La arbitrariedad no descansa ni en medio de transiciones políticas. El pasado jueves 8 de enero de 2026, lo que comenzó como una carrera para el taxista José Romero terminó en una reclusión arbitraria. El ciudadano fue detenido por funcionarios policiales en la urbanización Colinas de Carrizal, estado Miranda, luego de que una revisión de su teléfono celular revelara “mensajes en contra del gobierno oficialista”.
Según denunció la ONG Espacio Público, el 8 de enero Romero trasladó a una pareja desde el Centro Comercial La Cascada para buscar a una mascota. Al llegar a la residencia, fueron interceptados por uniformados que investigaban a una funcionaria residente en el lugar.
Tras ser trasladados a la sede de la PNB en El Paso, la pareja fue liberada, pero Romero quedó tras las rejas por el contenido de sus conversaciones privadas. El sábado 10 de enero fue presentado ante el Tribunal 5to de Control, donde se le asignó defensa pública bajo los cargos de “incitación al odio” y “traición a la patria”. Actualmente, se encuentra recluido en San Agustín, Caracas.
Esta detención ocurrió el mismo día en el que el presidente de la Asamblea Nacional anunció un proceso masivo de excarcelaciones, apenas días después de que el gobernante Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas y Delcy Rodríguez, con aval de EE.UU., asumiera la presidencia encargada de Venezuela.
#DenunciaEP | Funcionarios policiales detuvieron al ciudadano José Romero el jueves #8ene de 2026 en la urbanización Colinas de Carrizal, en el estado Miranda.
— Espacio Público (@espaciopublico) February 16, 2026
Espacio Público ha señalado firmemente que la revisión de teléfonos celulares por parte de funcionarios de seguridad sin una orden judicial es ilegal y viola el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Consideran estas acciones como actos de intimidación y confiscación ilegal e instan a la ciudadanía a proteger su información.
La organización subrayó en una publicación el pasado 5 de enero que ninguna autoridad tiene derecho a revisar el contenido de un celular “para ver qué hay” sin un procedimiento legal formal, y consideró tales acciones como una violación de derechos fundamentales. También, emitió una serie de recomendaciones para quienes son objeto de esta arbitrariedad, entre las que se encuentran pedir una orden judicial, si no la hubiere, tomar el nombre del funcionario y del cuerpo de seguridad que pertenece; de ser posible, que haya a menos dos testigos en el procedimiento e informar al funcionario sobre el artículo 48 de la Constitución, que establece que se garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas “en todas sus formas”.
La cifra tras el barrote: 644 presos políticos
El caso de Romero se inscribe en un contexto de persecución que no cesa, a pesar de la remoción forzada del poder de Maduro. Según el último reporte del Foro Penal, publicado 14 de febrero de 2026, la cifra de presos políticos en el país se ubica en 644 personas. El balance detalla la composición de este grupo de ciudadanos privados de su libertad por motivos de conciencia:
- Hombres: 564
- Mujeres: 80
- Civiles: 459
- Militares: 185
- Adolescentes: 1
Aunque el Foro Penal registra 444 excarcelaciones desde el 8 de enero, la maquinaria de detenciones sigue activa con esta nueva detención reportada por Espacio Público y otros 57 presos reportados recientemente. Un dato alarmante es que el paradero de 47 personas se desconoce por completo.
Desde 2014, el Foro Penal contabiliza un acumulado histórico de 18 900 detenciones políticas. Aunque más de 14.000 personas han sido excarceladas, hoy más de 11.000 ciudadanos permanecen sujetos a medidas restrictivas de su libertad. La lista ya ha sido remitida a la OEA y a la ONU para su certificación oficial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
