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El Mañanero del 2 de febrero: Excarcelan a más de 30 presos políticos y otras noticias

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 2 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Durante el transcurso de este domingo, 1 de febrero, organizaciones defensoras de DDHH han reportado la excarcelación de varios presos políticos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

Las excarcelaciones incluyendo se han reportado desde centros como El Helicoide, Yare II, el INOF, La Crisálida, entre otros. Muchos de los beneficiarios de esta medida cautelar forman parte del Comando ConVzla.

Haciendo un monitoreo de publicaciones de ONG como el Foro Penal, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Runrun.es pudo identificar 33 nombres de las personas detenidas por motivos políticos que fueron excarceladas el domingo.

Recién salido del horno: otras noticias

OVCS: Derecho a la participación política fue la principal exigencia de 2025 en medio de la criminalización

Javier Tarazona fue excarcelado tras 1.675 días de prisión arbitraria

La libre expresión busca recuperar su espacio en Venezuela

Llega a Venezuela la jefa de la Misión Diplomática de EE. UU. para retomar agenda bilateral

Excarcelan al abogado Eduardo Torres tras casi nueve meses detenido arbitrariamente

Los hijos de Mileidy Contreras han esperado cuatro años por la libertad de su madre

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Uno de los grandes pasos para reconciliarnos es alcanzar la justicia… Venezuela anhela el reencuentro, y ese reencuentro entonces demanda que no se sigan políticas discriminatorias, de castigo, una cantidad de leyes que lo que hacen es perseguir”, Javier Tarazona, director de Fundaredes, en declaraciones desde La Candelaria, Caracas, tras ser excarcelado.

Lo que rompe en redes

El pasado 12 de enero, Oscar Castañeda fue excarcelado de El Helicoide. En un video publicado en redes sociales el fin de semana, granado a su salida del centro de reclusión, aparecía visiblemente afectado, con dificultad para reconocer a sus familiares. En abril de 2024, Castañeda fue detenido tras participar en un mitin de Portuguesa en apoyo a María Corina Machado. Desde el oficialismo se impulsó una campaña de difamación en su contra por usar una gorra con las siglas J.G.L.

Azuquita pa’l café

Los leoncitos del Parque Zoológico Chorros de Milla enternecieron a los usuarios de Instagram tras publicarse un video en el que puede verse su crecimiento con cinco meses de haber nacido.

La ñapa (recomendamos…)

Más de 30 presos políticos fueron excarcelados durante este 1Feb

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Durante el transcurso de este domingo, 1 de febrero, organizaciones defensoras de DDHH han reportado la excarcelación de varios presos políticos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

Las excarcelaciones incluyendo se han reportado desde centros como El Helicoide, Yare II, el INOF, La Crisálida, entre otros. Muchos de los beneficiarios de esta medida cautelar forman parte del Comando ConVzla. De acuerdo con el Foro Penal, hasta este 1 de febrero han sido excarcelados 344 presos políticos desde el 8 de enero y solo este domingo se registraron 33 excarcelaciones.

Haciendo un monitoreo de publicaciones de ONG como el Foro Penal, Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Runrun.es pudo identificar los nombres de las personas detenidas por motivos políticos que fueron excarceladas el domingo. El listado, actualizado hasta las 7:30 de la noche, se presenta a continuación:

  1. Javier Tarazona: Profesor universitario y director de Fundaredes. Detenido el 2 de julio de 2021.
  2. Pedro Fernández: Médico cirujano y profesor de la Universidad de los Andes (ULA). Detenido el 20 de octubre de 2025; se encontraba en Yare II.
  3. Aida Brady: Abogada y activista de Vente Venezuela. Detenida desde marzo de 2025 en la comisaría de Agua Salada, Ciudad Bolívar.
  4. Ysaira Coromoto Villamizar Aponte: Maestra jubilada de 69 años. Detenida el 30 de agosto de 2025; se encontraba en el INOF.
  5. Luis Guillermo González Istúriz: Secretario de Vente Venezuela en el estado Miranda. Fue detenido el 24 de agosto de 2024. Estaba en El Helicoide con una condena de 30 años.
  6. Ulises Martínez: Dirigente de Vente Venezuela en Barcelona, Anzoátegui. Detenido el 9 de junio de 2025; estaba en la cárcel de Yare.
  7. Javier Rosales: Detenido el 10 de enero de 2025 en San Cristóbal, estado Táchira.
  8. Guillermo de Jesús López: Abogado y coordinador regional de Somos Trujillo. Detenido el 23 de enero de 2024.
  9. Omaira Salazar: Activista y líder comunitaria de Ciudad Guayana. Detenida el 24 de octubre de 2024.
  10. José Rafael Castellanos: Coordinador de Vente Joven Lara y hermano del periodista Omario Castellanos.
  11. Blanca Guerrero de Loaiza: Madre del periodista Omario Castellanos. Detenida el 17 de octubre de 2025; estaba en La Crisálida.
  12. Mauricio Giampaoli: Ciudadano italo-venezolano. Detenido el 23 de marzo de 2024.
  13. Rodrigo Pérez Mejías: Detenido el 6 de julio de 2025.
  14. Yandir Loggiodice: Secretario general nacional del Partido Centro Democrático. Fue detenido el 14 de julio de 2025.
  15. Williams Díaz Rolong: Detenido el 12 de mayo de 2025.
  16. Víctor Emmanuel Castillo: Coordinador del Comando ConVzla en el estado Portuguesa. Fue detenido el 28 de abril de 2024.
  17. Lorenia Guadalupe Gutiérrez: Activista y coordinadora de Vente Venezuela en la parroquia Universidad del Municipio Caroní, estado Bolívar. Fue detenida el 25 de agosto de 2025.
  18. Orangel Tabares: Coordinador de Activismo Político de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 11 de octubre de 2025.
  19. Santiago Andrés Rigual: Miembro de Vente Venezuela en Anzoátegui. Fue detenido el 9 de junio de 2025.
  20. Ismael Ortiz: dirigente parroquial de Vente Venezuela en el Estado Anzoátegui. Fue detenido el el 11 de octubre de 2025.
  21. José Patricio Mena Jiménez: Fue militante de Vente Venezuela en Cojedes, pero aunque ya estaba fuera de la política, lo detuvieron el 2 de septiembre de 2025.
  22. Jorgen Arnaldo Herrera: Miembro de Vente Venezuela en Cojedes. Fue detenido el 3 de septiembre de 2025.
  23. Franklin Rivero: Profesor y dirigente de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 15 de octubre de 2025.
  24. Wladimir Yépez: Dirigente regional de Vente Venezuela en Lara. Fue detenido el 22 de octubre de 2025.
  25. Edgar José Salas Pinilla: Coordinador de Vente Venezuela en Barquisimeto, estado Lara. Fue detenido el 7 de noviembre de 2025.
  26. Víctor Alfonso González González: Coordinador de Vente Venezuela en el municipio Mara, estado Zulia. Fue detenido el 6 de noviembre de 2025.
  27. José Luis Machín: Exalcalde de Barinas, miembro del partido Primero Justicia. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
  28. Miguel Jorge Álvarez: Miembro de Primero Justicia en Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025. Es hispano-venezolano.
  29. José Osorio: Ingeniero residente de Barinas. Fue detenido el 30 de agosto de 2025.
  30. Junior Rivas: Detenido el 30 de agosto de 2025.
  31. Guillermo Segnini: Economista residente del estado Mérida. Fue detenido el 18 de julio de 2025.
  32. Jesús Castillo: Dirigente regional de Vente Venezuela en el estado Mérida. Fue detenido el 31 de agosto de 2025.
  33. Pedro Silva: Verificado como excarcelado en el listado publicado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

OVCS: Derecho a la participación política fue la principal exigencia de 2025 en medio de la criminalización

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Durante el año 2025, Venezuela registró un total de 2.219 manifestaciones, lo que representa un promedio de 6 protestas diarias en todo el territorio nacional, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Aunque esta cifra muestra una disminución del 58% en comparación con las 5.226 protestas documentadas en 2024, el OVCS advierte que este descenso no se debe a una mejora en la calidad de vida, sino a una estrategia sistemática de “criminalización y represión” que ha forzado a la ciudadanía a la autocensura.

Los derechos más demandados

A continuación, se detallan los derechos que motivaron la movilización ciudadana durante 2025 según las cifras del observatorio, presentados por volumen de incidencia:

• Participación política (648 protestas): Fue la principal exigencia del año (29% del total). Los ciudadanos exigieron transparencia electoral, garantías democráticas y rechazaron la juramentación presidencial de enero de 2025.

• Derechos laborales (573 protestas): Los trabajadores exigieron salarios dignos, ya que el sueldo mínimo se mantuvo en unos 3 dólares mensuales, insuficiente para cubrir la canasta básica.

• Vivienda y hábitat (556 protestas): Ocupó el tercer lugar, vinculándose directamente con el colapso de los servicios básicos que hacen “inhabitable” el hogar.

• Derecho a la Justicia (504 protestas): Familiares de presos políticos y víctimas exigieron el fin de la impunidad, el debido proceso y la libertad plena.

• Servicios Básicos (275 protestas): Demandas específicas por las fallas críticas en el suministro de agua, luz y gas.

• Salud (189 protestas): Denuncias por hospitales en condiciones deplorables, falta de insumos y déficit de especialistas.

• Educación (186 protestas): Docentes y representantes exigieron mejoras en infraestructura y salarios que superen la pobreza extrema.

• Seguridad social (151 protestas): Jubilados y pensionados protagonizaron 130 de estas acciones para denunciar pensiones simbólicas que no cubren ni un día de alimentación

Distribución geográfica de la conflictividad

La protesta se concentró en estados con alta densidad poblacional y focos de problemas estructurales:

• Estados con mayor índice de protestas: Anzoátegui (214), Táchira (202), Distrito Capital (201), Sucre (181), Bolívar (166) y Lara (166).

• Estados con menor actividad: Amazonas (6), Apure (10) y Delta Amacuro (14). Estas cifras reflejan el aislamiento geográfico y el fuerte control institucional en dichas zonas.

Características de las protestas

El informe revela un cambio en la forma en que los venezolanos salen a la calle para protegerse de la violencia estatal:

  • Predominio de lo pacífico: El 69% de las protestas fueron concentraciones frente a sedes institucionales.
  • Protestas Combinadas: El 48% de las manifestaciones articularon múltiples demandas simultáneamente (por ejemplo, pidiendo salud y agua al mismo tiempo), demostrando la interdependencia de los derechos.
  • Protagonismo Femenino: Las mujeres participaron en el 95% de todas las protestas del año, liderando las exigencias de justicia, salud y servicios básicos.
  • Uso de modalidades menos visibles: Debido al miedo a la represión (como la “operación TunTun”), los ciudadanos optaron por pancartazos, vigilias y acciones simbólicas de corta duración.

Patrón de represión sofisticado

Aunque solo se documentaron 55 protestas reprimidas directamente, el OVCS destaca que el Estado ha reconfigurado su método hacia uno más selectivo y preventivo.

El uso de vigilancia, amenazas judiciales y la presencia de colectivos paramilitares (detectados en el 47% de las represiones de enero) han servido para amedrentar a quienes consideran manifestarse. Además, se registraron 60 protestas específicas contra los abusos de los cuerpos de seguridad, denunciando extorsión y tratos crueles.

2026: Captura de Maduro y desafíos de una transición

El informe cierra con una mención sobre los eventos de inicios de 2026: la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, bajo cargos de narcotráfico. Ante este nuevo escenario, el OVCS subraya que una eventual transición democrática en Venezuela debe garantizar:

• Libertad para todos los presos políticos.

• Justicia y reparación para las víctimas de violaciones de DD.HH.

• Restablecimiento del Estado de Derecho y canales de participación ciudadana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Javier Tarazona fue excarcelado tras 1675 días de prisión arbitraria

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Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano anunció que este domingo, 1 de febrero, fue excarcelado el profesor universitario y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encontraba detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021.

Tarazona fue detenido en Coro, estado Falcón, cuando acudía a la sede de la Fiscalía para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

José Rafael Tarazona, hermano de Javier, celebró la excarcelación del defensor de DD. HH. A través de su cuenta de X publicó el siguiente mensaje: “Hoy, 1 de febrero, luego de 1.675 días, 4 años y 7 meses, llegó este tan anhelado día. Mi hermano Javier Tarazona está en libertad”.

Su detención se produjo poco después de que Tarazona y Fundaredes denunciaran activamente los enfrentamientos en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC, exponiendo presuntos vínculos entre grupos irregulares y funcionarios estatales.

Durante su tiempo en prisión, Fundaredes denunció que el juicio sufrió múltiples diferimientos, lo que la organización calificó como una “condena anticipada”. En diversas ocasiones, las audiencias se realizaron de forma telemática sin que Tarazona estuviera físicamente presente en el tribunal.

Tarazona estuvo recluido en la sede del Sebin en El Helicoide, donde presentó un deterioro de su salud, pues al ingresar padecía de hipertensión y problemas cardíacos. Su salud se complicó con insuficiencia venosa, cuadros respiratorios frecuentes y problemas de insulina.

La excarcelación de Javier Tarazona ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por un proceso de excarcelaciones de presos políticos a “cuentagotas”. Además se dio luego que la presidente encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunciara la intención del Ejecutivo de promover una Ley de Amnistía General.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La libre expresión busca recuperar su espacio en Venezuela

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Las más de dos mil detenciones arbitrarias y los 23 fallecidos que dejaron las protestas antigubernamentales producto de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio -marcadas por unos resultados contradictorios entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la oposición- instauraron en Venezuela un clima de miedo, represión, censura, autocensura, exilio y desconfianza que transformó la vida de todos los ciudadanos.

Durante casi dos años la libertad de expresión dejó de existir. El miedo a expresarse disipó las protestas, las detenciones arbitrarias de adolescentes, mujeres y adultos mayores obligaron a la gente a callar, a borrar mensajes antes de salir de casa, a silenciar las redes sociales y evitar hablar de temas políticos “sensibles”. La mayoría de los periodistas dejaron de firmar sus notas y se ampararon bajo firmas generales del medio. El acceso a las fuentes periodísticas se hizo cada vez más cuesta arriba (de hecho, para la elaboración de este trabajo tres expertos en psicología declinaron participar)… Pero hay señales de que ese estado de parálisis que, aunque aún está activo, pudiera comenzar a disiparse. 

Tras conocerse la noticia de la captura de Nicolás Maduro y el posterior anuncio de las negociaciones para una transición pacífica tutelada por el Gobierno de Donald Trump, el clima político empezó a mostrar señales de cambio. Con la orden de  liberación de todos los presos políticos para cientos de familias, callar ya no era una opción y exigir libertad era la prioridad.

El miedo como pilar de control 

El miedo es descrito como la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Judith Herman, psicóloga estadounidense y una de las grandes expertas en trauma psicológico señaló que el miedo sostenido en contextos de violencia política no solo afecta a los individuos sino también a la vida social en general. La experta afirmó que cuando la fuente de amenaza proviene del Estado, la sociedad desarrolla patrones de silencio incluso cuando la amenaza disminuye.

Ignacio Martín-Baró (1942-1989), psicólogo social y pionero en el estudio del trauma político en América Latina, en uno de sus estudios, sostuvo que el miedo por el trauma colectivo no solo dejaba heridas emocionales sino que “reconfigura la vida pública alrededor del silencio y la obediencia”.

Sobre el miedo en contexto de represión, el sociólogo y defensor de los derechos humanos, Rafael Uzcátegui, afirmó que el miedo en Venezuela ha sido el pilar central para el control político.

Explicó que en el país no fue implementado como una reacción espontánea a la represión, sino como una “herramienta deliberada del gobierno por métodos que fueron calificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado”.

Uzcátegui recalcó que la función de instaurar el miedo en la sociedad venezolana fue la de inhibir la participación, fragmentar los vínculos sociales y convertir el ejercicio de derechos -opinar, protestar, organizarse- en actividades percibidas como “riesgosas”. 

Aseguró que en los meses post contexto electoral el miedo dejó de ser un episodio excepcional y se volvió “una condición estructural de la vida pública, moldeando conductas, silencios y autocensuras”.

El politólogo Jesús Castellanos explicó que el miedo en Venezuela “ha ido escalando” en todo los tipos de violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el Estado, primero a manos de Chávez y luego de Maduro.

Resaltó que el miedo instalado en Venezuela se produjo a partir de  “castigos ejemplarizantes” y la llamada “operación tun tun”, un mecanismo clave para que el miedo se internalizara, incluso sin presencia directa de fuerzas represivas.

Lo que cambió el clima político

Rafael Uzcátegui explicó que el miedo estructural, ese temor colectivo, persistente y generalizado por la propia estructura social, económica o política para ejercer control, necesita un proceso “lento y progresivo” de desarticulación, “no desaparece de la noche a la mañana”.

Sin embargo, Uzcátegui aclaró que la captura de Nicolás Maduro “rompió una sensación de intocabilidad del poder que había sido cuidadosamente construida durante años”.

El director de la ONG Laboratorio de Paz aseveró que la detención del exgobernante amplió el umbral de lo que se puede decir y lo que no. “Muchas personas no dejaron de tener miedo, pero empezaron a sentir que el silencio ya no garantiza protección absoluta”, dijo.

La bola de nieve 

Después del 3 de enero algo cambió en Venezuela y Rafael Uzcátegui lo describió como el efecto “bola de nieve”. Pequeños gestos, pero muy elocuentes, que han impulsado nuevamente a las personas a opinar en espacios públicos, en redes sociales y en reuniones familiares. Aunque no se trate de movilizaciones masivas, el sociólogo afirma que la reaparición de la palabra, del intercambio y del reconocimiento mutuo después de años de repliegue “es muy importante”.

La experta en comunicación política Carmen Beatriz Fernández coincide con Uzcátegui en que “sí hay señales” incipientes de que la sociedad venezolana está perdiendo el miedo. 

Las madres y familiares de los más de mil presos detenidos por motivos políticos fueron las primeras en manifestar su descontento y sin temor a ser detenidas, se apostaron a las afueras de los recintos penitenciarios de todo el país para exigir la liberación de sus familiares. 

“Todo lo que está ocurriendo post 3 de enero nos habla de una sociedad que está todavía en una fase de miedo, pero que empieza a levantar ese velo. Son las señales de un país que tiene hambre de democracia, de un país que no se rinde”, dijo Fernández. 

Desde el pasado 10 de enero decenas de mujeres se mantienen en vigilia permanente en El Helicoide, Rodeo I, Yare y Tocuyito, hasta lograr la liberación de sus familiares. Esto ante un anuncio de excarcelaciones que no ha se ha concretado del todo, pues según cifras del último balance del Foro Penal, aún están privados de libertad 711 personas, de las cuales una es adolescente y 65 son extranjeros. 

Recientemente Evelis Cano, madre de un preso político, se encadenó frente a Zona 7 en Boleíta para exigir la liberación de su hijo, Jack Tantak.

Los estudiantes universitarios también salieron al paso y el 23 de enero, fecha emblemática para la democracia venezolana, con pancartas gigantes y consignas, exigieron la libertad de todos los presos políticos y una transición real. 

Otro gesto simbólico de los estudiantes universitarios fue que el presidente de la FCU-UCV, Miguel Suárez, confrontó a Delcy Rodriguez durante un recorrido por la Universidad Central de Venezuela.

Las recientes declaraciones que han realizado algunos de presos políticos excarcelados también son una muestra de que el miedo se está rompiendo. 

Evans también ha utilizado sus redes sociales para pedir la libertad de quienes aún permanecen detenidos, como es el caso del abogado Perkins Rocha.

El recibimiento de los detenidos por sus familiares y la divulgación de los videos en redes sociales se han convertido en movilizaciones populares en Venezuela. Tal es el caso del estudiante de periodismo Juan Francisco Álvarez, cuando retornó a su pueblo, y del beisbolista falconiano Josset David Perozo Pimentel.

El dirigente político Biagio Pilieri también fue recibido en su natal Chivacoa por decenas de amigos y familiares.

Las redes sociales siguen inundadas de denuncias de madres, hermanas y demás familiares que exigen la liberación de sus seres queridos abiertamente. Meses atrás, muchas de ellas habían optado por el silencio ante el temor a represalias.

La mamá de Gabriel Sánchez Piña (19), con Autismo (TEA), denuncia que su hijo está detenido en Zona 7 junto a su hermano Levy Sánchez y exige que sean liberados. 

Fanny Lozada, madre de Alinis Araujo, señalada por el caso de los drones, exige la libertad de su hija.

El liderazgo opositor también se quitó el polvo y decidió salir de la clandestinidad para exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la persecución. Delsa Solorzano, Andrés Velázquez y Alfredo Ramos, alzaron sus voces y se hicieron presente. 

Recientemente, el canal televisivo Venevisión, después de 10 años de censura, en su emisión meridiana informó sobre la reunión que sostuvo la líder de oposición, María Corina Machado, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

Horas después, el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando, amenazó al canal: “Sin estridencia mediática su figura se diluye, sin titulares simplemente desaparece, escúchame Venevisión”.

Otros que han dado un paso al frente son dirigentes políticos que han salido de la clandestinidad, tras meses de resguardo para evitar ser arrasados por la ola de persecución. El primero fue Alfredo Ramos, quien celebró en primer lugar el inicio del comienzo de las excarcelaciones y exigió el cese a la persecución y el hostigamiento a la disidencia. Ramos ya está liderando asambleas en distintos puntos con dirigentes populares, sociales y políticos.

Posteriormente, fue Andrés Velásquez, quien hizo un llamado público a retomar la movilización de calle para presionar por una transición democrática. Le siguió la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, quien se había ausentado de la vida política durante 17 meses tras fungir como representante de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral en los comicios presidenciales de 2024. En su  primera rueda de prensa, afirmó que Venezuela vive una “nueva etapa” y exigió la libertad plena de los presos políticos.

Un cambio en proceso

Para el venezolano el cambio o el procesamiento psicológico de que se está reduciendo el peligro “está en desarrollo” debido a que las estructuras de poder que dirigen la censura y represión se mantienen sin ninguna modificación. 

Rafael Uzcátegui rescató que todo el cambio en el clima político también depende en gran parte del acompañamiento que la gente siente que realiza Estados Unidos con todo el proceso en marcha. 

Una muestra de que el miedo aún sigue latente se vio reflejado cuando comenzaron las excarcelaciones de presos políticos. Muchos sintieron temor de informar su nombre u ofrecer detalles de su caso por temor de ser nuevamente encarcelados. Sin embargo, a medida que el miedo se rompe, las muestras de solidaridad se multiplican. 

Asimismo, todavía hay precaución en publicar en las redes sociales, o en estados de WhatsApp, menciones explícitas a lo ocurrido el 3 de enero, o de hacer comentarios de estos hechos en grupos en la misma aplicación.

“Un día me atreví a publicar un estado relacionado con ese tema y, enseguida, me escribieron no menos de diez personas para decirme que estaba ‘loca’, que borrara eso, que uno no sabía quién podía entregarlo”, comentó *Reina, una caraqueña residente en el oeste de la ciudad. 

*Anahís vive en Coche, y además de pasar dos días sin luz luego de los bombardeos, cuando salió a la calle para encontrar un punto de carga de la batería de su teléfono, y tras  lograr su cometido, tres efectivos de la Policía Nacional Bolivariana le pidieron revisarlo. “Se metieron sobre todo a las fotos, revisaron los estados, buscaron videos. Yo estaba muy nerviosa, porque es la primera vez que me pasaba, ni siquiera tras las elecciones -de julio- me pasó y eso que por esta zona siempre lo hacían, pero a las mujeres por lo general no nos revisaban”, comenta. 

*Gabriel es estudiante de la Universidad Central de Venezuela y la recomendación de su madre cada día antes de salir es que haga una limpieza generalizada de su teléfono, sobre todo por las cadenas que suelen compartirse en los grupos de estudio: “El miedo se le desató después de saber que a un estudiante de la universidad unos policías le revisaron el teléfono y se lo destruyeron”, comenta. 

Mientras el miedo se rompe gradualmente, la solidaridad se pone de manifiesto. Estudiantes de la Ucab reúnen alimentos para los familiares de los presos políticos que llevan más de 20 días apostados en la cárcel El Rodeo I, esperando a que liberen a sus familiares. Mientras que en la Universidad Central de Venezuela, este 31 de enero también habrá una jornada solidaria con el mismo propósito. 

El 26 de enero, en redes sociales como X, varios usuarios recordaron la visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, quien en una fecha como esa pero de 1986 se convirtió en el primer sumo pontífice en pisar suelo venezolano. Y lo hicieron destacando una de sus frases sobre política más relevantes:  “Por más poderoso que sea un dictador, solo es un hombre ¡No tengáis miedo!”

En una entrevista al diario El Mundo de España Rosa Cucunuba, líder estudiantil de la UCV de 22 años quien ha adquirido un rol protagónico en la petición de libertad para presos políticos y otras exigencias al gobierno, manifestó que, a pesar del miedo, llegó el momento de volver a expresarse y que no puede haber una transición que no contemple el rescate de las libertades. 

“Nadie está exento de miedo, todos tenemos miedo por estos abusos sistemáticos de las personas que siguen estando en el poder. Hemos sufrido persecución… Pero me da más miedo seguir viviendo este abuso sistemático. Y ahora ha llegado la oportunidad de alzar la voz, tomar la iniciativa, hablar y que la gente deje el miedo a un lado. Tengo confianza de que de forma cívica y pacífica, la sociedad civil se sume a la causa para lograr la liberación de todos los presos políticos. No puede haber un debate sobre la mesa de transición sin la libertad previa de todos ellos”, expresó.

Desde el 3 de enero, las señales, aunque pequeñas, están ahí, motivando y aupando a millones de venezolanos a expresarse, a exigir, a alzar la voz, aunque el miedo y la estructura represiva no haya terminado. Se necesita un cambio profundo que le devuelva a todos los ciudadanos la confianza de expresarse libremente y que el avance no se perciba como frágil.

Llega a Venezuela la jefa de la Misión Diplomática de EE. UU. para retomar agenda bilateral

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La tarde de este sábado, 31 de enero, llegó a Venezuela la diplomática estadounidense Laura Dogu, quien hace unos días fue designada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, en un contexto donde ambos países comenzarán a trabajar por retomar la agenda bilateral. “Estamos listos para trabajar”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Tras conocerse la llegada de Dogu, el canciller venezolano Yván Gil informó en X que recibió en Caracas a la diplomática “en el marco de la agenda de trabajo” entre Estados Unidos y Venezuela. Esta agenda, según Gil, está “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

La llegada de Dogu se produce dos días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura de vuelos entre su país y Venezuela, tras siete años suspendido. En declaraciones ofrecidas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el 29 de enero, Trump informó: “Los ciudadanos americanos en breve podrán ir a Venezuela y estarán a salvo allí. Estarán a salvo”.

Trump instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al Pentágono a realizar los trámites necesarios para permitir la reapertura inmediata del espacio aéreo.

Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió la Licencia General nº 46, marcando un punto de giro en las sanciones petroleras contra Venezuela. Dicha licencia fue publicada apenas unas horas después de que la Asamblea Nacional de corte oficialista sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creando un nuevo marco jurídico para la industria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La caja de resonancia a las afueras de Zona 7

Luego de que el 8 de enero Jorge Rodríguez dijera que “un grupo importante” de detenidos serían excarcelados, familiares de presos políticos se fueron a distintos centros de reclusión con la esperanza de que los suyos pudieran volver a casa. Un grupo —casi todas mujeres— se plantó a las afueras de Zona 7, en Boleíta. Y allí siguen, durmiendo en carpas, en un improvisado campamento por la libertad.

Primero fueron cinco carpas. Ahora son más de 10. Aquí, a las afueras del Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —conocido como Zona 7—, hay gente que pasa el día y la noche. Aguantando sol, lluvia, el frío de estas madrugadas de enero. Hay hombres, pero la gran mayoría son mujeres. Madres, esposas, primas, hermanas, hijas… Todas esperan que sus parientes —presos políticos presuntamente recluidos allí— sean excarcelados. 

O que al menos les permitan verlos, darles un abrazo, algo de comida. 

Este campamento es una caja de resonancia de muchas voces llenas de angustia.

Esas voces se han hecho sonar con más fuerza desde este 8 de enero. Ese día Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que sería excarcelado un “número importante” de detenidos. Entonces los familiares vinieron a comprobar si tal anuncio era cierto. Deseando, por supuesto, que su gente fuera parte de ese “número importante”. 

¿Era una lotería? 

¿Quiénes serían los afortunados de recuperar su libertad?

Ahora es viernes 23 de enero (justo hoy Venezuela recuerda el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 68 años atrás, y la vuelta a la democracia). Las mujeres que están plantadas en esta calle de Boleíta, a las afueras de Zona 7, en Caracas, representan a 36 familias. Son testigos de que la represión es un gran pulpo que ha movido sus enormes tentáculos por toda Venezuela: hay casos de Monagas, Sucre, Miranda, Zulia, Caracas… No es necesario preguntar de dónde vienen, sus acentos diversos dan cuenta de sus lugares de procedencia. 

Cuando hace días llegaron aquí, casi ninguna se conocía. Algunas cuentan que vinieron porque, con el anuncio de Rodríguez corrió un dato entre quienes tienen a familiares presos políticos: que a la Zona 7, presuntamente, habían trasladado a personas que estaban en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de La Quebradita, en el oeste de Caracas.

¿Era verdad? 

No sabían. Pero aquí llegaron y aquí se quedaron, aferradas a ese dato. 

Una de ellas es alta y de pelo rubio. Su nombre es Evelis Cano y ha terminado convirtiéndose en la vocera del grupo: 

—Me avisan si se acabaron las tizas; yo tengo más en mi bolso —dice desde un banquito de plástico, a poco de que arranque la vigilia de esta noche.

Da indicaciones para que plasmen sobre el asfalto los nombres de todos los presos, porque siente que hacer esa lista —remarcar cada nombre en el suelo— es una forma de protesta pacífica.

Quizá es la primera vez que se sienta en horas. Ha pasado el día recibiendo donativos, haciendo llamadas, tratando de brindar contención a otras madres, ideando mil formas de protesta pacífica, hablando frente a las cámaras. Se le han ocurrido performances para visibilizar lo que viven aquí. Lo último que hizo fue encadenarse a la reja del centro de reclusión.

—Me voy a encadenar, no aguanto más. Estoy desesperada, estoy dispuesta a morir. Se burlan de nosotros, ¡ya basta! —dijo, ya desesperada ante la ausencia de información certera.

Luce cansada. 

Por las noches, se echa una cobija encima y duerme, o hace el intento, frente a los piquetes de la policía. 

Está aquí por Jack Tantak, su hijo, un comerciante de 31 años que fue detenido el 27 de noviembre de 2025 y acusado de terrorismo y traición a la patria presuntamente por vender un vehículo a un dirigente opositor. Evelis cuenta que él llegó a su concesionario, ubicado en Charallave, estado Miranda, y funcionarios de la PNB lo arrestaron sin orden de captura. 

Su historia es similar a la del resto. La diferencia es que en alguno de los otros relatos cambia el cuerpo de seguridad implicado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB… Muchos no saben quién se llevó a su hijo, a su esposo, a su hermano, a su padre… 

“A mi hermano lo fueron a buscar unos hombres vestidos de negro y encapuchados. Lo único que saben los vecinos es que estaban armados y en una camioneta negra”, cuenta Coromoto Hernández sobre José Gregorio Hernández Polo, detenido a finales de noviembre de 2025 en el estado Zulia.

Para ella apostarse en la acera fue una forma de contrarrestar el miedo.

La madrugada del 20 de enero, Coromoto vio en las noticias que al parecer su hermano estaba muerto. El pánico se apoderó de todos en casa, porque sabían que poco antes, el 10 de enero, aquí en Zona 7 había fallecido Edison Torres Fernández, un policía de Portuguesa acusado de traición a la patria y asociación para delinquir. 

Coromoto se quedó aquí, esperando que le confirmaran —o negaran— la información, sin que nada pasara: “No sé nada de él”, lamenta.

Hasta el 20 de enero, el Comité por la Libertad de Presos Políticos reportó 200 nuevos casos de detenciones y desapariciones forzadas. No es que fueran “nuevos”. Lo que sucedió fue que familias que antes no habían denunciado por miedo a represalias, persecución y desconocimiento, ahora sí querían hacerlo. Algunos habían hecho intentos en vano de buscarlos por su cuenta. Entonces el anuncio del “número importante” de excarcelaciones en marcha fue el punto de giro: atrás dejaron la pena, el miedo. Y aquí están ahora, con franelas que llevan estampadas los rostros de sus familiares. 

Una de ellas es Berlis González. 

Mientras otras rezan en voz alta, ella ora en silencio. La palabra libertad le hace soltar las lágrimas. Es la mamá de Arturo Pacheco, un funcionario del Sebin de 29 años, que fue detenido junto a otros tres compañeros el 19 de noviembre de 2025. Desde ese día, Berlis no supo más de él. Lo buscó en las sedes del DIP, denunció en el Ministerio Público.

Y nada, no sabe nada. 

—Fui al Palacio de Justicia y me explicaron que no había sido presentado. No sé por qué está detenido, por qué lo están investigando, cuál es el cargo que le imputan. No sé cómo defenderlo porque no sé nada. Uno de sus compañeros me dijo que se lo llevaron, como para que yo estuviera al tanto. Nada más. 

Esperar a las afueras de la Zona 7 las ha obligado a despojarse de la vergüenza. El baño es una esquina y un tobito. La ducha está en un edificio cercano. Andan en cholitas y medias, porque así descansan mejor los pies. No hay platos ni vasos de vidrio. Usan utensilios de plástico. Comer es casi un trámite necesario. Barren la calle, la basura tiene su lugar. Se turnan para cuidar la mesa donde almacenan los donativos. Y reciben con calidez a cualquiera que se acerque con la inquietud de saber si su hijo, primo, hermano o esposo está allí. 

Todo eso ocurre ante la vista de piquetes de policías que se rotan hasta cuatro veces al día. Lo que pasa es registrado por múltiples cámaras. Las de los celulares de ellas, que documentan cualquier situación, y las de los policías, que desde el otro lado las graban todo el día. 

—Esa es otra vulneración a nuestra privacidad, pero lo más importante ya nos lo quitaron. Está allá adentro —comenta una de las mujeres. 

No se mueven de aquí. Tienen un acuerdo tácito de permanecer. No saben si es la fe, la insistencia, el no moverse o el instinto, pero están convencidas de que estar aquí es lo correcto. 

Es que tampoco hay otro lugar a donde ir. Reyes Flores es madre de Bruno Juárez y vecina de Gabriela Montes, quienes fueron detenidos el 3 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A él, por ser pariente de Angélica Flores, esposa de El Pollo Carvajal —exjefe de inteligencia militar de Venezuela, quien se declaró culpable de cargos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico ante una corte federal de Estados Unidos—; y a ella, por ser la niñera de los hijos de él: fueron condenados a 30 años —la pena máxima en Venezuela— por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. 

Reyes carga un cartel con fotos de sus rostros. Ambos se ven jóvenes y fuertes.

—Ya ellos no son así —dice ella con los ojos aguados e insiste en que son inocentes—. Tú lees ese expediente, lo revisas y ahí no hay nada. 

Cada uno paga su condena en penales distintos y distantes. Bruno está en La Yaguara, en Caracas, y Gabriela en un centro de reclusión de San Juan de Los Morros, en el estado Guárico. A su hijo lo visita cada 10 días (no puede hacerlo con más frecuencia porque no tiene cómo cubrir el pasaje desde Guacara, estado Carabobo, donde vive). A Gabriela no la ha visto en meses. 

—Yo decidí venir para acá porque donde está Bruno no hay nada de esto. O sea, no hay nadie exigiendo, protestando. A mí me metieron miedo: que si hacía bulla, podía ir el gobierno a llevarme a mí, a mis hermanos, a mis sobrinos. Eso era un tormento, pero ya no.

Nunca antes se había quedado en una carpa. 

Aquí consiguió comprensión y compañía. 

—Esto es duro. Es duro este proceso. Los amigos tuyos se alejan para que tú no les pidas dinero. A veces te miran y dicen: “Mira, ¿y el muchacho?”. En cambio aquí, si tú necesitas algo, cualquiera te dice: “Aquí tengo”. Hace rato alguien necesitaba un marcador y lo saqué de mi bolsillo y se lo di. Uno se ayuda así. 

Con la información extraoficial que les ha llegado, han ido construyendo su propia lista de encarcelados en este recinto. En dos hojas engrapadas, tienen los nombres de mujeres y hombres, los mismos que han escrito en el piso con tiza para que nadie olvide lo que ocurre.

Días después, el campamento se mantiene. 

Ahora es 27 de enero. Quizá como resultado de la insistencia, de la permanencia, de la fuerza de esta protesta, hoy les han permitido entrar a ver a sus presos. Las hicieron ponerse camisas blancas y jeans, y las dejaron entrar en grupos pequeños. 

Berlis esperó a ver si algún funcionario nombraba a su hijo, pero no, nunca dijo “Arturo Pacheco”, así que ella no ingresó. ¿Será una señal de que no está allí dentro? La esposa de José Gregorio Hernández Polo sí pudo pasar (fue así que la hermana de él, Coromoto, supo que estaba vivo, pero delicado de salud).

Fueron 10 o 15 minutos los que duró la visita. Poquísimo tiempo, pero que funcionó como fe de vida. Hasta les permitieron llevarles comida. “Ni con las chucherías pusieron restricciones”, dice sorprendida Yaxzodara Lozada, esposa de Joel Bravo, un funcionario del DIP detenido el 17 de noviembre de 2025. No se habían visto hasta ese día. 

Yaxzodara se encontró con un hombre más delgado, nervioso, ansioso. Le contó que le imputaron los cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y financiación para terrorismo. 

“Tranquiliza un poco porque sabemos que están vivos, pero no es fácil dormir sabiendo las condiciones en que están”, dice al salir. 

Un día después de ese primer reencuentro, les permitieron entregar alimentos nuevamente: “¿Será que los quieren engordar”, se ha preguntado. 

Ella y Joel tienen dos hijos, un niño de 1 año y una adolescente de 14 que ahora están al cuidado de su abuela materna.

—Voy a esperar más días aquí —dice—. Cuando regrese a verlos, les diré que vi a su papá. Porque esta es una buena noticia que les quiero decir en persona. 

Claro que guarda la esperanza de llegar a casa con él. 

Epílogo

El Ministerio Público indicó en su último reporte que desde el 25 de diciembre de 2025 habían sido excarceladas 600 personas. Pero las ONG que hacen monitoreo y acompañamiento tienen otras cifras. Por ejemplo, Justicia, Encuentro y Perdón confirmó 294 excarcelaciones, desde el 8 hasta el 28 de enero; mientras que el Foro Penal contabiliza 297 en el mismo periodo y asegura que todavía hay 700 presos políticos tras la rejas.

La Hora de Venezuela

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Excarcelan al abogado Eduardo Torres tras casi nueve meses detenido arbitrariamente

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En horas de la noche de este viernes, 30 de enero, fue excarcelado el abogado Eduardo Torres, miembro de la organización Provea que había sido detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025. Torres se encontraba recluido en la cárcel Yare II.

En una publicación de X, Provea recordó el proceso viciado contra Eduardo Torres desde su detención: permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Yare, sitio en el que su familia pudo verlo finalmente tras meses de incomunicación.

Además, durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no realizó ninguna actuación ante un recurso de Habeas Corpus” ejercido por el equipo legal de Provea en favor de Torres, “enviando un claro mensaje de denegación de justicia al resto de tribunales del país”.

“Celebramos la excarcelación de Eduardo Torres, y mantenemos nuestra firme exigencia de libertad plena e inmediata para todos los privados de libertad por razones políticas, incluido el también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona”, añadió la organización en su publicación.

Al salir del centro de reclusión donde se encontraba, al abogado fue recibido por su esposa e hijos. Su excarcelación se dio poco después que Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, anunció que impulsará una Ley de Amnistía General, con el objetivo de favorecer la “convivencia nacional” y restaurar la paz en el país tras un periodo de alta tensión política.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.