Inicio Blog Página 3

PNB impide que eurodiputados visiten a Perkins Rocha

0

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron este jueves que los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías quienes están de visita en el país, accedieran a la vivienda del abogado de Perkins Rocha.

“Una nueva muestra de abuso de poder y de las restricciones arbitrarias que siguen imponiendo sobre él y su familia”, expresó el Comité de Derechos Humanos del Partido Vente Venezuela, a través de su cuenta en X, sobre el hecho.

Los dos eurodiputados le cuestionaron a los funcionarios policiales las razones de la restricción de las visitas al abogado y estos no ofrecieron ninguna respuesta. La casa de Rocha está vigilada por al menos 10 funcionarios de cuerpos de seguridad.

Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, tuvo que despedir a los eurodiputados en la puerta del edificio donde habita el abogado. “Esto va a pasar, esto es irreversible, más rápido que tarde vamos a recorrer Venezuela. Este cambio es inevitable”, aseguró y sumó que “cada acto de arbitrariedad demuestra el miedo que le tienen a la verdad”.

Continúa el asedio

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intensificaron este jueves el cerco de seguridad en los alrededores de la residencia del abogado Perkins Rocha en Caracas. 

El despliegue ocurrió un día después de que agentes del cuerpo policial impusieran de manera arbitraria una restricción de visitas en la vivienda, medida que carece de cualquier sustento legal, según los abogados de Rocha.

Tanto el equipo de defensa de Rocha como el juez encargado de la causa confirmaron que no existe ninguna providencia judicial que ordene limitar el acceso a la propiedad. 

La irregularidad se suma a las condiciones de su arresto domiciliario, vigente desde febrero de 2026, bajo el cual el Estado lo mantiene con un grillete electrónico y vigilancia policial las 24 horas del día.

Denuncia de amedrentamiento

La esposa del coordinador jurídico de Vente Venezuela, denunció a través de la red social X la intromisión de los funcionarios en la dinámica del hogar. 

En un video, Cipriani reclamó el derecho a decidir quién ingresa a su propiedad y recordó que Rocha acumula dos años y tres meses como preso político del régimen.

“Ellos saben lo que están haciendo mal”, afirmó Cipriani en declaraciones a la prensa, subrayando que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a los agentes que ejecutan estas acciones. 

Asimismo, hizo un llamado urgente a los medios de comunicación.  “No nos abandonen, no nos suelten de la mano”.

Desde el partido Vente Venezuela exigieron el cese inmediato del hostigamiento y la libertad plena e incondicional de su dirigente.

Rocha emitió un mensaje directo a los actores políticos que participan en las actuales negociaciones entre el interinato de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015.

A través de un video difundido en redes sociales, se dirigió específicamente a Dinorah Figuera y a los miembros de la AN de 2015 que conforman la mesa de diálogo.

“El llamado es para los miembros de esa mesa de diálogo, que no podemos permitir que los espacios que hemos ganado medianamente, los pequeños espacios de libertad que se nos ha otorgado, los volvamos a perder”, advirtió el abogado.

Rocha, quien se desempeñó como procurador general del estado Aragua (1996–2000) y magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (2000–2004), fue detenido el 27 de agosto de 2024, en el marco de la ola represiva desatada tras las elecciones presidenciales.

Debido a la gravedad de su situación y los riesgos que enfrenta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. 

A pesar de ello, su excarcelación en febrero de 2026 no significó el fin de la persecución; el régimen lo mantiene bajo un esquema de privación de libertad encubierta, con prohibición de salir de su vivienda sin autorización expresa.

El pasado 27 de octubre, la líder opositora María Corina Machado, se reunió con Rocha tras diez meses en el exterior. 

“Ella encarna la suma de todos nuestros desvelos, la consistencia de nuestra doctrina y el compromiso inquebrantable de edificar una república liberal, justa y democrática. No existió un solo instante, en la hostil oscuridad de aquellos 539 días de injusta prisión, en que yo junto a tantos otros compañeros llegáramos a dudar de su empeño por lograr nuestra libertad y restituir nuestras garantías constitucionales”, dijo Rocha.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

La Conversa | Juan Carlos Caldera exige renovación del TSJ y del CNE antes de febrero      

En medio de lo que calificó como una “urgencia marcada” por la profunda crisis económica y 27 años de “saqueo de los fondos y destrucción del aparato productivo”, el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Carlos Caldera, presentó una hoja de ruta concreta para la transición democrática en Venezuela. 

En declaraciones a La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Tal Cual y Runrunes, Caldera detalló un plan de seis etapas que busca garantizar un proceso electoral presidencial en el tercer trimestre de 2027.

El dirigente opositor agradeció los anuncios del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las tres fases de recuperación del país, así como una declaración del 26 de octubre que a su juicio “da mayores luces para llegar a una elección presidencial”.

Caldera le dijo a César Batiz, director de El Pitazo; Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes, que la propuesta bautizada como “Venezuela: una ruta clara”, arrancó en los primeros días de noviembre y tiene como primer escalón una reforma legal e institucional urgente.  

El dirigente opositor fue enfático en que se debe proceder al nombramiento de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la constitución de una nueva Ley de Partidos Políticos y de Procesos Electorales.

“No hay democracia si no hay partidos políticos. Hoy tenemos partidos judicializados e inhabilitados. Estos dos meses que quedan del año pueden servir para avanzar y dejar atrás esa etapa de la inhabilitación”, sostuvo.

El cronograma planteado marca como límite el mes de febrero para concluir el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). 

“Es una línea de tiempo que trata de dar coherencia a las ideas para lograr la elección. Se trata de una expresión política con argumentos técnicos”, explicó.

El escenario de la falta absoluta y la transición

Sobre el escenario presidencial, Caldera recordó que debe haber una “declaratoria de falta absoluta”, un punto que también ha sido mencionado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 

Caldera advirtió que una vez nombrado el nuevo CNE, surgirá la incógnita sobre la candidatura oficialista.

“Si Delcy Rodríguez es candidata, se abre el debate de quién asume la presidencia durante ese período. El TSJ tendría que reglamentar cómo sería ese régimen transitorio”, indicó.

Caldera exigió una auditoría electoral profunda en vista que la última se realizó hace dos décadas. 

El dirigente subrayó que la crisis de servicios públicos ha provocado desplazamientos internos y la estructural ha empujado a 9 millones de venezolanos al exterior, por lo que el mapa demográfico del país está alterado.

Caldera agregó que se debe eliminar cualquier norma que niegue el derecho al voto a los venezolanos por no tener estatus migratorio legal en el país donde residen.

“Hay que borrar esa norma de negar el derecho a los venezolanos a votar si no están legales en el país donde están. El único requisito para votar en una elección presidencial es ser venezolano”, enfatizó. 

El dirigente de PJ visualizó los comicios para los domingos de agosto o septiembre de 2027, pero advirtió que se requiere una “batería importante de auditorías para que no pase lo del 28 de julio de 2024”.

Caldera ratificó el liderazgo de María Corina Machado.

“La candidata es María Corina Machado, quien ganó la primaria en octubre. No hay duda sobre eso”.

El dirigente político hizo un llamado a no personalizar la mesa de negociación en la figura de Dinorah Figuera, recordando que está conformada por un equipo que representa a la Asamblea Nacional electa en 2015 y no a un par de partidos.

“Tengo la confianza de que están trabajando por representar el deseo de millones de venezolanos de recuperar la democracia. Toda posible bonanza económica pasa por el tema jurídico y una elección presidencial”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

«Ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando»: líderes indígenas venezolanos denuncian aumento de violencia

0

«Si en el año 2016 se creó el el decreto del Arco Minero del Orinoco y nosotros estábamos peleando porque nos fuimos consultados, esta reforma [de la Ley Orgánica de Minas de 2026] fue peor», afirmó Ana Figueroa, capitana territorial del pueblo pemón y docente. «Cuando nuestros representantes indígenas locales fueron a enviar las propuestas para la reforma, nuestros representantes en la Asamblea Nacional les dijeron: “No pierdan el tiempo haciendo la propuesta porque ya los artículos de la reforma están aprobados”».

Su denuncia ocurrió fue dada a conocer este 11 de noviembre durante el el foro «Las voces indígenas, el ambiente y el cambio climático en el proceso de la transición venezolana», organizado por las ONG Provea, Clima 21 y Wayamoutheri. El auditorio de la Asociacion de Profesores de la Universidad Central de Venezuela congregó a líderes indígenas y miembros de la academia para denunciar la violencia, la minería y la vulnerabilidad climática de las comunidades de la Amazonía venezolana.

Tras los asesinatos de los líderes indígenas Alberto González, Julio Rodríguez y Alberto Tovar en menos de tres meses, las comunidades de la Amazonía venezolana reclaman que el Estado no ha brindado celeridad para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas frente a los grupos armados paraestatales y a la minería estatal y paraestatal.

En Runrun.es te resuminos los planteamientos más destacados del foro en 6 claves:

Desplazamientos forzados y silenciados

Han pasado 10 años desde la creación del Arco Minero del Orinoco, un proyecto del Gobierno venezolano que buscaba extraer oro, coltán, bauxita y otros minerales considerados «tierras raras» dentro de la Amazonía venezolana y el Escudo Guayanés —zonas protegidas por su alta relevancia ecológica y cultural para los pueblos indígenas—. Para las comunidades indígenas en Venezuela, la última década se ha traducido en el deterioro de sus culturas por el extractivismo en sus territorios ancestrales.

«Los arawakos, los que formamos parte del troco lingüístico arawako, somos esa pequeña muestra de lo que es el despojo territorial», denunció Jersy Delgado, líder de la comunidad warekena, comunicadora social y miembro directivo de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). «Nuestros abuelos se tuvieron que movilizar por la era del del caucho. Hoy no es la fiebre del caucho, hoy es la fiebre de la extracción de minerales lo que obliga a desplazar a nuestras comunidades».

Si bien no hay un dato que reúna la dimensión del desplazamiento forzado por la violencia en las comunidades indígenas venezolanas, Delgado aseguró que la frecuencia de casos ha aumentado desde junio de 2026.

Mientras tanto, el Gobierno venezolano no ha actualizado su censo nacional desde el año 2011. La representante de ORPIA afirmó que el municipio Cedeño, territorio habitado en su mayoría por pueblos uwottüja y jivi, concentra los casos registrados. Hasta ahora, las familias despalzadas se dirigen a las comunidades del estado Amazonas.

Ese municipio también es el territorio donde encontraron los cuerpos de González y Rodríguez. De acuerdo con las investiagciones periodísticas de Amazon Underworld e InSight Crime, toda esa zona está invadida por el Ejérctiro de Liberación Nacional (ELN) y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Violencia más intensa

La situación de la violencia contra las comunidades indígenas ha escalado. Los grupos paraestatales «ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando. Están matando a nuestros dirigentes», agregó Figueroa.

La capitana territorial del pueblo pemón recalcó que el Estado venezolano no ha investigado los asesinatos de pueblos y líderes indígenas en la Amazonía venezolana. Uno de los casos más relevantes fue la muerte violenta del capitán territorial Virgilio Trujillo en 2022. Otros casos documentados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU son la Masacre de Kumarakapay (2019) y la masacre de Pariba B (2022).

Delgado también alertó sobre el aumento de casos de muertes autoinflingidas en la juventud indígena. Desde ORPIA estiman que estos casos están relacionados al cyberbulling, pero exhortan a las autoridades venezolanas a investigar la causa de estos decesos.

«Consideramos que esto es por el acceso a la tecnología, que llegó a las comunidades a raíz de la incursión del extractivismo en nuestros territorios. Tenemos que hacer mucho para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas», advirtió Delgado.

Nueva Ley de Minas reforma la impunidad

La representante de ORPIA también denunció que la Corporación Venezolana de Minas está encuestando a los indígenas del estado Amazonas para hacer censos de mineros artesanales, pese a que la reforma de la Ley de Minas, en su artículo 89, prohíbe el extractivismo en esa región.

Figueroa, por su parte, recalcó que el Gobierno interino —avalado por Estados Unidos— no ha includo a las comunidades indígenas en las normativas que los afectan directa e indirectamente desde hace más de 10 años. Denunció que los propios diputados indígenas —que representan al Partido Socialista Unido de Venezuela— no atienden las necesidades de sus comunidades.

Linda Bustillos —politóloga, abogada y miemmbro directivo del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI – ULA)— advirtió que el Estado venezolano no ha reconocido un territorio ancestral demarcado por las comunidades indígenas desde el 2014.

Para el GTAI – ULA, entre los nuevos riesgos socioambientales que permite la reforma de la Ley de Minas están:

  • El concepto de «Brigadas mineras», que busca incluir a los mineros artesanales como sociedades mercantiles para aumentar el tamaño de los proyectos extractivistas;
  • Las concesiones aumentaron a 50 años máximo (30 años de concesiones, más 20 de prórroga);
  • La reforma incluyó el arbitraje de instituciones internacionales en conflictos que surjan en las actividades extractivas;
  • Si bien la reforma incluye el levantamiento de datos geocientíficos, no establece la transparencia del uso de esos datos para el conocimiento del público y de las comunidades indígenas afectadas;
  • «La nueva Ley también permite que los mineros artesanales puedan sacar hasta 30 gramos de minerales y poseerlos sin ningún permiso de guías comerciales. Esto permite regularizar prácticas del cambio de moneda por minerales que ya está pasando en varios sectores», denunció Bustillos.

Vulneración a del territorio ancestral a gran escala

La representante del GTAI – ULA aseveró que el Arco Minero del Orinoco ya está vulnerando a más de seis pueblos indígenas (los yanomami, uwottüja, pemón, ye’kwana, jöti y jivi). Ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos y el acuerdo petrolero entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración estadounidense de Donald Trump, los 18 campos petroleros asignados a Estados Unidos intervendrán en territorio ancestral del pueblo Kariña (al norte del estado Bolívar) y toda la zona sur de la cuenca del río Orinoco.

«Los derechos indígenas no están contemplados en la [nueva] Ley Orgánica de Minas», destacó Bustillos, complementando la denuncia de Figueroa y Delgado sobre la negativa de la consulta indígena.

«La demarcación de territorios no aparecen en ningún sitio de la ley. Además, se subordina a todo el territorio nacional donde haya interés aurífero o de tierras raras como “zonas de seguridad”, independientemente si es [un territorio] indígena o no», agregó.

El cambio climático, otra amenaza presente

Con una intervención minera por varios años y de manera continua, Alejandro Álvarez, director de la ONG Clima21, destacó que los territorios indígenas ya están afectados por el cambio climático. Sufren de desertificación y la alteración de los periodos de lluvias y sequías.

La institución calculó que al menos 200 000 habitantes de la Amazonía venezolana ya están siendo gravemente afectadas por estos fenómenos socioambientales, cerca del 28 % de la población indígena venezolana.

«Y no hay una política respecto al cambio climático y la protección de la ciudadanía», dijo Álvarez.

Necesidad de salir de la tradición extractivista

El director de Clima21 denunció que solo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez —avalado por Estados Unidos— es la única representación venezolana ante la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Turquía. Hasta ahora, mencionó, esa administración ha disciminado a las comunidades indígenas o la presencia de otras instituciones para hacer auditoría.

«Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo: la inacción climática es una violación a los derechos humanos», agregó Álvarez.

Para Erick Camargo, representante del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) estos problemas se resumen en la tradición política del Estado venezolano en ser un ente extractivista.

«Ahora que estamos en un tiempo donde se están dando transiciones políticas […], la idea es incluir la transición energénica y económica», destacó Camargo. «Hasta ahora, ningún representante político se ha planteado estas discusiones».

Los expositores del foro recalcaron que las comunidades indígenas ya se están organizando: crean brigadas de protección, mapas de demarcación de territorios ancestrales y formándose en la defensa de sus derechos fundamentales. Le piden, al Gobierno venezolano, que apoyen y escuchen a estas comunidades vulnerable e insisten en que «con operativos “de seguridad”, que son opacos, no se resuelve este problema nacional».

Gobierno de Rodríguez ofrece cooperación a Colombia, sin mencionar mediación por militar secuestrada por el ELN      

0

El gobierno venezolano expresó su disposición a ejercer “todas las coordinaciones necesarias” con las autoridades de Colombia en materia de seguridad en la búsqueda de la subteniente del Ejército, María Camila Pantoja, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento fronterizo de Arauca

La respuesta oficial llega horas después de que el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, solicitara formalmente a Estados Unidos mediar ante Caracas para colaborar.

En un comunicado emitido por la cancillería el Ejecutivo nacional precisó que los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes están a disposición para facilitar el intercambio de información. 

El comunicado hizo énfasis en que cualquier acción se ejecutará “sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la responsabilidad compartida”.

Washington fundamental 

La solicitud colombiana fue formulada el miércoles 11 de noviembre en el fuerte militar de Tolemaida. El ministro Mora reveló que, además de sus propios esfuerzos de inteligencia, han pedido el apoyo de Estados Unidos para que interceda ante Venezuela.

Mora vinculó esta necesidad de cooperación con el momento político que atraviesa el país vecino.

“Esperamos que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad”, declaró.

El funcionario lanzó una advertencia estratégica sobre las operaciones que la fuerza pública colombiana adelanta en la frontera.

“Es imperativo que exista una verdadera contención del otro lado, para evitar que la presión militar en territorio colombiano derive en una ocupación del territorio del otro lado por parte de los grupos armados ilegales, desplazando el conflicto hacia la geografía venezolana”, dijo.

El incidente ocurrió el pasado 5 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca. 

Según reportes de la Décima Octava Brigada del Ejército colombiano, la subteniente Pantoja se movilizaba por el casco urbano de la población cuando fue interceptada por dos hombres armados en una motocicleta.

Poco después, el Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó a través de un video difundido en redes sociales que tiene en su poder a la uniformada. 

En el mismo mensaje, la guerrilla advirtió que cualquier intento de rescate por parte de las autoridades pondría en riesgo inminente la vida de la subteniente.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Venezuela en la Berlin Freedom Conference: presos politicos y transición en el centro del debate

0

Redactado por: Oscar Schlenker

La compleja situación de Venezuela fue uno de los temas abordados durante la segunda edición de la Berlin Freedom Conference, celebrada el 10 de noviembre en la capital alemana. La conferencia reune activistas, antiguos presos políticos y dirigentes opositores de más de 60 países. En los distintos paneles se debatieron temas que fueron desde los desafíos de las transiciones democráticas hasta la cooperación internacional frente a las autocracias del mundo.

Bajo el lema El cambio es posible, la conferencia formó parte de la Berlin Freedom Week, una iniciativa que conmemora la revolución pacífica de 1989 y la caída del Muro de Berlín, uno de los acontecimientos más emblemáticos de la lucha por la libertad en Europa. La conferencia es impulsada en gran parte por la organización World Liberty Congress (WLC), cofundada por Leopoldo López junto con la activista iraní Masih Alinejad y el opositor ruso Garry Kasparov.  

El cambio político no garantiza la transformación democrática

Durante la jornada del Berlin Freedom Conference se abordaron temas relevantes de cada rincón del planeta. Las guerras en Irán, Ucrania y rol de EE.UU. y Rusia fueron temas constantes en la mayoría de los páneles de discusión. Para el dirigente opositor venezolano Leopoldo López, la experiencia de Venezuela demuestra las dificultades de lograr una transformación democrática, incluso cuando se producen cambios en el poder.

López recordó los numerosos intentos de negociación con el chavismo, en los que participaron distintos actores internacionales, sin conseguir una transición política. “Engañaron al papa, engañaron a los expresidentes, engañaron a la OEA, engañaron a los noruegos y permanecieron en el poder”, afirmó López durante su intervención en el panel tiutulado La seguridad como libertad: qué significa la defensa de Europa para la democracia.

A diferencia de esos procesos, López considera que la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro modificó las condiciones políticas del país. Sin embargo, reconoció que esta nueva etapa plantea importantes desafíos para la oposición venezolana. 

“Hay un dicho en Estados Unidos: no hay almuerzo gratis. Y creo que eso es especialmente cierto con Donald Trump”, advirtió López. Aludiendo a que el futuro venezolano está vinculado a los intereses estratégicos de Washington, una realidad que obliga a encontrar un equilibrio entre las aspiraciones democráticas de los venezolanos y las prioridades de Estados Unidos.

También destacó la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas venezolanas, que, según su evaluación, fueron estructuradas para controlar a la población antes que para defender el territorio.

En ese contexto, planteó que una Venezuela democrática necesita una transición militar que podría convertirse en un aliado estratégico de las democracias occidentales, incluso de la OTAN, ya que “si no llevamos a cabo esta transformación en coordinación con Estados Unidos y la OTAN, y creo que ese es el puente que debemos construir, quedaremos a merced de Rusia, de China y de organizaciones terroristas” enfatizó López.

Los presos políticos, una deuda pendiente

A pesar de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno interino venezolano, la situación de los presos políticos sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos.

Pedro Urruchurtu, dirigente del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, participó en el Panel organizado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad titulado “Desplazar a las cúpulas del poder en Venezuela, Cuba y Nicaragua: adaptación, supervivencia de los regímenes y búsqueda de espacios democráticos”.

Para Urruchurtu, estos encuentros permiten visibilizar la persecución política y conectar las experiencias de países que enfrentan problemas similares. “Poder reunirse acá y desde el propio testimonio hablar de eso es una manera también de enseñarle y mostrarle a los alemanes lo que otros estamos padeciendo”, explicó.

El dirigente venezolano destacó además que la conferencia reúne distintas perspectivas ideológicas, pero permite identificar problemas comunes, como la persecución política, la represión transnacional y los desafíos para la seguridad y la democracia.

El poder de los presos políticos

La importancia de quienes permanecen encarcelados por enfrentar a gobiernos autoritarios también fue destacada por Andrei Sannikov, exviceministro de Exteriores de Bielorrusia, excandidato presidencial y antiguo preso político.

“Los presos políticos tienen el poder de los sin poder”, afirmó Sannikov, aludiendo a la capacidad de resistencia de quienes desafían al autoritarismo incluso desde prisión. Pero el dirigente bielorruso advirtió que esa resistencia necesita acompañamiento desde el exterior. “Necesitamos el poder de quienes se preocupan y están dispuestos a actuar”, añadió, subrayando la importancia de la solidaridad internacional y la movilización ciudadana para impulsar cambios políticos.

Sannikov recordó que era un niño cuando se construyó el Muro de Berlín y ya era adulto cuando cayó en noviembre de 1989.

“Berlín es un símbolo, una ciudad de transformaciones”, afirmó. Para el expreso político, la caída del Muro representó una esperanza para millones de ciudadanos sometidos a los regímenes comunistas de Europa del Este.

Europa ante la crisis democrática

El expresidente de Estonia Toomas Hendrik Ilves también advirtió durante la conferencia sobre el deterioro de la democracia a escala mundial y los desafíos que enfrenta Europa para preservar sus libertades.

En su discurso de apertura, Ilves alertó que la crisis democrática internacional es más profunda de lo que muchos imaginan y planteó la posibilidad de que Europa termine convirtiéndose en uno de los últimos bastiones de las libertades democráticas.

Sin embargo, el exmandatario estonio destacó la importancia de preservar los mecanismos electorales como instrumento para impulsar transformaciones políticas. “Mientras existan elecciones libres, aunque no sean justas, siempre habrá la esperanza de libertad”, afirmó.

Sus reflexiones contrastaron con los desafíos de países como Venezuela, donde la discusión sobre la transición democrática continúa vinculada a las garantías electorales, y el Estado de derecho. Las discusiones desarrolladas demuestran la importancia de exigir elecciones en Venezuela para poder cementar una transición verdaderamente democrática en el país.

Una alianza internacional por la libertad

El World Liberty Congress, fundado en 2022, reúne a más de 200 activistas y defensores de la democracia procedentes de más de 60 países. Su propósito es articular esfuerzos internacionales para apoyar a quienes enfrentan la represión y promover transiciones democráticas.

“Esto no es un tema de derecha o de izquierda”, explicó López, quien considera que las diferencias políticas no deberían impedir la cooperación entre movimientos que buscan recuperar las instituciones democráticas. “La ideología es un lujo cuando no tienes democracia”, afirmó.

Según el opositor venezolano, la organización ha contribuido a la liberación de presos políticos, a iniciativas legislativas y a programas de formación para activistas dentro y fuera de sus países.

Para Pedro Urruchurtu, celebrar estos encuentros alrededor del aniversario de la caída del Muro tiene un significado especial.

“El concepto de hacer la Berlin Freedom Week y específicamente la conferencia en el marco del 9 de noviembre también envía una carga muy poderosa, simbólica, en lo que representa la libertad”, señaló.

Treinta y siete años después de la caída del Muro de Berlín, los testimonios de antiguos presos políticos y disidentes de diferentes continentes recuerdan que los cambios de gobierno no necesariamente significan el fin de la represión. Para Venezuela, el desafío sigue siendo convertir las transformaciones políticas en garantías concretas de libertad, justicia, elecciones democráticas y respeto a los derechos humanos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

APLEX exigió ante la AN derogación de Ley contra el Odio, revisión de causas y reparación

0

La Alianza por la Libertad de Expresión (APLEX), una coalición de ONG y representantes gremiales venezolanos, solicitó la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia durante la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional (AN) el 11 de noviembre en Caracas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), uno de los miembros de la APLEX, cuestionó la necesidad de mantener una legislación adicional para sancionar expresiones, considerando que el ordenamiento jurídico venezolano ya contiene disposiciones dirigidas a prevenir y castigar determinadas conductas de incitación al odio, discriminación y violencia, como el artículo 285 del Código Penal.

También denunciaron la aplicación de términos «vagos» como temor, angustia y zozobra que pueden ser interpretados por el Poder Ejecutivo para sancionar sin discreción a los venezolanos.

El SNTP, según su nota de prensa, «recordó que los estándares internacionales, incluido el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, exigen criterios rigurosos para determinar cuándo una expresión constituye una incitación susceptible de restricción».

Una Ley sin reparaciones

La institución gremial recordó que la Ley del Odio se ha mantenido por nueve años para judicializar a los venezolanos, y en ninguna cláusula de la reforma se contempla las reparaciones a las personas afectadas.

De los 40 casos de periodistas presos o judicializados registrados por el SNTP en enero de 2026, al menos 28 (70 %) estaban relacionados con imputaciones por delitos previstos en la Ley contra el Odio.

«El sindicato señaló que el impacto de esta legislación trasciende las detenciones y los procesos judiciales. El temor a una investigación o a posibles sanciones puede condicionar las decisiones editoriales, desalentar investigaciones periodísticas y provocar que las fuentes informativas guarden silencio», agregó el miembro de la APLEX.

La reforma de la Ley contra el Odio contempla multas calculadas a partir de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia y sesiones de trabajo comunitario o programas educativos que pueden acumular entre 200 y 600 horas.

El sindicato destacó que, si bien la reforma no contempla el trabajo periodístico dentro de los objetos de sanción, la institución gubernamental que ejerce las multas —el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz— puede multar producciones independientes de periodismo. «La eliminación de las penas de prisión resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión», concluyó.

Por el momento, los integrantes de la AN del Partido Socialista Unido de Venezuela, que representan la mayoría del Parlamento, mantienen su convicción de mantener la Ley contra el Odio, pese a las múltiples denuncias de la sociedad civil y los órganos multilaterales de derogar la Ley por sus múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

Federación Médica Venezolana no participará en paro nacional del 16 de noviembre

0

La Federación Médica Venezolana (FMV) anunció que no participará en el paro nacional de actividades convocado para el lunes 16 de noviembre por organizaciones sindicales y gremiales de los sectores salud, educación y universitario. El gremio argumentó que la decisión se tomó sin consultar a sus autoridades ni a los colegios de médicos regionales.

En un comunicado firmado por el presidente del Comité Ejecutivo, Douglas León Natera, y el secretario general encargado, Francisco Rivas, la federación informó que su directiva consultó a 18 presidentes de colegios médicos y a delegados de otras tres organizaciones regionales. Según el documento, todos confirmaron que no fueron convocados para discutir la paralización.

«Sin quitarle las razones políticas y gremiales a los convocantes no médicos, plantear ahora un paro nacional de salud sin participación de nuestro gremio lo consideramos extemporáneo y fuera de toda lógica», expresó la FMV.

La organización aclaró que su decisión de no sumarse a la jornada no significa que desestime las demandas de los trabajadores. Por el contrario, anunció que mantendrá sus acciones de protesta para exigir la discusión de la contratación colectiva, la dotación de los hospitales y medidas de protección social para médicos jubilados y sobrevivientes.

Una convocatoria que reúne a gremios de salud, educación y universidades

El paro del 16 de noviembre fue acordado durante una asamblea intersectorial celebrada el 5 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela (UCV). La convocatoria reúne a organizaciones sindicales y gremiales de los sectores educativo, universitario y sanitario, entre ellas la Federación Venezolana de Maestros, la Asociación de Profesores de la UCV y sindicatos de trabajadores de la salud.

Las organizaciones buscan presionar al Ejecutivo para que responda a sus exigencias salariales y contractuales. Entre sus principales demandas está que el pago de utilidades y aguinaldos se calcule sobre una base de ingreso integral de 240 dólares mensuales, lo que representaría 960 dólares por cuatro meses. También reclaman la revisión de las tablas salariales y el respeto a las convenciones colectivas.

El secretario ejecutivo de FetraSalud, Pablo Zambrano, explicó que el reclamo no se limita al monto de los ingresos, sino que también apunta a las consecuencias del esquema de bonificaciones sobre otros componentes laborales, como vacaciones, primas, feriados y prestaciones sociales. Zambrano aclaró que las áreas de emergencia de los centros de salud no se paralizarán durante la jornada.

La FMV mantendrá sus propios reclamos

En su comunicado, la Federación Médica Venezolana cuestionó las condiciones en las que se pretende convocar una paralización del sector salud. Recordó que, a su juicio, durante años los hospitales han funcionado con graves carencias de medicamentos y recursos, pero han permanecido abiertos gracias al compromiso de los profesionales que continúan atendiendo a los pacientes.

El gremio describió esa situación como un «holocausto a la salud» y sostuvo que la crisis hospitalaria no puede desvincularse de las responsabilidades del Estado. Sin embargo, insistió en que la decisión de convocar una paralización que involucra al personal médico requería la participación de sus organizaciones representativas.

La FMV reiteró que seguirá exigiendo una contratación colectiva, la dotación hospitalaria y protección para los médicos jubilados y sobrevivientes. También incluyó entre sus demandas la atención a las condiciones laborales del personal sanitario.

«En virtud de lo antes planteado, hemos decidido no participar en la actividad convocada para el 16 de noviembre del año en curso», concluyó el comunicado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

José Guerra: exportaciones petroleras deben superar los 21 000 millones de dólares

0

El economista José Guerra puso en duda este miércoles las cifras de ingresos petroleros que se conocieron esta semana. En entrevista con Luis Ernesto Blanco en Espacio Runrunes, afirmó que, por volumen exportado y precio, Venezuela debió recibir alrededor de 21 000 millones de dólares entre enero y septiembre, casi el doble de los 12 600 millones que según KPMG ingresaron a la Cuenta Custodia Venezuela, manejada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. y domiciliada en Citibank, Nueva York.

“Esas cuentas no cuadran”, dijo Guerra sobre la diferencia de más de 8000 millones de dólares. Su estimación parte de una exportación de entre 1 y 1,1 millones de barriles diarios a un precio promedio de 82 a 83 dólares. Reconoció que no sabe dónde está ese faltante y lo atribuyó a la falta de información oficial.

Guerra planteó que el informe podría no incluir las ventas de Chevron, que exporta con sus propios barcos y destina una parte a cobrarse la deuda que el Estado tiene con ella. La otra parte la entrega a Venezuela como regalías e impuestos. Tampoco está claro, dijo, el caso de otra empresa que vende con un descuento de 20 %, ni si esos recursos entran por la cuenta custodia o por fuera. Entre ambas, calculó, exportan unos 500 000 barriles diarios. “¿Dónde están?”, preguntó.

Un ingreso récord que no engrosa las reservas

Para Guerra, el dato más llamativo del informe es que el Banco Central de Venezuela (BCV) destinó unos 11 700 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario, la gran mayoría de lo que entró a la cuenta. El economista sostiene que, en un auge petrolero de precios altos y volúmenes exportados que no se veían en 35 años, el BCV en lugar de acumular reservas las ha reducido: perdió unos 600 millones de dólares hasta octubre. Añadió que alrededor de 60 % de las divisas que se transan en el mercado formal las concentra el Banco de Venezuela, lo que, a su juicio, distorsiona la asignación entre los bancos.

También destacó que 61 % del crudo cuyos ingresos entraron a la cuenta fue comercializado por dos empresas, Vitol y Trafigura. Según dijo, ya no es la flota de PDVSA la que transporta el petróleo, sino una “ya marcada, seleccionada por los Estados Unidos”.

“Un manto de opacidad”

Guerra insistió en que las dudas se despejarían con información que las autoridades no publican. Dijo que el BCV no ha divulgado la balanza de pagos del segundo ni del tercer trimestre, ni tampoco el flujo de caja con sus compras y ventas de divisas, y que el Ministerio de Finanzas no publica cifras fiscales desde 2009.

“Yo creo que esta es la primera vez en la historia petrolera de Venezuela, de más de cien años, que no se conocen las cuentas”, afirmó. Señaló que antes se podía atribuir la falta de transparencia a las sanciones, pero que ahora “no hay sanciones prácticamente”.

Recordó además que la diputada Amelia Belisario solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional información sobre los contratos petroleros y las finanzas públicas, sin respuesta hasta ahora. Pidió que la transparencia se exija también del lado estadounidense.

El alivio en trámites

Sobre el Seniat, Guerra valoró como “una buena señal” la eliminación de las máquinas fiscales, por reducir costos transaccionales. Fue más cauto sobre el acuerdo con Sudeban para supervisar cuentas bancarias: dijo esperar que no se use para aumentar la presión sobre una economía “agobiada por una carga fiscal excesiva y distorsionante”. Opinó que la reducción del número de contribuyentes especiales, de 180 000 a 40 000, apunta a un grupo reducido y no al ciudadano de bajos ingresos.

Planteó que la reforma tributaria que se anticipa debería simplificar el sistema, con pocos impuestos, tasas bajas y base amplia, y propuso eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. También pidió que se discuta sin apuros, con especialistas, y se inclinó por la irreversibilidad fiscal para dar certidumbre a la inversión.

2027: crecimiento moderado, inflación alta y brecha cambiaria

Guerra calificó de “locura” las proyecciones de crecimiento de dos dígitos que circularon este año. Para que la economía crezca 15 %, dijo, la producción petrolera tendría que aumentar 40 %, algo “físicamente” imposible. Consideró plausible un crecimiento de entre 6 % y 10 %, el rango del gobierno, pero señaló que el petróleo aportaría unos 4,5 puntos y que el resto dependerá de una economía no petrolera con restricciones de crédito, carga tributaria y electricidad. Estimó que la producción podría llegar a 1,4 millones de barriles diarios, por debajo de los 1,5 millones que proyecta el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright.

Sobre la inflación, dijo que una tasa cercana a 100 % sería posible si el BCV mantiene el ritmo de depreciación de octubre (3 %, frente a 15 o 16 % en meses previos), aunque “a un enorme costo” en reservas. Calificó como “error conceptual” tomar el PIB como referencia para ajustar salarios, pues ignora la inflación, y anticipó que el gobierno tendrá que ceder ante la presión salarial.

En cuanto al control de cambio, pronosticó que la brecha seguirá, quizá menor, mientras persistan las restricciones de acceso a divisas. Advirtió que el petróleo no llega directamente a la gente, sino mediante el gasto fiscal, y que si el gobierno destina los dólares a estabilizar el tipo de cambio, el alivio tardará.