parlamento actual, electo en 2025 y presidido por Jorge Rodríguez. Se denomina oficialmente Mesa de Diálogo o Mesa de Trabajo/Conversaciones para la Reconciliación Política y la Transición Democrática.
Por cierto, ambas instancias, cuestionadas dentro y fuera del país por su carencia de legalidad y legitimidad, asumieron ese rol bajo el protectorado que ejerce EE. UU. sobre nuestra nación. Tienen entonces el aval de procónsules para conducir, paradójicamente, el proceso de transición a la democracia, violentada por 27 años combinados de autoritarismo y dictadura.
En consecuencia, han aprobado una agenda general y un ciclo formal de reuniones extendido hasta finales de este año 2026. Se estima que este proceso de diálogo (que comprende originalmente de cuatro a cinco ciclos adicionales de negociación) culminará una fase central con un paquete de grandes anuncios e hitos de transición formal programados para enero de 2027.
Cuando identificamos los temas designados como prioritarios por esta instancia, constatamos su verdadero propósito: 1) reinstitucionalización y poder judicial; 2) garantías electorales y reforma del CNE; 3) libertades civiles y derechos políticos, y 4) emergencia humanitaria y social. En ningún espacio de la agenda se habla del tema laboral y salarial.
En definitiva, es un temario estrictamente concentrado en temas institucionales, judiciales y electorales (como la renovación del TSJ y las garantías civiles). Por esta razón, distintos sindicatos y gremios venezolanos denuncian que la mesa política ha avanzado sin dar respuestas concretas a los trabajadores. Y exigen formalmente que se vincule, como debe ser, la discusión política con la crisis social y salarial del país.
Las cifras de la tragedia
Por otra parte, las cifras que se presentan a continuación son lapidarias sobre el drama social que día a día sufre la población venezolana: el 56 % se encuentra en pobreza extrema; el 40 %, en inseguridad alimentaria moderada o grave; 7,9 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, y al 11,7 % de los menores de cinco años se les diagnostica retraso en el crecimiento. Fuente: Comisión Europea (2026), ONU (2026).
Si agregamos a este cuadro dramático la condición de más de 9 millones de venezolanos de la diáspora, en situación de indefensión y bajo amenaza de deportación por parte de gobiernos de la región andina y de EE. UU., no se vislumbra otro panorama que la incertidumbre para una nación en ruinas. Y esto es literal: a la ruina de 27 años de chavismo se sumó la causada por el doblete sísmico del 24 de junio. Aún se cuentan los muertos, aunque las cifras oficiales apuntan a más de 6000 fallecidos, miles de desaparecidos y otros miles sin hogar.
El salario, fuera de la mesa política
En lugar de abordar la tragedia, el régimen usurpador remite las discusiones salariales a la Mesa de Diálogo y Consensos Laborales, en la que participan el Ejecutivo, la directiva de Fedecámaras y las centrales sindicales ASI y CTV. Es un escenario en el que el poder impone, con la complacencia sindical, una infame política laboral de destrucción del salario bajo el concepto de ingreso. Y se mantiene, para variar, la suspensión indefinida de los convenios colectivos y de la legislación laboral integral.
Si bien es cierto que el país necesita su reinstitucionalización política, igualmente la agenda social debe considerarse prioritaria por la precariedad humana que sufre toda la población venezolana. Darle la espalda a la crisis humanitaria es la antesala de explosiones sociales, cuyas señales ya resaltan en ciudades y barrios de nuestro maltratado país a lo largo del siglo XXI.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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