Mientras los videos de yates apiñados en Cayo Los Juanes y parrilleras encendidas dentro del agua se vuelven virales, la ONG Clima21 lanzó una alerta: las Áreas Naturales Protegidas (Anapro) en Venezuela se han convertido en “territorios de nadie” donde la falta de autoridad y la anomia social dictan la pauta.
El comunicado emitido este 16 de febrero advierte que, lejos de ser espacios de conservación, estos paisajes majestuosos están siendo saqueados y vulnerados bajo la mirada indiferente de las autoridades. “Las Anapro actualmente son vistas como un territorio de nadie que cualquiera puede ocupar, saquear o violar las normas que los rigen. Y pareciera que a ninguna autoridad le importara y a pocas personas les duele.”, señala la organización, resaltando que este daño no es solo estético, sino un ataque directo contra los derechos de las generaciones futuras y la protección frente al cambio climático.
En un país donde la institucionalidad ambiental parece estar en “modo vacaciones” permanente, Clima21 exige un cambio urgente. La organización subraya que estas áreas son vitales no solo por su belleza, sino por su valor ecológico y turístico. El llamado es claro: la impunidad ambiental también debe cesar. Como bien dice el exhorto de la ONG, en un contexto de vulneración generalizada, “la amnistía también debe ser para la naturaleza”.
Protección, solo en el papel
En Venezuela, las áreas protegidas son espacios geográficos destinados a la conservación de la biodiversidad, ecosistemas estratégicos y valores culturales, que se gestionan mediante marcos legales específicos para asegurar su preservación a largo plazo. Estas zonas abarcan más del 23% del territorio nacional y son vitales para la purificación del aire y la generación de agua, según afirma el propio Inparques en una publicación.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su Artículo 127 el derecho y deber de cada generación de proteger el ambiente para el beneficio propio y del mundo futuro. Además, el Reglamento N° 5 de la Ley Orgánica del Ambiente sobre Ruidos Molestos y Nocivos (Decreto 370 de 1979) establece que todo ruido que perturbe el ambiente o cause molestias está prohibido. La Ley del Instituto Nacional de Parques además exige que toda actividad en un parque nacional sea compatible con la conservación de la biodiversidad.
Alejandro Álvarez, director del Clima21, explicó a Runrun.es que cada área natural protegida es creada bajo una ley que indica qué se puede hacer y qué no en ellas: “Además, debe haber un reglamento de uso, conocido como el PORU (Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso) que específica, según cada área natural, qué tipo de cosas se pueden hacer y qué no”.
Álvarez lamentó el hecho de que en Venezuela no se ha trabajado mucho el tema, aunque en otras partes del mundo es habitual la realización de estudios de capacidad de carga, es decir, determinar la cantidad de personas que pueden llegar a un sitio y disfrutarlo sin destruirlo. Puso como ejemplo las gestiones para visitar la Isla Galápagos, en Ecuador, cuya espera puede tardar meses justamente debido a que se previenen daños ambientales por sobrecarga turística.
Esa capacidad de carga debería ser estudiada para cualquier área que se quiera conservar, sea el Parque Nacional Morrocoy, Canaima, o incluso, otros menos conocidos que se visitan, pues la idea de las áreas protegidas es que sean conservadas a perpetuidad. Desde Clima21 recuerdan que el PORU del Parque Nacional Morrocoy vigente data de 1995, y aunque está desactualizado, nunca se aprobaron los proyectos de nuevos planes que redactaron los técnicos de Inparques.
El Cayo Los Juanes se encuentra dentro del Parque Nacional Morrocoy, un área protegida de altísima sensibilidad ecológica, han advertido reiteradamente los expertos. En el capítulo de zonificación de este PORU se establece a Cayo Los Juanes como una “zona primitiva marina”, y de acuerdo al reglamento de uso, las actividades permitidas en este tipo de zonas son las de guardería ambiental, investigación científica y educación ambiental; las actividades submarinas de recreación en zonas como Cayo Peraza, Cayo Pelón, Cayo Sombrero, Cayo Pescadores, Boca Seca, Playuelita, Playuela y Playa Mero; las actividades de pesca artesanal solamente en los caños
Tigre, León, Las Burras, El Ocho y Paiclá y l pesca de moluscos, la cual se podrá autorizar previo estudio de las condiciones poblacionales de estas especies y la aprobación conjunta del Instituto Nacional de Parques (Inparques).
Las zonas determinadas como áreas de recreación de acuerdo con el PORU (Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de 1995 del Parque Nacional Morrocoy son las playas de Cayo Sal, Cayo Muerto, Cayo Pelón, Cayo Sombrero, Playa Norte, Playa Sur, Boca Seca, Playuelita, Playtela, Playa Mero, Paiclá, Punta Suanchez, Laguna de Suanchez y Punta Brava
En ese Plan, en la sección de Reglamento de Uso, se describe la capacidad de carga para zonas como de uso recreacional: 30 metros cuadrados por persona. La ONG ambientalista destaca que en las imágenes de carnaval 2026 que están circulando de Los Juanes, debe haber una persona por cada metro cuadrado.
Así mismo, este plan de ordenamiento y uso de 1995 mínima presión recomendaba el mantenimiento de la “mínima presión de visitas sobre el interior del Parque Nacional, bajo un estricto control del número de visitantes, de acuerdo con la capacidad de carga que se determine”.
Múltiples daños
Los Juanes son una especie de bajo o “piscina natural” poco profunda con arrecifes de coral y manglares vitales para la biodiversidad marina. Su fragilidad radica en la fuerte presión turística, la alta contaminación por desechos, residuos de combustible y la contaminación acústica.
El daño en sitios como Los Juanes y otras playas populares en Morrocoy sin supervisión que evite las alteraciones de los ecosistemas es total, alerta Alejandro Álvarez, de Clima21: Toneladas de basura y aguas servidas, al igual que el aceite y el combustible, son arrojados directamente a las aguas en esos sitios destruyendo la vida y los sedimentos. La vegetación en las zonas terrestres es destruida, y además en esas zonas, se acumulan cantidades muy grandes de desechos sólidos.
Aunado a ello, el volumen de ruido y la acumulación de personas espanta a las aves y otros organismos tanto acuáticos como terrestres: “Este daño se une a las otras amenazas que sufre el Parque, incluyendo derrames petroleros, aguas servidas y desechos sólidos de las poblaciones aledañas, grandes cargas de sedimentos que son arrojados al mar por ríos como El Tocuyo, donde existe pesca ilegal”, especificó.
Distintas investigaciones han demostrado que la contaminación sónica por música a alto volumen y otras fuentes antropogénicas (barcos, construcciones) son una causa de estrés grave para la fauna marina que interfiere en su comunicación, navegación, caza y reproducción. El ruido subacuático constante puede causar sordera, desorientación, cambios de comportamiento y hasta la muerte de peces, cetáceos e invertebrados al alterar sus funciones vitales esenciales, concluyó en 2023 una investigación internacional publicada en Frontiers in Marine Science.
Y es que, aunque muchas personas se sorprendan al descubrirlos, el sonido es fundamental para la supervivencia de los invertebrados. Aunque la luz no viaja fácilmente debajo del agua, el sonido sí lo hace, y por eso estas especies utilizan el sonido para sus actividades vitales (comunicación interespecífica, detección de los depredadores, reproducción, entre otras) Por ende, las actividades humanas que alteran el paisaje sonoro oceánico alteran estas actividades naturales de supervivencia de las especies.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
