El miembro de la Dirección Nacional del partido Vente Venezuela, Omar González Moreno, no sabe cuándo va a volver al país la líder política María Corina Machado, pero está seguro que será en poco tiempo.
El periodista y dirigente político dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, que la presencia de la ganadora del premio Nobel de la Paz puede adelantar unas eventuales elecciones presidenciales.
“Los venezolanos saben que María Corina va a regresar a Venezuela y promoverá lo que se va a conocer como un gran acuerdo nacional, para que el país tenga una solución pacífica y civilizada a los problemas que vive”, indicó González.
En el espacio semanal donde estuvieron César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, González aseguró que luego de la llegada de Machado a Venezuela todo cambiará para mejor.
“Y no descarto que se potencie un proceso electoral porque cuando un pueblo se decide a cambiar no hay nada que lo detenga y así quedó demostrado el 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se robó los comicios presidenciales”, aseveró el periodista.
Sin especificar de quienes se trataba, González expuso que “fuerzas oscuras” han impedido por vía aérea y marítima el retorno de Machado a su nación natal
Batiz informó que desde su salida de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el premio Nobel en Noruega, a Machado se le ha impedido el acceso al país en siete oportunidades.
“En las próximas horas el Senado de Estados Unidos discutirá varios puntos y entre uno de ellos está la necesidad de retorno de María Corina a Venezuela, así como el diseño un cronograma electoral”, dijo González.
Una mesa inconsulta
González calificó como un irrespeto al acuerdo suscrito en Panamá por Machado y sectores de la oposición venezolana, el establecimiento de una mesa de negociaciones entre la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y ex diputados de la AN electa en 2015.
“Eso no fue consultado y es una decisión de Voluntad Popular y Primero Justicia, ojalá tengan éxito, pero eso no fue lo que se suscribió en Panamá. Espero que no fracase como ha pasado con los anteriores 17 procesos de diálogo que han sido una pérdida de tiempo”, indicó González.
El dirigente político expresó que conoce a los ex parlamentarios opositores que negocian con el interinato de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, pero dudó que el gobierno de Estados Unidos sepa quienes son.
“En Washington hay dos corrientes respecto a Venezuela, una a la que le interesan solo los negocios y otra que está más comprometida con la democratización y el respeto a los derechos humanos”, sentenció el periodista.
Para González es un despropósito que se haya incluido entre los puntos de la negociación, la recuperación del oro venezolano en Inglaterra antes que la fecha de unas elecciones presidenciales.
“Es otra trampa que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, esté proponiendo comicios regionales y municipales antes de presidenciales, es una treta para ganar tiempo y quedarse en el poder”, sostuvo González.
El periodista indicó que el pueblo venezolano está cansado de tantas vicisitudes luego de nueve meses de la captura de Maduro y Cilia Flores.
“Nadie entiende cómo Delcy Rodríguez se mantiene en el poder, nadie la eligió, es una ilegítima que tiene el repudio de la mayoría de los venezolanos”.
González dijo que hay una creciente ola de preocupación por el giro que está tomando la situación en Venezuela.
“Y eso lo han expresado incluso congresistas republicanos como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Rick Scott, entre otros. Estamos agradecidos con el presidente estadounidense Donald Trump por lo que hizo el 3 de enero, pero ya ha pasado tiempo y la crisis humanitaria ha aumentado”.
González informó que Machado ha expresado su voluntad de negociar una transición pacífica y ordenada con Delcy Rodríguez.
“Y es lo único de lo que pueden hablar, María Corina ya tiene un plan diseñado para Venezuela en los primeros 100 días, está clara en lo que se debe hacer, aquí las estamos esperando”, dijo González.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Venezuela te Ayuda y la Fundación El After de Rawayana convocaron para este viernes 2 de octubre a una jornada abierta y gratuita para honrar a las víctimas del sismo del 24 de junio y acompañar a las familias que aún esperan respuestas.
La iniciativa, denominada “Haz de Luz, Cadena de Oración”, contempla un encuentro abierto y gratuito que se desarrollará simultáneamente en dos puntos:Farmatodo de Playa Grande y Farmatodo de Caraballeda, en el estado La Guaira. La convocatoria está prevista para las 5:00 p.m. y el acto comenzará a las 6:00 p.m., con el mismo programa en ambos lugares.
Uno de los momentos centrales de la actividad será un minuto de silencio a las 6:04 p.m., hora exacta en la que la tierra tembló el pasado 24 de junio. La jornada también contempla una noche de oración y el encendido de columnas de luz a las 6:45 p.m., desde Catia La Mar hasta Tanaguarena. Una coral acompañará la actividad. Los organizadores invitan a los participantes a acudir con una camisa blanca.
Un camino de luz
La convocatoria parte de una realidad que quedó después del terremoto: familias que no tuvieron un velorio, un entierro o un lugar donde llevar una flor para despedir a sus seres queridos, mientras otras continúan esperando información.
La invitación está abierta a personas de todas las creencias y busca que cada familia pueda vivir la noche de acuerdo con sus propias formas de recordar y orar.
Los organizadores plantean que encender una luz no significa cerrar una historia ni dejar atrás a quienes todavía son buscados, sino mantener viva su memoria y acompañar a sus familiares.
A las 6:45 p.m. está previsto el encendido de las columnas de luz que se extenderán desde Catia La Mar hasta Tanaguarena.
La organización plantea este momento como un camino de luz en memoria de quienes murieron en el terremoto, sin asociar las luces a un número específico de víctimas, edificios o estructuras afectadas.
Para más detalles de la actividad, puede visitar la cuenta oficial del evento en Instagram: Haz de Luz
Para entrar en lo que dice el informe más reciente de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela, vale la pena detenerse un momento en cómo se construye, porque eso también es parte de la noticia. La Misión tiene un equipo de investigadores que no trabaja con rumores ni con listas armadas con intención política. Su trabajo es técnico y debe cumplir con estándares de investigación altos. Para este documento realizó 213 entrevistas confidenciales, algunas presenciales y otras remotas, con 121 víctimas (33 a mujeres, 88 a hombres), familiares, testigos, organizaciones venezolanas e internacionales. Cruzó esa información con documentos oficiales, forenses y judiciales, con fotografías, videos y reportes de organizaciones acreditadas, y además con años de expedientes propios acumulados desde informes anteriores, porque la Misión existe desde 2019. Contó además con apoyo forense especializado y con el ecosistema de derechos humanos de la ONU y la OEA.
Expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, 2026. De izq. a der. Alex Neve, Sofía Macher y María Eloisa Quintero.
El estándar que usan para afirmar algo se llama “motivos razonables para creer”, este es un umbral pensado para investigaciones de derechos humanos, más exigente que un simple indicio, aunque más bajo que el que se necesita para una condena penal. Por eso no son un tribunal, pero pueden alimentar a los sistemas de justicia. Y hay un dato que conviene subrayar aparte: el Estado venezolano, pese a las resoluciones del propio Consejo de Derechos Humanos que le piden cooperar, ignoró todas las solicitudes de información que le envió la Misión. Todo lo que van a leer en esta serie fue reconstruido contra la negativa oficial a colaborar. Cuando haya cambios reales en las instituciones de Venezuela, habrá mucha más información disponible.
Con esa base, el primer hallazgo que quiero compartir con ustedes es, para mí, el más importante de todo el informe y el que explica por qué el resto de los casos que vamos a mostrar en esta serie no son hechos aislados del pasado, sino advertencias sobre el presente:
Después del ataque estadounidense del 3 de enero y la captura de Maduro, bajaron las detenciones largas. Hubo excarcelaciones, centenares de ellas, aunque el Estado se ha negado a publicar sus listas o compartirlas con la ONU. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, hizo cambios en el gabinete y en la cúpula militar. Todo eso es cierto y el informe lo reconoce.
Pero la Misión fue más allá de los titulares y revisó, nombre por nombre, quién quedó a cargo de la seguridad y la inteligencia del país. Encontró que al menos 12 personas señaladas en informes anteriores por responsabilidad en violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad ocupan hoy cargos públicos, y que otras 6 que ya estaban en funciones antes del 3 de enero siguen en sus puestos. Entre los nombres que documenta con expedientes específicos están Diosdado Cabello (ministro de Relaciones Interiores, con influencia documentada sobre el SEBIN), Gustavo Enrique González López (nombrado ministro de Defensa tras dirigir el SEBIN y la DGCIM en distintos periodos), Alexander Granko Arteaga (llamado por la prensa “el gran torturador”, hoy en la cúpula de la DGCIM) y Vladimir Padrino López (destituido como ministro de Defensa en marzo, pero reubicado en otro ministerio, sin investigación abierta en su contra).
Aquí es donde el informe pide un cambio de mirada a quienes seguimos la actualidad venezolana día a día. La pregunta más importante no es solamente quién está gobernando hoy, sino quién sigue teniendo el mando operativo sobre los cuerpos que han sido señalados como responsables de desapariciones, torturas y muertes bajo custodia durante más de una década. Y la respuesta para el año 2026, según la Misión, es que en gran medida son las mismas personas. Esto es material que puede servirle a cualquier misión diplomática, inversionista, analista de riesgo y a la sociedad civil, para definir sus próximos análisis y decisiones sobre Venezuela.
Por eso arrancamos esta serie con este hallazgo. Todo lo que vamos a mostrar en los próximos días, las historias de personas concretas que murieron o desaparecieron bajo custodia del Estado, ocurrió dentro de un aparato que, según Naciones Unidas, sigue funcionando con la misma arquitectura de siempre.
@LuisCarlos | Luis Carlos Díaz es periodista y activista de los DD. HH.
Varias organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil exigieron la derogación de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que la presidencia encargada de Delcy Rodríguez remitiera a la Asamblea Nacional una propuesta para reformar parcialmente la norma.
La solicitud fue recibida por el Parlamento el 29 de septiembre. Hasta este jueves 1 de octubre no se conocen públicamente los términos del proyecto de reforma. La Asamblea Nacional confirmó que recibió la comunicación del Ejecutivo para modificar parcialmente la legislación.
En un comunicado fechado el 30 de septiembre en Washington D. C., las organizaciones firmantes señalaron que una modificación parcial no resolvería, a su juicio, los problemas de fondo de una legislación vigente desde noviembre de 2017.
“Ante la propuesta de reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia remitida a la Asamblea Nacional el pasado 29 de septiembre, cuyos términos aún se desconocen, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes reiteramos nuestra exigencia de que esta ley sea derogada”, señalaron.
El documento fue suscritopor el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), Espacio Público, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Acceso a la Justicia, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center.
Su impacto va más allá de lo penal
Las organizaciones sostienen que la ley presenta problemas que van más allá de las sanciones penales. Entre ellos mencionan la amplitud y ambigüedad de las conductas que contempla, las obligaciones impuestas a distintos actores y la posibilidad de aplicar sanciones por períodos prolongados.
“Desde su aprobación en noviembre de 2017, esta ley ha sido cuestionada por su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos”, afirmaron.
Recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado desde la aprobación de la norma su preocupación por sus efectos sobre la libertad de expresión. En 2017, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión cuestionó las figuras consideradas vagas y ambiguas y las facultades otorgadas al Estado sobre medios tradicionales e internet.
En 2022, la Relatoría señaló además que la legislación había sido aplicada de manera selectiva y desproporcionada y reiteró que debía dejarse sin efecto.
Más recientemente, en junio de 2026, la misma oficina volvió a incluir la Ley Contra el Odio entre las normas que, según su evaluación, restringen de manera indebida la libertad de expresión y de prensa en Venezuela.
Una espada de damocles contra la libertad de expresión
Uno de los principales cuestionamientos del comunicado se refiere a las disposiciones que afectan a los medios de comunicación.
Las organizaciones señalan que la legislación prohíbe la difusión de mensajes considerados como propaganda, incitación o apología del odio, pero consideran que la norma no define estos conceptos con suficiente precisión.
“La ley prohíbe a los medios de comunicación difundir mensajes que el Gobierno considere como propaganda, incitación o apología del odio, sin que exista una definición clara sobre lo que entiende como tal. Esto propicia la arbitrariedad y acarrea consecuencias sumamente gravosas”, afirmaron.
Entre las consecuencias previstas por la ley mencionan la revocatoria de concesiones de radio y televisión, el bloqueo de páginas web y la imposición de multas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya había advertido sobre disposiciones similares. En 2017 señaló que la norma imponía obligaciones ambiguas a los medios y otorgaba al Estado facultades para bloquear sitios de internet, revocar licencias de medios audiovisuales y utilizar gratuitamente espacios de radio y televisión para difundir mensajes oficiales.
Las organizaciones también cuestionan la posibilidad de que el Estado intervenga sobre contenidos difundidos en plataformas digitales y medios electrónicos.
Los partidos también seguirían amenazados
El comunicado sostiene que los efectos de la Ley Contra el Odio no se limitan al ámbito de la prensa.
Las organizaciones señalan que la legislación contempla la revocatoria de la inscripción de partidos políticos que realicen actividades o expresen ideas que sean consideradas como incitación al odio. También cuestionan las disposiciones que pueden afectar la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales y personas jurídicas privadas.
A juicio de los firmantes, estas disposiciones se incorporan a un marco normativo más amplio que restringe el derecho a la libertad de asociación y la participación política.
La CIDH también ha documentado preocupaciones sobre el impacto de la Ley Contra el Odio en organizaciones defensoras de derechos humanos y otras voces críticas. En sus informes sobre Venezuela ha señalado que la aplicación de esta normativa ha contribuido a limitar el espacio para la expresión y la participación pública.
Nacida de forma ilegítima y en represión
Otro de los argumentos planteados en el comunicado se refiere al proceso mediante el cual fue aprobada la ley. Los firmantes sostienen que la norma no fue aprobada por la Asamblea Nacional y que su discusión no estuvo acompañada de un proceso de consulta pública con la sociedad civil.
La Relatoría Especial de la CIDH documentó en 2017 que la Ley Contra el Odio fue aprobada por la entonces Asamblea Nacional Constituyente y sancionada sin intervención de la Asamblea Nacional. Cabe recordar que la Constitución contempla que la ANC debió ser convocada por decisión del pueblo en un referendo, y eso no ocurrió.
Las organizaciones recuerdan además que su aprobación ocurrió después de las protestas de 2017 y en el marco de una fuerte represión civil, por lo que consideran que el contexto en el que fue promulgada influyó en el alcance de sus disposiciones.
Piden revisar otras normas
Por las razones antes impuestas, las organizaciones firmantes consideran insuficiente una reforma parcial de la legislación “para resolver los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos que caracterizan a la Ley Contra el Odio”, señalaron.
Además de pedir su derogación, solicitaron revisar otras normas que, según sostienen, forman parte de un marco jurídico represivo que restringe las libertades de expresión, asociación y participación política.
Finalmente, hicieron un llamado a los Estados, organismos multilaterales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para que mantengan la atención sobre la aplicación de estas normas y exhorten al Estado venezolano a derogarlas.
Hasta ahora, la propuesta enviada a la Asamblea Nacional es una reforma parcial y sus contenidos específicos aún no han sido publicados, por lo que no es posible determinar qué disposiciones de la Ley Contra el Odio serían modificadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de construir una base militar en Venezuela.
Antes de abordar un avión en la Casa Blanca este jueves 1 de octubre, el mandatario fue consultado sobre si planea construir una base en Venezuela o Sudamérica.
“Estamos evaluando hacer muchas cosas”, respondió Trump a los periodistas.
También este jueves en una entrevista publicada por Time Magazine, Trump aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es “demasiado pronto” para hacerlo.
“Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde”, dijo el mandatario en la entrevista.
Las declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez en Nueva York con motivo de la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado martes 22 de septiembre.
Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con Rodríguez sobre elecciones, aunque no dio más detalles.
En la entrevista con la publicación estadounidense, el presidente estadounidense reconoció la buena relación con el gobierno de Rodríguez.
“Trabajamos bien juntos. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas estratégicas nacionales”, dijo el mandatario, quien agregó que Estados Unidos está ganando “mucho dinero”, al igual que Venezuela.
Trump ha dicho públicamente, en al menos tres ocasiones, que no es el momento de celebrar elecciones en Venezuela.
La primera fue en enero luego de que fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Nicolas Maduro y a Cilia Flores y la segunda tuvo lugar el mes pasado en la Casa Blanca.
Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, coincido con Trump durante una entrevista en Venevisión.
Figuera explicó que aún no se puede dar una fecha definitiva para las elecciones presidenciales debido a que faltan procesos institucionales.
Afirmó que la prioridad en este momento es estructurar un Consejo Nacional Electoral (CNE) que genere confianza real en la ciudadanía.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El informe En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), documenta cómo la censura en internet, la vigilancia estatal, las filtraciones de datos y la violencia facilitada por tecnologías afectan los derechos fundamentales en la región.
El reporte, que reúne investigaciones de organizaciones de distintos países, analiza incidentes ocurridos durante el período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025.
El informe, elaborado mediante el trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil, busca reunir casos dispersos, identificar patrones y preservar evidencias que puedan contribuir a futuros procesos de justicia y reparación.
De acuerdo con OLAD, el documento no pretende establecer un ranking de países ni realizar comparaciones directas a partir del número de incidentes registrados.
En el caso venezolano, recoge bloqueos de plataformas digitales posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, denuncias de vigilancia contra manifestantes y restricciones que afectaron el acceso a información independiente.
Estos son algunos de los principales hallazgos del documento:
Bloqueos masivos a sitios web
Tras los comicios del 28 de julio de 2024, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó a los proveedores de internet bloquear plataformas como Signal, X, TikTok, Telegram y YouTube. Las restricciones también alcanzaron servicios corporativos y de estadísticas, además de plataformas de entretenimiento.
Según el informe, VE Sin Filtrodocumentó 79 nuevos bloqueos de sitios web entre julio de 2024 y enero de 2025, que se sumaron a otros 89 previamente registrados. Muchos de los dominios afectados correspondían a medios de comunicación independientes.
La censura también alcanzó páginas de servicios VPN, como Proton y Windscribe, utilizadas para intentar eludir restricciones y proteger la privacidad.
Asimismo, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó más de 30 servidores DNS públicos, incluidos los de Google y Cloudflare.
En agosto de 2024, el diario TalCual sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), que dificultó el acceso al medio durante aproximadamente cuatro horas.
Vigilancia digital contra manifestantes y opositores
El documento recoge distintas prácticas de vigilancia registradas en Venezuela durante el proceso electoral de 2024.
VE Sin Filtro identificó mecanismos dirigidos a recopilar información personal, monitorear manifestaciones y revisar dispositivos móviles.
Entre los casos documentados figuran:
–Formularios falsos: Una campaña de phishing dirigida a simpatizantes de la oposición recopilaba datos personales, incluidas direcciones, mediante enlaces difundidos desde cuentas falsas en redes sociales.
–Drones en manifestaciones: Se registró el uso de estos dispositivos para captar imágenes de asistentes, con énfasis en sus rostros. Las fotografías fueron difundidas posteriormente por voceros gubernamentales.
–Revisión de teléfonos: Se documentaron denuncias de operativos policiales en los que los funcionarios exigían desbloquear dispositivos para revisar conversaciones de WhatsApp y buscar términos asociados a figuras opositoras.
–Uso de VenApp: La aplicación estatal, concebida para reportar fallas en servicios públicos, fue utilizada para canalizar denuncias anónimas contra manifestantes mediante fotografías y datos de geolocalización.
Filtraciones expusieron información sensible
El informe identificó filtraciones de datos en 12 países de América Latina, además de incidentes con alcance regional.
Los casos afectaron tanto a organismos públicos como a empresas privadas, instituciones educativas y servicios de salud.
En Venezuela se ofrecieron bases de datos con millones de registros personales en mercados de compraventa ilegal de información
El documento señala que “muchas filtraciones no se originaron en ataques informáticos sofisticados, sino en errores de configuración, controles de acceso deficientes y fallas en la supervisión de proveedores tecnológicos”.
Inteligencia artificial amplificó la desinformación electoral
La difusión de contenidos falsos o engañosos fue otra de las tendencias identificadas durante los procesos electorales celebrados en Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay.
En el caso venezolano, el reporte documentó perfiles de TikTok con apariencia de noticieros que difundieron versiones no verificadas sobre la supuesta detención o fuga del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
La repetición de esos mensajes contribuyó a amplificar la confusión y, posteriormente, fue aprovechada para desacreditar a la prensa independiente.
También, circularon capturas falsas en X que atribuían a María Corina Machado felicitaciones por un supuesto intento de golpe de Estado en Bolivia.
El documento menciona un video manipulado de la dirigente política, Delsa Solórzano, en el que se superpuso una voz generada por IA para hacerle afirmar que Edmundo González “jamás ganó las elecciones”.
El informe advierte que estas prácticas pueden erosionar la confianza en los procesos electorales, afectar la reputación de figuras públicas y dificultar la distinción entre información auténtica y manipulada.
Los ataques dirigidos contra instituciones públicas y empresas se diversificaron, desde el robo de credenciales y la suplantación de identidad hasta el secuestro de información mediante programas maliciosos.
En Venezuela, el informe aborda las interrupciones de conectividad. El 30 de agosto de 2024, un colapso del sistema eléctrico nacional dejó al país sin conexión a internet durante casi 21 horas. Según los datos citados, ocho de cada diez personas quedaron sin acceso a la red.
El documento distingue estos cortes de los bloqueos selectivos de páginas y plataformas. Mientras estos últimos restringen determinados contenidos, los apagones de internet afectan la conectividad y pueden limitar el acceso a servicios de salud, educación e información.
Violencia digital afecta a mujeres y comunidad LGBTIQA+
La violencia de género facilitada por las tecnologías incluye acoso, extorsión sexual, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad y amenazas mediante plataformas digitales.
En Ecuador, la organización Navegando Libres documentó casos relacionados con aplicaciones de préstamos que accedían a los contactos de las víctimas y utilizaban esa información para intimidarlas cuando se retrasaban en los pagos.
El reporte también identificó grupos de Telegram dedicados a difundir contenido íntimo de mujeres, así como ataques contra mujeres en la política mediante imágenes y videos sexuales falsos generados con inteligencia artificial.
El documento expone que las agresiones digitales pueden combinar distintas modalidades y requieren respuestas que incluyan acompañamiento emocional, orientación jurídica y asistencia tecnológica.
Apagones y restricciones de acceso profundizan vulnerabilidad
El informe diferencia tres tipos de interrupciones de internet: las deliberadas, las ocasionadas por otros acontecimientos (como crisis eléctricas) y las derivadas del deterioro progresivo de la infraestructura.
En Venezuela, además del colapso eléctrico de agosto de 2024, se documentó una caída de conectividad que afectó a las operadoras estatales CANTV y Movilnet durante casi dos horas, cuatro días después de las elecciones presidenciales del 28J.
El informe señala que no hubo explicación oficial y que no fue posible confirmar si la interrupción fue intencional.
En Cuba, los problemas de infraestructura, los apagones eléctricos y las restricciones económicas para acceder a paquetes de datos limitaron la conectividad de la población.
“Estas interrupciones no son únicamente problemas técnicos: pueden impedir que las personas busquen y difundan información, accedan a servicios esenciales o se comuniquen durante emergencias”, reza el informe.
Ciberpatrullaje y espionaje digital amplían capacidad de vigilancia
Asimismo, el informe documenta el uso de programas espía, sistemas de reconocimiento facial y herramientas para monitorear las publicaciones e interacciones de las personas en redes sociales.
En México, documentos judiciales revelaron que 456 personas fueron atacadas con el programa Pegasus entre abril y mayo de 2019, según la información recogida por el reporte.
En Ecuador, la Asamblea Nacional inició en diciembre de 2024 un proceso de fiscalización ante denuncias sobre el supuesto uso de este software contra periodistas, opositores y activistas.
En otros países se registraron prácticas de perfilamiento político y ciberpatrullaje. “Estas herramientas permiten clasificar a usuarios según sus posiciones frente al gobierno o monitorear su actividad en línea para identificar posibles objetivos de investigaciones penales”.
El documento advierte sobre la tensión entre la adopción de estas tecnologías y la ausencia de mecanismos suficientes de transparencia, supervisión y rendición de cuentas.
Documentación de ataques es clave para exigir responsabilidades
Uno de los planteamientos centrales de En la mira 2 es que los incidentes digitales no deben analizarse exclusivamente desde una perspectiva técnica.
El documento expone que sus consecuencias dependen también del contexto político, económico y social en el que ocurren.
La conclusión del informe es que la censura, la vigilancia, la exposición de datos personales y la violencia digital tienen consecuencias que van más allá de las pantallas.
“Pueden restringir la libertad de expresión, debilitar la participación pública y aumentar los riesgos para quienes defienden los derechos humanos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Durante un foro virtual organizado por Analítica el pasado 30 de septiembre y conducido por Emilio Figueredo los analistas Fermín Mármol García, Joel García y la periodista de investigación y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, Ronna Rísquez, advirtieron que la militarización y desprofesionalización de los más de 130 cuerpos policiales del país hicieron colapsar el sistema de seguridad, haciendo que el ciudadano le tema más a la policía que a los delincuentes.
A juicio del abogado criminalista Mármol García, la complejidad del mapa de seguridad venezolano no es solo un problema de desorden administrativo, sino un quiebre directo del mandato constitucional que anula la efectividad del Estado frente al delito.
“Es un bochinche institucional… Los preventivos investigan, los que investigan deben ser preventivos y los de seguridad de Estado hacen prevención e investigación, esto realmente colide con el espíritu constituyentista, con la función policial moderna, con la contemporánea; la correcta. Perdemos eficiencia, se solapan las funciones y se desdibuja una estrategia de un Estado moderno”, denunció el especialista
Igualmente, aseguró que Venezuela cuenta con un sistema de Justicia Penal que no comprende las labores de un fiscal del Ministerio Público y de un juez penal, lo que ocasiona que la ciudadanía no crea en sus instituciones y vean estos entes “como parte del problema”.
El miedo al uniforme
Por su parte, el abogado penalista y profesor de la Universidad Santa María, Joel García, centró su intervención en la dramática ruptura de confianza entre la ciudadanía y las autoridades, así como en la urgencia de rescatar la dignidad de la función policial.
“Un ciudadano cuándo ve una alcabala policial, cuando la policía le toca la puerta, cuando ve una comisión policial ¿siente seguridad o siente terror? Indudablemente, la respuesta es que todo ciudadano teme por su integridad y por su seguridad cuando ve a los órganos policiales y eso está muy mal… Cuando el ciudadano le teme más a la policía que al mismo delincuente esta sociedad está totalmente descompuesta”, aseveró García.
Además, instó a sustituir el actual control político-militar de los cuerpos policiales por un modelo civil centrado en la protección ciudadana. Ante esto, remarcó que en una Venezuela distinta, es indispensable trabajar en tres pilares fundamentales: “la depuración, la profesionalización y la dignificación del policía”.
A su juicio, la transformación del sistema no puede limitarsea la exigencia académica o al control ético, sino que debe ir acompañada de un cambio sustancial en la calidad de vida del funcionario.
“para tener funcionarios que no tengan la tentación de corromperse, tenemos que mejorar las condiciones laborales y dignificar a los policías”, expuso
De igual manera, expuso que el sistema judicial venezolano está en deuda con respecto a lo que establece el artículo 272 de la Constitución (apartado que estipula la obligación que tiene el Estado de garantizar un sistema penitenciario enfocado en la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos).
“Estamos lejísimos de llegar a lo que la constitución predica y aspira del sistema de Justicia que debemos tener… Ese sistema debe ser independiente, donde los jueces no le teman al poder, sino que solamente le teman a la constitución y a la ley”, proclamó García
¿CICPC contra “La Piedrita”?
Tras responder qué organismo debería enfrentar al crimen organizado en el país Ronna Rísquez, coordinadora de ARI y periodista de investigación especializada en crimen organizado, violencia y prisiones, abordó las contradicciones tras los anuncios de operaciones conjuntas contra colectivos como “La Piedrita”.
Para la investigadora, atribuirle esta tarea a la policía científica (CICPC) o plantear cooperaciones con el FBI carece de lógica operativa, pues refuerza la distorsión de las funciones y objetivos de los cuerpos de seguridad.
“El CICPC es un cuerpo de investigación encargada de hacer otro tipo de operaciones, al igual que el FBI. Esto no quiere decir que no puedan participar, pero ya está muy claro… No hay que hacer una investigación para saber por qué la piedrita tendría que ser un grupo armado que no debería estar operando en el país”, enfatizó Rísquez.
La especialista recordó que los grupos policiales de élite creados para combatir el delito grave terminaron desvirtuándose. Acotó que estas unidades tácticas (que debieron usarse para erradicar el crimen organizado) terminaron siendo desviadas para ejecutar abusos como perseguir ciudadanos en sectores populares y acosar a la oposición política.
Ante este escenario, Rísquez subrayó que cualquier estrategia seria para desmantelar bandas criminales comienza por una reforma policial profunda y una reinstitucionalización real, donde se redefinan las funciones, la ética y el perfil de los funcionarios que integran los organismos de seguridad.
Apure como espejo:La incapacidad de la FANB frente a la guerrilla
Rísquez señaló que combatir a la guerrilla desborda el alcance policial y le corresponde a la Fuerza Armada como asunto de seguridad nacional.
Asimismo, la periodista rememoró los eventos ocurridos en 2021 durante la denominada “Guerra de Apure”, donde las disidencias de las FARC se enfrentaron a las fuerzas venezolanas e incluso secuestraron a un grupo de militares.
“La Fuerza Armada no pudo doblegar en ese momento a las disidencias de las FARC; si la FANB no pudo con ellos, ¿cómo se va a pensar que eso lo va a hacer un policía?”, cuestionó Rísquez, insistiendo en que el país requiere unidades con formación, finalidad y preparación especializada para encarar la delincuencia de alto nivel.
Seguridad ciudadana
Los especialistas aseguran que para poder tener fuerzas de seguridad que garanticen la protección de la ciudadanía frente a cualquier evento inusual que pueda presentarse es necesario contar con un presidente y/o presidenta que dé importancia a la seguridad ciudadana, para que este punto no quede en segundo o tercer plano.
“Si dices que quieres ser cómo el zorro, como Don Diego de la Vega porque buscas las justicia, eso es totalmente falso, porque sabemos que ni siquiera justicia tenemos en Venezuela y que el aparato judicial no funciona” comentó Joel García
De igual manera, García invitó a cuestionar quiénes realmente deben entrar en el sistema de seguridad ciudadana y que, más allá de pensar en reformas estructurales de leyes, hay que pensar en una reestructuración profunda de todo el ecosistema de policial que protegerá al pueblo.
Mármol García, por su parte, opinó que existen factores que afectaron la forma en la que piensa y actúa el venezolano bajo “esta cultura de la viveza criolla, del facilismo, la autogestión. Por supuesto, el menor esfuerzo posible bajo la cultura de la aduana, la cultura de todo lo importamos”, comentó.
En este mismo orden de ideas, sintetizó que reestructurar el sistema de seguridad requerirá no solo reformas policiales o judiciales, sino un profundo rescate de la cultura ciudadana y la legalidad frente a décadas de permisividad y facilismo.
Ronna Rísquez finalizó explicando que es necesario romper con estructuras sociales y políticas que se tienen en Venezuela para garantizar que los ciudadanos puedan contar con organismos que defiendan y velen por sus derechos humanos.
“Eso tiene que estar en las prioridades de un gobierno que pretenda llevar al país por un rumbo positivo… Y eso es algo que todavía no se está viendo y no puedo entender cómo se puede pensar en una estabilidad si no pensamos en la seguridad como parte de esa estabilidad”, precisó la periodista.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con el slogan “agenda para la reconstrucción”, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela –Fedecámaras -, llevará a cabo su 82 Asamblea Anual en el Eurobuilding Hotel & Suites de Caracas entre el 8 y 9 de octubre de 2026.
Esta actividad estaba inicialmente prevista para realizarse en las ciudades de Acarigua – Araure, estado Portuguesa, pero debido a la contingencia ocasionada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio pasado, el comité organizador decidió trasladar este evento hacia la capital del país.
Durante dos días, los representantes de los gremios afiliados a Fedecamaras de la actividad privada nacional, así como empresarios locales, conocerán de primera mano cuáles son las perspectivas de la economía venezolana, así como el aporte que el sector privado puede ofrecer para contribuir efectivamente con el despegue económico del país.
De la voz de destacados especialistas en los diversos temas que contempla la agenda, los asistentes a esta edición de la asamblea de Fedecamaras debatirán aspectos inherentes a los ámbitos petrolero, tributario y financiero, así como compartir experiencias con respecto a la actuación de las organizaciones gremiales y los multilaterales en la atención de los afectados por el terremoto, y de qué manera visualizan las diversas alianzas que se han suscrito en el marco de tan difícil coyuntura.
Con presencia del Ejecutivo
Altos funcionarios del ejecutivo nacional, en áreas clave como tributos, petróleo, laboral, financiero y reconstrucción, han confirmado su participación como ponentes en los diversos conversatorios programados en el marco de la máxima cumbre empresarial del sector privado nacional.
Asimismo, está previsto un panel dedicado a discutir el plan de impulso estratégico para la expansión productiva y el empleo.
