El inicio de 2026 ha estado marcado por una reactivación masiva de las protestas pacíficas en Venezuela. Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la sociedad civil ha retomado el espacio público de manera masiva y pacífica. Según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se documentaron 622 protestas durante enero de 2026.
La cifra de 622 manifestaciones representa un incremento de 53% en comparación con enero de 2025, precisó el OVCS. Este repunte evidencia que la sociedad civil ha decidido retomar las calles para exigir sus derechos de manera pacífica.
El OVCS destaca que, en paralelo al aumento de las manifestaciones -un promedio de 21 manifestaciones diarias- se observó una “contención temporal de la política represiva, atribuida a la presión internacional y a las exigencias explícitas de garantías de derechos humanos formuladas por la administración del presidente Donald Trump”. Consideran que este escrutinio internacional “contribuyó a limitar la actuación represiva directa por parte de las autoridades venezolanas”, lo que propició un margen relativo de “seguridad” para el ejercicio de la protesta pacífica.
El 100% de las manifestaciones documentadas por el OVCS en este reporte tuvieron un carácter pacífico, a pesar de la fuerte presencia de cuerpos de seguridad en los alrededores de las mismas.
A continuación, los puntos clave para comprender el panorama de la conflictividad en el país:
La participación política como motor principal
Del total de 622 manifestaciones documentadas durante enero de 2026, 550 estuvieron vinculadas a la exigencia de Derechos Civiles y
Políticos (DCP), lo que representa 88% del total registrado en el mes.
Se observó una participación diversa que incluyó desde movimientos estudiantiles hasta coaliciones de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada. El documento resalta la reactivación del movimiento estudiantil, y lo considera clave “como un eje articulador, en defensa de los derechos civiles y políticos”.
Aunque la conflictividad de enero estuvo dominada por los derechos civiles y políticos no desplazó por completo “las exigencias DESCA, que persistieron como trasfondo estructural del descontento social”.
Familiares de presos políticos en primera línea
Un foco determinante de las movilizaciones fue la concentración de familiares de presos políticos frente a diversos centros de reclusión. El informe destaca que estas acciones buscan reclamar “justicia y libertad plena” para quienes permanecen detenidos por motivos políticos.
Se registraron al menos 214 protestas en 21 estados del país orientadas a exigir la liberación plena de todas las personas encarceladas por motivos políticos. Las concentraciones se realizaron principalmente frente a centros como Zona 7 (Boleíta), El Helicoide y centros militares.
No solo exigieron “justicia y libertad plena”, sino que denunciaron condiciones de reclusión y el incumplimiento de cronogramas de excarcelación. El derecho a la salud fue especialmente reclamado en las denuncias de familiares de detenidos, quienes exigieron atención médica para presos con condiciones críticas, como casos de autismo o cardiopatías severas que no han sido validados por organismos forenses oficiales.
Se documentaron también reclamos específicos por la vulneración de derechos de personas con discapacidad psicosocial y adultos mayores en contextos de detención
Como modalidad de protesta en general predominaron la concentración, vigilias, marchas y pancartazos con rostros de los detenidos para visibilizar la vulneración de DDHH.
Derechos económicos y sociales y laborales bajo la lupa
Aunque el tema político lideró la agenda, el reporte del OVCS confirma que los venezolanos siguen articulando sus demandas en torno a la exigencia de derechos fundamentales, manteniendo el carácter pacífico de las convocatorias.
El reporte documentó 51 protestas vinculadas a la exigencia de derechos laborales. Trabajadores activos, dirigentes sindicales, jubilados y pensionados se movilizaron en distintas regiones del país para exigir la revalorización de salarios y pensiones, que se garanticen ingresos dignos frente al incremento sostenido del costo de la vida y la pérdida continua del poder adquisitivo.
Las protestas por el acceso al agua potable (8) continuaron siendo la principal causa de movilización en el ámbito del derecho a la vivienda.
Los educadores, personal administrativo y obrero también protestaron tras la suspensión arbitraria de sus salarios durante varios meses, a pesar de haber continuado con sus labores. Los jubilados del sector educativo denunciaron los bajos ingresos que perciben y exigieron aumentos en las pensiones, así como la incorporación de beneficios alimenticios y de salud.
Con motivo del Día del Maestro, celebrado el 15 de enero, educadores también demandaron el pago de deudas pendientes, así como que se honren las convenciones colectivas y que cese la persecución en las escuelas.
¿Dónde se concentró el descontento?
El informe documenta una distribución nacional de las 622 protestas. Los estados con mayor índice de participación fueron:
- Distrito Capital: Lideró la estadística debido a la concentración de sedes ministeriales, centros de reclusión y poderes públicos.
- Bolívar y Anzoátegui: Registraron focos importantes de protesta vinculados tanto a derechos políticos como a la situación de trabajadores de industrias básicas.
- Zulia y Táchira: Mantuvieron una conflictividad constante, marcada por la articulación de la sociedad civil en zonas fronterizas y estratégicas.
¿Qué se espera para los próximos meses?
El OVCS considera que si se mantiene esta dinámica, en las próximas semanas continuarán las movilizaciones centradas en la liberación plena de presos políticos, el restablecimiento de garantías para la participación política y la exigencia de justicia.
Pronostican que la gente seguirá manifestando en las calles, en protestas combinadas, en las que exigirán derechos políticos con demandas socioeconómicas no resueltas (salarios, pensiones, servicios básicos).
Advierten, sin embargo, que el escenario es volátil y sobre el riesgo de que se reactiven modalidades represivas menos evidentes: ” La reconfiguración interna del poder, la eventual reversión de compromisos y la utilización selectiva de mecanismos de control podrían reactivar formas menos visibles de represión”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
