¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 7 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta 2028. Hubo 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones para seguir documentando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela de forma independiente.
Entre los países que votaron a favor están Chile, Argentina y Canadá. Mientras tanto, entre los países que están en contra se mencionan a Cuba, China y Egipto.
«Se han hecho siete intentos y lamentablemente el último fue frustrado, pero creemos que en las próximas horas se están alineando tanto lo diplomático como lo jurídico para que María Corina esté en Venezuela. A mí me preguntan incluso por mecanismos de entrada. Su entrada tiene que ser como entran todos los venezolanos, por Maiquetía, por Valencia», dijo Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, durante una entrevista al medio NTN24.
Lo que rompe en redes
#6Oct | Este martes se registró un incendio en la refinería Cardón, Falcón 🇻🇪, lo que provocó la paralización de las operaciones del complejo.
Los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona intentando controlar la situación en su totalidad y determinar qué originó… pic.twitter.com/X3Iu2KpVcb
El Nobel de Medicina premia a los fundadores de una nueva era en la neurociencia
El Nobel de Medicina o Fisiología ha distinguido este lunes a tres investigadores por abrir una nueva era en la neurociencia con el desarrollo de la optogenética, un método que muestra cómo las… pic.twitter.com/Vj9g2wXUD6
Quiero ir cerrando esta serie con uno de los hechos individuales más graves que documenta todo el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Lo dejé para el final a propósito, porque después de seis artículos explicando patrones, estructuras y responsabilidades institucionales, es importante que esté claro para todos que detrás de cada patrón hay personas concretas a quienes esto les ocurrió en su cuerpo y que aún hoy tienen secuelas y daños por lo vivido mientras estaban bajo custodia del Estado. Es equivalente a lo que han vivido las presas políticas que fueron torturadas y forzadas a abortar, o aquellas que sufrieron formas de esclavitud y explotación sexual por parte de sus custodios, como se señaló en el reporte de 2025. Todos son daños cuyas consecuencias pueden arrastrarse toda la vida.
Algunos afectados de estos años no sobrevivieron, otros no han podido contar lo que les ocurrió, la mayoría aún no recibe la atención necesaria para poner en orden lo que atravesaron, así que pasarán los años y seguirán apareciendo testimonios. Sin embargo, documentar la brutalidad en tiempo real, como hace la Misión de la ONU, permite acelerar algunos cambios y conectar con otras personas que puedan declarar. Por eso tomamos este caso de cierre.
Los hechos tal como los documentó la Misión
Entre agosto y septiembre de 2024, una persona homosexual estuvo detenida en Tocuyito, el centro penitenciario del estado Carabobo. Según el testimonio que esa persona dio directamente a la Misión, un comandante la desnudó y la violó analmente durante aproximadamente 25 minutos. Mientras ocurría la agresión, la víctima era además golpeada y sometida a insultos feminizantes, es decir, insultos que usaban su orientación sexual como forma añadida de humillación. Una funcionaria grababa la agresión, en presencia de otros custodios que no intervinieron. Todos son responsables de lo ocurrido, al igual que su cadena de mando.
Durante la violación, el comandante le dijo a la víctima que le iba a transmitir el VIH. Esta no fue una amenaza vacía dicha al calor del momento ni un comentario pensado solo para generar terror. Esto ocurrió y se concretó. La víctima no tenía el virus al ingresar en detención. Cuatro semanas después, recibió un diagnóstico positivo.
La Misión no específica en este párrafo si hubo un seguimiento médico posterior, una investigación penal, o si la víctima logró acceder a tratamiento antirretroviral estando bajo custodia del mismo Estado que le transmitió el virus. Este silencio, en un informe que normalmente detalla con precisión cada gestión institucional que hicieron las víctimas o sus familias (como vimos con Carmen Navas buscando a su hijo), dice también algo por sí mismo. Estamos ante crímenes de Estado de un nivel de violencia atroz en un entorno que aún representa un riesgo para las víctimas, los defensores y los que trabajan para que no haya olvido ni impunidad. La premisa más importante es mantener a la gente vulnerable protegida y cuidar también a los mecanismos que protegen y sostienen el trabajo por los derechos humanos.
Por qué la Misión lo documenta como violencia sexual y como tortura a la vez
Hay que explicar el encuadre legal porque es lo que permite que un hecho como este pueda perseguirse penalmente algún día. La Misión recuerda, en la introducción a esta sección del informe, que la violencia sexual no requiere necesariamente “penetración” para configurarse como tal. También son actos de violencia sexual la desnudez forzada, los tocamientos o las amenazas de violación, como mostramos en el artículo anterior. Pero cuando sí hay penetración, como en este caso, y además concurre lo que exige la Convención contra la Tortura, un funcionario público, infligiendo intencionalmente sufrimiento grave, con un propósito de castigo, humillación o discriminación, el hecho queda calificado doblemente: es violencia sexual y es tortura al mismo tiempo.
Aquí aparece un elemento que la Misión no menciona de forma aislada en el párrafo 410 del informe, pero que conecta con el marco general sobre motivos discriminatorios: los insultos feminizantes dirigidos a esta víctima por su orientación sexual no fueron un detalle incidental de la agresión. Cuando la tortura se agrava, o se dirige específicamente, por la identidad de la víctima, su orientación sexual, su género, su actividad política, el derecho internacional lo reconoce como un elemento que agrava la responsabilidad de los funcionarios y la cadena de mando, no como un simple insulto más.
Arriba izq., intervención militar de la cárcel de Tocuyito, en octubre de 2023 (la violación ocurrió en 2024); arriba der., intervención (mayo 2025) de ese centro penitenciario por orden de Julio García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario, señalado reiteradamente en los informes de la Misión (aún hay presos políticos en esa cárcel). Abajo, extracto del informe referido a este crimen de Estado.
Lo que este caso cierra y lo que deja abierto
Podemos hacer un recuento. En el primer artículo mostramos que, según la Misión, las estructuras que hicieron posible más de una década de violaciones de derechos humanos en Venezuela no fueron desmanteladas tras el 3 de enero de 2026, y que personas señaladas por crímenes de lesa humanidad siguen en cargos clave de seguridad e inteligencia. Este último caso, aunque ocurrió en 2024, es la prueba más cruda de por qué eso importa tanto. Cuando las instituciones no cambian, la posibilidad de que hechos como este se repitan o empeoren se preservan con el cambio de gobernante.
La Misión termina su informe con una constatación que resume, mejor que cualquier cosa que se pueda añadir, las historias que compartimos en esta serie: mientras no haya desmantelamiento real de los mecanismos de represión, restablecimiento de garantías judiciales efectivas, e investigación y sanción concreta de quienes cometieron estos hechos, no puede hablarse de una mejora sostenida de los derechos humanos en Venezuela. Lo que vimos con las muertes bajo custodia de Alfredo Díaz y Edison Torres, la desaparición de Víctor Quero Navas y la muerte de su madre tras encontrarlo, la tortura sistemática en Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, la violencia sexual contra la concejala de Zulia y contra este hombre en Tocuyito, no son hechos del pasado que ya se resolvieron. Son, según Naciones Unidas, hechos de un sistema que sigue de pie.
En el siguiente artículo, que será el último de esta serie, veremos la conexión de estos reportes con los sistemas de justicia.
Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU.
El dirigente sindical del transporte, Orlando Ramírez, fue liberado en horas de la madrugada este martes 6 de octubre, luego de permanecer desde el 8 de septiembre con paradero desconocido tras participar en una protesta por reivindicaciones laborales. La información fue confirmada por el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien acompañó las acciones emprendidas por organizaciones sindicales y familiares para exigir información sobre el trabajador.
Torres informó en un video difundido este martes en X sobre la liberación. Dijo que no sabe quién liberó al sindicalista pues, hasta el momento, desconocen las razones por la que fue objeto de “detención arbitraria y desaparición forzada”.
“Lo cierto es que se comunicó con dirigentes sindicales y expresó que lo dejaron tirado en las carreteras entre Yaracuy y Lara. Unos dirigentes sindicales lo rescataron en horas de la madrugada y lo llevaron adonde unos familiares en Lara.
Hasta ahora, no se ha informado oficialmente quién mantuvo detenido a Ramírez, dónde permaneció durante las semanas en las que estuvo incomunicado ni bajo qué condiciones fue liberado.
🚨🇻🇪👉🏼Última hora:
Liberan en la autopista entre Yaracuy y Lara al dirigente sindical Orlando Ramírez.
Con esta victoria popular, exigimos Justicia, Libertad y Democracia para Venezuela
Libertad para todos los presos políticos.
Nos vemos el jueves en las calles de Caracas. https://t.co/KmrIMv1hEb
Ramírez, presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte, fue visto por última vez el 8 de septiembre, después de participar en una manifestación frente a la sede de ese despacho en Caracas. Ese día, trabajadores reclamaban reivindicaciones laborales, entre ellas la restitución de beneficios para jubilados del ministerio.
Antes de perder comunicación, el dirigente habría enviado un mensaje a una compañera para informar que estaba detenido, aunque no pudo precisar dónde se encontraba. Desde entonces, sus compañeros y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que no habían obtenido información oficial sobre su situación jurídica ni su lugar de reclusión.
En los últimos días, la Coalición Sindical Nacional y defensores de derechos humanos acudieron a distintas instituciones para exigir información. Una de las posibilidades manejadas de manera extraoficial era que Ramírez estuviera recluido en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, en Las Acacias, Caracas, pero las autoridades no confirmaron públicamente esa versión.
El lunes 5 de octubre, representantes de la Coalición Sindical Nacional y abogados acudieron a la Fiscalía para intentar presentar una denuncia. Según Torres, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público no los atendió. Posteriormente consignaron un recurso de hábeas corpus ante los tribunales penales para exigir información sobre el paradero y situación jurídica del sindicalista.
Exigen fin de las detenciones arbitrarias
Tras conocer la liberación, Torres señaló que las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos agradecen a quienes se movilizaron durante las semanas de búsqueda. También, anunció que acompañará a Ramírez a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
“Ayer en la Fiscalía General la Dirección de Derechos Humanos no nos atendió, pero vamos con Orlando a poner la denuncia. Esto no se puede quedar así, los funcionarios que siguen deteniendo y desapareciendo a la gente arbitrariamente tienen que pagar”, insistió.
El abogado agregó que el hábeas corpus presentado el lunes fue admitido y que está pendiente una reunión con el presidente del circuito judicial penal, que esperan realizar el próximo jueves.
La liberación de Ramírez ocurre después de casi cuatro semanas en las que sindicatos y organizaciones de derechos humanos exigieron una fe de vida, información oficial sobre su situación y garantías para su integridad física. El caso había sido denunciado como una presunta detención arbitraria seguida de desaparición forzada. Por ahora, la liberación resuelve la incertidumbre sobre el paradero inmediato del dirigente, pero siguen sin respuesta pública las preguntas sobre quién lo detuvo, dónde permaneció y por qué fue liberado en una carretera.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Once diputados integran la comisión especial para la reforma parcial de la Ley contra el Odio, entre quienes destacan los chavistas Nicolás Maduro Guerra, Jorge Arreaza y Pedro Infante.
Tanto Maduro Guerra como Arreaza sostuvieron que la ley fue pertinente en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 y que pese a una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad, habría contribuido a reducir la violencia.
Como el grueso de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), tanto Maduro, como Arreaza y Guerra avalaron la ley cuando fue promulgada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora reconocen que hubo una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad.
Infante dijo que han establecido una ruta para reformar la ley, que algunas ONG consideran que debería ser derogada.
“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana. Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, dijo Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en declaraciones a la prensa el pasado 5 de octubre.
Infante alertó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en algunas definiciones necesarias para asegurar su “correcta aplicación”.
El diputado sentenció que la ley será remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este le dé el visto bueno antes de ser aprobada en plenaria en el Parlamento.
Según datos difundidos por la ONG Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la norma en 2017.
Y de acuerdo con Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 por supuestos delitos previstos en el instrumento legal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Venezuela continuará durante al menos dos años más. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).Con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, se renovó hasta 2028 el mandato delaMisiónde Determinación de los Hechos que documenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, liderados por países que patrocinaron la iniciativa, entre los que destacan Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, junto con el respaldo de potencias y aliados de Europa Occidental, América Latina y Asia comprometidos con los derechos humanos, tales como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Japón, Costa de Marfil, Chipre, República Checa, Islas Marshall, Reino de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Corea, Malaui y Eslovenia
Entretanto, los cinco votos en contra fueron de las delegaciones de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. Los 17 países que optaron estar “en el medio” y se abstuvieron fueron Brasil, México, Angola, Benin, Bolivia, Etiopía, Ghana, India, Irak, Indonesa, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Suráfrica y Tailandia.
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en las próximas sesiones del consejo que se celebrarán en otoño de 2027 y 2028.
La renovación ocurre mientras Venezuela atraviesa cambios políticos y después de una serie de medidas anunciadas por las autoridades que incluyen excarcelaciones y modificaciones en el sistema de justicia. La propia Misión ha advertido, sin embargo, que los cambios observados desde enero no significan por sí mismos que hayan desaparecido las estructuras que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos.
🔴 #ENVIVO | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el proyecto de resolución L.18 sobre #Venezuela con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra.
La votación registrada fue solicitada por la delegación de #China. Tras conocerse los resultados, la Presidencia del Consejo confirmó: “El proyecto de resolución L.18 ha quedado aprobado”.
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Su mandato original incluía investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Desde entonces, el Consejo ha extendido su mandato en varias oportunidades. La renovación de 2024, por ejemplo, amplió su trabajo para investigar las violaciones ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales de ese año, así como la violencia atribuida a los llamados colectivos.
La continuidad aprobada ahora mantiene abierta esa vía de investigación y documentación. Para Amnistía Internacional, esa permanencia tiene un valor particular porque permite que los casos de las víctimas continúen bajo escrutinio internacional mientras persisten interrogantes sobre justicia y rendición de cuentas.
“Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, en un comunicado emitido al conocerse el anuncio.
Piquer sostuvo que extender el trabajo de la Misión “refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad”.
Amnistía también reclamó que cualquier proceso de cambio mantenga en primer plano los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, calificó como “muy reconfortante” la continuidad de los mandatos de la Misión y de la OACNUDH. Consideró que la renovación constituye una noticia relevante precisamente porque Venezuela atraviesa un momento político distinto al que existía cuando se aprobaron las anteriores extensiones.
“La continuidad de estos mecanismos es fundamental para el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, afirmó.
A su juicio, el escrutinio internacional puede contribuir a que una eventual transición política no se limite a cambios de autoridades o decisiones coyunturales, sino que incorpore justicia y reconstrucción institucional.
El planteamiento coincide con lo señalado por Laboratorio de Paz: mantener mecanismos internacionales independientes permite seguir documentando violaciones, acompañar a las víctimas, preservar evidencia y comprobar si los cambios anunciados por las autoridades se traducen realmente en garantías. La organización recordó que la propia Misión ha reconocido modificaciones observables desde enero, entre ellas una disminución de determinadas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero también ha advertido sobre la permanencia de estructuras y condiciones que hicieron posibles graves violaciones.
El desafío: que los cambios puedan comprobarse
Laboratorio de Paz planteó que la renovación no debe interpretarse como una calificación automática sobre el rumbo político del país. El hecho de que continúe la supervisión internacional, señaló, refleja precisamente la necesidad de verificar cambios estructurales en áreas como la justicia, la rendición de cuentas, las libertades fundamentales y las garantías de no repetición.
Una transición democrática, según la organización, no puede medirse solamente por excarcelaciones, cambios de autoridades o nuevas normas. También requiere investigar responsabilidades, garantizar una justicia independiente, reparar a las víctimas y desmontar las condiciones institucionales que permitieron las violaciones.
La organización resumió el desafío de los próximos dos años en una imagen sencilla: que Venezuela llegue al final de ese período necesitando menos vigilancia internacional porque haya construido más garantías dentro del país.
“No midamos la transición solamente por los anuncios. Midámosla por los derechos que podemos ejercer”, insistieron.
El Rodrigato pidió “cerrar la misión”
La decisión del Consejo ocurrió pese al rechazo del gobierno venezolano al mecanismo. Durante el debate, la delegación venezolana afirmó que “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La representación pidió sustituir ese mecanismo por un esquema basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado.
En la sesión del Consejo, Venezuela sostuvo que la Misión ha operado sin su consentimiento y cuestionó la objetividad y metodología de sus informes. La delegación planteó que había llegado el momento de avanzar hacia el cierre del mecanismo y privilegiar la cooperación técnica y mecanismos universales.
🔴 #ENVIVO | Representación del régimen sobre la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU: “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La delegación pidió avanzar hacia un mecanismo basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
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La Misión, por su parte, defendió ante el Consejo la necesidad de mantener su mandato y señaló que los cambios sobre el terreno hacen todavía más importante su monitoreo independiente para garantizar rendición de cuentas.
Gobiernos históricamente aliados del chavismo, como China, también se opusieron a la renovación. Su delegación argumentó que el mecanismo impuesto por el Consejo no resolvería el problema venezolano, sino que podría complicarlo. Además, rechazaron lo que califican como presión externa e injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
🔴 #ENVIVO | Representación de China ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que votará en contra de la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
🗣️“El Consejo ha impuesto este mecanismo, y esto no va a resolver el problema, sino que lo va a complicar”, sostuvo.
La delegación china manifestó además su rechazo a “la presión externa y la injerencia en los asuntos internos” y respaldó la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
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Brasil, en cambio, optó por la abstención. Su delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”. Argumentaron que una esolución que consideraban “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuiría a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo.
🔴 #ENVIVO | Representación de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que se abstendrá en la votación sobre la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela.
La delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”.
#Brasil sostuvo que una resolución “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuirá a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo, y pidió que futuras versiones incorporen estas observaciones.
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Estas posiciones no impidieron la renovación. El resultado deja vigente por otros dos años el trabajo de los mecanismos internacionales de seguimiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La defensa de Nicolás Maduro se consiguió con una piedra de tranca en su intento por frenar el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía federal de Nueva York, el Gobierno venezolano nunca solicitó formalmente que el ex gobernante ni Cilia Flores sean considerados inmunes ante la justicia estadounidense.
El planteamiento fue presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein y cuestiona uno de los principales argumentos de la defensa de Maduro, quien busca que el tribunal reconozca su condición de jefe de Estado y aplique la denominada inmunidad soberana para impedir que el proceso avance.
Los abogados de Maduro argumentaron que el exgobernante venezolano debería recibir un tratamiento similar al de Delcy Rodríguez, a quien la administración de Donald Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Venezuela sí pidió inmunidad para Delcy
La Fiscalía estadounidense puso el foco en una diferencia entre ambos casos.
Según el documento presentado por los fiscales, Venezuela sí solicitó formalmente que Estados Unidos reconociera la inmunidad de Rodríguez en otro procedimiento judicial.
El 14 de mayo, la Cancillería venezolana envió una nota diplomática a Washington para reclamar protección para Rodríguez ante una demanda civil presentada en Florida.
Dos meses después, el gobierno estadounidense informó al tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y que gozaba de inmunidad frente a esa demanda.
Para la Fiscalía, este antecedente resulta relevante porque demuestra que Venezuela conocía el mecanismo para solicitar protección ante los tribunales estadounidenses y lo utilizó en el caso de Rodríguez. En cambio, de acuerdo con los fiscales, no existe una petición equivalente para Maduro o Flores.
La pregunta planteada por la Fiscalía es por qué Venezuela habría solicitado protección para Rodríguez y no habría hecho lo mismo con Maduro si considera que el ex gobernante mantiene inmunidad como presidente.
Maduro no es presidente para Washington
Otro de los argumentos de la Fiscalía está relacionado con la posición de Washington sobre Maduro.
Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente venezolano en enero de 2019, después de las elecciones que Washington y otros países consideraron fraudulentas.
La Fiscalía sostiene que esta situación impide equiparar automáticamente la posición jurídica de Maduro con la de Rodríguez, a quien la administración Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Maduro intenta que el juez reconozca una inmunidad derivada de su antigua condición, mientras los fiscales sostienen que ni Estados Unidos ni el Gobierno venezolano han planteado formalmente que esa protección deba aplicarse.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La señora Delcy Rodríguez habló en la ONU de renacimiento. Asumimos que no se refirió a un renacimiento similar al del siglo XV que permitió a Europa salir del oscurantismo de la Edad Media, aunque hoy algunos estudiosos dicen que ese oscurantismo no fue tal. Lo que no admite duda es que en Venezuela hay más horas de oscuridad que en los polos durante los meses de invierno, por lo que debemos asumir que se refirió a su propio renacimiento. Pasó de ser perseguida por quien llamaba “el imperio satánico”, a ser la consentida del mismo.
¿Quién es realmente Delcy Rodríguez?
Los demócratas la calificamos de usurpadora y violadora de los derechos humanos. Los chavistas le dicen la traidora. Para los damnificados de La Guaira es la desentendida. Para el presidente Trump es la cómplice necesaria. Para la admirada Anne Applebaum, ella y Trump están al frente de dos cleptocracias que colaboran para beneficiar a personas cercanas a ambos gobiernos.
No falta quienes la llaman la resentida, por considerar que tiene un trauma por la muerte de su padre, torturado hace cincuenta años mientras estaba preso para sacarle información sobre el secuestro del industrial estadounidense Niehous. Sin duda que este repudiable asesinato traumatiza a cualquier hijo. Ella misma reconoció que lo que hacía “era nuestra venganza”. Su hermano, el siquiatra Jorge, no pudo tratarla porque también devino en paciente.
Solo a título de ejemplo, podemos citar que su caso no es similar al de Bernabé Gutiérrez, quien brincó la talanquera hacia el lado del régimen para que le asignaran la tarjeta de Acción Democrática. Tampoco el del engominado egocéntrico Hermann Escarrá, quien brincó la talanquera porque no podía descollar entre excelentes constitucionalistas demócratas como Brewer-Carías, Gustavo Tarre y Gerardo Blyde y, en cambio, es una estrella dentro del mediocre grupo de abogados del régimen. Delcy no se vendió como Enrique Ochoa Antich y Timoteo Zambrano, quienes cambiaron de bando para disfrutar de la embajada en Suiza y en España, respectivamente.
Los motivos de Delcy
Con su cara de yo no fui, quiere aparentar ser más una víctima que una victimaria. No es tonta. Está consciente de que en una elección libre no gana ni compitiendo sola. Abjuró de su prédica antiimperialista. Ahora sonríe a Trump, al jefe del Comando Sur que capturó a Maduro y a los directores del FBI y de la DEA. No solo se pasó con armas y bagajes al equipo que siempre consideró su enemigo, sino que generosamente le regaló parte de nuestro petróleo y del oro. Repudió a Diaz Canel, a Ortega y a los ayatolás. También, al menos de palabra, marca distancia con la guerrilla colombiana y el narcotráfico.
Algunos dicen que acepta que Trump la humille con la esperanza de que en noviembre pierda la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y así disminuya la presión sobre su régimen de facto. Sin embargo, esa no pareciera ser su opción favorita. Trump y ella se sienten confortables haciendo negocios, pero cabe preguntar para qué quiere más dinero. Mientras permanece en Miraflores pierde aceleradamente el poco apoyo que le queda de los suyos y no podrá resolver los principales problemas que afectan a la población. Políticamente está chamuscada.
Quizá su tozudez en no dejar el poder sea por temor a que Trump se la lleve como a Maduro por impedirle seguir con los negocios de ambos. También que su entorno corrupto y violador de derechos humanos la amenace si intenta abandonarlos. Es decir, si escapa de la sartén, cae en la olla.
Conclusión
Delcy no se apropió de la presidencia por ceder un sencillo plato de lentejas, sino por entregar nuestra soberanía, parte de nuestro petróleo y del oro. Con el debido respeto por la Biblia, Jacob se apropió indebidamente de la primogenitura y la ejerció durante su vida. Delcy se adueñó temporalmente de la primera magistratura y siempre tendrá el estigma de haber entregado lo que le pertenece a la nación venezolana.
Como (había) en botica
La distinguida abogada Rocío San Miguel permaneció casi dos años detenida por el señalamiento, realizado por el entonces fiscal general Tarek William Saab, de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. El juez Carlos Liendo llevó el caso y ordenó su privación de libertad a principios del 2024. Ahora, la jueza Alejandra Romero la absolvió. Este es uno de los cientos de atropellos perpetrados por fiscales y jueces, siguiendo órdenes de Chávez, Maduro y de Delcy Rodríguez. Según el Foro Penal venezolano, todavía hay 324 presos políticos.
Por cierto, este mes de octubre se inicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la audiencia por la masacre del 11 de abril del 2002, responsabilidad de Hugo Chávez. Freddy Bernal y los generales de la Guardia Nacional Belisario Landis y Eugenio Gutiérrez deben ser investigados.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 5 de octubre, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que la Ley Contra el Odio fue una «necesidad» para controlar a la disidencia del chavismo.
«Sirvió para frenar muchos desvaríos», afirmó Cabello.
El pasado 29 de septiembre, la presidenta encargada de Venezuela bajo el aval del Gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional a reformar parcialmente la Ley Contra el Odio. Sin embargo, la sociedad civil venezolana denuncia que la normativa debe ser drogada.
ONG como Foro Penal han reclamado que la Ley Contra el Odio ha sido una herramienta de persecución política contra más de 900 personas en los últimos nueve años.
Además, Cecodap documentó al menos 118 entre 2024 y 2025 donde el Gobierno detuvo arbitrariamente a adolescentes y les imputaron delitos adscrito en la Ley Contra el Odio. Hasta ahora, ninguno tiene libertad plena.
«Ojalá no hubiese la necesidad de tener una ley contra el odio. Ojalá. Pero uno ve hoy que [el odio] aupó a varios», comentó Cabello.
El ministro se refirió a la violencia política que ocurrió entre las protestas antigubernamentales entre los años 2014 y 2019 como actos punibles dentro de la Ley Contra el Odio.
«La Ley [Contra el Odio], en un momento dado, fue una necesidad. [Fue una necesidad que va] más allá, como dijo nuestra presidenta [encargada bajo el aval de Estados Unidos] del uso que se le dio a la Ley en una circunstancia», dijo el Ministro.
Tanto la Asamblea Nacional del 2025, liderada por el PSUV, como la Asamblea Nacional del 2015, liderada por la oposición avalada por Estados Unidos, inició esta semana el plazo de postular iones de magistrados para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Judicial tendría la capacidad de auditar la Ley Contra el Odio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
